Comparador de propuestas y programas de gobierno de los candidatos a Presidente en Chile

1. Impulsar a Chile como potencia agroalimentaria.
2. Mejorar la institucionalidad para acompañar la evolución productiva del sector agrícola, respondiendo con eficacia a los nuevos desafíos sanitarios, comerciales y tecnológicos.
3. Reforzar la gestión del recurso hídrico en la agricultura.
4. Incorporar la mayor cantidad posible de hectáreas de riego a la producción nacional.

1. Reestructurar la institucionalidad: Agrupar Agricultura dentro del Ministerio de Economía para alinear la producción nacional con la sostenibilidad y eliminar fricciones regulatorias entre sectores.
2. Poner fin a la burocracia asfixiante: Facilitar el inicio de proyectos agrícolas y la gestión de permisos, incluyendo la implementación de una Ventanilla Única Digital para agilizar trámites.
3. Agilizar los plazos en la Dirección General de Aguas (DGA): Modernizar los procedimientos de regularización de derechos hídricos para optimizar la producción y competitividad de las empresas agrícolas.
4. Fomentar la inversión en plantas desalinizadoras: Expandir la capacidad y mejorar la distribución del agua desalinizada para satisfacer la creciente demanda hídrica de la agricultura en zonas áridas.
5. Aplicar la reforma tributaria pro-emprendimiento: Incentivar a las PYMES agrícolas con un 0% de impuesto a las utilidades reinvertidas, fomentando su crecimiento y contratación.
6. Impulsar la inversión en PYMES agrícolas: Facilitar el acceso de empresas agrícolas a fondos de inversión sectoriales y al mercado bursátil a través de plataformas como ScaleX para su financiamiento.

1. Apoyar la agricultura familiar campesina con asistencia técnica y canales de comercialización.
2. Incorporar tecnología eficiente en riego agrícola, ampliando subsidios para tecnificar riego a goteo y la acumulación de aguas lluvias.
3. Desarrollar polos industriales descentralizados vía parques tecnológicos regionales, lo que beneficia a las economías locales junto con la agricultura.

1. Red Nacional de Carreteras Hídricas Intercuencas para asegurar el abastecimiento humano y agrícola en zonas de estrés hídrico mediante concesiones privadas sin subsidio fiscal.
2. Programa nacional de infraestructura de acumulación y recarga hídrica, incluyendo la construcción acelerada de embalses multipropósitos de pequeña escala, tranques de infiltración y recarga gestionada de acuíferos, con prioridad humana y agrícola.
3. Plan nacional para identificar, priorizar y concesionar suelos con aptitud de reconversión agrícola (predios fiscales y privados subutilizados) para expandir la frontera productiva y crear empleo.
4. Programa nacional para crear, buscar, probar e introducir nuevos cultivos y cultivares con I+D público-privada, apoyando a la pequeña y mediana agricultura para aumentar la resiliencia al cambio climático y la rentabilidad.
5. Plan San Isidro de créditos con aval del Estado a pequeños y medianos agricultores para aumentar la productividad, dirigido a riego tecnificado, manejo de suelos, capital de trabajo, adopción de tecnología y compra de semillas.
6. Programa nacional para la creación y fomento de cooperativas de pequeños y medianos productores, con financiamiento de INDAP, asistencia técnica, capital común de mecanización y fortalecimiento del poder de compra.
7. Modernización de la política de subsidios a coberturas de precios y catástrofes naturales para la agricultura, simplificando el acceso y expandiendo la protección frente a eventualidades climáticas y caídas de precios.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Agricultura que se desarrollará la agroindustria tecnificada como una de las áreas prioritarias de1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Agricultura que se desarrollará la agroindustria tecnificada como una de las áreas prioritarias de la nueva política industrial inteligente de la CORFO.
2. Se creará un impuesto al uso intensivo del agua que afectará a la agroindustria (además de la minería y las forestales) y a los grandes sistemas de riego.
3. El impuesto al uso intensivo del agua busca financiar la restauración ecológica de cuencas, el diseño de sistemas de resiliencia hídrica local y tecnologías de reutilización/desalinización para pequeños agricultores.
4. Existirá una exención del impuesto al uso intensivo del agua para los primeros 100.000 m3/año de extracción consuntiva para proteger a los pequeños regantes y cooperativas.
5. Se incluye la infraestructura de riego como uno de los ejes prioritarios del Plan Nacional de Inversiones Estratégicas 2026–2030, que movilizará recursos públicos por alrededor de 21.000 millones de USD.

1. Jeannette Jara propone sobre Agricultura que el sector debe crecer más y convertirse en un motor de desarrollo territorial, asegurando alimentos de calidad para el mercado interno y externo, e impulsando la inversión, la innovación tecnológica y la creación de empleo en las comunas rurales, sofisticando y diversificando la producción.
2. Al 2028, al menos un 40% de las exportaciones agroindustriales contarán con certificaciones de sostenibilidad reconocidas internacionalmente, y al 2030, todos los nuevos proyectos incorporarán sistemas de gestión circular de recursos.
3. Se instalará una mesa de trabajo nacional con la agroindustria y los actores de su cadena de valor para el desarrollo de una estrategia de valor agregado, innovación y diferenciación por calidad y origen de la producción.
4. Se reforzará el control sanitario y la trazabilidad con monitoreo y erradicación de plagas (considerando especialmente la mosca de la fruta), modernización tecnológica y cooperación internacional.
5. Se fomentará la asociatividad entre la pequeña y mediana agricultura, impulsando la constitución y desarrollo de cooperativas y pymes rurales con apoyo en organización, comercialización y financiamiento, y se les vinculará a las cadenas productivas.
6. Se creará una Agenda Joven Rural que contará con fondos para emprendimientos con mentoría, escuelas de liderazgo y financiará los programas “Raíces Digitales” y “Agrotech”, buscando favorecer la permanencia en el campo y la formación técnico-profesional de los jóvenes.
7. Se impulsará la inversión en infraestructura hídrica, energética y la pavimentación de caminos secundarios para apoyar al sector agrícola, y se actualizarán los procedimientos de certificación fitosanitaria de productos de exportación incorporando digitalización e inteligencia artificial.

1. Posicionar a Chile como referente en alimentos sostenibles y saludables, apoyando la adaptación de la agricultura familiar y mediana a futuros desafíos.
2. Modernizar el Servicio Agrícolca y Ganadero (SAG) para proteger el patrimonio fito y zoosanitario, con un enfoque de servicio y acompañamiento a los agricultores.
3. Asegurar la seguridad hídrica para el sector, modernizando la Dirección General de Aguas (DGA) para agilizar permisos y destrabar la inversión en infraestructura de riego.
4. Crear un Sistema Nacional de Seguridad Rural para combatir delitos como el abigeato y la usurpación de tierras, endureciendo las penas y mejorando el monitoreo.
5. Actualizar la normativa laboral del sector para adecuarla a los nuevos desafíos, promoviendo la flexibilización, capacitación y formalización.
6. Promover el emprendimiento y la innovación en zonas rurales, con foco en jóvenes y mujeres, para dinamizar las economías locales.
7. Impulsar un plan de forestación sostenible de 25.000 hectáreas anuales y reactivar programas de manejo del bosque nativo.

1. La seguridad alimentaria es un eje fundamental del proceso de industrialización y se priorizará la satisfacción de las necesidades nutricionales de la población del país por encima de la exportación.
2. Se buscará una fuerte participación del Estado en la producción y en la gran propiedad agrícola, transformando las relaciones de producción en el agro.
3. La mayor parte de la propiedad de la tierra será transferida al Estado, y la gran empresa monopólica de producción rural y marítima pasará a manos del Estado, incluyendo sus activos.
4. Se protegerá y fomentará la pequeña y mediana propiedad privada y cooperativa en el campo y en el mar, garantizando sus derechos de uso, venta y compra de terrenos sin especulación.
5. Se asignarán tierras en casos calificados a pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.
6. El Estado ejercerá plena soberanía sobre el territorio marítimo chileno, prohibiendo la explotación desmesurada de la riqueza hidrobiológica, especialmente por empresas extranjeras.
7. Se prohibirá el uso de productos agrotóxicos (pesticidas, herbicidas) que incumplan las normas internacionales de salud, a menos que sea requerido por una emergencia alimentaria o el proceso de industrialización.

1. Implementar un Plan Nacional de Inversiones Culturales: Este plan se enfocaría en construir, restaurar y activar la infraestructura cultural, especialmente en comunas sin cobertura y priorizando aquellas con brechas históricas de inversión.
2. Promover el uso del tiempo libre y la actividad física: Busca fomentar una vida activa y saludable, alejando a niños y jóvenes de las drogas y la delincuencia mediante el deporte y la recreación en espacios seguros.
3. Fomentar la cultura del mérito y el esfuerzo: Propone revertir la tendencia a desvalorizar el mérito, para consolidar una sociedad que premie el esfuerzo personal y familiar en lugar de criterios políticos o ideológicos.
4. Apoyar a las víctimas de la violencia y el terrorismo: Propone un plan de protección y reparación para las víctimas que resguarde su vida, integridad física y psicológica, y las indemnice por el daño sufrido.
5. Erradicar la “cultura de la impunidad”: Busca terminar con la percepción de que delinquir no tiene consecuencias, para devolver la seguridad a las calles, fronteras y cárceles.
6. Combatir la “cultura del más vivo” y los abusos: Propone terminar con la tolerancia hacia los abusos, tanto de privados como de servicios públicos, reconociendo el valor intrínseco del trabajo y el aporte de cada persona al progreso.
7. Alentar la integración a la actividad cultural, recreativa y deportiva: Se enfoca en las personas con necesidades especiales, neurodivergencias o discapacidad, para valorar sus talentos y capacidades únicas.

1. Recuperar la cultura con foco en “La Verdad, El Bien, la Belleza y la Libertad”, basándose en la filosofía cristiano occidental para la asignación de recursos públicos.
2. Erradicar el adoctrinamiento ideológico, eliminando la “ideología de género” y el “lenguaje inclusivo” de todos los ámbitos públicos y educativos.
3. Realizar una auditoría exhaustiva de programas culturales para eliminar aquellos con resultados negativos, carácter proselitista, o que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
4. Fomentar el mecenazgo y la inversión privada en la cultura, priorizando el financiamiento estatal a proyectos que “eleven el alma del país”.
5. Revisar la oferta literaria en bibliotecas para eliminar sesgos ideológicos y descatalogar libros con contenido ideológico, sexual o corrompido dirigidos a niños y adolescentes.
6. Defender la familia como núcleo civilizatorio, así como la vida y la propiedad privada, como pilares fundamentales de la cultura chilena.

1. Promover de manera responsable y sostenida la expresión cultural y artística en toda su diversidad.
2. Asegurar el acceso equitativo a oportunidades de creación, formación y difusión cultural en todas las regiones del país.
3. Garantizar financiamiento cultural estable y transparente.
4. Valorar las identidades locales, comunitarias y de los pueblos originarios.
5. Generar espacios de participación para artistas y gestores culturales en el diseño y evaluación de las políticas.
6. Dar un énfasis especial a las expresiones culturales juveniles.
7. Fortalecer la libertad creativa y asegurar la sustentabilidad de las iniciativas culturales.

1. Implementar un sistema nacional de cultura con financiamiento estable y descentralizado.
2. Garantizar el acceso gratuito a museos, bibliotecas y actividades culturales para fomentar la participación ciudadana.
3. Fortalecer las industrias creativas mediante incentivos y apoyo a artistas para promover la creación cultural.
4. Desarrollar programas de formación artística en escuelas y comunidades para incentivar el talento local.
5. Promover la diversidad cultural y la inclusión de distintas expresiones artísticas en el ámbito nacional.

Marco Enríquez-Ominami propone sobre cultura que se tripliquen los fondos destinados a programas de cultura urbana (junto a salud mental, deporte, educación y empleabilidad) para jóvenes en riesgo, buscando reforzar el tejido social y evitar que sean reclutados por el crimen organizado.

1. Jeannette Jara propone sobre cultura que esta será un eje transversal para garantizar derechos sociales, cohesión comunitaria y desarrollo sostenible, además de ser un sector productivo clave.
2. Implementará un Programa de Educación Patrimonial y Formación en Oficios Tradicionales, que incluirá la enseñanza en escuelas y espacios comunitarios, además de programas técnicos con sello de Escuela Taller para formar jóvenes en oficios como albañilería en adobe y carpintería en madera, vinculando el aprendizaje con el empleo en restauración.
3. Creará un Sistema Nacional de Monitoreo de Riesgos Patrimoniales para priorizar recursos, anticipar amenazas y transparentar la información para comunidades, gobiernos regionales e instituciones.
4. Impulsará un Sistema Nacional de Financiamiento para el sector, orientado a dar estabilidad, equidad y diversificación de las fuentes de recursos a las instituciones culturales y patrimoniales.
5. Creará un contrato cultural especial gradual para avanzar en la formalización progresiva y garantizar derechos básicos (salud, pensiones y cesantía) a los trabajadores del sector, adaptando el seguro de cesantía a la intermitencia laboral.
6. Pondrá en marcha un Comité Interministerial de Trabajo Cultural para articular la gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) con programas de capacitación en formalización y derechos laborales.
7. Potenciará la Ley del Telonero con incentivos para que los artistas teloneros nacionales tengan publicidad simultánea con el espectáculo principal y se presenten en el mismo escenario, fortaleciendo el talento local.

1. Fortalecer el rol de la cultura y las artes como un motor para el desarrollo, la identidad y la cohesión social del país.
2. Crear programas para jóvenes talentos y nuevas líneas de financiamiento para cultores populares, apoyando el talento chileno.
3. Proyectar la cultura chilena a nivel internacional mediante el apoyo público-privado para llevar el arte, patrimonio y a los creadores a nuevos mercados, ferias y festivales.
4. Priorizar la protección del patrimonio cultural, combatiendo la burocracia y la centralización, y aumentando la inversión para recuperar espacios dañados.
5. Mejorar el acceso a la cultura, creando centros artísticos regionales, extendiendo los horarios de bibliotecas públicas e impulsando rutas culturales con impacto local.
6. Fomentar la educación artística y los oficios tradicionales como un motor de desarrollo a nivel local.
7. Impulsar una política de reconocimiento y fortalecimiento de las culturas originarias, facilitando su desarrollo económico y emprendimientos.

1. Garantizar plenamente el derecho a la cultura para todos los habitantes de Chile.
2. Poner las artes y todas las expresiones del arte y la cultura en un lugar de primera línea, impulsando su desarrollo para las amplias mayorías y procurando los medios para altos niveles de desarrollo.
3. Promover el conocimiento, la cultura y el arte entre todos los pueblos que habitan el país, especialmente en escolares y estudiantes.
4. Promover una cultura antirracista, tolerante y no discriminatoria desde el jardín de infancia.
5. Resguardar la cultura, la lengua y el patrimonio ancestral de los pueblos originarios.

1. Fomentar el deporte escolar y comunitario como política de salud pública.

1. Reestructurar la institucionalidad deportiva: Transformar el Ministerio del Deporte en una Subsecretaría de Bienestar y Deporte, coordinada con los Ministerios de Salud y Educación, para garantizar eficiencia, transparencia e impacto real.
2. Crear un Sistema Nacional de Academias Deportivas: Poner a disposición la infraestructura deportiva pública para que deportistas creen y operen academias, generando ingresos y destinando cupos a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad.
3. Impulsar el Plan Nacional de Desarrollo del Deporte Máster: Fortalecer y expandir la práctica del deporte competitivo en categorías máster (a partir de los 30 años), promoviendo la actividad física para un envejecimiento saludable.
4. Reformar la Ley del Deporte para fortalecer donaciones: Flexibilizar, simplificar y ampliar el sistema de donaciones deportivas, permitiendo que deportistas de alto rendimiento afiliados a federaciones puedan ser sujetos receptores de donaciones.
5. Implementar Pausas Activas en la educación: Realizar pausas activas breves (aproximadamente 10 minutos) dentro del aula en educación preescolar y escolar, involucrando a estudiantes y docentes, para reforzar hábitos saludables.
6. Establecer Centros Deportivos Regionales (CDR): Constituir entes intermedios público-privados en las 16 capitales regionales para gestionar y asignar recursos a clubes, organizaciones y proyectos deportivos, incluyendo un “Fondo 1+1” para co-inversión.
7. Combatir el sedentarismo y la obesidad: Impulsar un plan nacional de actividad física y ejercitación desde la infancia y en la etapa escolar, maximizando los espacios deportivos para reducir los altos índices de sedentarismo y obesidad en Chile.

1. Combatir la obesidad infantil declarándola prioridad nacional en salud preventiva, aumentando las horas de Educación Física en el currículo escolar, sumando talleres deportivos optativos e invirtiendo en infraestructura como gimnasios y multicanchas en escuelas públicas.
2. Fomentar masivamente el deporte comunitario generando una política local en los municipios para promover actividades deportivas no competitivas y gregarias, fortaleciendo talleres barriales y recuperando espacios públicos para el deporte informal.
3. Promover la igualdad de género en el deporte, aumentando la participación femenina con más ligas y campeonatos, garantizando equidad en el uso de recintos deportivos públicos e integrando la perspectiva de género para asegurar espacios seguros para las mujeres.
4. Utilizar eventos deportivos como catalizadores de desarrollo, apoyando a Chile como sede de eventos internacionales (como el Mundial de Natación en Aguas Abiertas en Puerto Williams, los Juegos Olímpicos de 2036 y el Mundial de Fútbol Femenino 2035 o 2039), y descentralizando campeonatos nacionales para inspirar y dejar infraestructura de legado en las regiones.
5. Erradicar la violencia en el deporte prohibiendo explícitamente el ingreso de delincuentes a los estadios y colocando torniquetes altos con sistemas de reconocimiento facial en recintos deportivos.
6. Prevenir el delito juvenil impulsando alianzas público-privadas con programas de deportes de contacto (boxeo, judo, taekwondo) para jóvenes en situación de riesgo social.
7. Establecer como política de Estado la difusión permanente de todas las disciplinas deportivas adscritas al Programa Olímpico (incluyendo deportes paralímpicos) como parte de la línea editorial obligatoria de TVN.

1. Reformar la normativa para la equidad territorial, eficiencia administrativa y fortalecimiento comunitario en el financiamiento del deporte, modificando la Ley del Deporte para la redistribución de fondos y la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo Deportivo Comunitario.
2. Reconocer los e-sports como disciplina deportiva digital en el marco del Instituto Nacional del Deporte (IND), incorporándolos al Sistema Nacional del Deporte mediante modificaciones reglamentarias.
3. Establecer medidas de facilitación tributaria para la organización de eventos internacionales de e-sports en Chile, con enfoque en empleabilidad, innovación digital y retorno fiscal.
4. Utilizar herramientas públicas existentes para los e-sports, permitiendo su acceso a programas para jóvenes, clubes, talleres y formación técnica ya disponibles en el Estado.
5. Potenciar la marca/imagen país a través de la industria de esports, fomentando la colaboración entre ProChile, CORFO, el Ministerio de Economía y Turismo, y el Ministerio del Deporte.
6. Facilitar permisos, espacios y coordinación público-privada para la producción de eventos, ligas, contenido audiovisual y encuentros profesionales relacionados con los e-sports, promoviendo el “turismo MICE” (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).
7. Visibilizar a Chile como un hub creativo y digital, destacando sus ventajas tecnológicas como la conectividad por cables bioceánicos y los datacenters para la industria de los e-sports.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Deporte que se priorizará la construcción de infraestructura deportiva regional, con al menos una obra por región, dentro del Plan Nacional de Inversiones Estratégicas 2026–2030.
2. Como parte de la estrategia por región**, dentro del Plan Nacional de Inversiones Estratégicas 2026–2030.
3. Como parte de la estrategia para triplicar la inversión en prevención y reinserción juvenil, se destinarán fondos a programas de deporte (además de salud mental, cultura urbana, educación y empleabilidad) para jóvenes en riesgo social.
4. Se contempla la construcción de áreas deportivas y recreativas en el marco del Programa Renovación Educativa, que busca fortalecer la infraestructura de 2.700 escuelas públicas.

1. Jeannette Jara propone sobre deporte que, junto con la actividad física y las diferentes prácticas corporales, es fundamental para el bienestar y la cohesión social del país.
2. Se duplicará el Fondo Nacional del Deporte (FONDEPORTE) en los próximos cuatro años, buscando mejorar el apoyo a organizaciones sociales y deportivas y potenciar el impacto de los recursos públicos.
3. Se creará una “Red nacional de plazas y canchas comunitarias para el Buen Vivir” en todas las comunas de Chile, articulando programas y fortaleciendo la construcción social y la seguridad en los espacios públicos para la práctica deportiva.
4. Se buscará lograr un mayor impacto social de la inversión en deporte de alto rendimiento, promoviendo la participación activa del sector privado para diversificar las fuentes de financiamiento.
5. Se impulsará un proyecto de ley para armonizar el desarrollo de las carreras deportivas con la Educación Superior, diseñando programas que permitan a los deportistas convencionales y paralímpicos compatibilizar su formación con la alta competencia.
6. Se avanzará en la desvinculación del fútbol profesional de la Federación de Fútbol Nacional y se aplicará estrictamente la legislación para erradicar la violencia en los estadios, fiscalizando a las sociedades anónimas y coordinando a las fuerzas de seguridad.
7. Se fortalecerán los programas sociales de deporte formativo y de participación social, dando prioridad al trabajo con niñas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres y personas con discapacidad.

1. Instalar una cultura deportiva transversal, inclusiva y accesible para todos los chilenos.
2. Fomentar el deporte comunitario abriendo escuelas los fines de semana y feriados, y habilitando espacios públicos como plazas y parques para la comunidad.
3. Aumentar el apoyo a los deportistas de élite del Team Chile y Team ParaChile, optimizando la entrega de recursos y fomentando alianzas internacionales.
4. Revitalizar el Parque Deportivo del Estadio Nacional como un centro de alto rendimiento y potenciar la ciencia aplicada para detectar nuevos talentos.
5. Reformar la institucionalidad deportiva, fusionando el Ministerio del Deporte con el Instituto Nacional de Deportes para eliminar duplicidades y destinar más recursos a los deportistas.
6. Fomentar el turismo deportivo, aprovechando la geografía de Chile y atrayendo grandes eventos internacionales.
7. Fortalecer programas de deporte formativo como “Crecer en Movimiento” y reestructurar el sistema de financiamiento (FONDEPORTE) para hacerlo más accesible.

1. El deporte será tratado como un tema de carácter no industrial dentro de los planes de gobierno.
2. Se abordarán temas relacionados con las instalaciones deportivas.
3. Los deportistas formarán parte de la asamblea constituyente, representando a diversos sectores de la sociedad.
4. El nuevo Estado buscará garantizar a cada habitante el derecho a una vivienda integrada social y territorialmente al deporte, entre otras áreas.

1. Descentralizar competencias hacia los gobiernos regionales: Propone transferir competencias a las regiones bajo un modelo de responsabilidad fiscal.
2. Crear polos de inversión regionales: Busca desarrollar polos de inversión enfocados en minería, energía y turismo para potenciar las economías locales.
3. Fortalecer la toma de decisiones regionales: Planea reforzar la capacidad de decisión de las regiones mediante una “Estrategia de Acción Inmediata” que permita procesar rápidamente el aumento de inversión.
4. Aumentar la dotación de médicos especialistas en regiones: Propone incrementar el número de especialistas en los hospitales regionales para reducir brechas de acceso a la salud.
5. Incentivar la coordinación interregional y municipal: Propone una mayor coordinación entre municipios, gobierno regional y el gobierno central para un uso más eficiente de los recursos públicos.
6. Mejorar la infraestructura y conectividad en zonas aisladas: Reconoce problemas graves de conectividad en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes y propone abordarlos.
7. Capacitar a funcionarios regionales y municipales: Sugiere implementar programas de capacitación continua para autoridades y funcionarios de municipalidades y gobiernos regionales para mejorar la gestión local.

