Jeannette Jara Román

Seguridad

El plan de seguridad propone fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ampliando la cobertura de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) a todo el país. Se busca reducir el poder de fuego de la delincuencia a través de una nueva Agencia Nacional de Control de Armas y un registro biométrico, junto con la modernización de las policías: más dotación, menor carga administrativa y apoyo en salud mental. A esto se suma el refuerzo del control fronterizo y portuario mediante el despliegue de Fuerzas Armadas, barreras tecnológicas y un mayor control de cargas para enfrentar el contrabando y el crimen transnacional.

Paralelamente, se plantea una reforma integral del sistema penitenciario, con la construcción de nuevas cárceles para aumentar en 10.000 las plazas disponibles al 2033, la modernización de Gendarmería y la expulsión de extranjeros condenados por narcotráfico. También se fortalecerá la seguridad municipal duplicando su presupuesto, incorporando tecnología como drones y cámaras inteligentes, y programas comunitarios de prevención, incluyendo el Plan Niñez Segura. Finalmente, se creará un nuevo sistema de inteligencia del Estado, con mayor coordinación y capacidad de respuesta frente a amenazas actuales como el crimen organizado transnacional.

Pensiones

La propuesta busca consolidar una reforma previsional basada en un sistema mixto que combine reparto solidario y capitalización individual, asegurando un equilibrio entre sostenibilidad y protección social. Entre sus ejes está aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) para establecer un piso mínimo que otorgue dignidad a todos los jubilados, independiente de su historia laboral.

Asimismo, se plantea reemplazar las AFP por entidades públicas y sin fines de lucro, con el objetivo de priorizar el interés de los afiliados por sobre el lucro. A esto se suma la garantía de que parte de la renta proveniente del litio se destine directamente al financiamiento de las pensiones, fortaleciendo así el sistema con recursos estratégicos para el país.

Empleo

El programa laboral propone garantizar de forma gradual un “salario vital” de $750.000 mensuales, mediante aumentos del ingreso mínimo, subsidios a pequeñas empresas y transferencias directas a trabajadores formales. A ello se suma la creación de una Agencia Nacional de Empleo que articule la capacitación, reconversión laboral y promoción de empleos verdes, además de preparar al país para los desafíos de la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. También se plantea la implementación de sala cuna universal para todos los trabajadores, la ampliación del postnatal masculino y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados.

Asimismo, se busca extender la jornada laboral de 40 horas al sector público y reforzar la negociación colectiva multinivel, fomentando el diálogo tripartito para mejorar condiciones laborales y asegurar empleos decentes. El plan contempla además incentivos para aumentar la participación de mujeres en sectores altamente masculinizados mediante igualdad de condiciones y mecanismos como la revisión curricular ciega por género. Finalmente, se plantea un Subsidio Unificado al Empleo para hacer más eficiente la política de apoyo estatal y focalizar recursos en sectores estratégicos.

Economía

La propuesta económica plantea un crecimiento inclusivo basado en inversión pública estratégica en infraestructura, transporte y conectividad digital, acompañado de incentivos a la inversión privada en sectores exportadores de alto potencial. Busca liderar la transición energética mediante el cierre progresivo de termoeléctricas a carbón, el aumento de energías renovables y la creación de un polo global de hidrógeno verde. Además, se propone regular la explotación del litio bajo control estatal, a través de una empresa nacional y asociaciones público-privadas, asegurando que sus rentas financien áreas clave como educación, pensiones y desarrollo tecnológico.

En el plano laboral y productivo, se contempla alcanzar de forma gradual un salario vital de $750.000, con medidas de apoyo a trabajadores y pymes, fortaleciendo su rol en la economía mediante acceso a créditos, digitalización y programas de innovación. También se busca duplicar la inversión en I+D+i+e, fomentar la innovación abierta con Juntas Sectoriales y Hubs regionales, y alinear financiamiento con prioridades productivas. Todo esto con un compromiso de responsabilidad fiscal, controlando el déficit y garantizando ingresos suficientes para financiar estas transformaciones.

Migración

La propuesta busca reforzar el control fronterizo a través del despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de protección y la creación de una unidad especializada de Carabineros dentro de un Plan Estratégico de Control Fronterizo. Para ello se contempla una “barrera tecnológica” que incorpore drones con cámaras térmicas, tecnología LiDAR y sensores subterráneos, con el objetivo de mejorar la detección y la reacción rápida ante ingresos irregulares por pasos no habilitados.

Asimismo, se impulsa un proyecto de ley que permita la expulsión de extranjeros condenados por delitos de la Ley de Drogas como alternativa a la privación de libertad, buscando reducir el hacinamiento penitenciario. A esto se suma el fortalecimiento de la seguridad en puertos mediante la duplicación del escaneo de carga, con nuevos equipos de última generación y procesos de perfilado de riesgo más automatizados, para combatir de manera más eficaz el tráfico ilícito y el contrabando.

Educación

La propuesta educativa busca reforzar la educación pública mediante mayor financiamiento, gratuidad universal y mejoras en la calidad docente, junto con una política integral de infancia que garantice jardines gratuitos y educación inicial de calidad. Se plantea un plan nacional de infraestructura y conectividad digital para modernizar al menos 1.000 establecimientos, con prioridad en la educación pública, y una actualización curricular en enseñanza media enfocada en competencias del siglo XXI. Además, se proyecta la creación de 70 Liceos Técnicos de Excelencia articulados con el sector productivo y la educación superior.

Asimismo, se propone fortalecer la educación técnico-profesional y universitaria con un enfoque territorial y becas, promoviendo entornos seguros y bienestar escolar a través de un Plan Nacional de Salud Mental y una Política de Entornos Educativos Seguros. También se busca revalorizar la profesión docente, reduciendo la carga administrativa, mejorando la Carrera Docente y Directiva, y apoyando a los asistentes de la educación. Finalmente, se plantea transitar hacia un modelo de financiamiento estable que supere la lógica del voucher, con el fin de garantizar una educación de calidad y reducir las desigualdades estructurales.

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