1. Agrupar el país en siete macrorregiones y desconcentrar la gobernanza ministerial mediante Secretarios Macrorregionales Ministeriales para mejorar la coordinación y economías de escala.
2. Reducir el número de comunas de 346 a 216, como parte de un Plan Nacional de Incentivos a los Gobiernos Locales para disminuir desequilibrios territoriales y desarrollar economías de escala.
3. Transformar la figura del Administrador Municipal en un Gerente Municipal, seleccionado por Alta Dirección Pública, para profesionalizar la administración local y despolitizar el cargo.
4. Implementar transferencias por resultados a los gobiernos locales, vinculando los fondos del nivel central a indicadores de desempeño, reducción de gastos administrativos y aumento de ingresos propios.
5. Crear una Estrategia Macrorregional de Desarrollo para articular y potenciar a los gobiernos subnacionales en competitividad e internacionalización, apalancando grandes proyectos de largo plazo.
6. Descentralizar la administración de terrenos fiscales, transfiriendo la gestión de ciertas propiedades a los gobiernos locales y al sector privado para que las administren según necesidades y prioridades territoriales, incentivando el desarrollo sin interferencia estatal.
7. Fortalecer la descentralización en la ejecución de políticas sanitarias y productivas, dotando a Comités Regionales de Desarrollo Productivo de poder técnico y presupuestos autónomos.

1. Crear Centros de Competitividad Territorial (CCT) en universidades públicas regionales, adaptados a la identidad de cada región, para impulsar un desarrollo integral e inclusivo que supere el ámbito puramente económico.
2. Implementar mecanismos de democracia participativa a nivel local, incluyendo plebiscitos comunales vinculantes en temas relevantes y presupuestos participativos digitales, además de una Red Nacional de Centros de Diálogo Comunitarios en cada comuna.
3. Fortalecer la planificación urbana y el ordenamiento territorial regional, reforzando los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) y asegurando que todas las regiones completen sus Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).
4. Impulsar el desarrollo socioeconómico en todas las regiones, más allá de la Región Metropolitana, fomentando el turismo, apoyando la agricultura familiar campesina y desarrollando polos industriales descentralizados a través de parques tecnológicos regionales.
5. Establecer una estructura educativa descentralizada con la creación del Instituto Nacional para la Mejora Educativa (INME), que contaría con equipos técnicos desplegados en todo el país y autonomía operativa regional.
6. Reforzar la presencia de servicios de salud a nivel local y regional, como la creación de una defensoría de derechos del Adulto Mayor en cada región y de Centros Comunitarios de Salud Mental en cada servicio de salud.
7. Descentralizar la realización de grandes eventos deportivos y llevar campeonatos nacionales a regiones tradicionalmente postergadas, asegurando también el acceso equitativo a oportunidades de creación y difusión cultural en todo el país.

1. Transitar a un Estado unitario y descentralizado, fortaleciendo la gestión y la responsabilidad fiscal a nivel regional.
2. Reorganizar el territorio nacional, reduciendo el número de regiones de 16 a 11 para mejorar la eficiencia administrativa y el desarrollo equilibrado.
3. Fortalecer las capacidades regionales mediante la transparencia en transferencias y reglas claras de coordinación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.
4. Sincronizar el calendario gubernamental y presupuestario para alinear la planificación estratégica, ejecución y evaluación del gasto público.
5. Crear una Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Gestión que estandarice indicadores y publique reportes periódicos sobre el desempeño de políticas y programas.
6. Implementar un sistema de gobernanza digital que facilite la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel local.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Descentralización que se garantice una distribución regional obligatoria del 30% del royalty minero a través del Fondo de Equidad Territorial, destinado a financiar hospitales, centros de formación técnica, infraestructura hídrica y programas de empleo en las regiones.
2. Se creará la Oficina Nacional de Inversión Productiva (ONIP), la cual incluirá Comités Regionales de Inversión, con participación ciudadana y gremial, para destrabar proyectos de interés local y asegurar encadenamientos productivos en los territorios.
3. Se transformará el Ministerio del Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica y Territorial para superar la fragmentación de las políticas ambientales y dotar al gobierno de una estructura descentralizada real.
4. Se busca implementar una nueva Política Industrial Inteligente y descentralizada, que priorice clústeres productivos regionales (como el hidrógeno verde, la economía azul y la robótica), y se crearán 100 Liceos Bicentenarios Técnico-Profesionales alineados con la pertinencia local.
5. Se aplicará una Estrategia Integral de Recuperación Territorial en 400 barrios vulnerables, coordinada con los Gobiernos Regionales (Gore) y municipios, para focalizar la inversión pública, los servicios sociales y la presencia policial comunitaria en zonas de alta conflictividad.

1. Jeannette Jara propone sobre Descentralización que se buscará mejorar la vida de las familias en todo el país con políticas pertinentes, eficiencia en la asignación de recursos, equidad territorial y mayor rendición de cuentas.
2. Fortalecerá las capacidades regionales modernizando progresivamente las plantas profesionales de los Gobiernos Regionales (GOREs), asegurando financiamiento estable y suficiente, y reforzando los programas de capacitación con acceso a posgrados especializados con pertinencia territorial.
3. Creará un sistema de incentivos económicos para atraer y retener profesionales en las regiones y comunas con menores niveles de desarrollo, mediante becas de retorno, bonos de instalación familiar, apoyo a profesionales senior para liderar equipos locales, y bonificación de créditos universitarios por años de servicio en comunas vulnerables.
4. Elevará en $100.000 millones los recursos del Fondo Común Municipal (FCM) cada año para mayor justicia territorial, incrementando el porcentaje de participación destinado al FCM proveniente del impuesto territorial y las patentes comerciales de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Providencia, beneficiando a 341 municipios.
5. Armonizará el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el FCM y el Royalty Minero bajo criterios transversales y comparables, dando más margen de decisión a regiones y municipios para generar ingresos propios con clara identidad territorial.
6. Impulsará la modernización de la recaudación municipal mediante sistemas digitales integrados (catastro de bienes raíces, comercio y actividades productivas) para reducir la dependencia de transferencias y promover el desarrollo local sostenible.
7. Avanzará en la institucionalización del rol preventivo de los gobiernos regionales en seguridad, fortaleciendo la seguridad municipal con equipos especializados, y creando una División de Prevención del Delito en gobiernos regionales.

1. Enfatizar la descentralización como uno de los pilares de su campaña, bajo el lema “Santiago no es Chile”.
2. Impulsar Planes Regionales de Desarrollo Estratégico para que cada región defina cinco prioridades y alinee el gasto público con sus desafíos territoriales.
3. Descentralizar el Estado y reducir la burocracia con un foco especial en las regiones.
4. Fortalecer la gestión municipal, profesionalizando cargos clave con Alta Dirección Pública y reformando el Fondo Común Municipal para premiar la gestión eficiente.
5. Transferir competencias de transporte a las regiones para que puedan decidir y ejecutar soluciones de movilidad más cercanas a la gente.
6. Consolidar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la del Interior en una sola entidad para mejorar la coordinación y eliminar duplicidades.
7. Potenciar la inversión privada para el desarrollo local, perfeccionando la Ley de Financiamiento Urbano Compartido para que gobiernos regionales y municipios gestionen proyectos de infraestructura.

1. La descentralización administrativa requiere un cambio en la estructura económica del país, argumentando que las regiones subdesarrolladas no pueden desarrollarse plenamente si persiste el subdesarrollo económico, incluso con independencia política.
2. Las administraciones regionales serán parte integrante de los Sistemas Quinquenales de Planificación Nacional, elaborando sus propios planes de desarrollo industrial, de infraestructura y urbanismo para sus regiones.
3. El Estado central proporcionará apoyo específico a las regiones subdesarrolladas, incluyendo inversión estatal, fomento del flujo de mano de obra del centro a las regiones, reducción de impuestos y desarrollo de infraestructura.
4. La nueva constitución institucionalizará un nuevo ordenamiento administrativo del país, estructurado a nivel nacional, regional y local, con la Asamblea de los Pueblos como órgano superior de poder.
5. Se buscará desarrollar activamente cadenas de producción y distribución específicas para cada región, acordes con sus condiciones naturales y entorno ambiental.

1. Reforma tributaria pro-crecimiento: Propone reducir el impuesto corporativo al 17% en cuatro años y simplificar la estructura de impuestos. También busca eliminar el impuesto a las herencias empresariales y a las ganancias de capital en la bolsa.
2. Atracción de inversión y agilización de permisos: Busca posicionar a Chile como un hub de inversión, estableciendo contratos de invariabilidad tributaria por 20 años para grandes proyectos y agilizando los permisos ambientales a un plazo máximo de 180 días.
3. Austeridad y eficiencia del gasto público: Plantea reducir el tamaño del Estado, eliminar ministerios redundantes y disminuir en 30% los cargos de confianza. Propone implementar un presupuesto base cero para justificar cada gasto anualmente y reducir el gasto en programas sin resultados comprobados.
4. Fomento a las PYMES y al empleo: Sugiere una tasa tributaria especial del 10% por cinco años para incentivar la formalización de las pymes. Su objetivo es crear más empleos a través de la inversión privada y no del aparato estatal.
5. Impulso a la infraestructura: Plantea un ambicioso plan de infraestructura financiado mediante alianzas público-privadas, que incluye carreteras, trenes, modernización de puertos y aeropuertos, y construcción de embalses y desaladoras.
6. Liberar la burocracia para la inversión: Se enfoca en eliminar regulaciones obsoletas y la “pitutocracia” que, según él, frenan la inversión y el emprendimiento. Propone digitalizar completamente la administración pública para eliminar trámites innecesarios.
7. Apertura comercial y fortalecimiento de exportaciones: Propone hacer uso intensivo de la red de tratados de libre comercio para buscar nuevos mercados y potenciar las ventajas comparativas de Chile en sectores como minería, energía y alimentos.

1. Implementar una Reforma Tributaria Pro-Emprendimiento que elimina el impuesto a las utilidades reinvertidas (0%), la doble tributación interna y los impuestos a las ganancias bursátiles, a las herencias de empresas familiares y el impuesto territorial, fomentando la inversión y el crecimiento.
2. Poner fin a la burocracia asfixiante mediante la creación de una Ventanilla Única Digital para la constitución y operación de empresas, y la implementación de permisos por declaración jurada para actividades de bajo riesgo, agilizando los trámites y reduciendo costos.
3. Reducir el gasto público entre un 4,5% y 5% del PIB, reestructurando los ministerios de 25 a 9 y llevando a cabo una reducción gradual de 200.000 empleados públicos para lograr un superávit fiscal sostenible.
4. Establecer una invariabilidad tributaria corporativa por 50 años para todas las empresas, con el fin de atraer inversión, dar certeza jurídica y fomentar el desarrollo económico a largo plazo.
5. Reformar la meta de inflación del Banco Central de Chile, reduciéndola gradualmente del 3% al 2% anual, en línea con bancos centrales de economías desarrolladas, para fortalecer la moneda y proteger el poder adquisitivo.
6. Eliminar la deuda en imposiciones para PYMES transformando el sistema de pago de cotizaciones en un proceso automático gestionado por los bancos, lo que libera a las empresas de papeleo y riesgos legales.
7. Crear una Agencia Tributaria Autónoma que fusione el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR) y Aduanas en una única entidad moderna y tecnológica, mejorando la eficiencia y la transparencia fiscal.

1. Recuperar la inversión y el crecimiento económico, garantizando seguridad jurídica, respeto a contratos y propiedad privada, y simplificando trámites para proyectos de inversión.
2. Generar al menos 500 mil nuevos empleos formales en cuatro años, impulsar un plan de obras públicas intensivas y mejorar progresivamente el salario mínimo en diálogo social.
3. Fortalecer la minería como motor estratégico, apoyando la pequeña y mediana minería, e implementando un “Royalty por Innovación” para manufactura de cobre de alto valor agregado.
4. Impulsar el turismo como motor económico con promoción internacional e incentivos tributarios, y apoyar la agricultura familiar campesina y parques tecnológicos regionales.
5. Fomentar una economía de la cooperación y distribución justa, rechazando la acumulación obscena y promoviendo el bienestar de todas las personas.
6. Asegurar responsabilidad fiscal mediante ajustes tributarios orientados a la equidad y eficiencia (ej. impuestos verdes), fortaleciendo la fiscalización de evasión y promoviendo la austeridad en el gasto público.
7. Hacer de la innovación tecnológica un pilar del desarrollo nacional, avanzando hacia un gobierno digital e inteligente, fomentando la economía del conocimiento e invirtiendo en I+D.

1. Establecer la devolución universal del IVA con un tope mensual mediante reforma al DL N.º 825, evaluando ajustes a los 12 meses.
2. Implementar el programa ‘Ruta Emprende Seguro’ para apoyar el emprendimiento con exenciones tributarias temporales y digitalización de trámites.
3. Consolidar y modernizar la oferta pública de fomento (Corfo, Sercotec, Fosis y Economía) eliminando superposiciones y mejorando la interoperabilidad digital.
4. Crear educación aplicada con acompañamiento técnico para MiPymes, incluyendo capacitación teórica y tutoría personalizada.
5. Simplificar el acceso de microempresas a compras públicas mediante una vía directa con criterios simplificados.
6. Fortalecer la UAF con atribuciones investigativas y acceso directo a bases bancarias para la persecución patrimonial del crimen organizado.
7. Implementar un sistema de compras públicas con analítica avanzada y trazabilidad de contratos para prevenir corrupción y sobreprecios.
8. Promover la participación de la comunidad en la planificación y desarrollo de proyectos económicos y habitacionales.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre economía que se debe establecer una Nueva Alianza entre el Estado y el Sector Privado para retomar la senda del crecimiento económico, la generación de empleo, y el bienestar.
2. Se impulsará un Plan Nacional de Inversiones Estratégicas que movilizará recursos públicos (alrededor de 6 puntos del PIB, o 21.000 millones de USD, entre 2026–2030). Esta inversión priorizará infraestructura (riego, transporte ferroviario, energía), centros logísticos, digitalización, vivienda pública y resiliencia climática.
3. Se creará la Oficina Nacional de Inversión Productiva (ONIP) para articular y optimizar, mediante una ventanilla única, los procesos y permisos administrativos (la “permisología”) asociados a proyectos de inversión públicos y privados, garantizando certeza jurídica y transparencia.
4. Se implementará una Reforma Tributaria, Progresiva y pro-pymes con el objetivo de aumentar la carga tributaria en aproximadamente +3,5 puntos del PIB (pasando de 21,9% a 25,4% del PIB en 4 años). Esto se logrará, en parte, a través de la reducción moderada del impuesto corporativo para PYMES y la aplicación de un impuesto del 0,5% anual a grandes fortunas financieras superiores a 5 millones de dólares.
5. Se modernizarán empresas públicas estratégicas como Codelco, se transformará ENAP en un actor de la transición energética (produciendo hidrógeno verde), y se fortalecerá el BancoEstado para que actúe sistemáticamente como un Banco de Desarrollo, apoyando a PYMES y financiando la innovación verde.

1. Jeannette Jara propone sobre economía que producirá condiciones para un crecimiento económico justo, inclusivo y sostenible que genere más y mejores empleos, con ingresos que permitan a las familias llegar bien a fin de mes.
2. Avanzará gradualmente hacia un Ingreso Vital de $750.000 mensuales, logrando este monto al final de su gobierno, combinando el aumento del ingreso mínimo mensual, subsidios a pequeñas empresas y una transferencia monetaria directa a los trabajadores formales sujetos a ese ingreso.
3. Impulsará la inversión privada y pública con la implementación de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, estableciendo una Ventanilla Única para optimizar la obtención de permisos y acelerar la concreción de proyectos.
4. Creará una Oficina Presidencial de Proyectos Estratégicos para identificar, coordinar y articular las inversiones públicas y privadas que generen mayor impacto productivo.
5. Implementará el Consumo Eléctrico Vital (CEV), lo que proyecta una reducción del 20% en las tarifas eléctricas de los hogares, garantizando un bloque de energía esencial con precio rebajado.
6. Restringirá el cobro en UF (Unidad de Fomento) para contratos de salud, educación y arriendo de inmuebles, y prohibirá las cláusulas de reajuste de precios por inflación en periodos menores a un año en servicios no financieros.
7. Aumentará la producción de cobre en un 10% y la de litio en un 30% (con una meta del 100% en la próxima década), buscando aprovechar la transición energética global para diversificar la matriz productiva y exportadora.

1. Lograr que Chile vuelva a crecer al 4% anual al cuarto año de gobierno.
2. Rebajar inmediatamente el impuesto corporativo al 23% (promedio OCDE), con la meta de llegar al 18% en diez años, y reducir el impuesto a las Pymes al 10%.
3. Generar un millón de empleos formales en cuatro años, con especial enfoque en mujeres, jóvenes y adultos mayores.
4. Recortar 8 mil millones de dólares en gasto público mal asignado en un período de cuatro años, aplicando medidas de austeridad y retomando el Presupuesto Base Cero.
5. Eliminar la “permisología” para facilitar la inversión, creando vías rápidas (fast tracks) para proyectos estratégicos y eliminando normativas obsoletas.
6. Crear contratos de invariabilidad tributaria de hasta 20 años para atraer grandes inversiones y garantizar la estabilidad de las reglas del juego.
7. Impulsar los sectores estratégicos como minería, energía, acuicultura y turismo, modernizando regulaciones y facilitando la inversión privada.

1. Nacionalizar y expropiar empresas de interés estratégico: Esto incluye la gran minería (cobre, litio), la banca, el comercio exterior, las grandes empresas de distribución, energía e industrias monopólicas, transferiéndolas al control directo del Estado.
2. Impulsar la industrialización del país: Sentar las bases para una sólida industria nacional, esencial para la independencia económica y para superar el subdesarrollo y la dependencia, orientando la producción a artículos de consumo popular.
3. Establecer una planificación centralizada de la economía: Basada en sistemas quinquenales, como el Primer Sistema Nacional de Planificación Quinquenal, para coordinar la producción, distribución y finanzas, en lugar de depender del mercado.
4. Implementar un sistema de propiedad tripartito: Coexistencia de propiedad estatal, mixta y privada, con el Estado dominando las áreas de interés estratégico y garantizando la protección de la pequeña y mediana empresa, así como las cooperativas, frente a los monopolios.
5. Realizar una reforma tributaria progresiva: Aumentar la carga impositiva a los sectores de altos ingresos y grandes empresas, aliviarla para trabajadores y pequeños y medianos comerciantes e industriales, y combatir la evasión y elusión fiscal.
6. Garantizar la seguridad alimentaria y energética: Estos son pilares centrales del proceso de industrialización y de independencia económica, priorizando la satisfacción de las necesidades de la población nacional sobre la exportación.
7. Acumular reservas de oro para respaldar la moneda: Hacer del oro el respaldo principal de la moneda chilena para lograr la máxima independencia monetaria posible del mercado internacional y responder a crisis económicas.

1. Crear un sistema de “vouchers” educativos: Propone un sistema nacional de subvenciones (vouchers) para que los padres tengan libertad de elegir el colegio de sus hijos, ya sea estatal, particular subvencionado o cooperativas escolares.
2. Restablecer la selección por mérito: Busca reinstaurar la selección basada en el mérito académico en los liceos emblemáticos.
3. Enfoque en contenidos básicos y valores patrios: Quiere reforzar la enseñanza de matemáticas, ciencias y lenguaje. Además, busca introducir contenidos de educación cívica, historia nacional y valores patrios en el currículo escolar.
4. Programa de excelencia docente: Sugiere establecer un programa nacional para docentes que incluya remuneraciones diferenciadas según su desempeño.
5. Fortalecer la disciplina y seguridad escolar: Plantea fortalecer la disciplina en las aulas y sancionar la violencia escolar. Su objetivo es que los establecimientos educacionales sean lugares seguros.
6. Ampliar la educación técnico-profesional: Propone una expansión de esta modalidad educativa, orientándola hacia los sectores productivos estratégicos del país.
7. Reafirmar el derecho preferente de los padres: Busca garantizar la libertad de los padres para elegir el proyecto educativo de sus hijos, reafirmando el rol de la familia como el primer espacio de formación y evitando que el Estado la reemplace.

1. Instaurar un sistema de vouchers educativos que garantice la libertad de elección a las familias, dirigiendo el financiamiento público directamente al estudiante para que puedan elegir libremente el establecimiento escolar.
2. Fomentar la creación de cooperativas educacionales gestionadas por docentes y comunidades escolares, permitiendo autonomía en el diseño de proyectos educativos, diversificando la oferta y reemplazando la burocracia estatal o municipal por una gestión democrática y transparente.
3. Implementar un currículum flexible y humanista que adapte la enseñanza a las necesidades de los estudiantes, integre habilidades cognitivas, socioemocionales y digitales, erradique el adoctrinamiento ideológico, y fortalezca el pensamiento crítico y la cultura de la civilización occidental.
4. Transformar el SENCE en una Unidad de Capacitación y Movilidad Laboral (UCML), con un enfoque digital y descentralizado que use vouchers individuales para la capacitación, conecte a los egresados con una bolsa digital de empleo y mejore la empleabilidad adulta.
5. Modernizar la infraestructura escolar y la educación técnico-profesional, priorizando colegios rurales y vulnerables, e integrando la inteligencia artificial y nuevas tecnologías en el proceso educativo.
6. Fortalecer la autonomía docente y garantizar un entorno escolar seguro, promoviendo el respeto a la autoridad del profesor, la autonomía de los establecimientos para definir sus normas de convivencia y la exclusión de quienes atenten gravemente contra esta.
7. Crear cuentas individuales de ahorro previsional desde el nacimiento y promover una cultura de previsión temprana con educación financiera escolar, vinculando así el desarrollo humano con la autonomía económica desde la infancia.

1. Crear el Instituto Nacional para la Mejora Educativa (INME) como un organismo público autónomo, independiente del Ministerio de Educación, encargado de fortalecer la calidad y equidad del sistema escolar, definir estándares, currículum y evaluaciones con una visión de largo plazo.
2. Implementar una política integral de primera infancia, garantizando cobertura universal de sala cuna desde los 2 años como un derecho (con énfasis en lugares de trabajo) y ofreciendo acompañamiento a madres gestantes y familias para la detección e intervención temprana de rezagos.
3. Terminar con la inasistencia escolar crónica reforzando la campaña nacional “Cada Día Cuenta” con monitores comunitarios, detección temprana de casos de riesgo e incentivos de asistencia.
4. Aumentar los apoyos a establecimientos con alto índice de vulnerabilidad mediante mayor financiamiento por alumno vulnerable y programas de tutorías académicas individuales.
5. Integrar la Inteligencia Artificial en la educación escolar con un enfoque ético y pedagógico, incluyendo un Marco Nacional de Uso Ético de IA, capacitación docente masiva y modernización de métodos de evaluación.
6. Fortalecer la educación técnico-profesional como una vía estratégica de desarrollo para el país.
7. Reintroducir con fuerza la educación cívica en colegios y liceos como asignatura transversal para formar jóvenes informados y comprometidos.

1. Desarrollo del Espíritu Emprendedor: Promover en la Educación Media Técnico Profesional (EMTP) el desarrollo de la creatividad, autonomía e innovación mediante cambios curriculares y prácticas formativas.
2. Alineación con el Mundo Productivo: Alinear la educación técnico-profesional con los valores y necesidades del mundo productivo para formar trabajadores con actitudes empresariales e innovadoras.
3. Programa ‘Trayectorias de Valor EMTP’: Implementar este programa con fases piloto y creación de Centros de Trayectorias por macrozona, enfocado en mejorar la formación de los estudiantes.
4. Reforma del SENCE: Vincular la capacitación laboral con las demandas reales del mercado, asegurando que los programas de formación se ajusten a las necesidades del sector productivo.
5. Educación Aplicada: Crear un sistema de educación aplicada con acompañamiento técnico para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que incluya capacitación teórica y tutorías personalizadas.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre educación que se universalice la educación inicial gratuita desde los 2 años, con el compromiso de crear 300.000 nuevos cupos, ampliar las jornadas y reducir gradualmente la proporción de niños por docente para alcanzar los estándares de la OCDE.
2. Se busca revalorizar la profesión docente mediante nuevos formatos de aprendizaje y una carrera docente más competitiva, lo que incluye equiparar el sueldo de los profesionales de la primera infancia con el de la enseñanza básica e institucionalizar un programa de apoyo psicosocial permanente.
3. Se creará una red de 100 nuevos Liceos Bicentenarios Técnico-Profesionales en regiones, con un enfoque en la calidad, la pertinencia local y la alineación con los grandes ejes productivos del país (como la economía azul, la energía y la robótica).
4. Implementar el programa Red de Futuro con el objetivo de garantizar el acceso universal a internet de alta velocidad en las 3.000 escuelas públicas de Chile, estableciendo la conectividad como un derecho educativo básico.
5. Se fortalecerá la infraestructura de la educación pública a través del Programa Renovación Educativa, que contempla la reparación y mejoramiento de 2.700 escuelas (incluyendo techos, instalaciones sanitarias y eléctricas, y la construcción de áreas deportivas).

1. Jeannette Jara propone sobre educación que se implementará una Política Nacional de Infraestructura Escolar Digna para modernizar y dignificar al menos 1.000 establecimientos educativos a lo largo del país, superando la lógica de fondos concursables anuales.
2. Se llevará a cabo una Actualización Curricular para el siglo XXI que se centre en potenciar habilidades y competencias, incluyendo temáticas esenciales como formación ciudadana, ciudadanía digital, crisis climática y educación en afectividad y sexualidad integral.
3. Se fortalecerá la Carrera Docente y se creará la Carrera Directiva, acompañado de una reducción drástica de la carga administrativa para que los docentes y directivos se concentren en la labor pedagógica.
4. Se implementará un Plan Nacional de Salud Mental Escolar, en coordinación con el Ministerio de Salud, para asegurar la presencia de equipos multidisciplinarios de apoyo en los territorios.
5. Se creará una Red de 70 Liceos de Educación Técnico Profesional pública de excelencia, con al menos un liceo por cada Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que contarán con infraestructura y equipamiento de punta y estarán articulados con el sector productivo y la educación superior.
6. Se impulsará una expansión planificada y equitativa de los cupos de educación parvularia, priorizando los niveles de 0 a 4 años, y se equiparará gradualmente el financiamiento de los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) con los de JUNJI e Integra.
7. Se buscará superar el endeudamiento estudiantil mediante la ampliación a $750.000 del límite de ingreso excluido de pago en el nuevo sistema de financiamiento a la Educación Superior.

1. Foco en la calidad y los aprendizajes esenciales: Se busca que el 100% de los niños aprendan a leer en primero básico y manejen las operaciones básicas matemáticas antes de cuarto básico, ofreciendo apoyo personalizado a estudiantes rezagados y recuperando los aprendizajes esenciales perdidos durante la pandemia.
2. Libertad de elección educativa para las familias: Propone modificar el Sistema de Admisión Escolar para permitir la selección por mérito desde séptimo básico y respetar la afinidad por proyectos educativos, además de eliminar trabas para la creación de nuevos colegios de calidad.
3. Reforzar la educación técnico-profesional: Creará una red de liceos técnicos de excelencia con infraestructura moderna y especialidades alineadas al mercado laboral, entregará becas internacionales a estudiantes destacados y expandirá el modelo de administración delegada con apoyo privado.
4. Ampliación y mejora de la educación parvularia: Busca ampliar la cobertura con participación de privados para construir, implementar y gestionar salas cuna y jardines infantiles gratuitos y de excelencia, nivelando los aportes del Estado para asegurar una educación inicial de calidad.
5. Combate a la violencia y mejora de la convivencia escolar: Fortalecerá la autonomía de los directivos en la aplicación de protocolos conforme a Aula Segura y entregará mayores recursos e impulsará programas exitosos para prevenir el acoso y la violencia escolar, estableciendo “tolerancia cero”.
6. Apoyo a docentes y reducción de burocracia: Propone fortalecer la autonomía de los directores, impulsar un nuevo trato con la Superintendencia de Educación para reducir la burocracia y enfrentar la deserción docente con inducción, mentorías y apoyo en los primeros años.
7. Reforma de la educación superior: Mejorará la vinculación de la educación superior con el sector productivo y sustituirá el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un crédito blando sin intermediación bancaria, con tasa subsidiada y un mejor sistema de cobro.

1. Garantizar plenamente el derecho a la educación primaria, secundaria y superior, laica, de calidad y obligatoria para todos los habitantes de Chile.
2. Orientar el sistema educativo al proceso de industrialización del país, vinculando la formación teórica con la producción y dando preferencia a los colegios técnico-profesionales de enseñanza secundaria para que los estudiantes puedan integrarse al trabajo productivo.
3. Elaborar un Plan Nacional de Educación con la participación de gremios de profesores, sindicatos de trabajadores de la educación y el estudiantado, que incluya una nueva estructura general para todos los niveles educativos.
4. Fomentar la investigación universitaria que apoye el proceso de industrialización de Chile y poner fin a la mercantilización de la investigación, evitando así la fuga de intelectuales.
5. Aumentar la dotación nacional de profesores en todos los niveles de enseñanza, especialmente en la básica.
6. Crear un sistema de salas cunas y jardines infantiles integrados en los lugares de trabajo para satisfacer las necesidades de la edad preescolar y facilitar la incorporación de la mujer al trabajo productivo.
7. Promover en los escolares y estudiantes la conciencia política, de clase y de pertenencia a los pueblos originarios, impartiendo una visión científica y humanista del mundo.

1. Crear un millón y medio de puestos de trabajo en cuatro años: Su objetivo es terminar con el “colapso laboral” actual, enfocándose en la creación de empleo a través de la iniciativa privada y no del aparato estatal.
2. Fomentar la formalización de las pymes: Propone una tasa tributaria especial del 10% por cinco años para las pequeñas y medianas empresas, con el fin de incentivar su formalización.
3. Reducir los costos de contratación: Busca eliminar regulaciones obsoletas y la burocracia que encarecen el empleo formal y frenan la contratación de trabajadores.
4. Modernizar la legislación laboral: Sugiere una reforma legal para aumentar la adaptabilidad laboral, permitiendo pactar jornadas flexibles y nuevas formas de organización productiva que concilien trabajo y vida familiar.
5. Mejorar los programas de capacitación: Propone reformar el SENCE para enfocarlo en la empleabilidad y vincular de manera efectiva los liceos técnico-profesionales y centros de formación con el mundo del trabajo.
6. Aumentar los ingresos de los trabajadores formales: Plantea un mecanismo de “impuesto negativo al ingreso”, donde el Estado transferirá recursos directamente a los trabajadores con sueldos más bajos para complementar sus remuneraciones.
7. Dignificar el trabajo y premiar el mérito: Busca reconocer el valor intrínseco del trabajo como motor del progreso y superar la “cultura del más vivo” o de los abusos, tanto en el sector privado como público.

1. Flexibilizar las condiciones de empleo y modernizar los contratos, incluyendo la creación de una plataforma de trabajo por horas para microempleos y contratos digitales instantáneos, buscando agilizar las oportunidades laborales y ofrecer flexibilidad.
2. Sustituir la indemnización por años de servicio por un seguro de cesantía fortalecido y universal, financiado de manera tripartita (trabajador, empleador y Estado), para reducir el riesgo de contratación y proteger el ingreso del trabajador.
3. Modificar el mecanismo de fijación del salario mínimo para que sea determinado por el mercado, con convenios colectivos sectoriales que establezcan pisos de protección, evitando la exclusión de trabajadores de baja productividad.
4. Transformar el SENCE en una Unidad de Capacitación y Movilidad Laboral (UCML), con un enfoque digital, vouchers individuales de capacitación, certificación de competencias con estándares internacionales y conexión a una bolsa digital de empleo.
5. Redirigir el 1,5% de cotización adicional del empleador directamente a las cuentas individuales de los trabajadores o a fondos de ahorro voluntario con beneficios tributarios, eliminando la “expropiación temporal” al Estado.
6. Implementar una estrategia de incentivos para la formalización laboral, que integre a millones de chilenos a la economía formal mediante una declaración de renta universal, control basado en activos e ingresos reales y acceso justo a los beneficios del Estado.
7. Reducir de forma gradual y digna a 200.000 empleados públicos en un plazo de cuatro años, mediante el congelamiento de contrataciones, planes de retiro voluntario con reconversión laboral y jubilación anticipada.

1. Generar al menos 500 mil nuevos empleos formales en cuatro años, incentivando la inversión privada y desplegando un plan de obras públicas intensivas para absorber mano de obra local.
2. Mejorar progresivamente el salario mínimo mediante diálogo social, para alcanzar un salario digno que cubra necesidades básicas, y reforzar el Ingreso Mínimo Garantizado.
3. Recuperar la inversión y el crecimiento económico garantizando seguridad jurídica, respeto a contratos y propiedad privada, y simplificando trámites para proyectos de inversión, enfocándose en sectores con alto potencial de empleo como la construcción, energía verde, economía digital, industria alimentaria y turismo.
4. Apoyar la pequeña y mediana empresa (pymes) facilitando créditos a tasas bajas y asesoría técnica para mejorar su productividad y digitalización.
5. Fortalecer la minería como motor estratégico, apoyando la pequeña y mediana minería, e incentivando la manufactura de cobre de alto valor agregado con un “Royalty por Innovación”.
6. Impulsar una Reforma del Empleo Público basada en el mérito, profesionalizando el servicio civil y reduciendo la alta rotación para asegurar continuidad y confianza en las instituciones.
7. Promover la inclusión laboral de mujeres (mediante capacitación, apoyo al emprendimiento y participación en sectores subrepresentados) y personas con discapacidad (ampliando cupos y apoyando empresas).

1. Crear un Ministerio del Empleo, Trabajo y Previsión Social que integre empleo, capacitación, seguridad laboral y previsión, con foco en empleabilidad y productividad.
2. Redefinir el SENCE hacia una formación aplicada y certificable en oficios y competencias demandadas por sectores productivos, con tutorías y evaluación por resultados.
3. Fortalecer ChileValora y crear un Consejo Nacional de Formación para alinear estándares de certificación con las necesidades de la industria y trayectorias laborales.
4. Modernizar la Dirección del Trabajo con tecnología, fiscalización inteligente y conciliación digital de conflictos laborales.
5. Establecer un estatuto nacional del teletrabajo que incluya reglas sobre jornada, desconexión, ergonomía, ciberseguridad y derecho a la intimidad.
6. Implementar un programa de educación aplicada con acompañamiento técnico para MiPymes, que incluya capacitación teórica y tutoría personalizada.
7. Crear una Red Nacional de Inversión Estratégica con incentivos tributarios para la inversión privada en startups de alto impacto, fomentando el emprendimiento

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre empleo y trabajo que se implemente un Plan Nacional de Empleo con el objetivo de crear1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre empleo y trabajo que se implemente un Plan Nacional de Empleo con el objetivo de crear más de 1.200.000 empleos directos e indirectos en diversas áreas estratégicas.
2. El Plan Nacional de Empleo tiene como principio rector movilizar fuertemente la inversión privada en infraestructura de alto costo para maximizar la creación de empleo y reducir el gasto fiscal, priorizando sectores intensivos en trabajo y de bajo costo de capital.
3. Dentro del Plan de Empleo, se destaca la Reforestación y Restauración Ecológica, que busca restaurar 100.000 hectáreas degradadas con brigadas locales, viveristas, comunidades indígenas y mujeres jefas de hogar, siendo un eje altamente intensivo en empleo (proyectando 300.000 puestos de trabajo).
4. Se busca generar empleos decentes, con un enfoque especial en la transición ecológica y digital, como respuesta a la alta informalidad, la desigualdad territorial en el acceso a empleos dignos y la emergencia climática.
5. Se implementará una Reforma Tributaria pro-PYMES que incentivará la formalización y aliviará la carga tributaria de más de un millón de PYMES en Chile, lo cual incluye una reducción moderada del impuesto corporativo para estas empresas, sujeta al cumplimiento de estar al día en cotizaciones previsionales y reinvertir parte de las utilidades.

1. Jeannette Jara propone sobre empleo y trabajo que producirá condiciones para un crecimiento económico justo, inclusivo y sostenible que genere más y mejores empleos, con ingresos que permitan a las familias llegar bien a fin de mes.
2. Avanzará gradualmente hacia un Ingreso Vital de $750.000 mensuales al final de su gobierno, lo cual se logrará a través de una fórmula mixta que incluye el aumento del ingreso mínimo mensual, subsidios a pequeñas empresas y una transferencia monetaria directa a los trabajadores formales con ese ingreso.
3. Creará una Agencia Nacional de Empleo que integrará el sistema actual fragmentado (SENCE, ChileValora, BNE y OMIL) en un instrumento único y eficiente para la búsqueda y capacitación laboral.
4. Duplicará el Programa 4 a 7 para la autonomía económica de las mujeres, aumentando la cobertura de 10.581 a 21.162 beneficiarias y extendiendo el programa a todo el año, incluyendo enero y febrero.
5. Capacitará a 450.000 personas durante los cuatro años de gobierno en áreas como cuidados y servicios sociales, competencias transversales (digitales básicas, conducción) y especializaciones sectoriales (minería, agricultura, economía digital).
6. Implementará el Plan Sala Cuna para Chile al modificar el artículo 203 del Código del Trabajo para eliminar la restricción que limita el derecho a sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras, buscando el acceso universal al beneficio para madres y padres trabajadores con hijos menores de 2 años.
7. Promoverá la participación de mujeres en sectores altamente masculinizados mediante incentivos y condiciones laborales equitativas, e implementará la revisión curricular ciega en términos de género en áreas críticas con un plan piloto para enfrentar los sesgos de contratación.

1. Generar un millón de empleos formales en cuatro años mediante el crecimiento económico y medidas directas en el mercado laboral.
2. Implementar la sala cuna universal y entregar un subsidio de $200.000 por seis meses a las mujeres que consigan un empleo formal para incentivar su contratación.
3. Crear un plan de capacitación laboral (reforma al Sence) alineado con las necesidades de los sectores productivos para mejorar el capital humano.
4. Fomentar la formalidad laboral a través de incentivos como un posible impuesto negativo al ingreso y simplificando trámites para la inscripción laboral y tributaria.
5. Adaptar la jornada laboral para permitir esquemas más flexibles, como jornadas anualizadas, bandas horarias y contratación por horas con acceso a seguridad social, para beneficiar a mujeres, jóvenes y adultos mayores.
6. Crear el “Pase Pyme”, un permiso provisorio de un año para que nuevas empresas inicien operaciones de inmediato y así fomentar el emprendimiento.
7. Combatir el fraude en licencias médicas con mayor fiscalización y sanciones, y crear a largo plazo un Seguro por Incapacidad Laboral Temporal universal.

1. Garantizar constitucionalmente el derecho y el deber de trabajar para todo habitante de Chile en edad de trabajar, buscando terminar con la ociosidad y la holgazanería.
2. Apoyar la lucha de la clase trabajadora por su emancipación de la esclavitud asalariada, impulsando una nueva organización obrera de carácter clasista y con objetivo socialista.
3. Implementar una jornada laboral semanal de 35 horas efectivas.
4. Establecer el principio de “a igual trabajo, igual salario” sin diferencias por edad, género u origen (nacional o extranjero), y crear una escala salarial nacional con topes para funcionarios públicos.
5. Extender el derecho a la sindicalización y a la huelga ilimitada para todos los trabajadores (estatal, mixto o privado) y promover la negociación por rama de producción.
6. Fomentar un sistema flexible de contratación indefinida y desarrollar un sistema nacional de educación y capacitación permanente para la fuerza laboral.
7. Establecer un salario mínimo que cubra necesidades fundamentales y que esté acompañado de control de precios para impedir que los capitalistas trasladen el aumento salarial a los precios de las mercancías, además de estudiar subvenciones a las PyMEs para facilitar su pago.

1. Promover la energía nuclear: Propone impulsar el uso de la energía nuclear como una fuente limpia y segura.
2. Aumentar la inversión en energías renovables: Plantea incrementar la inversión en energías renovables no convencionales y explotar plenamente la capacidad instalada del país.
3. Fomentar industrias de alto consumo energético: Sugiere facilitar el desarrollo de industrias como Data Centers e Hidrógeno Verde, aprovechando el potencial de generación a bajo costo.
4. Desarrollar polos regionales de inversión: Propone crear polos de inversión en energía, junto con minería y turismo, para el desarrollo de las regiones.
5. Fortalecer el sistema eléctrico: Busca robustecer el sistema eléctrico para garantizar su estabilidad y resiliencia, perfeccionando la institucionalidad del sector.
6. Avanzar en la diversificación de la matriz energética: Propone diversificar las tecnologías y las fuentes energéticas para lograr una transición ordenada y segura.
7. Garantizar la seguridad hídrica para la energía: Plantea la construcción de desaladoras y embalses, infraestructuras clave para asegurar los recursos hídricos necesarios para la generación de energía y otros usos.

1. Impulsar un marco regulatorio que permita el desarrollo privado de plantas de valorización energética de residuos, transformando los residuos sólidos urbanos en energía limpia y rentable, y fomentando la competencia sin subsidios estatales.
2. Desarrollar la energía geotérmica mediante un marco regulatorio simplificado y amigable que incentive la inversión privada en su exploración y explotación, y promueva la competencia en la generación de energía limpia.
3. Desregular el mercado energético, eliminando barreras de entrada para nuevas fuentes no convencionales y monopolios municipales, y autorizando el libre acceso al suelo fiscal para proyectos sostenibles mediante concesiones automáticas.
4. Integrar fuentes de energía renovable, como la solar y eólica, en el proceso de desalación de agua, para reducir el consumo energético de las plantas desalinizadoras y mejorar las redes eléctricas para su conexión.
5. Agrupar el área de energía dentro del Ministerio de Economía para alinear la producción nacional con la sostenibilidad y eliminar fricciones regulatorias entre sectores productivos.
6. Fomentar la inversión 100% privada en proyectos energéticos de residuos y geotermia, garantizando acceso libre a la red de transmisión y tarifas competitivas.
7. Capturar energía del movimiento en el transporte público, como el flujo de aire y el frenado regenerativo en el Metro de Santiago, para reducir los subsidios estatales y aumentar la eficiencia tecnológica.

1. Potenciar el cambio de matriz energética hacia energías limpias, apoyando el cronograma de descarbonización con el cierre paulatino de las centrales a carbón antes de 2040 (o 2035 si es posible) y su reemplazo por proyectos solares, eólicos y geotérmicos.
2. Facilitar las inversiones en generación solar y eólica, incluyendo mejoras en la transmisión eléctrica y el almacenamiento (baterías, bombeo hidráulico, etc.).
3. Impulsar el Hidrógeno Verde como un nuevo sector exportador, asegurando que cumpla con altos estándares ambientales y genere beneficios locales.
4. Apoyar a hogares y pymes para cambiar a energías limpias, a través de programas de techos solares, solar térmico para agua caliente y el reemplazo de calefactores a leña por equipos eléctricos eficientes con subsidio.
5. Avanzar gradualmente a impuestos verdes, como elevar el impuesto a emisiones contaminantes de empresas, reinvirtiendo lo recaudado en la transición energética.
6. Fomentar la electromovilidad, ampliando la flota de buses eléctricos e incentivando taxis y camiones eléctricos para reducir la congestión y las emisiones.
7. Impulsar la energía verde como un sector con alto potencial para generar empleo y crecimiento económico.

1. Fomento a la energía nuclear como una fuente limpia y segura para diversificar la matriz energética del país.
2. Aumento de la inversión en energías renovables no convencionales, promoviendo su desarrollo y uso en Chile.
3. Desarrollo de un programa nacional para la eficiencia energética, incentivando prácticas que reduzcan el consumo y mejoren la sostenibilidad.
4. Impulso a la investigación y desarrollo en tecnologías energéticas que permitan una transición hacia fuentes más limpias y sostenibles.
5. Fortalecimiento de la infraestructura energética para asegurar un suministro confiable y accesible para todos los ciudadanos.
6. Promoción de la interconexión energética con países vecinos para optimizar recursos y mejorar la seguridad energética.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre energía que se transforme a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en un actor activo de la transición energética, garantizando que la empresa produzca hidrógeno verde, distribuya biocombustibles y participe en la generación de energías renovables.
2. Dentro del Plan Nacional de Empleo, se busca impulsar el mantenimiento de parques solares y eólicos.
3. Se plantea la instalación de 100.000 techos solares en viviendas sociales, los cuales serán financiados a través de créditos verdes otorgados por BancoEstado y esquemas de leasing energético privado, lo que permite reducir la carga fiscal y acelerar una transición energética justa.
4. Las energías renovables son un eje prioritario en el Plan Nacional de Inversiones Estratégicas que movilizará recursos públicos y apalancará la inversión privada.
5. Se impulsará una nueva política industrial inteligente, descentralizada y responsable, que prioriza la producción de hidrógeno verde y baterías de nueva generación.

1. Jeannette Jara propone sobre energía que la transición energética global es una oportunidad histórica para Chile, aprovechando recursos como el litio, el cobre, y su potencial para producir hidrógeno verde, junto con condiciones naturales de sol y viento para impulsar las energías renovables y la economía digital.
2. Un pilar fundamental de la transición energética será promover los sistemas de almacenamiento de energía para utilizar la energía solar durante la noche, reemplazando así los combustibles fósiles.
3. Se proyecta alcanzar 6 GW (Gigavatios) de almacenamiento para el año 2028 y crear las condiciones de mercado necesarias para que, al 2030, el 20% de la capacidad instalada cuente con almacenamiento.
4. Estas metas contribuirán significativamente a la reducción de emisiones y a la disminución del precio de la electricidad, beneficiando a clientes residenciales e industriales.
5. Se implementará el Consumo Eléctrico Vital (CEV), un bloque de energía esencial de 85 kWh mensuales por hogar, garantizado a un precio rebajado (40% menos), lo que se proyecta que reducirá la tarifa eléctrica de los hogares en un 20% en promedio.
6. Se impulsarán las condiciones habilitantes para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde mediante el cumplimiento de su Plan de Acción, con un foco especial en la cartera de proyectos pendientes en las regiones de Magallanes y Antofagasta.
7. Se realizarán los cambios necesarios para optimizar el proceso de planificación e implementación de la infraestructura de transmisión del sistema eléctrico, a través del plan de descarbonización del Ministerio de Energía.

1. Modernizar la red de distribución y transmisión con tecnología inteligente para ofrecer tarifas más competitivas y facilitar la integración de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde y la electromovilidad.
2. Impulsar un plan estratégico para aumentar la electrificación de la industria y los hogares.
3. Alcanzar la carbono neutralidad en 2050, reduciendo a la mitad las emisiones para 2035 mediante incentivos a tecnologías limpias.
4. Electrificar el 100% del transporte público en un plazo de 5 a 10 años, dependiendo de la región, y promover vehículos eléctricos en flotas privadas.
5. Impulsar energías limpias e hidrógeno verde como parte de los sectores estratégicos del país.
6. Conciliar el crecimiento económico con la protección ambiental, aprovechando las condiciones de Chile para ser un actor clave en la transición energética global.

1. Priorizar el rol del Estado en energía y nacionalizar las grandes empresas generadoras, poniéndolas al servicio de la sociedad y del proceso de industrialización del país.
2. Impulsar el desarrollo de la energía nuclear, que por su enorme potencial podría constituir la base del proceso de industrialización de Chile, sin descuidar otras formas de obtención de energía.
3. Garantizar la seguridad energética como pilar central del proceso de industrialización y de la independencia económica del país.
4. Fomentar las energías renovables por el alto grado de independencia energética que permiten, aunque se reconoce su ineficiencia y problemas de contaminación con la tecnología actual.
5. Elaborar un plan nacional para una estructura energética nacional que logre la mayor emancipación posible del mercado internacional y aumente la capacidad de generación de las plantas nacionales.
6. Estudiar todos los sistemas de generación de energía eléctrica, incluyendo los basados en combustibles fósiles, gas biológico y sintético, con criterios pragmáticos que consideren los intereses nacionales y la industrialización.

1. Cerrar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Propone eliminar este ministerio para reemplazarlo por una Subsecretaría de Familia.
2. Instaurar un Ministerio de la Familia: Plantea crear este nuevo ministerio para proteger los valores tradicionales.
3. Criticar el feminismo y la “ideología de género”: Ha expresado críticas al feminismo y considera que la izquierda radical ha exacerbado la confrontación entre hombres y mujeres.
4. Promover y apoyar la maternidad: Sugiere establecer subsidios y apoyo habitacional para mujeres embarazadas, especialmente para aquellas que enfrentan un embarazo en condiciones de adversidad.
5. Compatibilizar trabajo y vida familiar: Propone medidas como el trabajo remoto y permisos parentales compartidos, para que la carga familiar no recaiga solo en la mujer.
6. Enfrentar la violencia intrafamiliar: Propone ampliar el número de residencias transitorias para víctimas, entregar subsidios de emergencia y acceso preferente a subsidios de arriendo.
7. Reafirmar el rol tradicional de la familia: Su visión se centra en la familia como el primer espacio de formación, buscando reafirmar el derecho de los padres a transmitir valores a sus hijos sin la imposición del Estado.

1. Eliminar la “ideología de género” y el “lenguaje inclusivo” de todos los ámbitos públicos y educativos, y suprimir la transversalización de género en los instrumentos de gestión estatal.
2. Defender la familia como núcleo civilizatorio, reafirmando el valor del matrimonio natural y el rol preponderante de la mujer como cabeza del hogar en su función de amor, protección y unión.
3. Fortalecer la meritocracia como principio rector del acceso a oportunidades, basando el avance en habilidades, talentos, esfuerzos y logros personales, en lugar del sexo o la percepción de género.
4. Empoderar laboralmente a las madres mediante flexibilidad laboral, capacitación moderna, redes de cuidado infantil y fomento de la corresponsabilidad parental, permitiéndoles trabajar o emprender sin sacrificar su rol familiar.
5. Crear comunidades de certificación, trabajo y emprendimiento para jefas de hogar en situación de pobreza, ofreciendo desarrollo de habilidades de alta demanda laboral y acompañamiento para iniciativas económicas familiares.
6. Eliminar los cupos reservados y la “discriminación positiva o negativa” que provengan de una matriz ideológica en la administración pública.

1. Prevenir y erradicar la violencia de género: Fortalecer las Casas de Acogida, las líneas de denuncia y orientación 24/7, y mejorar la respuesta policial y judicial a denuncias de violencia intrafamiliar. Además, impulsará la plena implementación y monitoreo de la Ley Gabriela.
2. Empoderamiento económico de la mujer: Propone programas de capacitación y colocación laboral para mujeres, apoyo al emprendimiento femenino con capital semilla específico y promoción de su participación en sectores donde están sub-representadas (ciencia, tecnología, construcción, fuerzas armadas).
3. Corresponsabilidad parental y apoyo a la primera infancia: Ampliará gradualmente el postnatal parental para fomentar la participación de los padres en el cuidado y garantizará la cobertura universal de sala cuna desde los 2 años, con énfasis en lugares de trabajo.
4. Implementar un Sistema Nacional de Cuidados: Apoyará gradualmente a cuidadores informales, creará centros de día para adultos mayores y formará cuidadores profesionales, aliviando la carga que recae especialmente sobre las mujeres.
5. Fomentar la igualdad de género en el deporte: Buscará aumentar la participación femenina con más ligas y campeonatos, garantizará equidad en los horarios de uso de recintos deportivos públicos e integrará la perspectiva de género para asegurar espacios seguros para las mujeres.
6. Garantizar la igualdad ante la ley y acceso a la justicia: Reforzará la defensoría de las personas (Defensoría de Víctimas, Defensoría Penal Pública fortalecida) para que todos tengan acceso a la justicia, asegurando igual dignidad y trato ante la ley, sin privilegios.
7. Promover la equidad en educación: Utilizará la educación como “gran niveladora social” para romper la reproducción de la desigualdad, asegurando que el lugar de nacimiento no determine el destino de los ciudadanos y haciendo realidad la igualdad ante la vida.

1. Fusionar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Ministerio de la Mujer para una coordinación más eficiente de políticas sociales, integrando una perspectiva holística de género, familia, territorio y ciclos de vida.
2. Implementar una Estrategia de Intervención Temprana con Enfoque en Trauma, Apego Seguro y Continuidad del Cuidado para niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.
3. Apoyar la Ley de Crianza Compartida 2.0 (Boletín N° 15693-18) para garantizar el derecho de los niños a vincularse con ambos progenitores y reconocer la diversidad familiar, incluyendo el cuidado compartido de mascotas.
4. Lanzar el Programa Mujer Propietaria para gestionar 250.000 créditos hipotecarios con tasa del 5% y aval del Estado, facilitando el acceso a la vivienda para mujeres.
5. Crear el Plan Vivienda Emergencia Mujer para suministrar viviendas amobladas transitorias a mujeres violentadas por su pareja con sus hijos, como solución inmediata.
6. Mejorar la logística tecnológica-informacional del Registro de Personas Inhabilitadas por delitos sexuales hacia infantes y adolescentes, integrando IA para sistematizar casos y avisar inmediatamente de inhabilitación.
7. Reactivar el proyecto de ley de castración química obligatoria para violadores de mujeres, infantes y adolescentes, como pena accesoria desde el primer delito.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Igualdad y Género que las mujeres dueñas de casa sean reconocidas como trabajadoras y cuidadoras de hogar en el marco de la reforma previsional, buscando dejar atrás un sistema que ha sido ineficiente e injusto especialmente para las mujeres.
2. La universalización de la educación inicial gratuita desde los 2 años es considerada una política clave para la equidad y el fomento del empleo femenino.
3. El Plan Nacional de Empleo incluye un eje de Reforestación y Restauración Ecológica donde se busca restaurar 100.000 hectáreas degradadas con brigadas locales, involucrando a mujeres jefas de hogar.
4. En el ámbito de la seguridad y el control fronterizo, se compromete a garantizar controles humanizados en las fronteras legales e ilegales, cuidando especialmente de las mujeres, niños y víctimas de explotación.
5. Se diversificarán las soluciones habitacionales para adaptarlas a las necesidades específicas de hogares monoparentales, además de los unipersonales y de adultos mayores.

Jeannette Jara propone sobre Igualdad y Género que los derechos de las mujeres y la perspectiva de género serán un eje transversal de su gobierno, además de un pilar fundamental para garantizar derechos sociales, cohesión comunitaria y desarrollo sostenible.

1. Implementará el Plan Sala Cuna para Chile al modificar el artículo 203 del Código del Trabajo para eliminar la restricción que limita el Derecho a Sala Cuna a empresas con 20 o más trabajadoras, buscando el acceso universal al beneficio para todas las madres y padres trabajadores con hijos/as menores de 2 años.
2. Impulsará la Ley de Equidad Salarial para aplicar el principio de “igual paga por igual pega”, estableciendo sanciones claras para quienes no cumplan e incentivos para reconocer a las empresas que respeten los derechos de las mujeres.
3. Fortalecerá el Sistema de Cuidado al aumentar cinco veces el monto y duplicar la cobertura del estipendio para personas cuidadoras adscritas al Programa de atención a la dependencia severa, pasando a $160.000 mensuales.
4. Promoverá la paridad de género como principio estructurante del sistema político y del Estado, asegurando la paridad de entrada y de salida en el Congreso, los Consejos Regionales y Concejos Municipales.
5. Duplicará la cobertura del Programa 4 a 7 para la autonomía económica de las mujeres (pasando de 10.581 a 21.162 beneficiarias) y extenderá su funcionamiento a todo el año, incluyendo enero y febrero.
6. Impulsará la extensión progresiva del permiso postnatal parental para hombres de 5 días a un mes, como un paso concreto hacia una corresponsabilidad efectiva en el cuidado.
7. Reforzará el programa de residencias transitorias para ofrecer refugio a víctimas de violencia de género grave o extrema, e implementará dispositivos SernamEG Móvil para acercar la oferta pública a mujeres en territorios rurales o aislados.

1. Crear una Red de Protección para mujeres víctimas de violencia que entregue acompañamiento jurídico, apoyo en salud mental y ayuda para reubicación de vivienda, educación y empleo.
2. Implementar la sala cuna universal y asegurar cupos en jardines infantiles para apoyar la crianza y facilitar la participación laboral femenina.
3. Entregar un subsidio de $200.000 por seis meses a las mujeres que consigan un empleo formal para incentivar su contratación.
4. Impulsar jornadas laborales más flexibles que sean compatibles con la maternidad y la corresponsabilidad en la crianza.
5. Crear el programa “Mujer camina tranquila” para mejorar la seguridad en calles, paraderos y transporte público con cámaras, botones SOS y mayor iluminación.
6. Dar alerta nacional contra el cáncer de mamas y cervicouterino, disponiendo de un mamógrafo móvil por provincia y bajando la edad recomendada para el examen a los 40 años.
7. Mejorar la capacitación laboral para mujeres en áreas de alta demanda y mejor remuneración como minería, programación e inteligencia artificial.

1. Promover la emancipación e integración de la mujer trabajadora y popular en todas las esferas de la vida (económica, política y social), apoyando su participación en el trabajo productivo con sistemas como salas cuna y jardines infantiles integrados en el lugar de trabajo.
2. Fomentar la corresponsabilidad en la crianza, haciendo al hombre y a la sociedad igualmente responsables, incluyendo apoyo a madres solteras y adolescentes embarazadas, y periodos posnatales extendidos (dos años para la madre y seis meses para el padre).
3. Garantizar el derecho universal al aborto y promover la educación sexual en las escuelas, a la vez que se confronta la sexualización generalizada de la sociedad.
4. Establecer el principio de “a igual trabajo, igual salario” sin diferencias por género, edad u origen, asegurando el trabajo al postulante con mayores necesidades sociales en caso de capacidades iguales.
5. Promover una cultura de inclusión y no discriminación desde el nacimiento, garantizando constitucionalmente el rechazo a toda forma de discriminación (sea por origen, discapacidad, creencia u orientación sexual), y proponiendo la discusión sobre otras formas de constitución de familias.
6. Aplicar el máximo rigor de la ley contra el maltrato a la mujer, incluyendo el abuso de poder, la violación y el feminicidio, conforme a la nueva legislación.
7. Establecer una educación no segregada entre niñas y niños, para que la enseñanza de habilidades no se halle condicionada ni separada por el género del educando.

1. Implementar un plan nacional de infraestructura financiado mediante alianzas público-privadas.
2. Proponer un plan de construcción de nuevas carreteras, caminos y autopistas para aumentar la resiliencia de la red vial, mejorando la seguridad y tecnología en carreteras.
3. Modernizar los puertos y aeropuertos bajo concesiones competitivas, acelerando los procesos de licitación para asegurar la continuidad operativa y desarrollar infraestructura que permita recibir embarcaciones con mayor eslora y capacidad de carga.
4. Ampliar la infraestructura digital con 5G y fibra óptica en todo el país, buscando que Chile profundice su lugar en la economía digital y del futuro.
5. Desarrollar un sistema nacional de transporte público integrado y crear corredores ferroviarios para el transporte de carga en macrozonas.
6. Construir desaladoras y embalses para garantizar la seguridad hídrica, impulsando un diseño industrial para aumentar la producción y oferta de agua.
7. Agilizar los permisos ambientales con plazos máximos de 180 días para grandes proyectos y crear una ventanilla única digital para proyectos de inversión estratégica.

1. Crear un Ministerio de Infraestructura que unifique la gestión de obras públicas, vivienda, transporte, telecomunicaciones y bienes nacionales, concentrando y coordinando la inversión pública.
2. Impulsar una reforma estructural a la Ley de Concesiones para otorgar mayor certeza jurídica, flexibilidad y agilidad en la tramitación, atrayendo nuevos inversionistas privados y acelerando obras sin sobrecargar el gasto público.
3. Establecer una Ventanilla Única Digital para proyectos de infraestructura, unificando la gestión, aprobación y supervisión de permisos para reducir tiempos, costos y burocracia en el sector público y privado.
4. Otorgar autonomía administrativa y financiera a los puertos chilenos, transformándolos hacia un modelo de Autoridad Portuaria Autónoma (APA) para que gestionen sus recursos, inviertan en modernización y compitan globalmente.
5. Fomentar la inversión 100% privada en plantas desalinizadoras y de valorización energética de residuos mediante un marco regulatorio claro y desregulado, clave para enfrentar la crisis hídrica y generar energía limpia.
6. Optimizar el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas (MOP), priorizando proyectos de alto impacto social y económico, eliminando duplicidades y promoviendo la eficiencia y austeridad del gasto, incluyendo una revisión del sistema de incentivos.
7. Reformar integralmente el suelo urbano y Bienes Nacionales, liberalizando el mercado inmobiliario, flexibilizando normativas urbanísticas para aumentar la oferta de viviendas y poniendo a disposición terrenos fiscales subutilizados para el desarrollo privado.

1. Plan de obras públicas intensivas y mejora de infraestructura: Desplegar un plan intensivo de obras públicas (caminos vecinales, puentes, plazas, veredas, ciclovías, mejoramiento de viviendas y barrios) para absorber mano de obra local y fomentar el desarrollo en las regiones.
2. Inversión en infraestructura de transporte: Incluye invertir en más trenes de pasajeros y carga (como el tren Santiago-Valparaíso y extensiones en el sur), modernizar carreteras intermedias y rutas estratégicas (Ruta 68, 78, Arica-Pozo Almonte), y fomentar la electromovilidad (ampliando flotas de buses eléctricos y ciclovías).
3. Construcción de viviendas y desarrollo de barrios: Acelerar la construcción de viviendas dignas para familias vulnerables y sectores medios, utilizando terrenos fiscales para proyectos de arriendo, y asegurar que las soluciones habitacionales para campamentos incluyan pavimentación, iluminación, agua potable, alcantarillado y equipamiento comunitario.
4. Infraestructura hídrica para combatir la sequía: Implementar un plan integral que contemple la construcción de embalses y pequeños reservorios, e impulsar la desalinización de agua de mar, exigiendo a la gran minería un porcentaje creciente de agua desalinizada.
5. Infraestructura de seguridad y fronteriza: Apoyar la Ley de Infraestructura Crítica para desplegar Fuerzas Armadas en puntos sensibles, e invertir en tecnología avanzada (drones, sensores de movimiento, cercos electrónicos) para la vigilancia fronteriza.
6. Infraestructura para el turismo: Facilitar la inversión en infraestructura turística como aeropuertos, pasos fronterizos, rutas escénicas, centros de información y hoteles, especialmente en zonas extremas.
7. Infraestructura educativa, deportiva y de conectividad: Invertir en más gimnasios escolares y multicanchas en escuelas públicas, y planificar eventos deportivos que dejen infraestructura de legado (como un centro náutico en Magallanes). También propone el programa “Iluminar La Araucanía” con alumbrado público e internet en zonas rurales.

1. Crear un Ministerio de Infraestructura y Planificación para coordinar y unificar la cartera de proyectos de carreteras, aeropuertos, puertos, trenes, infraestructura hídrica y digital.
2. Implementar una Red Nacional de Carreteras Hídricas Intercuencas mediante concesiones privadas sin subsidio fiscal, para garantizar el abastecimiento humano y agrícola en zonas de estrés hídrico.
3. Establecer un procedimiento especial de evaluación acelerada para proyectos de corredores bioceánicos, modificando el Reglamento del SEIA y el Decreto N° 83 del MOP, e incluyendo la agilización de permisos sectoriales.
4. Desarrollar un programa nacional de infraestructura de acumulación y recarga hídrica, con construcción acelerada de embalses multipropósitos de pequeña escala, tranques de infiltración y recarga gestionada de acuíferos.
5. Ejecutar un Plan Nacional de Vivienda y Urbanismo con fiscalización digital y control en tiempo real de subsidios, obras y contratos a través de ChileCompra y paneles públicos.
6. Optimizar recursos en infraestructura comunitaria mediante la incorporación de la figura de comodato en licitaciones público-privadas, aprovechando terrenos estatales subutilizados para proyectos habitacionales y de apoyo a la comunidad.

1. 1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Infraestructura que impulsará un Plan Nacional de Inversiones Estratégicas 2026–2030 que movilizará recursos públicos acumulados por alrededor de 21.000 millones de USD (6 puntos del PIB) para priorizar obras con alto retorno en productividad, equidad y resiliencia climática.
2. Los ejes prioritarios de inversión incluyen infraestructura de riego, transporte ferroviario, ciclovías, centros logísticos, puertos regionales y parques tecnológicos.
3. Se utilizará la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado fijará estándares y subsidiará, mientras los privados invertirán en flotas e infraestructura bajo concesión, aplicándose a trenes, buses eléctricos y ciclovías, así como a cárceles y hospitales.
4. En salud, se implementará un Plan Nacional de Infraestructura Sanitaria que priorizará la finalización de obras hospitalarias críticas y la construcción de 20 hospitales nuevos, además de 50 nuevos CESFAM y postas rurales.
5. Se busca la construcción de 750.000 viviendas sociales y de integración social al 2030 y se fortalecerá la infraestructura de 2.700 escuelas públicas, financiando estas mejoras a través del Plan Nacional de Inversiones Estratégicas.

1. Jeannette Jara propone sobre Infraestructura que se requiere más y mejor infraestructura con una mirada a largo plazo, ya que las autopistas están congestionadas, los puertos están llegando al límite de su capacidad eficiente y los aeropuertos están sobrepasados. Un país que busca ser una potencia energética mundial debe preparar su infraestructura para ello.
2. El Estado seguirá apoyando donde sea necesario, y también suscribirá concesiones en las obras que lo requieran, resguardando que los acuerdos con privados sean beneficiosos para los usuarios y el interés general en términos de tarifas, extensión de contratos y la integralidad de los servicios.
3. Se terminará de construir la red 5G, cubriendo las zonas rurales para elevar la productividad, siendo la conectividad digital clave para mejorar la salud, educación, inclusión y seguridad pública.
4. Se acelerará la inversión en aeropuertos, carreteras, autopistas y ferrocarriles para fortalecer la conectividad y competitividad nacional. Se prestará especial atención a la pavimentación de los caminos rurales de las regiones de menores ingresos para facilitar la conectividad y el transporte de productos.
5. Se avanzará en la modernización integral de los puertos para fortalecer su competitividad, integrarlos a las ciudades y proyectarlos como nodos logísticos del Pacífico Sur. Se dará prioridad a la finalización de la modernización en curso de los puertos de San Antonio y Valparaíso.
6. Implementará el Programa Nacional de Caminos Periurbanos y Rurales para regularizar y catastrar los caminos de uso público sin reconocimiento jurídico, creando un fondo especial para su conservación y mejoramiento, priorizando accesos críticos para servicios básicos y conectividad productiva.
7. Se impulsará un Plan de Infraestructura para la Integración Austral (Chile por Chile) para mejorar la conectividad de la Patagonia, asegurando recursos para obras habilitantes y servicios de infraestructura estratégica.

1. Construir cinco nuevas cárceles, tres de alta seguridad, y habilitar 32.000 nuevas plazas penitenciarias para recuperar el control del sistema.
2. Impulsar un plan 30-30-30 en salud para el año 2030, que contempla terminar 30 hospitales, dejar 30 en construcción y otros 30 en diseño.
3. Acelerar la construcción de 400.000 viviendas nuevas y el mejoramiento de otras 400.000, eliminando trabas burocráticas y priorizando terrenos públicos para ello.
4. Impulsar 20 grandes obras urbanas, incluyendo la construcción de parques y un plan de recuperación de zonas centrales e históricas para mejorar el espacio público.
5. Desarrollar un Plan Nacional de Desalación y Embalses para enfrentar la crisis hídrica y garantizar el suministro de agua.
6. Modernizar la infraestructura digital del país, expandiendo la fibra óptica y 5G con alianzas público-privadas para que todas las conexiones alcancen al menos 1 gigabit por segundo.
7. Fortalecer la infraestructura logística, avanzando en trenes de carga, estaciones multimodales y un Puerto de Gran Escala en San Antonio para potenciar la competitividad del país.

1. El Estado asumirá un rol primordial en la inversión, planificación y desarrollo de la infraestructura a nivel nacional, regional y local, orientada al interés público y al proceso de industrialización del país.
2. Se sentarán las bases para un nuevo proceso de industrialización que requerirá el desarrollo de infraestructura en áreas como la electrificación, el transporte terrestre y marítimo (vías ferroviarias, carreteras, puertos, muelles y astilleros), comunicaciones, alcantarillado, agua potable y alumbrado público.
3. Se pondrá fin al sistema de concesiones de las carreteras, revisando las ganancias obtenidas por las empresas concesionarias para que paguen al Estado el excedente que supere los costos de inversión.
4. Las grandes empresas monopólicas de infraestructura, incluyendo las generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, pasarán a manos del Estado.
5. Se hará énfasis en la ampliación de la infraestructura del metro en las principales ciudades y se evaluará la factibilidad de introducir tranvías y teleféricos, comenzando por Santiago.
6. Se desarrollará un Plan Nacional de Urbanismo que reorganice la ciudad, promoviendo la construcción de viviendas colectivas y verticales para densificar las zonas urbanas y la integración de las viviendas al tejido urbano, especialmente en los sectores periféricos.
7. Las empresas privadas o mixtas tendrán la obligación de destinar parte de sus ganancias a inversiones en infraestructura, tecnología y desarrollo científico en beneficio de la sociedad en su conjunto.

1. Fortalecer el rol de las iglesias y organizaciones sociales en programas comunitarios.
2. Abordar la educación en salud mediante un modelo colaborativo que involucre a universidades, municipios, comunidades, el sistema de salud, el sector educativo y el privado.
3. Impulsar comunidades escolares activas y la participación de los padres para mejorar el aprendizaje y la asistencia escolar.
4. Implementar un programa de apoyo integral para mujeres embarazadas en situaciones de adversidad, articulando esfuerzos entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil.
5. Liderar el programa “Familias sin Violencia” desde los municipios, con intervenciones psicosociales intensivas en barrios críticos.
6. Abrir las escuelas a la comunidad por las tardes para el desarrollo de actividades físicas y deportivas.
7. Diseñar e implementar un Plan Nacional de Inversiones Culturales para construir, restaurar y activar infraestructura cultural en comunidades que carecen de ella, priorizando las que presentan brechas históricas de inversión, con el fin de generar desarrollo y cohesión social.

1. Comunidades de Certificación, Trabajo y Emprendimiento: Empoderar a jefes de hogar en situación de pobreza, incluyendo a mujeres jefas de hogar, mediante el desarrollo de habilidades de alta demanda laboral y un rápido acceso al empleo o al emprendimiento familiar, apoyado por una red público-privada.
2. Comunidades de Aprendizaje en Familia: Enfocadas en la formación integral de niños y adolescentes en riesgo social en barrios vulnerables, con apoyo educativo, artístico y deportivo, y respaldo integral a las familias para superar la pobreza.
3. Comunidades de Acompañamiento: Promover la autovalencia y el bienestar de adultos mayores solos y personas con discapacidad en situación de pobreza, facilitando su reintegración laboral, el desarrollo de habilidades y la creación de vínculos afectivos.
4. Sistema Nacional de Academias Deportivas y Centros Deportivos Regionales: Poner a disposición la infraestructura deportiva pública para que deportistas puedan crear y operar academias, generando ingresos y ofreciendo cupos a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad, fomentando así el desarrollo comunitario.
5. Regeneración Urbana y Desarrollo Comunitario: Implementar estrategias de revitalización en barrios deteriorados, con liderazgo de la comunidad y participación del sector privado, enfocadas en mejorar la infraestructura, la vivienda, la seguridad y los espacios públicos.
6. Auditoría Ciudadana Digital: Habilitar una plataforma tecnológica (blockchain) que permita a los ciudadanos fiscalizar en tiempo real el uso de los recursos públicos, promoviendo la transparencia y la participación cívica para una mejor gestión estatal.
7. Plazas de Salud en Movimiento y Sistema Nacional de Incentivos para Estilos de Vida Saludables: Crear espacios activos y ofrecer incentivos a individuos y empresas que promuevan hábitos saludables en comunas con alto sedentarismo, buscando combatir la obesidad y mejorar el bienestar a nivel comunitario.

1. Crear Centros de Competitividad Territorial (CCT) en universidades públicas regionales que, junto a actores públicos, privados y la sociedad civil, promuevan un desarrollo integral e inclusivo, centrado en cubrir las necesidades humanas y potenciar el potencial de las personas a través de la colaboración.
2. Establecer una Red Nacional de Centros de Diálogo Comunitarios en cada comuna para fomentar la conversación y el reencuentro en el tejido social, sirviendo como antídoto a la polarización.
3. Impulsar el programa “Esquinas Deportivas” mediante alianzas público-privadas para la prevención del delito juvenil, utilizando deportes de contacto y mentorías, complementado con un sistema de monitoreo educativo preventivo interinstitucional.
4. Implementar gradualmente un Sistema Nacional de Cuidados, que incluya apoyo a cuidadores informales, centros de día para adultos mayores y formación de cuidadores profesionales, aliviando la carga familiar (especialmente de mujeres).
5. Crear una Oficina Nacional de Analítica de Datos e IA (GovTech Chile), dependiente de Presidencia, para aplicar big data e inteligencia artificial en la gestión pública en áreas como la reducción de listas de espera en salud, tutorías educativas personalizadas y predicción del delito.
6. Fomentar la participación y educación cívica mediante mecanismos de democracia participativa como plebiscitos comunales vinculantes, presupuestos participativos digitales y consultas digitales, junto con una Plataforma Digital de Seguimiento de compromisos gubernamentales.
7. Establecer un Consejo de Autoridades Tradicionales de Primeras Naciones para asesorar al Ministerio de Salud y garantizar que la infraestructura de salud incorpore una mirada intercultural, fortaleciendo el rol del Facilitador Cultural y la gestión participativa en territorios indígenas.

1. Fusionar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Ministerio de la Mujer para una coordinación más eficiente de políticas sociales con una visión holística que integre género, familia, territorio y ciclos de vida.
2. Implementar una Estrategia de Intervención Temprana con Enfoque en Trauma, Apego Seguro y Continuidad del Cuidado para niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, mejorando la calidad del cuidado y la revinculación familiar.
3. Lanzar el Programa Mujer Propietaria para gestionar créditos hipotecarios con aval del Estado y el Plan Vivienda Emergencia Mujer para suministrar viviendas amobladas transitorias a mujeres violentadas con sus hijos.
4. Pilotear la creación de un Circuito/Red de Capitales Ángeles con incentivo tributario, con énfasis en startups y empresas nacientes que incluyan un componente de innovación social.
5. Fortalecer la Economía Circular y Resiliencia Comunitaria a través de municipios “Cero Residuos” con plantas modulares, y mediante la capacitación comunitaria en prevención de desastres (Principios Esfera), articulando a las iglesias como albergues dignos.
6. Establecer un programa nacional para la creación y fomento de cooperativas de pequeños y medianos productores agrícolas, con financiamiento, asistencia técnica y capital común de mecanización.
7. Desarrollar un Piloto de Portafolio nacional de bienes públicos agrícolas (información agrometeorológica, suelos, agua, sanidad y precios), con alertas locales y extensión digital, con nodos operados por cooperativas/municipalidades para reducir riesgos y elevar la productividad.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Innovación Social que se aplicará una Estrategia Integral de Recuperación Territorial en 400 zonas vulnerables, que combina inversión pública, servicios sociales, infraestructura y presencia policial comunitaria, buscando la justicia social y el desarrollo comunitario.
2. La propuesta de gobierno busca un nuevo pacto que involucre a la sociedad civil junto a las comunidades locales, considerándolas fundamentales para garantizar la coherencia, la legitimidad y el enfoque territorial de cada iniciativa.
3. Se creará una división de Policía Comunitaria dentro de Carabineros, cuyos efectivos contarán con formación particular en trabajo social, psicología comunitaria y gestión territorial, además de mediación y resolución pacífica de disputas, para insertarse de forma estable en barrios vulnerables.
4. Se busca reforzar el tejido social triplicando los fondos destinados a programas de prevención y reinserción social para jóvenes en riesgo, incluyendo salud mental, cultura urbana y deporte, donde el Estado ha estado ausente.
5. En materia de vivienda, se implementarán programas que fomenten la autoconstrucción asistida a través de apoyo técnico y financiero para promover la participación comunitaria y el fortalecimiento del tejido social.

1. Jeannette Jara propone sobre Innovación Social que esta es un pilar central para un desarrollo que se traduzca en el “buen vivir” para todos sus habitantes, promoviendo soluciones novedosas en la gestión pública y la participación para mejorar la vida cotidiana de la gente.
2. Impulsará un Gran Acuerdo Social por Barrios Seguros y Justos que articulará al Estado, las comunidades y sus dirigencias, las empresas y las universidades, donde las comunidades asumirán un rol protagónico en la democracia participativa y la justicia territorial.
3. Establecerá el programa “Escuelas Comunitarias Abiertas” para transformar las escuelas en centros de desarrollo comunitario en 100 comunas, extendiendo su horario para ofrecer talleres artísticos, deportivos e integrar servicios sociales y de salud.
4. Creará una Red Nacional de Bancos de Alimentos Municipales, fortaleciendo la logística comunitaria para recuperar y redistribuir alimentos aptos para el consumo que hoy se desperdician, combatiendo la inseguridad alimentaria.
5. Implementará un programa de intervención socioespacial en 10.000 hogares, para mejorar la infraestructura y equipamiento de viviendas donde cuidadoras y cuidadores realizan actividades productivas, con foco en soluciones de habitabilidad inclusiva (como accesibilidad para personas con discapacidad o TEA).
6. Financiará iniciativas de innovación para la valorización de residuos (economía circular) a nivel regional y local, creando polos de innovación circular que articulen MIPYMES, recicladores de base, universidades y gobiernos regionales en nuevas oportunidades de negocio sustentables.
7. Diseñará nueva infraestructura verde para Ciudades Sostenibles, que incluirá áreas naturales planificadas y espacios de usos compartidos que servirán para fines sociales, de cuidados y de participación comunitaria, haciendo las ciudades más resilientes.

El programa analizado de Evelyn Matthei no contiene información sobre propuestas específicas en materia de innovación social.

1. La refundación del sistema penitenciario, transformándolo de un modelo basado en el castigo a uno centrado en la educación, reformación y preparación del presidiario para su reinserción en la sociedad, reconociendo la responsabilidad individual y colectiva de cada crimen.
2. La convocatoria a una Asamblea Constituyente genuina compuesta por representantes directos de todas las organizaciones sociales del país (sindicatos, gremios, pueblos originarios, mujeres, estudiantes, etc.) para elaborar un nuevo marco jurídico que cimiente las bases de una sociedad con perspectiva socialista.
3. La implementación de un nuevo sistema de pensiones basado en la solidaridad, que sustituya el sistema de capitalización individual por uno universal y obligatorio, administrado por el Estado para garantizar una pensión digna para todos los jubilados.
4. El desarrollo de un Plan Nacional de Urbanismo para reorganizar la ciudad, promoviendo la construcción de viviendas colectivas y verticales para densificar las zonas urbanas, y buscando la integración social y territorial de la vivienda con el trabajo, la cultura y el deporte.
5. La emancipación de la mujer trabajadora y popular a través de su integración en todas las esferas de la vida económica, política y social, apoyada por sistemas como salas cuna en los lugares de trabajo, corresponsabilidad parental y la garantía del derecho universal al aborto.
6. La protección integral de la infancia, velando por su integridad física, educacional, psicológica, social, económica y moral, apoyando a la familia y refundando el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
7. El fomento de una cultura de inclusión y no discriminación desde el nacimiento, garantizando constitucionalmente la protección de las minorías sociales y la igualdad de derechos en el trabajo, salario, educación y la discusión sobre nuevas formas de constitución familiar.

1. Crear el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE): Propone fortalecer y modernizar la inteligencia del Estado, integrando a todas las entidades relevantes y utilizando tecnología de vanguardia para enfrentar amenazas actuales y proteger la seguridad nacional.
2. Impulsar la innovación tecnológica en las Fuerzas Armadas y policías: Busca mejorar sus capacidades con acceso a tecnología e información avanzada, incluyendo el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos financieros y la persecución del crimen organizado.
3. Fomentar la innovación y la productividad en el sector privado: Plantea incentivar que las empresas inviertan, compitan e innoven a través de la colaboración público-privada, la transferencia tecnológica y la modernización de la legislación laboral para adaptarse a los cambios del mercado.
4. Atraer inversiones que promuevan la innovación: Quiere posicionar a Chile como un hub de inversión, especialmente en industrias de la economía digital y del futuro que impliquen transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano.
5. Renovar la alianza entre ciencia y decisiones públicas: Propone fortalecer el vínculo entre la ciencia y la toma de decisiones sobre recursos naturales, biodiversidad y desarrollo de políticas públicas, para asegurar un progreso sostenible.
6. Modernizar el currículum escolar con enfoque en nuevas tecnologías: Sugiere actualizar el plan de estudios para incluir la enseñanza sobre el uso responsable de nuevas tecnologías.
7. Digitalizar completamente la administración pública: Busca eliminar trámites presenciales innecesarios, mejorar la calidad de los servicios públicos y facilitar la vida de los ciudadanos mediante el uso intensivo de la tecnología.

1. Crear el Centro de Alta Tecnología para la Innovación y el Desarrollo (CATID) como una iniciativa estratégica para impulsar la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico de frontera y la formación avanzada de capital humano en áreas críticas para el país.
2. Aumentar significativamente la inversión en I+D para reducir la brecha actual de Chile (0.36% del PIB) respecto al promedio de la OCDE (2.68%), integrando capacidades y actores del sector público y privado.
3. Focalizar la investigación aplicada en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, robótica, biotecnología, energías renovables, manufactura avanzada y nanotecnología.
4. Formar y atraer talento especializado, capacitando doctores y especialistas en áreas STEM vinculadas a desafíos reales del país y conteniendo la fuga de talentos.
5. Facilitar la transferencia tecnológica hacia el sector productivo mediante incubación de empresas, licenciamiento y creación de spin-offs.
6. Fomentar la innovación abierta a través de desafíos tecnológicos colaborativos, fondos semilla y apoyo a emprendedores científicos desde sus etapas iniciales.
7. Establecer un modelo de gobernanza y financiamiento público-privado para el CATID, buscando cofinanciar la inversión inicial con fondos públicos (posiblemente a través de ANID) y promoviendo la inversión privada.

1. Hacer de la innovación tecnológica un pilar del desarrollo nacional, avanzando hacia una economía del conocimiento y una gobernanza digital de calidad.
2. Impulsar un Plan Nacional de Innovación Tecnológica con incentivos tributarios, fondos concursables y programas de mentoría a startups de base científico-tecnológica.
3. Aumentar la inversión en I+D (Investigación y Desarrollo) con la meta de alcanzar el 1% del PIB para 2030, con aportes públicos y privados.
4. Crear una Oficina Nacional de Analítica de Datos e IA (GovTech Chile), dependiente de Presidencia, para apoyar a los ministerios en proyectos basados en big data e inteligencia artificial, y desarrollar un Laboratorio de Ética en IA.
5. Integrar la Inteligencia Artificial en la educación escolar con un Marco Nacional de Uso Ético, capacitación docente masiva y modernización de métodos de evaluación.
6. Establecer un “Royalty por Innovación” para incentivar a las mineras a invertir en manufactura de cobre de alto valor agregado y atraer fabricantes mundiales de baterías y vehículos eléctricos a Chile.
7. Avanzar hacia un “Gobierno Digital” e “Inteligente” con trámites 100% online, interoperabilidad entre servicios, una Ley de Protección de Datos 2.0 y la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad.

1. Fortalecer el ecosistema de innovación aplicada mediante reformas a la Ley N° 20.241 para establecer continuidad con CORFO y promover la transferencia tecnológica.
2. Desarrollo de un piloto de portafolio nacional de bienes públicos agrícolas que incluya información sobre agrometeorología, suelos, agua, sanidad y precios.
3. Impulsar la creación de un Fondo Estratégico de Innovación Minera Público-Privado para financiar investigación y desarrollo en eficiencia hídrica, energética y minería sostenible.
4. Fomentar las Comunidades Energéticas con Cooperativas Legales de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y una Empresa Nacional de Transmisión con Internet de las Cosas (IoT) para optimizar la red eléctrica.
5. Implementar un programa de restauración ecosistémica que incluya la restauración de 2 millones de hectáreas y el reuso obligatorio de agua en edificios.
6. Promover la economía circular y la resiliencia comunitaria, incluyendo la participación de iglesias como albergues en situaciones de emergencia.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Innovación y Ciencia que se establecerá una Política Industrial Inteligente 2030 que busca generar capacidades tecnológicas nacionales, priorizando áreas como la producción de hidrógeno verde, el desarrollo de biotecnología marina y la producción de baterías de nueva generación.
2. Se expandirá el rol de CORFO para que actúe como una agencia con mayor autonomía y transparencia, con capacidad de inversión directa para financiar clústeres regionales y promover la innovación en áreas como la robótica y el desarrollo de software.
3. Se implementará el programa Red de Futuro para garantizar el acceso universal a internet de alta velocidad en las 3.000 escuelas públicas, con el fin de impulsar la calidad de la enseñanza y la integración de Chile en la economía del conocimiento.
4. Se fortalecerá el BancoEstado para que actúe sistemáticamente como un Banco de Desarrollo, capaz de financiar la innovación verde a través de créditos productivos garantizados.
5. Se utilizará la Inteligencia Artificial (IA) para modernizar la gestión estatal, como en la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) y en los algoritmos del Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SNIC), además de utilizarla para el control inteligente de los 240 km de fronteras críticas.

1. Jeannette Jara propone sobre Innovación y Ciencia que, en un plazo de cuatro años, se fijará la meta de duplicar la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D), considerando conjuntamente la inversión pública y privada, para avanzar lo más pronto posible a un gasto de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en la materia.
2. Fomentará la innovación abierta mediante la creación de Juntas Sectoriales de Innovación (JSI), que serán corporaciones constituidas voluntariamente por empresas dentro de una industria para enfrentar desafíos comunes a través de acciones conjuntas de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica.
3. Modernizará la gestión de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para fortalecer la investigación y la innovación, abordando la digitalización y simplificación de procesos, la reorganización de concursos y una mayor eficiencia en las rendiciones.
4. Creará el Fondo de Fondos “Chile Apaña” para impulsar la inversión en capital de riesgo, con el Estado actuando como inversionista ancla, facilitando que inversionistas institucionales puedan invertir en emprendimientos y startups con alto potencial de crecimiento.
5. Implementará un Plan Nacional de Asesoramiento Científico para el Estado a través de una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, que actuará como canal único entre la demanda de conocimiento de los ministerios y la oferta de universidades y centros de investigación.
6. Impulsará la expansión de los Hubs de innovación regionales y aumentará el financiamiento basal para los Institutos, Centros de Formación, liceos técnicos y Centros que desarrollen investigación en áreas estratégicas regionales, buscando fomentar la descentralización.
7. Avanzará en investigación y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en Chile con una perspectiva de sostenibilidad y justicia social, consolidando las medidas de la política de IA del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

1. Crear un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología enfocado en áreas como inteligencia artificial (IA), digitalización, infraestructura 5G y un Programa Espacial Nacional.
2. Aprovechar las ventajas comparativas de Chile como laboratorios naturales para participar en grandes proyectos científicos internacionales en astronomía, cambio climático, biodiversidad e investigación antártica.
3. Fomentar la investigación y uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) mediante un plan público-privado que incluya incentivos tributarios y subsidios para atraer talento.
4. Modernizar la infraestructura digital con alianzas público-privadas para expandir la fibra óptica y 5G, buscando que todas las conexiones alcancen al menos 1 gigabit por segundo.
5. Impulsar un Hub de Inversiones en Innovación, creando un nuevo marco legal para atraer capital de riesgo (Venture Capital) y facilitar el financiamiento para startups.
6. Apoyar el Programa Espacial Nacional, consolidando una constelación de satélites y fortaleciendo los centros espaciales para la seguridad fronteriza, innovación y empleos de alto valor.
7. Promover el desarrollo de la astronomía, fomentando la innovación tecnológica asociada a esta área y el astroturismo como motor de desarrollo regional.

1. Fomentar la investigación universitaria que apoye el proceso de industrialización del país, poniendo fin a la mercantilización de la investigación para evitar la fuga de intelectuales.
2. Impulsar el desarrollo de la energía nuclear como una base potencial para el proceso de industrialización de Chile, sin descuidar otras formas de obtención de energía.
3. Integrar y desarrollar la automatización, la robótica y la inteligencia artificial para apoyar el proceso de industrialización, buscando apoyo en países con alto grado de conocimiento en estas áreas.
4. Reunir a la intelectualidad nacional con conocimientos en maquinarias, electrónica, informática, automatización, química y cibernética para el proceso de industrialización, pidiendo el regreso de quienes trabajan en el extranjero.
5. Potenciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología para un uso más eficiente y menos dañino de los recursos naturales y la fuerza de trabajo, permitiendo mayor producción con menor impacto.
6. Fomentar el desarrollo de conocimientos y tecnologías para la obtención de agua dulce, como la desalinización del agua de mar, la recolección de aguas lluvias y el tratamiento de aguas servidas.
7. Retomar y actualizar el proyecto Synco (Cybersyn) para la planificación centralizada de la economía, adaptándolo a las capacidades actuales de computación, informática, inteligencia artificial y big data.

1. Reducción del tamaño del Estado y simplificación administrativa: Esto incluye la eliminación de ministerios y organismos redundantes, la reducción del 30% de los cargos de confianza política y la digitalización completa de la administración pública para eliminar trámites innecesarios.
2. Austeridad fiscal y presupuesto base cero: Implementará la austeridad fiscal reduciendo el gasto en programas sin resultados comprobados, e impulsará un presupuesto base cero donde cada gasto debe ser justificado anualmente, buscando eliminar abusos y despilfarro.
3. Sistema nacional de auditorías y control presupuestario: Propone crear un sistema nacional de auditorías permanentes contra la corrupción en todas las instituciones del Estado, fortalecer el control presupuestario de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y mejorar la fiscalización de la Contraloría General de la República.
4. Combate al crimen organizado y al financiamiento ilícito: Fortalecerá la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mediante inteligencia artificial y análisis de datos, tipificará el crimen organizado (incluyendo el decomiso de bienes) y perseguirá la “ruta del dinero” para atacar la corrupción que socava las instituciones.
5. Tolerancia Cero a la corrupción y aplicación de la ley: Afirma una “tolerancia cero” frente a la corrupción desde el primer día de gobierno, asegurando que la ley sea la misma para todos, sin excepciones ni privilegios, y que se exija la rendición de cuentas.
6. Promoción de la probidad y meritocracia en el sector público: Priorizará la probidad y la transparencia en la Administración del Estado, eliminando privilegios injustificados entre funcionarios públicos y promoviendo el mérito y los resultados en la carrera funcionaria.
7. Simplificación regulatoria para reducir oportunidades de corrupción: Abordará la existencia de regulaciones anacrónicas y obsoletas que obstaculizan la inversión y el emprendimiento, prometiendo solucionar trabas regulatorias a nivel local y simplificar la estructura tributaria para formalizar las PYMES.

1. Crear un Consejo de la Magistratura independiente para la selección, nombramiento y disciplina de jueces, y un Tribunal de Probidad especializado y autónomo para investigar y juzgar delitos contra la probidad en el sistema judicial, incluyendo a quienes intervienen en la administración de justicia.
2. Implementar una Auditoría Ciudadana Digital mediante tecnología blockchain que permita a cada ciudadano fiscalizar en tiempo real el uso de los recursos públicos, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas del Estado.
3. Establecer una Agencia Tributaria Autónoma (AT) tecnológica, fusionando organismos fiscales actuales e incorporando inteligencia artificial, auditorías automáticas y blockchain para la trazabilidad de pagos, con el fin de aumentar la eficiencia y transparencia del sistema tributario.
4. Eliminar todas las transferencias de fondos públicos a fundaciones y corporaciones privadas para prevenir el desvío de recursos, el nepotismo y el financiamiento encubierto de campañas políticas, generando un ahorro directo estimado del 0.6% del PIB.
5. Aplicar una Reforma Ética del Sueldo y los Privilegios en el Estado, que incluye limitar los salarios de los funcionarios públicos al del Presidente, eliminar pensiones de privilegio para expresidentes, reducir las asignaciones parlamentarias y establecer la inhabilitación vitalicia para cargos públicos a quienes sean condenados por delitos.
6. Fortalecer el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), otorgándole la facultad de revisar y pronunciarse sobre toda iniciativa legal que implique gasto permanente para actuar como una “muralla técnica” contra el populismo fiscal y el gasto irresponsable.
7. Implementar sistemas de monitoreo y evaluación contra la corrupción a nivel municipal, incluyendo auditorías cruzadas, informes para la eficiencia del gasto y sistemas de reporte que alerten a los ciudadanos cuando el municipio exceda el 5% de su presupuesto.

1. Reforzar la Contraloría y mecanismos de control: Dotar de mayor autonomía y recursos a la Contraloría General de la República para fiscalizar gastos y licitaciones, y crear comités de ética y pruebas aleatorias de integridad en los ministerios.
2. Sanciones severas para corruptores: Sancionar muy duramente a empresas o particulares que intenten comprar favores, proponiendo penas de cárcel para los infractores.
3. Transparencia total en gastos públicos: Transparentar completamente las compras públicas en un portal visible para todos y crear la Plataforma Chile Transparente para mostrar en tiempo real los gastos del presupuesto nacional y municipal. También usar blockchain en compras públicas para trazabilidad y reducción de corrupción.
4. Profesionalizar el servicio público: Impulsar una Reforma del Empleo Público basada en el mérito, fortaleciendo y ampliando el sistema de Alta Dirección Pública para contener el “cuoteo político” y reducir la alta rotación.
5. Garantizar la independencia judicial y de la Fiscalía: Establecer un nuevo sistema autónomo y transparente de nombramientos judiciales basado en el mérito, y dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública.
6. Crear Tribunales especializados en corrupción y crimen organizado: Instalar Tribunales especializados en estas materias dentro del Poder Judicial, con jueces protegidos y en formación continua, así como salas penales especializadas en Cortes de Apelaciones.
7. Fortalecer la ciberseguridad y protección de datos: Aprobar una Ley de Protección de Datos 2.0 (alineada con estándares europeos) y crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad para prevenir ataques y proteger la infraestructura crítica y los datos.

1. Impulsar un Proyecto de Ley de Delación Compensada (‘Ley Topo’) como mecanismo de incentivo para prevenir y erradicar la corrupción en el aparato público.
2. Modernizar el sistema de compras públicas con analítica avanzada, integridad de datos y trazabilidad de contratos para prevenir corrupción y sobreprecios.
3. Despolitizar el nombramiento de superintendentes y cargos directivos de Alta Dirección Pública, eliminando las excepciones de confianza exclusiva presidencial para promover la meritocracia e independencia.
4. Fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con atribuciones investigativas y acceso directo a bases bancarias, y apoyar el levantamiento del secreto bancario para la persecución patrimonial y financiera del crimen organizado.
5. Diseñar e implementar protocolos de vetting y control de confianza para funcionarios en zonas críticas (fronteras, puertos, aduanas), fuerzas de seguridad y en contrataciones públicas.
6. Establecer causales de remoción por desempeño, integridad y cumplimiento de metas para directivos públicos, con auditorías y reportes públicos.
7. Dotar de mayor austeridad y transparencia los sueldos de la alta dirección pública y embajadores, con topes no mayores al sueldo presidencial y publicación completa de beneficios indirectos.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Integridad / Anticorrupción que se mapearán y eliminarán los flujos financieros ilícitos del crimen organizado, incluyendo la corrupción, como objetivo estratégico del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SNIC).
2. El Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SNIC) funcionará bajo un marco de control democrático, con la obligación de desarrollar auditorías parlamentarias y de Contraloría, y deberá entregar reportes clasificados al Congreso e informes públicos anuales con indicadores de desempeño y resultados operativos.
3. En el ámbito fiscal, se modernizará el Servicio de Impuestos Internos (SII) utilizando Inteligencia Artificial (IA) para fiscalizar a los grandes contribuyentes y evitar el mal uso de estructuras como los fondos de inversión, como parte de la lucha contra la evasión tributaria.
4. Para la inversión pública y privada, se creará la Oficina Nacional de Inversión Productiva (ONIP) con trazabilidad digital obligatoria y ventanilla única, buscando optimizar los procesos gubernamentales, garantizar certeza jurídica y transparencia.
5. Se reforzará la Agencia Nacional de Medicamento (ANAMED) para fiscalizar activamente a farmacias y laboratorios que se coludan, con la aplicación de severas sanciones, y se implementará una estricta fiscalización y acreditación de calidad a los prestadores privados que operen bajo FONASA.

1. Jeannette Jara propone sobre Integridad / Anticorrupción que asume un compromiso de tolerancia cero frente a los abusos, elevando los estándares de probidad y transparencia, y modernizando el Estado para que sea más eficiente y confiable.
2. Impulsará la Ley Marco de Ética Pública para unificar y modernizar las normas de probidad, lobby y conflictos de interés, con el fin de establecer sanciones efectivas e inhabilitación por corrupción, y pondrá fin a la “puerta giratoria” entre entes regulados y reguladores.
3. Hará efectivo el delito de colusión mediante una modificación legal que coordine a la Fiscalía Nacional Económica y al Ministerio Público, permitiendo que la acción penal contra los responsables de delitos de cuello y corbata se inicie de manera más rápida.
4. Impulsará el levantamiento del secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiéndole acceder a la información bancaria de personas acusadas de realizar operaciones sospechosas que carezcan de justificación económica o jurídica.
5. Impulsará la reforma constitucional que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, un órgano autónomo que transparentará la selección de jueces y juezas para que se base en el mérito, la probidad y la independencia judicial.
6. Modernizará la Ley de Transparencia (2.0), haciéndola exigible para la totalidad del Estado y sus órganos autónomos, así como para las organizaciones sin fines de lucro que reciban financiamiento público, y creará un Portal Único de Transparencia del Estado.
7. Impulsará la tramitación de la Ley de Integridad Municipal, que eleva los estándares de probidad de los gobiernos locales, y actualizará la Ley de Lobby (2.0) para incluir nuevas formas de influencia y hacer obligatoria la divulgación de sus fuentes de financiamiento.

1. Aplicar tolerancia cero a la corrupción en todas las instituciones públicas.
2. Fortalecer a la Contraloría General de la República con más presupuesto y asegurar que sus hallazgos generen sanciones concretas.
3. Endurecer las sanciones, incluyendo la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por corrupción o cometan faltas administrativas graves.
4. Crear una Fiscalía de Asuntos Internos autónoma dentro del Ministerio Público para prevenir y sancionar la corrupción interna.
5. Regular la “puerta giratoria” con un período de “enfriamiento” obligatorio de al menos un año para altas exautoridades antes de asumir cargos en empresas que hayan fiscalizado.
6. Establecer mayor control sobre el gasto público, eliminando programas duplicados, reduciendo cargos de confianza y usando plataformas digitales para auditar la eficiencia en tiempo real.
7. Crear una plataforma digital única de transparencia para visualizar y cruzar datos clave sobre el comportamiento ético de los organismos públicos.

1. Combatir la corrupción pública y los privilegios económicos en el Estado, lo que incluye la supresión de los “sueldos fabulosos”, los sueldos vitalicios y las jubilaciones millonarias de funcionarios, parlamentarios y magistrados, exigiendo el retorno de ingresos excesivos y estableciendo un control estricto de rentas y patrimonios de altos funcionarios públicos.
2. Reestructurar y garantizar la integridad del poder judicial, proponiendo la destitución de los magistrados de la Corte Suprema, su reemplazo por un Tribunal Democrático cuyos miembros deberán ser “moralmente íntegros” y estar “libres de acusaciones por delitos y de corrupción”, y que los cargos judiciales sean revocables por voluntad popular.
3. Sancionar ejemplarmente la corrupción judicial, con un castigo ejemplar para cualquier magistrado del Tribunal Democrático que sea culpable de corrupción.
4. Luchar contra la evasión y elusión fiscal, considerándolas un “robo al fisco y, por tanto, a la patria”, y buscando presionar a la gran burguesía para repatriar fondos de paraísos fiscales, con castigos y la obligación de pagar lo no tributado.
5. Enfrentar severamente el crimen organizado y los boicots económicos, incluyendo la propuesta de aplicar la pena de muerte para los “grandes capitalistas del crimen organizado” (jefes de mafia y negocios de prostitución/sexo), y castigando a quienes actúen en el mercado negro, realicen contrabando o acaparen mercancías.
6. Establecer un riguroso sistema de control en las fuerzas armadas, para los ingresos y gastos del ejército, asegurando que los dineros “alcancen los destinos presupuestados y no acaben en manos de oficiales o políticos corruptos”.
7. Investigar y sancionar acciones pasadas contra los intereses nacionales, como la venta de oro chileno realizada por el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, determinando “responsables y los castigos correspondientes”.

1. Terminar con la “puerta giratoria”: Propone establecer mínimos obligatorios de cumplimiento efectivo de penas para que los delincuentes no salgan en libertad rápidamente.
2. Reformar el Ministerio Público: Busca aumentar la eficiencia de la fiscalía en la persecución penal.
3. Fortalecer la Defensoría de las Víctimas: Plantea reforzar esta institución como contraparte de la Defensoría Penal Pública para entregarles apoyo y garantizar el acceso a la justicia.
4. Endurecer las leyes contra el crimen organizado y narcotráfico: Propone tipificar el crimen organizado como delito autónomo y aumentar las penas para el narcotráfico y la tenencia ilegal de armas.
5. Construir 10 nuevas cárceles de máxima seguridad: Su plan busca modernizar y ampliar el sistema carcelario para reducir el hacinamiento, evitar que las cárceles operen como centros del crimen y segmentar a la población penal.
6. Recuperar el imperio de la ley en todo el territorio: Asegura que la ley se aplicará por igual en todo el país, sin “territorios vedados” o “naciones paralelas”, garantizando la presencia del Estado.
7. Eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): Propone cerrar el INDH por considerarlo sesgado ideológicamente.

1. Crear un Consejo de la Magistratura independiente y autónomo que se encargue de la selección, nombramiento, ascenso y disciplina de los jueces, así como de la administración de los tribunales, liberando a la judicatura de funciones no jurisdiccionales.
2. Establecer una jurisdicción especializada en probidad mediante un Tribunal de Probidad constitucionalmente autónomo, dedicado a investigar y juzgar delitos contra la probidad cometidos por funcionarios judiciales y otros actores del sistema de justicia (como prevaricación, cohecho o enriquecimiento ilícito).
3. Priorizar la prevención del delito y la protección de las víctimas, centrando el rol del Ministerio de Justicia en proponer medidas para estos fines y no en amparar a victimarios, terroristas o delincuentes.
4. Modernizar el sistema penitenciario construyendo establecimientos penales suficientes y separados por peligrosidad, para evitar que las cárceles sean “escuelas del delito” y recluir a primerizos en recintos específicos.
5. Endurecer las sanciones por delitos de corrupción en el sector público y privado, y eliminar los beneficios carcelarios para reincidentes en delitos violentos y de narcotráfico.
6. Garantizar la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, asegurando que las decisiones judiciales se tomen exclusivamente en función del Derecho y sin subordinación a otros poderes o intereses particulares, con una cultura judicial ética y mecanismos de control claros.

1. Garantizar la independencia judicial y de la Fiscalía, implementando un nuevo sistema autónomo y transparente de nombramientos judiciales basado en el mérito, y dotando de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública.
2. Modernizar la gestión judicial con mejoras en la tramitación digital y aumentando el número de fiscales y defensores públicos para reducir la demora en la resolución de casos.
3. Endurecer las sanciones para delitos graves y reincidencia, eliminando la atenuante de “irreprochable conducta anterior” para delitos graves y asegurando sanciones efectivas para reincidencia en delitos menores, aunque sin considerar antecedentes para menores de 18 años en delitos graves.
4. Aumentar la capacidad carcelaria mediante la construcción de nuevos recintos y la ampliación de los existentes para terminar con el hacinamiento y asegurar condiciones que permitan la rehabilitación.
5. Crear Tribunales especializados en crimen organizado y corrupción dentro del Poder Judicial, con jueces protegidos y en formación continua, así como salas penales especializadas en Cortes de Apelaciones.
6. Reorganizar y reforzar Gendarmería y el Registro Civil, modernizando Gendarmería con programas de reclutamiento y tecnovigilancia, y actualizando la estructura e infraestructura tecnológica del Registro Civil.
7. Garantizar la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, reforzando la defensoría de las personas (Defensoría de Víctimas, Defensoría Penal Pública fortalecida) y asegurando que la justicia no se incline ante el poder ni se venda.

1. Reformar Carabineros de Chile y PDI, estableciendo una separación estricta de funciones: Carabineros en prevención y PDI en investigación y policía judicial.
2. Diseñar una Nueva Política Nacional de Inteligencia Integral contra el Crimen Organizado y Terrorismo (2026–2030) y crear la Agencia Nacional de Inteligencia Integral contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ANICOT) y el sistema de datos ‘Axón’.
3. Aplicar la Ley Antiterrorista (N° 21.732) de forma pragmática y crear Unidades Especializadas Antiterroristas en el Ministerio Público y la PDI.
4. Arrendar Unidades Penitenciarias Flotantes (Barcos Cárceles) para reos de alta peligrosidad (especialmente terroristas y crimen organizado), ubicadas a 80 millas de tierra firme.
5. Reactivar el proyecto de ley de castración química obligatoria para violadores de mujeres, infantes y adolescentes, como pena accesoria desde el primer delito y para la reinserción.
6. Impulsar un Proyecto de Ley contra Falsas Denuncias en el ámbito de Familia y reconocer legalmente la Alienación Parental como una forma de violencia intrafamiliar (VIF).
7. Modificar la Ley de Usurpaciones (reemplazando el artículo 458) para sancionar la usurpación con presidio menor en su grado mínimo o multa de 100 UTM, incluso sin violencia ni daño.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Justicia que se contará con la participación del Poder Judicial en el Consejo Superior de Inteligencia Criminal, que será parte del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SNIC).
2. La estrategia de seguridad busca la justicia territorial además de la inteligencia, entendiendo que la seguridad es la presencia activa del Estado en el territorio y la garantía de una vida digna, sin impunidad ni abusos.
3. El gobierno aplicará una Estrategia Integral de Recuperación Territorial en 400 zonas urbanas y rurales de alta conflictividad, que combina seguridad, desarrollo urbano y comunitario, y justicia social.
4. La Policía Comunitaria, una nueva división dentro de Carabineros, tendrá una formación particular en mediación de conflictos y resolución pacífica de disputas para su intervención en barrios vulnerables.
5. Se busca que Chile retome la senda de la modernidad, desarrollo y solidaridad, lo cual solo será posible si existe la certeza jurídica necesaria para atraer inversión, garantizar estabilidad en las reglas del juego y asegurar que el desarrollo sea sostenible, inclusivo y de largo plazo.

1. Jeannette Jara propone sobre Justicia que se impulsará con carácter prioritario la tramitación de dos reformas fundamentales en el Senado: la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, y la reforma constitucional que establece el Consejo de Nombramientos Judiciales, buscando un sistema judicial cercano, transparente y confiable, y políticas de reinserción.
2. Implementará el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas transformando las actuales corporaciones de asistencia judicial y el programa de apoyo a víctimas en un servicio público descentralizado y regionalizado que entregará orientación legal, defensa jurídica y apoyo psicosocial a quienes más lo necesitan.
3. El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia tendrá unidades especializadas para: víctimas de criminalidad organizada, víctimas de crímenes de odio por género o discriminación, y personas cuidadoras, instalando una línea de asistencia jurídica especializada en cuidados.
4. Impulsará la reforma constitucional para los nombramientos judiciales que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, un órgano autónomo que transparentará y modernizará la selección de jueces y juezas, garantizando que los nombramientos se basen en el mérito, la probidad y la independencia judicial.
5. En materia de Reinserción Social, fortalecerá las alianzas público-privadas para ampliar la incorporación de privados de libertad al mercado laboral de manera efectiva.
6. Aumentará la inversión en el programa +R del Ministerio de Justicia a través del SENCE, ampliando la cobertura y diversificando la oferta de cursos de capacitación en recintos penitenciarios y para personas con penas sustitutivas.
7. Promoverá una modificación legal y presupuestaria para que las municipalidades cuenten con financiamiento estable destinado a equipos de reinserción social, que actuarán como enlace con Gendarmería para asegurar un acompañamiento territorial efectivo.

1. Crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas para integrar asesoría legal, apoyo psicológico y social en un solo organismo.
2. Reformar el Poder Judicial, dividiendo su gobierno en tres organismos autónomos: uno para nombrar jueces, otro para administrar recursos y un tercero para la formación y capacitación del personal.
3. Modernizar el Ministerio Público, creando una Fiscalía Supraterritorial para delitos complejos y una Fiscalía de Asuntos Internos autónoma para combatir la corrupción interna.
4. Proteger a jueces, fiscales y testigos en causas de crimen organizado, permitiendo el anonimato y la declaración con identidad ficticia.
5. Crear Tribunales de Ejecución de Penas y un centro de monitoreo de medidas cautelares y prófugos para mejorar el cumplimiento de las sentencias.
6. Implementar el nuevo Código Procesal Civil para lograr procedimientos más simplificados, rápidos y accesibles.
7. Reforzar el rol de la Corte Suprema para que garantice una aplicación justa y uniforme de la ley en todo el país.

1. Refundar la justicia para que se base en la autonomía y beneficie a las grandes mayorías del país, no a la élite.
2. Sustituir la Corte Suprema por el Tribunal Democrático del País, cuyos miembros serán designados por la Asamblea de los Pueblos, con transparencia en sus posiciones políticas y un requisito de integridad moral.
3. Destituir a los magistrados de la Corte Suprema y revisar su responsabilidad por la impunidad de crímenes de lesa humanidad del levantamiento de 2019, buscando juicio y castigo para los responsables.
4. Liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluyendo a los presos políticos mapuche, con el debido reparo económico, tratamiento médico, físico y mental.
5. Refundar el sistema penitenciario, pasando de un enfoque de “prisión por castigo” a uno basado en la educación, reformación y reinserción social del presidiario.
6. Disminuir casi todas las penas en la nueva legislación, pero aumentarlas para crímenes graves y brutales como asesinato, violación sexual (a adultos o menores), crímenes de lesa humanidad, tortura, mutilaciones, terrorismo y corrupción superior a un límite acordado, incluyendo la pena de muerte para los grandes capitalistas del crimen organizado.
7. Establecer la revocabilidad de todos los cargos judiciales por voluntad popular y aplicar castigos ejemplares a los magistrados culpables de corrupción.

1. Plan nacional contra el cambio climático: Propone un plan basado en la adaptación tecnológica para enfrentar los efectos del cambio climático.
2. Agilizar permisos ambientales: Busca reducir los plazos máximos para la aprobación de permisos ambientales de grandes proyectos a 180 días, eliminando la burocracia y trabas regulatorias.
3. Impulso a energías limpias y renovables: Propone promover la energía nuclear como fuente limpia y segura y aumentar la inversión en energías renovables no convencionales.
4. Garantizar la seguridad hídrica: Plantea la construcción de desaladoras y embalses para asegurar el recurso hídrico en el país.
5. Proteger patrimonio natural estratégico: Sugiere proteger glaciares y salares estratégicos como patrimonio nacional.
6. Incentivar la economía circular: Busca fomentar el reciclaje a nivel industrial y la economía circular.
7. Desarrollo en armonía con el medio ambiente: Cree en un desarrollo que se complemente con la naturaleza, renovando y fortaleciendo la alianza entre la ciencia y las decisiones sobre recursos naturales y biodiversidad.

1. Reestructurar la institucionalidad ambiental: Reemplazar el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) por una Subsecretaría de Gestión Ambiental (SGA) integrada al Ministerio de Economía.
2. Agilizar y simplificar los permisos ambientales: Transformar el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en un Servicio de Permisos Ambientales (SPA/SEPA) que unifique las solicitudes y establezca plazos máximos de resolución de 45 días hábiles.
3. Eliminar exigencias “ideológicas”: Suprimir referencias a conceptos como “cambio climático”, “descarbonización” y “dogmas globalistas” de los procesos de evaluación ambiental, priorizando decisiones basadas en ciencia, técnica y responsabilidad.
4. Fomentar el desarrollo económico con prevención de la contaminación: Orientar la gestión ambiental hacia la compatibilidad con el emprendimiento y el crecimiento económico, bajo los principios de la “ecología de libre mercado” o “free market environmentalism”.
5. Impulsar la inversión privada en energías limpias: Promover el desarrollo de energía geotérmica y plantas de valorización energética de residuos mediante la desregulación, eliminando barreras burocráticas y creando un marco normativo amigable para la inversión privada.
6. Fortalecer la responsabilidad empresarial: La nueva Subsecretaría de Gestión Ambiental buscará disminuir los tiempos de tramitación, simplificar procesos y fortalecer la responsabilidad de las empresas en la prevención de la contaminación y el daño ambiental.

1. Planificación urbana sostenible: Reforzar los Planes Regionales de Desarrollo Urbano, promover ciudades compactas con infraestructura verde, limitar la urbanización en áreas de riesgo y prevenir incendios forestales dotando de tecnología a CONAF.
2. Protección ambiental y sanciones ejemplares: Fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente, aplicar multas severas y crear la figura de “delito ambiental” con penas de cárcel para daños dolosos graves, y defender glaciares y reservas de agua. Propone que “el que contamina, paga, y el que destruye, paga y repara”.
3. Combate a la sequía y adaptación hídrica: Implementar un plan integral que incluye construcción de embalses, desalinización de agua de mar (exigiendo a la gran minería un porcentaje creciente de agua desalinizada), reutilización de aguas y tecnología eficiente en riego agrícola. También busca fortalecer los Consejos de Cuenca para una gestión participativa del agua.
4. Transición energética y acción climática: Potenciar el cambio de matriz energética hacia energías limpias, acelerar la descarbonización con el cierre paulatino de centrales a carbón antes de 2040 (o 2035 si es posible), e implementar el Acuerdo de París con metas ambiciosas de reducción de emisiones.
5. Impulso al Hidrógeno Verde: Fomentar el hidrógeno verde como un nuevo sector exportador, asegurando que cumpla con altos estándares ambientales y genere beneficios locales.

1. Implementar un plan nacional contra el cambio climático basado en adaptación tecnológica y mitigación de sus efectos.
2. Promover la energía nuclear como una fuente limpia y segura para diversificar la matriz energética del país.
3. Aumentar la inversión en energías renovables no convencionales, fomentando su desarrollo y uso en el país.
4. Proteger glaciares y salares estratégicos como patrimonio nacional, asegurando su conservación y uso sostenible.
5. Incentivar la economía circular y el reciclaje industrial, promoviendo prácticas que reduzcan el impacto ambiental de la producción y el consumo.
6. Establecer políticas de gestión de residuos que fomenten la reducción, reutilización y reciclaje de materiales.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre medio ambiente que se implemente una Ley de Protección de Ecosistemas Estratégicos y una moratoria ambiental que impida el desarrollo de nuevos proyectos extractivos en ecosistemas frágiles (como glaciares, salares, humedales y bosques relictos) hasta que se realice una Zonificación Ecológica Participativa Nacional validada por un Comité Científico-Ciudadano.
2. Se creará una Agencia Nacional del Agua con competencias para priorizar el consumo humano y el equilibrio ecológico, y se establecerá un impuesto al uso intensivo del agua en sectores productivos como la minería, agroindustria y forestales, excluyendo el consumo humano y los sistemas comunitarios.
3. Se desarrollará una Política Oceánica Nacional Integrada y se creará una Subsecretaría del Mar dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, buscando transformar a Chile en una potencia oceánica y consolidar al país como un líder en Economía Azul Regenerativa.
4. Se fortalecerá la institucionalidad ambiental al transformar el Ministerio del Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica y Territorial, y se avanzará hacia un Sistema Nacional de Áreas Protegidas Autónomo y Profesionalizado, con un presupuesto basal garantizado del 0,5% del PIB anual.
5. Se implementará un impuesto verde que grave las emisiones de gases no mitigables (como CO2, NOx, SO2 y material particulado) a sectores industriales intensivos, a la vez que se crearán incentivos tributarios para las empresas que inviertan en mitigación o adaptación ambiental y energía limpia.

Jeannette Jara propone sobre medio ambiente que redoblará los esfuerzos para consolidar un desarrollo sostenible en Chile, enfrentando frontalmente la triple crisis ambiental por contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático.

1. Impulsará una Ley de Transición Socioecológica Justa y un Programa de Transición Justa para orientar la transformación de sectores productivos estratégicos en los territorios conocidos como “zonas de sacrificio” o en transición.
2. Unificará las competencias en el Sector Hídrico con sentido de urgencia, coordinando la gestión del agua de manera integral y actualizando la Política Nacional de Recursos Hídricos para establecer metas, plazos y financiamiento claro.
3. Contribuirá a la meta global de Extinción Cero (META MUNDIAL 30/30), lo que implica clasificar especies en categoría de conservación y seguir creando Parques Marinos Costeros para la regeneración de ecosistemas.
4. Creará nueva infraestructura verde para Ciudades Sostenibles, incrementando áreas verdes de baja demanda hídrica y diseñando una red planificada de áreas naturales (como parques y humedales) para hacer más resilientes a las ciudades ante eventos climáticos.
5. Avanzará en la implementación de la protección de salares y lagunas andinas del país, fortaleciendo la Red de Salares protegidos por su rol fundamental en la biodiversidad y la disponibilidad de agua para las comunidades cercanas.
6. Fortalecerá la inversión en el ecosistema de economía circular para la valorización de residuos, y apoyará la Gestión de Residuos Orgánicos Domiciliarios iniciando un programa en 3 ciudades piloto.
7. Asumirá un liderazgo en el combate a la crisis climática, posicionando a Chile como referente en políticas ambientales, energías limpias y justicia climática a nivel internacional.

1. Implementar un plan contra el cambio climático enfocado en la gestión del agua, la transición energética y el desarrollo rural sostenible.
2. Alcanzar la carbono neutralidad en 2050, reduciendo a la mitad las emisiones para 2035 mediante incentivos a tecnologías limpias y la electrificación del 100% del transporte público en un plazo de 5 a 10 años.
3. Crear un plan de recuperación ambiental y social para zonas industriales contaminadas, con la meta de reconvertirlas en “Zonas Circulares” en 10 años, reduciendo emisiones, consumo de agua y residuos.
4. Invertir en la naturaleza para prevenir desastres, priorizando la protección de ecosistemas estratégicos como cuencas, bosques nativos, turberas, glaciares y humedales.
5. Impulsar un Plan Nacional de Desalación y Embalses para enfrentar la crisis hídrica y garantizar el suministro de agua para consumo humano.
6. Transitar hacia un modelo de residuos circular, apoyando el desarrollo de mercados para compost y biogás, y ejecutando un plan nacional para clausurar y recuperar basurales.
7. Construir ciudades más resilientes a eventos climáticos extremos, creando espacios públicos que absorban agua de lluvia, promoviendo techos verdes y protegiendo humedales urbanos.

1. Priorizar la industrialización del país sobre los problemas ecológicos en la fase inicial, argumentando que sin desarrollo industrial no es posible alcanzar el bienestar general, aunque se reconoce la importancia de un ecosistema sano.
2. Combatir el afán de lucro capitalista como la principal causa de la destrucción ecológica, atribuyendo al modo de producción capitalista, especialmente su versión monopolista, el elevado grado de deterioro del ecosistema en Chile.
3. Permitir la explotación intensiva de los recursos naturales solo si sirve al bien común, entendiendo que dicha explotación es legítima únicamente para fines como la soberanía nacional, la industrialización, el bienestar de la población o la seguridad alimentaria y energética, y no para intereses privados.
4. Impulsar el desarrollo de la energía nuclear, dado que las energías renovables actuales son consideradas ineficientes y contaminantes en ciertas etapas, proponiendo la energía nuclear como una base potencial para el proceso de industrialización de Chile.
5. Nacionalizar las empresas monopólicas que explotan aguas y recursos naturales, transfiriendo total o mayoritariamente estas empresas al control estatal, según criterios de planificación nacional, para asegurar la soberanía sobre estos recursos.
6. Crear un sistema nacional de reciclaje centralizado y un plan de emergencia para la restauración ecológica, con el objetivo de detener y revertir la desertificación en el norte de Chile y restaurar los ecosistemas.
7. Obligar a las empresas a invertir parte de sus utilidades en la reducción de residuos dañinos y en la restauración del ecosistema, con la advertencia de sanciones rigurosas o incluso el traspaso al control total del Estado para aquellas que causen daños graves al ecosistema.

1. Control estricto y cierre de fronteras a la inmigración ilegal: Propone recuperar el control total de las fronteras, instalar tecnología avanzada como muros físicos, drones y sensores, y cerrar el paso a la inmigración ilegal.
2. Crear una Policía Fronteriza: Plantea la creación de una fuerza especializada para el control migratorio.
3. Expulsión de migrantes irregulares y con antecedentes: Busca expulsar en 24 horas a migrantes condenados por delitos graves y reponer la detención administrativa para expulsar a quienes tengan antecedentes.
4. Endurecer la política migratoria general: Propone una política migratoria más estricta que incluye revisiones exhaustivas de antecedentes y la expulsión inmediata de quienes ingresen de forma ilegal.
5. Crear centros de detención transitorios: Sugiere establecer centros de detención para migrantes ilegales en la frontera norte.
6. Limitar el envío de remesas: Propone limitar el envío de dinero al extranjero por parte de migrantes ilegales.
7. Condicionar la persecución penal a la expulsión: Plantea suspender la persecución penal de un migrante irregular si es expulsado del país. Si reingresa, el proceso penal se reanudaría.

1. Priorizar la seguridad en las fronteras y el control migratorio estricto.
2. Reponer la penalización del ingreso ilegal al país, deteniendo en flagrancia a quienes violen la frontera y confinándolos en campamentos mientras se tramita su expulsión.
3. Exigir la obtención de visas consulares y revisar los antecedentes a los migrantes antes de ingresar al país, con dotación acorde y soporte policial en consulados de mayor demanda.
4. Expulsar de inmediato a los extranjeros que cometan delitos en Chile y excluirlos de programas sociales hasta cumplir íntegramente con las sanciones legales.
5. Enfatizar las negociaciones diplomáticas con Bolivia para que reciba a todo extranjero que intente ingresar ilegalmente por la frontera común, reservándose el derecho de suspender la cooperación si facilita el tránsito ilícito.
6. Empadronar a los inmigrantes en las fronteras para generar una base de datos propia ante la falta de certeza de identidad.
7. Considerar a los inmigrantes con residencia definitiva dentro del sistema de protección social bajo los mismos principios de equidad y responsabilidad, una vez que han cumplido todos los requisitos legales y administrativos.

1. Cercar la frontera e invertir en tecnología avanzada (drones, sensores de movimiento, cercos electrónicos disuasivos) para la vigilancia fronteriza.
2. Robustecer el Servicio Nacional de Migraciones para denegar entradas o visas a quienes no puedan comprobar su motivo para estar en el país.
3. Establecer mecanismos eficientes de expulsión administrativa y judicial para extranjeros que incumplan las leyes chilenas.
4. Expulsar de inmediato y prohibir el reingreso de extranjeros que cometan delitos graves en Chile.
5. Adoptar una política migratoria humanitaria pero ordenada.
6. Agilizar la regularización de extranjeros con arraigo laboral.
7. Incluir a los migrantes de buena fe en la protección social y en la economía formal.

1. Establecer un sistema de migración ordenada y segura que facilite la entrada y permanencia de migrantes en Chile.
2. Crear un registro nacional de migrantes para tener un control y seguimiento adecuado de la población migrante en el país.
3. Promover la integración de migrantes en la sociedad chilena, facilitando su acceso a servicios básicos como salud y educación.
4. Implementar programas de capacitación y empleo dirigidos a migrantes para fomentar su inclusión laboral.
5. Fortalecer la colaboración con organismos internacionales para abordar de manera integral los desafíos migratorios.
6. Revisar y actualizar la legislación migratoria para adaptarla a las realidades actuales y garantizar derechos a los migrantes.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre migración que se recupere el control soberano de los 240 km de fronteras críticas utilizando infraestructura inteligente, como inteligencia artificial, cámaras térmicas, sensores, drones y fibra óptica, con el fin de detectar rutas de ingreso ilegales y patrones delictuales.
2. Se desarrollará una Task Force especializada en crimen fronterizo, la cual estará enfocada en combatir la trata humana, el tráfico y los delitos migratorios complejos.
3. Se garantizarán controles humanizados en las fronteras, tanto legales como ilegales, conforme al respeto a los derechos humanos, cuidando especialmente de las mujeres, niños y víctimas de explotación.
4. Las bases de datos de las seis agencias de seguridad actuales se integrarán en un Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SNIC) para desarticular redes criminales que utilizan las zonas fronterizas para el tráfico de drogas, armas y personas.

1. Jeannette Jara propone sobre migración que esta debe ser ordenada y regular para que se adecúe a los intereses de Chile, abordando la complejidad del fenómeno con líneas de acción para el corto y mediano plazo, basándose en evidencia y sin negar la realidad.
2. Establecerá una institucionalidad migratoria clara y masivamente conocida, lo que incluye fortalecer el Sistema Nacional de Migraciones a través de mejoras, automatización de procesos administrativos, y refuerzo de infraestructura y personal para aumentar su eficiencia.
3. Implementará un Sistema de ordenamiento laboral migratorio que considere las Ofertas de Difícil Cobertura (ODC) a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, permitiendo planificar los flujos migratorios y su aporte en sectores deficitarios del mercado nacional.
4. Creará un Comité de alto nivel (con representación del Gobierno, gremios privados, centrales sindicales, y academia) coordinado por el Ministerio del Trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública, para evaluar las cuotas anuales de ingreso al país.
5. Impulsará un Empadronamiento biométrico nacional temporal con el propósito de saber quién es quién (Política Quién es Quién), estableciendo un plazo máximo de 6 meses para este proceso.
   6. Advierte que quienes no se empadronen serán expulsados del país.
6. Implementará Programas de Convivencia Intercultural en instituciones educacionales de zonas con alta concentración de población migrante, con un rol articulador de las municipalidades, reforzando la convivencia, la mediación intercultural, y la prevención de incivilidades.

1. Crear una Policía Militar Fronteriza para entregar a las Fuerzas Armadas la misión específica de protección de fronteras.
2. Blindar las fronteras con barreras físicas como fosas y pretiles, además de tecnología como sensores y cámaras, en las principales rutas de ingreso clandestino.
3. Construir dos centros de expulsión para retener a los migrantes que hayan ingresado irregularmente mientras se gestiona su salida del país.
4. Eliminar beneficios para migrantes irregulares, como el cupo en jardines JUNJI, para que no tengan más privilegios que los chilenos o migrantes regulares.
5. Sancionar a quienes colaboren con la migración irregular, aplicando multas a empleadores que contraten a personas sin documentos y confiscando los vehículos usados para transportarlas.
6. Exigir compromisos de cooperación a países vecinos para garantizar que las reconducciones de migrantes irregulares en la frontera sean efectivas.
7. Consolidar una política exterior que promueva una migración segura, ordenada y regular, conforme a la legislación chilena.

1. Combatir las causas fundamentales de la migración, que atribuye a la explotación imperialista y las sanciones económicas, apoyando los procesos de independencia nacional y soberanía para superar la migración forzada e incontrolada.
2. Controlar estrictamente la inmigración a Chile, con un enfoque particular en prevenir la entrada del crimen organizado internacional y de grupos subversivos de derecha que puedan desestabilizar el país.
3. Promover una cultura antirracista, tolerante y no discriminatoria desde el jardín infantil.
4. Evaluar a todas las personas por sus actos y no por su origen, aplicando el mismo valor jurídico, social y moral a los delitos o crímenes cometidos por chilenos o extranjeros, incluyendo la pena de muerte para casos graves.
5. Reservar el derecho a expulsar al inmigrante del país en caso de actos de subversión.

1. Implementar un gobierno en terreno: Propone una forma de gobernar en contacto permanente con los ciudadanos para que la realidad del país inspire y fortalezca las decisiones del gobierno.
2. Fomentar el diálogo y la colaboración: Busca que sus propuestas estén abiertas al diálogo, la reflexión y el debate permanente con la ciudadanía para construir un proyecto común.
3. Recorrer el país para escuchar a la gente: Planea recorrer cada rincón del país para trabajar junto a vecinos, sociedad civil, gremios y autoridades, escuchando sus urgencias de primera fuente.
4. Fortalecer el rol de iglesias y organizaciones sociales: Propone fortalecer el papel de estas organizaciones en el desarrollo de programas comunitarios.
5. Establecer un control ciudadano permanente: Se compromete a un pacto con la ciudadanía que incluye rendir cuentas y mantener un control ciudadano constante sobre la gestión del gobierno.
6. Colaboración público-privada en programas: Plantea el uso de la colaboración entre el sector público y privado, incluyendo a la sociedad civil, para abordar problemas como el comercio ilícito.
7. Crear un vínculo de confianza social: Busca restablecer la confianza y el respeto entre ciudadanos y autoridades como un requisito para lograr la paz social, el fortalecimiento institucional y la protección de las libertades.

1. Implementar una Auditoría Ciudadana Digital que permita a cada chileno fiscalizar, desde su celular, el uso de cada peso público mediante contabilidad en blockchain y auditoría descentralizada, con el fin de reconstruir la confianza en el Estado.
2. Aumentar la participación ciudadana en la asignación de fondos concursables culturales, modificando el sistema de jurados actual para incluir más voces del mundo civil y religioso, y así estimular la creación artística.
3. Institucionalizar la participación ciudadana en los proyectos de infraestructura, promoviendo consultas tempranas, consejos de la sociedad civil sectoriales, dashboards públicos, microfinanciamiento comunitario y procesos consultivos en obras de alto impacto.
4. Fomentar la participación y autogestión de la comunidad en programas de regeneración urbana, dándoles un papel central en la planificación, implementación y evaluación de los proyectos, y articulando a los actores públicos y privados.
5. Establecer incentivos para el control ciudadano del gasto municipal, mediante sistemas de reporte y monitoreo que notifiquen a los ciudadanos en tiempo real cuando el municipio exceda ciertos umbrales presupuestarios, y fortaleciendo las alianzas con entidades de transparencia.

1. Mecanismos de democracia participativa y digital: Implementar plebiscitos comunales vinculantes en temas relevantes locales, fortalecer los presupuestos participativos digitales y realizar consultas digitales sobre proyectos de ley nacionales.
2. Educación cívica: Reintroducir con fuerza la educación cívica en colegios y liceos como asignatura transversal, y apoyar programas de formación ciudadana para adultos.
3. Diálogo y cohesión social: Proponer una Red Nacional de Centros de Diálogo Comunitarios en cada comuna para fomentar la conversación y el reencuentro en el tejido social.
4. Participación en seguridad: Fortalecer los Consejos Comunales de Seguridad Pública y crear Consejos de Convivencia Ciudadana con vecinos para la prevención del delito en los barrios.
5. Transparencia y seguimiento ciudadano digital: Crear la Plataforma Chile Transparente para mostrar en tiempo real los gastos del presupuesto y una Plataforma Digital de Seguimiento de compromisos gubernamentales.
6. Filosofía de gobierno participativa: Basar la acción política en “escuchar, unir, servir”, aprender a escuchar a todos y gobernar “con la gente”, promoviendo la colaboración y los acuerdos.
7. Espacios de participación sectorial: Incluir espacios de participación para artistas y gestores culturales en el diseño de políticas, y fortalecer los Consejos de Cuenca para la gestión participativa del agua.

1. Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel local y regional, promoviendo mecanismos de consulta y deliberación.
2. Creación de plataformas digitales para facilitar la interacción entre ciudadanos y autoridades, permitiendo la presentación de propuestas y seguimiento de proyectos.
3. Implementación de presupuestos participativos, donde la comunidad pueda decidir sobre la asignación de recursos en sus localidades.
4. Fomento de la educación cívica para empoderar a los ciudadanos en su rol dentro del sistema democrático y en la gestión pública.
5. Establecimiento de un sistema de rendición de cuentas que permita a los ciudadanos evaluar el desempeño de sus representantes y la gestión pública.
6. Promoción de iniciativas ciudadanas que permitan a los ciudadanos presentar proyectos de ley o reformas a través de firmas y apoyo popular.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre participación ciudadana que se establezca una Nueva Alianza Estratégica y Virtuosa que incorpore activamente a la sociedad civil y a las comunidades locales en la reformulación del pacto político, económico y social de Chile.
2. Se busca garantizar la coherencia, la legitimidad y el enfoque territorial de las iniciativas de gobierno a través del diálogo y la construcción de consensos con la sociedad civil.
3. Se crearán Comités Regionales de Inversión, con participación ciudadana y gremial, para destrabar proyectos de inversión de interés local y se convocará a un Consejo Nacional de Productividad Ampliado que incluirá a trabajadores, universidades y gobiernos regionales.
4. En materia ambiental, se exige que la Ley de Protección de Ecosistemas Estratégicos se base en una Zonificación Ecológica Participativa Nacional que debe ser validada por un Comité Científico-Ciudadano.
5. Se implementará una Estrategia Integral de Recuperación Territorial en 400 barrios que se coordinará con gobernanza local y se fortalecerá la institucionalidad ambiental con mecanismos efectivos de participación ciudadana, especialmente en las llamadas zonas de sacrificio.

1. Jeannette Jara propone sobre participación ciudadana que esta no es un mero accesorio, sino un pilar central de un Estado fuerte y eficaz, transformando la gestión pública en un proceso colaborativo al fortalecer los mecanismos de participación.
2. Afirma que fortalecer el diálogo y la participación es indispensable para una mejor convivencia democrática, ya que permite que las legítimas diferencias se canalicen de forma adecuada y constructiva.
3. Propone que toda institución pública debe contar con espacios de participación ciudadana en la planificación, gestión y evaluación de políticas y programas, los cuales deben ser vinculantes y tener estándares comunes.
4. Las instituciones públicas deberán dar cuenta de cómo incluyeron o no los aportes de la ciudadanía en sus resoluciones.
5. Impulsará mecanismos de participación directa, como la iniciativa popular de ley, para que las personas puedan presentar proyectos que reúnan firmas y sean discutidos en el Congreso Nacional.
6. La candidata sostiene que un Estado eficiente y con más capacidad debe fortalecer la participación ciudadana, procurando que sean las propias personas las que decidan el futuro de sus barrios, desde todo rincón del país.
7. Para aumentar la transparencia y el control social, la candidata afirma que durante un mes, se realizó un proceso de conversación y construcción con personas de todas las regiones en los encuentros “Soluciones para Chile”, compartiendo el anhelo de ser parte de un Chile que cumple.

El programa analizado de Evelyn Matthei no contiene información sobre propuestas específicas en materia de participación ciudadana.

1. Convocar a una Asamblea Constituyente genuina que sea conformada por los representantes directos de todas las organizaciones sociales del país (sindicatos, gremios, pueblos originarios, mujeres, estudiantes, etc.) para elaborar un nuevo marco jurídico.
2. Garantizar la toma y el ejercicio real y efectivo del poder político por las grandes masas populares, con los trabajadores y los demás sectores oprimidos gobernando y dirigiendo el aparato estatal.
3. Establecer el plebiscito como un instrumento fundamental para la participación de toda la población en la toma de decisiones de importancia nacional, garantizándolo constitucionalmente.
4. Potenciar la participación de las organizaciones sociales (sindicatos, pueblos originarios, campesinos, estudiantes, pequeños y medianos comerciantes, etc.) en los organismos del Estado y en la planificación general de la economía.
5. Promover la participación directa de los trabajadores en el control y la toma de decisiones de las políticas llevadas a cabo en las grandes empresas.
6. Introducir la revocabilidad de todos los cargos públicos (incluido el de presidente) y de las decisiones adoptadas en consultas nacionales, regionales o locales.
7. Fomentar la organización popular de los pobladores en las comunas y la creación de brigadas de defensa popular voluntarias para luchar contra el crimen organizado y apoyar la vigilancia comunitaria.

1. Asegurar pensiones más altas: Propone realizar los cambios necesarios para garantizar las pensiones más altas posibles, manteniendo la responsabilidad en el gasto fiscal.
2. Mantener la propiedad individual de los fondos: Su propuesta se basa en el principio de que los fondos de pensiones son propiedad de cada trabajador.
3. Terminar con el “autopréstamo” del Estado: Propone terminar con el préstamo de los fondos de pensiones al Estado, reinvirtiendo esos recursos en instrumentos financieros con mejores condiciones de mercado.
4. Fortalecer el rol de la PGU: Busca robustecer el pilar solidario a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) como un elemento central del sistema.
5. Aumentar la cotización adicional: Propone que todo aumento en la cotización previsional se destine a las cuentas individuales de cada trabajador.
6. Maximizar la rentabilidad de los ahorros: Sugiere revisar las regulaciones de inversión y las carteras de referencia de los fondos de pensiones para maximizar su rentabilidad.
7. Resguardar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): Se compromete a velar por el correcto funcionamiento y diseño de este seguro.

1. Crear cuentas individuales de ahorro previsional desde el nacimiento para cada ciudadano, con un depósito inicial de $2,000,000 CLP, invertido en instrumentos financieros de bajo riesgo para fomentar la autonomía financiera y reducir la dependencia de subsidios estatales en la vejez.
2. Ampliar drásticamente las alternativas de fondos de pensiones y métodos de jubilación, permitiendo a los afiliados elegir libremente entre fondos temáticos y personalizados (como ESG, tecnológicos, inmobiliarios) y nuevos gestores financieros (aseguradoras, fintechs, fondos mutuos). También se ofrecerá libertad para elegir entre diferentes modalidades de retiro, incluyendo rentas vitalicias flexibles y retiros programados.
3. Introducir un Fondo Alternativo de Pensiones (A+) con menor riesgo y una rentabilidad objetivo de 9-10% anual (frente al 4-10% actual del Fondo A), mediante la inversión en activos no correlacionados y aplicando la técnica de “Risk Parity”, buscando elevar significativamente las tasas de reemplazo.
4. Redirigir el 1,5% de cotización adicional del empleador (introducido en la reforma previsional de 2025) directamente a las cuentas individuales de los trabajadores o a fondos de ahorro voluntario con beneficios tributarios, eliminando así la “expropiación temporal” al Estado y fortaleciendo la propiedad individual sobre los fondos.
5. Financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) sin aumentar el gasto fiscal, la deuda pública o nuevos impuestos, mediante la creación de un fondo de capitalización con la monetización de activos estatales improductivos y la asignación directa de 1 punto porcentual de la recaudación del IVA.
6. Transformar la PGU en un esquema de bonificación a la cotización voluntaria para las nuevas generaciones, donde el acceso al 100% de la PGU se condicione al cumplimiento de un mínimo de cotizaciones voluntarias anuales (ej. 4 UF/año en APV), incentivando el ahorro individual y la responsabilidad previsional.
7. Eliminar los fondos generacionales y fomentar la inversión en PYMEs a través de la bolsa, aumentando el límite de inversión de los fondos de AFP en el mercado alternativo ScaleX del 1% al 5% para inyectar capital en empresas con alto potencial y generar empleos.

1. Implementar la reforma de pensiones y mejorar la protección a los mayores.
2. Proponer que la mayor parte de las personas mayores de 65 años no paguen contribuciones (impuesto territorial) por su primera vivienda, con el fin de aliviar la carga económica de muchos jubilados.
3. Reforzar la Pensión Garantizada Universal (PGU) para adultos mayores.
4. Considera las pensiones como una de las “urgencias ciudadanas”.
5. Planea invitar a líderes y expertos mundiales en seguridad social para asesorar y evaluar las propuestas de reforma de pensiones, buscando asegurar un camino basado en una base técnica sólida y evitando la improvisación.

1. Crear un sistema de pensiones solidario que garantice un mínimo vital para todos los jubilados.
2. Aumentar la tasa de reemplazo de las pensiones, buscando que los jubilados reciban un porcentaje más alto de su salario previo.
3. Incorporar un sistema de ahorro colectivo, donde los trabajadores puedan optar por un sistema de pensiones que combine ahorro individual y solidaridad.
4. Reformar las AFP para mejorar la transparencia y la rentabilidad de los fondos de pensiones.
5. Promover la competencia entre entidades administradoras para asegurar mejores condiciones y beneficios para los afiliados.
6. Establecer un mecanismo de revisión periódica de las pensiones, ajustándolas según el costo de vida y la inflación.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre pensiones que se establezca un Sistema Nacional de Pensiones (SNP) público y sin fines de lucro, el cual reconocerá los aportes individuales mediante la existencia de cuentas nacionales de derechos previsionales.
2. Se implementará una Pensión Garantizada Universal (PGU) escalonada de $270.000 mensuales, focalizada inicialmente en el 50% de los mayores de 65 años con menores ingresos, con el compromiso de que más de 2 millones de personas mayores salgan de la pobreza.
3. Se creará un Fondo de Compensación Previsional para compensar a los trabajadores que hayan cotizado bajo el modelo de AFP y hayan experimentado baja rentabilidad histórica o lagunas laborales.
4. Se propone una transición ordenada desde las AFP para que estas dejen de administrar cotizaciones obligatorias en un plazo gradual, permitiendo a los cotizantes optar por traspasar sus ahorros a la gestión pública y garantizando la propiedad de los fondos individuales.
5. Se aplicará una Reforma Previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden que respete los derechos adquiridos, pero incorpore parcialmente a las nuevas generaciones al sistema nacional general, buscando la convergencia de criterios.

1. Jeannette Jara propone sobre pensiones que implementará la reforma de pensiones que beneficiará a 2,8 millones de personas en los próximos dos años y mejorará las condiciones para los cotizantes.
2. Dicha reforma incluye la implementación de los fondos generacionales.
3. Establecerá un nuevo régimen de inversiones para el sistema de capitalización individual.
4. Implementará la licitación periódica y aleatoria de afiliados no pensionados.
5. Estas acciones buscan mejorar las rentabilidades y, por ende, las pensiones futuras.
6. La reforma tiene como objetivo lograr la disminución de las comisiones que los afiliados pagan mensualmente.

El programa analizado de Evelyn Matthei no contiene información sobre propuestas específicas en materia de pensiones.

1. Garantizar el derecho a una pensión digna como un derecho fundamental, basando el nuevo sistema en los principios de equidad, solidaridad y dignidad.
2. Suprimir el sistema de capitalización individual (AFPs) y retomar un sistema de pensiones basado en el aporte solidario.
3. Nacionalizar las actuales AFPs, pasando a ser administradas y gestionadas directamente por el Estado a través de la Superintendencia de Pensiones.
4. El sistema de pensiones será universal y obligatorio para todos los que se dedican a una actividad económica, donde los más pudientes contribuirán más para financiar las pensiones de ingresos menores y las de trabajadores de PyMEs.
5. El Estado se hará cargo de hasta el 100% de las cotizaciones en las PyMEs, un compromiso que se financiará con los ingresos de las nacionalizaciones y estatizaciones, y se concretará gradualmente según el avance del proceso.
6. El sistema estatal de pensiones podrá complementarse con un plan privado, voluntario y de capitalización individual para aquellos que deseen una jubilación más amplia.
7. La Asamblea de los Pueblos deberá evaluar si el sistema de pensiones se basará en una contribución bipartita o tripartita.

1. Restablecer el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur: Propone reinstaurar esta medida con atribuciones reforzadas para enfrentar la violencia y el terrorismo en la zona.
2. Combatir el terrorismo sin tregua: Plantea enfrentar con decisión la violencia en la Macrozona Sur, desplegando las herramientas necesarias para la recuperación del orden público.
3. Recuperar el territorio y la aplicación de la ley: Afirma que bajo su gobierno no habrá “territorios vedados” ni “naciones paralelas dentro de Chile” y que la ley se aplicará por igual en todo el país.
4. Crear un plan de protección y reparación para víctimas: Sugiere un plan para las víctimas del terrorismo que resguarde su vida, las indemnice por el daño sufrido y les ayude a obtener justicia.
5. Dar respaldo total a las policías y FF.AA.: Garantiza el total respaldo político y jurídico a las fuerzas de orden y seguridad para el uso legítimo de la fuerza en la recuperación del orden público.
6. No reconocer autonomías territoriales: Su programa establece que la ley debe ser la misma para todos, sin excepciones ni privilegios, y no contempla la existencia de autonomías territoriales.

1. Eliminar las referencias “ideológicas” a los pueblos indígenas de la legislación, incluyendo tratados como el de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, especialmente en el contexto de permisos ambientales y mineros, priorizando decisiones basadas en ciencia y técnica.
2. Criticar la asignación presupuestaria prioritaria a la CONADI (asuntos indígenas) por encima de otros grupos vulnerables como ancianos y discapacitados, calificándola de “discriminación” y una falta de “igualdad ante la ley”.
3. Reasignar recursos de la CONADI para financiar programas sociales dirigidos a adultos mayores solos y personas con discapacidad, buscando que las personas de pueblos indígenas participen en estas iniciativas en “igualdad de condiciones” que cualquier otro ciudadano.
4. Rechazar el “indigenismo” como un “sistema cerrado de pensamiento” vinculado al marxismo, que considera que crea una “lucha intestina” y es un “gran negocio” funcional a intereses políticos y económicos de una élite, más que a las comunidades.

1. Crear un Consejo de Autoridades Tradicionales de Primeras Naciones para asesorar al Ministerio de Salud (MINSAL), sus Subsecretarías y SEREMIS, asignando Asesores Culturales.
2. Fortalecer el rol del Facilitador Cultural en los establecimientos de salud.
3. Garantizar que toda la infraestructura de salud incorpore una mirada intercultural desde su diseño, y asegurar la gestión participativa en salud en todos los niveles en territorios de Primeras Naciones.
4. Ampliar la aplicación de normativas y el acceso a las prácticas complementarias de salud y bienestar.
5. Valorar las identidades locales, comunitarias y de los pueblos originarios dentro de la promoción cultural.
6. Integrar la sabiduría ancestral y la cosmovisión indígena del equilibrio con los otros y con la tierra como parte de las ideas para una nueva síntesis de principios de gobernanza.

1. Promover la modificación del artículo 13 de la Ley Indígena N° 19.253 para permitir que las personas indígenas puedan arrendar sus tierras y celebrar contratos para desarrollar oportunidades socioeconómicas, incluyendo la asociación libre con terceros no indígenas, empresas y entes públicos.
   • Actualmente, estas tierras no pueden ser enajenadas, embargadas o gravadas, y el arriendo solo es posible entre indígenas, limitando su acceso a la banca o a asociaciones externas

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Pueblos Originarios que las comunidades indígenas serán parte de las brigadas locales para la reforestación y restauración ecológica de 100.000 hectáreas degradadas, como eje del Plan Nacional de Empleo.
2. En la creación de la Oficina Nacional de Inversión Productiva (ONIP), los plazos máximos definidos por ley para cada etapa de los proyectos de inversión se establecerán sin comprometer los estándares ambientales ni la consulta indígena.
3. Se plantea la desmilitarización gradual de ciertos territorios que llevan años en esa condición, especialmente en la Macrozona Sur, aunque manteniendo la capacidad de recurrir al uso legal, estratégico y democrático de la fuerza ante grupos armados.

1. Jeannette Jara propone sobre Pueblos Originarios que es necesario distinguir sus legítimas aspiraciones de los hechos de violencia en zonas rurales, comprendiendo que para alcanzar la paz se debe generar mayor presencia del Estado, más bienestar en las comunidades, un reconocimiento profundo de sus derechos y un compromiso de hermandad.
2. Impulsará el proyecto de ley que reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, reconociendo sus tierras, territorios, lenguas, derecho a la educación y formas de participación política.
3. Incorporará la interculturalidad como principio transversal en la administración del Estado, buscando evitar la discriminación arbitraria y resguardar el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
4. Constituirá el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas con representación de los 11 pueblos indígenas reconocidos por la ley, siendo este el eje articulador de mecanismos permanentes de participación en las políticas públicas, garantizando el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
5. Implementará un programa de Desarrollo Territorial Económico y Social Indígena a través de una agenda intersectorial integral que reorganice la oferta existente, acelere la regularización y entrega de tierras y títulos de dominio.
6. Fortalecerá las políticas de revitalización cultural y lingüística de los pueblos indígenas mediante subsidios educativos, proyectos de recuperación y valorización de lenguas ancestrales, y la actualización del Programa de Educación Intercultural Bilingüe con formación de educadores tradicionales.
7. Promoverá siempre una relación jurídica con los pueblos indígenas basada en el respeto y la igualdad, fomentando su desarrollo integral en lo económico, social y cultural, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

1. Crear un Consejo de los Pueblos Indígenas como un espacio de representación y coordinación para construir una nueva relación entre el Estado y las comunidades originarias.
2. Proponer el Reconocimiento Constitucional de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible.
3. Crear una Comisión Especial de Tierras para proponer soluciones a las reclamaciones pendientes, buscando mecanismos de compensación alternativos a la entrega de terrenos.
4. Diferenciar la legítima reivindicación de los actos de violencia, aplicando con firmeza el Estado de Derecho a quienes lo infrinjan, sin ambigüedades.
5. Implementar el Plan Impulso Indígena 2026-2030 para coordinar obras de conectividad, salud, vivienda y riego, buscando equiparar los indicadores sociales de la región con el promedio nacional.
6. Impulsar una política activa de fortalecimiento de las culturas originarias, facilitando el desarrollo económico indígena con créditos, asesoría técnica y marcas colectivas.
7. Crear una Ley de Víctimas del Terrorismo y fortalecer el Fondo de Reparación para resguardar a las personas afectadas por actos terroristas.

1. Construir un Estado Plurinacional de Chile, reconociendo el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios y permitiendo diferentes formas de gobierno autónomas dentro de un solo Estado y territorio.
2. Garantizar la soberanía económica de los pueblos originarios sobre sus territorios, incluyendo el derecho a usufructuar los suelos de su territorio ancestral según su propia forma de vida.
3. Exigir compensación a empresas que saqueen sus tierras, obligando a las empresas extranjeras y a los monopolios nacionales a recompensar justamente los daños morales, ambientales, físicos y económicos causados en los territorios de los pueblos originarios.
4. Elaborar planes nacionales con participación directa y soberana, integrando a los pueblos originarios en la planificación económica, el control de empresas, el desarrollo de infraestructura, energía y un sistema de escolarización acorde a su cultura.
5. Resguardar su cultura, lengua y patrimonio ancestral.
6. Liberar a los presos políticos mapuche y retirar urgentemente todas las fuerzas militares, paramilitares y policiales del territorio mapuche.
7. Proteger y ampliar las propiedades comunitarias de los pueblos originarios.

1. Garantizar la seguridad hídrica: Su principal propuesta es la construcción de desaladoras y embalses para asegurar el suministro de agua en el país.
2. Impulsar un plan de concesiones de obras públicas: Propone un nuevo plan de concesiones que incluya obras para la gestión del agua, como embalses y desaladoras.
3. Impulsar industrias vinculadas al agua: Busca promover industrias que requieren un uso intensivo de agua, como la agricultura y la acuicultura, a través de nuevas fuentes como la desalación.
4. Combatir la desertificación: Propone aumentar la oferta de agua para combatir el avance de la desertificación y las inclemencias climáticas.
5. Mejorar la gestión del recurso hídrico en la agricultura: Plantea reforzar la gestión del agua en la agricultura e incorporar la mayor cantidad posible de hectáreas de riego a la producción nacional.
6. Enfrentar la sequía en zonas específicas: Menciona la necesidad de trabajar para evitar las consecuencias de la sequía en las cuencas del Elqui y Limarí, en la Región de Coquimbo.
7. Abordar la escasez hídrica en zonas agrícolas: Reconoce la escasez hídrica como un factor que limita la actividad agrícola y el empleo en la Región de O’Higgins.

1. Establecer un marco normativo que incentive la inversión privada en plantas desalinizadoras, clave para enfrentar la crisis hídrica con foco en eficiencia energética y sostenibilidad territorial.
2. Expandir la capacidad de plantas desalinizadoras existentes y construir nuevas, especialmente en zonas áridas y para satisfacer la demanda de sectores como minería, ciudades costeras y agricultura.
3. Integrar fuentes de energía renovable (solar y eólica) en el proceso de desalinización para reducir el consumo energético y hacer la tecnología más sostenible y rentable.
4. Mejorar la distribución del agua desalinizada mediante redes eficientes que conecten las plantas con las áreas de mayor demanda, evitando monopolios y distorsiones del mercado.
5. Aprobar leyes específicas sobre el uso del agua de mar para desalinización, garantizando transparencia, seguridad jurídica e incentivos para el sector privado.
6. Revisar y agilizar los plazos de la Dirección General de Aguas (DGA) para la regularización de derechos hídricos, optimizando procesos presenciales y plataformas web para beneficiar la producción agrícola.

1. Implementar un plan integral contra la sequía que incluya la construcción de embalses y pequeños reservorios, aprovechando mejor las aguas lluvias.
2. Impulsar la desalinización de agua de mar para zonas costeras y mineras, exigiendo a la gran minería un porcentaje creciente de agua desalinizada en sus procesos.
3. Fomentar la reutilización de aguas grises y el tratamiento de aguas servidas para riego de parques y uso industrial.
4. Incorporar tecnología eficiente en riego agrícola, ampliando subsidios para tecnificar el riego a goteo y la acumulación de aguas lluvias.
5. Fortalecer los Consejos de Cuenca para una gestión participativa del agua y asegurar caudales ecológicos en los ríos.
6. Gestionar el agua de manera sustentable para que alcance para consumo humano, ecosistemas y producción, reconociéndola como bien de uso público.

1. Crear una Red Nacional de Carreteras Hídricas Intercuencas mediante concesiones privadas sin subsidio fiscal.
2. Implementar un Fondo Estratégico de Innovación Minera Público-Privado para financiar investigación y desarrollo en eficiencia hídrica.
3. Desarrollar un Programa Nacional de restauración de cuencas hidrográficas mediante reforestación y recuperación de humedales.
4. Evaluar la modificación del DL N° 2886 para permitir concesiones condicionadas de litio, buscando una gestión más eficiente de los recursos hídricos.
5. Priorizar la identificación y concesión de suelos subutilizados con aptitud agrícola, asegurando el uso sostenible del agua en la agricultura.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre recursos hídricos que se creará una Agencia Nacional del Agua con competencias para priorizar el consumo humano y el equilibrio ecológico, reafirmando que el agua es un bien común no transable.
2. Se implementará un impuesto al uso intensivo y consuntivo del agua continental (superficial o subterránea) en sectores productivos específicos como la minería, la agroindustria y los grandes sistemas de riego.
3. La recaudación de este impuesto financiará la restauración ecológica de cuencas, el diseño de sistemas de resiliencia hídrica local y el desarrollo de tecnologías de reutilización y desalinización para pequeños agricultores.
4. Se pondrá en marcha un Plan de Agua y Saneamiento Rural que contempla la implementación de 500 sistemas de agua potable rural (APR), plantas de desalación y redes de eficiencia hídrica, con el objetivo de garantizar agua segura a los 8 millones de personas bajo estrés hídrico.
5. Dentro de la inversión pública estratégica, se priorizará la infraestructura de riego y se contempla la instalación de programas de captación de aguas lluvia en comunidades y escuelas.

1. Jeannette Jara propone sobre recursos hídricos que se unificarán las competencias en el Sector Hídrico con sentido de urgencia, coordinando la gestión del agua de manera integral e identificando las brechas que dificultan una gobernanza efectiva.
2. Impulsará la actualización de la Política Nacional de Recursos Hídricos, la cual establecerá metas, plazos y financiamiento claro para acciones específicas en gestión y seguridad hídrica.
3. Dicha política contará con un Plan Ejecutivo integrado que priorizará inversiones y coordinará la acción de ministerios, gobiernos regionales y municipios, para evitar la dispersión.
4. Robustecerá la infraestructura hídrica multipropósito iniciando la construcción de tres nuevos embalses priorizados durante su gobierno: Zapallar, La Punilla y Bollenar, lo cual podrá beneficiar el riego de más de 80.000 hectáreas al 2033.
5. Mediante alianzas público-privadas, consolidará una Estrategia de Desalinización y la instalación de plantas desaladoras con fines productivos y de consumo humano en zonas con escasez hídrica crítica.
6. Acelerará la construcción de 125 nuevos sistemas de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en cuatro años, priorizando regiones con menor cobertura (zona sur) y localidades semi-concentradas, con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura en estas localidades al 2030, reduciendo la dependencia de camiones aljibe.
7. Fomentará la infraestructura para el reúso de aguas residuales tratadas (industriales y domiciliarias) y fortalecerá la coordinación entre actores públicos, privados, comunitarios y académicos involucrados en la gestión del recurso hídrico a nivel de cuencas.

1. Implementar un Plan Nacional de Desalación y Embalses para enfrentar la crisis hídrica, desarrollando proyectos de gran escala y desaladoras comunitarias.
2. Crear un plan contra el cambio climático con un énfasis principal en la gestión hídrica del país.
3. Aplicar un Plan de Emergencia Hídrica para garantizar el suministro de agua para consumo humano, con alertas tempranas y acciones preventivas.
4. Modernizar la Dirección General de Aguas (DGA) para agilizar permisos y destrabar la inversión en infraestructura de riego.
5. Priorizar la protección de ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica, como cuencas, bosques nativos, turberas y glaciares.
6. Gestionar las cuencas hidrográficas, implementando Planes Estratégicos en las 46 zonas más críticas del país para asegurar el abastecimiento y la protección ambiental.
7. Acelerar las inversiones en Sistemas Sanitarios Rurales (ex APR) para reducir el déficit de agua potable en el campo.

1. Nacionalizar las empresas monopólicas que explotan aguas marítimas y dulces del territorio, pasando su control total o mayoritario al Estado.
2. Garantizar constitucionalmente el derecho al acceso a aguas dulces para cada habitante en sus hogares.
3. Desarrollar métodos industriales para asegurar de forma gradual y permanente el agua dulce para el riego, como parte de los planes quinquenales.
4. Evaluar y desarrollar un plan de inversión en obras de riego que aumenten la superficie cultivable.
5. Fomentar el desarrollo de conocimientos y tecnologías para la obtención de agua dulce, incluyendo la desalinización del agua de mar, la recolección de aguas lluvias y el tratamiento adecuado de aguas servidas.
6. Ejercer plena soberanía sobre el territorio marítimo chileno, prohibiendo la explotación desmesurada de la riqueza hidrobiológica por grandes empresas y revisando tratados internacionales que puedan afectar esta soberanía.
7. Evaluar las necesidades y posibilidades de la construcción de nuevos embalses para la obtención de energía eléctrica y agua dulce.

1. Reimpulsar el progreso económico y el trabajo digno como la llave para superar la pobreza, fomentando la iniciativa privada para crear empleo y oportunidades para todos los chilenos.
2. Implementar un Plan Nacional de Vivienda para construir 600.000 viviendas en cuatro años y erradicar los campamentos con programas de integración habitacional.
3. Reducir el tamaño del Estado eliminando ministerios y fusionando organismos redundantes, e implementar la austeridad fiscal para asegurar que el gasto público llegue de manera eficiente a quienes más lo necesitan.
4. Fortalecer la seguridad y el orden público para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, lo que se considera un requisito fundamental para el desarrollo económico y social del país.
5. Crear un impuesto negativo al ingreso para complementar los salarios de los trabajadores formales, permitiendo que aumenten sus ingresos y salgan de la pobreza de manera permanente.
6. Enfrentar la crisis de las listas de espera en salud, reduciéndolas a la mitad en cuatro años, incorporando prestadores privados y aumentando la dotación de médicos especialistas.
7. Apoyar a las familias con medidas centradas en la responsabilidad, protección social y equidad, incluyendo el apoyo a la maternidad, el bienestar infantil y la sostenibilidad demográfica.

1. Lograr que 1.300.000 chilenos superen la pobreza, incluyendo a casi 400.000 en extrema pobreza, de manera estructural, es decir, que dependa de la propia capacidad de las personas de generar su riqueza y no de la transferencia de recursos del Estado.
2. Empoderar a las personas para que sean protagonistas de la superación de la pobreza, facilitando el Estado el proceso y no convirtiéndose en una trampa o una fuente de dependencia permanente.
3. Implementar una nueva estrategia de desarrollo social con enfoque de desarrollo humano, caracterizada por el empoderamiento, la solidaridad de toda la sociedad, la eficiencia y el impacto medible.
4. Crear “Comunidades de Certificación, Trabajo y Emprendimiento” dirigidas a jefes de hogar en situación de pobreza, enfocadas en el desarrollo de habilidades de alta demanda laboral y una rápida inserción al empleo o al emprendimiento familiar.
5. Desarrollar “Comunidades de Acompañamiento” para adultos mayores solos y personas con discapacidad en situación de pobreza, promoviendo su autovalencia, reintegración laboral y la creación de vínculos afectivos.
6. Fomentar “Comunidades de Aprendizaje en Familia” para la formación integral de niños y adolescentes en riesgo social en barrios vulnerables, protegiéndolos de la delincuencia y empoderando a sus padres en su formación.
7. Reorientar la política social para priorizar a familias con hijos, personas con discapacidad y adultos mayores sin redes de apoyo estables, basándose en el nuevo Registro Social Solidario con criterios objetivos y verificables.

1. Apoyar directamente a las familias vulnerables con subsidios extraordinarios durante el invierno para enfrentar el alza de costos de energía y alimentos, asegurando que nadie pase hambre o frío por falta de ingresos.
2. Generar al menos 500 mil nuevos empleos formales en cuatro años, mejorar progresivamente el salario mínimo hasta alcanzar uno digno, y reforzar el Ingreso Mínimo Garantizado y la Pensión Garantizada Universal (PGU) para los adultos mayores.
3. Acelerar la construcción de viviendas dignas para familias vulnerables, jóvenes y sectores medios, y erradicar campamentos mediante un programa masivo de construcción y planificación territorial.
4. Fortalecer la educación como niveladora social, combatiendo la inasistencia escolar crónica, aumentando los apoyos a escuelas vulnerables con más financiamiento y tutorías académicas, y garantizando la cobertura universal de sala cuna desde los 2 años.
5. Implementar gradualmente un Sistema Nacional de Cuidados, apoyando a cuidadores informales, creando centros de día para adultos mayores y formando cuidadores profesionales para aliviar la carga familiar.
6. Promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, ampliando cupos en el sector público y apoyando a empresas privadas con incentivos, además de mejorar la Pensión de invalidez para garantizar ingresos dignos.
7. Impulsar un desarrollo socioeconómico inclusivo que reactive la economía, genere crecimiento con estabilidad, distribuya mejor la riqueza y asegure que ningún chileno quede atrás.

1. Devolución universal del IVA sobre la canasta básica para reducir el costo de vida de las familias chilenas y aliviar la inflación alimentaria.
2. Eliminación del IVA de los medicamentos para que ninguna familia deba elegir entre su tratamiento médico y llegar a fin de mes, aliviando el gasto de bolsillo.
3. Fusionar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Ministerio de la Mujer para coordinar eficientemente las políticas sociales, abordando la pobreza de forma holística e implementando un nuevo modelo de medición de pobreza multidimensional.
4. Lanzar el Programa Mujer Propietaria para gestionar 250.000 créditos hipotecarios con aval del Estado y el Autopréstamo para fines específicos (especialmente vivienda), facilitando el acceso a la propiedad habitacional.
5. Crear un Ministerio del Empleo, Trabajo y Previsión Social con foco en empleabilidad y productividad, redefiniendo SENCE y fortaleciendo ChileValora para alinear la formación con las necesidades del mercado.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Reducción de Pobreza que más de 2 millones de personas mayores salgan de la pobreza accediendo a una pensión garantizada estable, ya que su reforma previsional busca asegurar una pensión mínima universal sobre la línea de pobreza.
2. Se aplicará una Estrategia Integral de Recuperación Territorial en 400 zonas vulnerables, priorizando aquellos barrios definidos según sus niveles de violencia, deserción escolar, tráfico de drogas o pobreza multidimensional.
3. Se implementará una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $270.000 mensuales, focalizada en el 50% más vulnerable de las personas mayores de 65 años, para rescatar a quienes hoy reciben pensiones indignas.
4. Se compromete a la construcción de 750.000 viviendas sociales y de integración social al 2030, reconociendo que las viviendas son esenciales para la erradicación de la pobreza.
5. Se impulsará una reforma tributaria progresiva para aumentar la recaudación y garantizar el financiamiento de los derechos sociales, incluyendo la implementación de un IVA diferenciado (0% para alimentos, medicamentos y libros) para combatir el impuesto más regresivo.

1. Jeannette Jara propone sobre Reducción de Pobreza que, si bien Chile ha avanzado en la lucha contra la pobreza, persisten desafíos enormes, y no estará satisfecha hasta que se hayan alcanzado condiciones de vida dignas para todos los habitantes.
2. La estrategia para enfrentar la pobreza y las vulnerabilidades sociales es iniciar un nuevo ciclo liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, buscando ordenar y priorizar intervenciones con verdadero impacto.
3. Se enfocará en transferencias monetarias dirigidas a la población del 40% más vulnerable.
4. Promoverá un modelo de gestión intersectorial para garantizar alimentación adecuada a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), coordinando programas existentes y nuevas iniciativas para enfrentar la inseguridad alimentaria (moderada y severa) que afecta al 18,9% de los NNA.
5. Se implementará un programa de intervención socioespacial en 10.000 hogares para mejorar la infraestructura y el equipamiento de viviendas, apoyando a cuidadoras y cuidadores que desarrollan actividades productivas y viven en contextos de cuidado.
6. Impulsará una nueva política integral para las más de 21.000 personas en situación de calle, con un fuerte enfoque en salud mental, tratamiento de adicciones y articulación sectorial, fortaleciendo la oferta existente y los convenios para rehabilitación.
7. Se busca reducir la excesiva fragmentación y atomización de la política social (cientos de programas de bajo presupuesto) para reasignar recursos hacia políticas transformadoras que garanticen empleo formal, continuidad educativa y acceso a salud y alimentación.

1. Crear 1.000.000 de empleos formales como el principal motor para que las familias salgan de la pobreza y la clase media no retroceda.
2. Avanzar hacia un impuesto negativo al ingreso o transferencias directas a personas con empleos formales de bajos recursos, como complemento al ingreso del hogar y para incentivar la formalidad.
3. Recuperar el crecimiento económico al 4% anual, lo que se considera una condición clave para reducir la pobreza a través de la generación de oportunidades y mejores salarios.
4. Entregar un subsidio de $200.000 por seis meses a mujeres que consigan un empleo formal, ya que ellas representan “la cara visible de la pobreza”.
5. Impulsar un plan de construcción y mejoramiento de 800.000 viviendas, ya que el déficit habitacional es considerado una de las “nuevas manifestaciones de exclusión”.
6. Crear programas de apoyo a la crianza y sala cuna universal, para evitar que la maternidad empobrezca a las mujeres, especialmente a las más vulnerables.
7. Combatir el estancamiento económico y el costo de la vida, que han aumentado la fragilidad de la clase media y el riesgo de retroceso para quienes han salido de la pobreza.

1. Impulsar la industrialización del país y la independencia económica para superar el subdesarrollo y la pobreza.
2. Nacionalizar empresas estratégicas como la gran minería del cobre y el litio, la banca, la generación y distribución de energía eléctrica, y la producción y distribución de alimentos, para que la riqueza beneficie a la población.
3. Implementar una reforma tributaria progresiva que alivie la carga impositiva a los trabajadores, pequeños y medianos comerciantes, pueblos originarios y campesinos, mientras aumenta la de los sectores y empresas pudientes, incluyendo impuestos a la gran fortuna y al patrimonio.
4. Garantizar constitucionalmente el derecho y el deber al trabajo para toda persona en edad de trabajar, y desarrollar un sistema para apoyar a los desempleados a encontrar empleo, asegurando un ingreso de subsistencia mientras buscan trabajo.
5. Establecer un salario mínimo que permita cubrir necesidades fundamentales como alimentación, salud, educación y vivienda, acompañado de un control de precios para impedir que los capitalistas trasladen los aumentos salariales a los costos de las mercancías.
6. Reemplazar el sistema de capitalización individual (AFP) por un nuevo sistema de pensiones universal, obligatorio y solidario administrado por el Estado, que garantice una pensión digna para todos los jubilados.
7. Asegurar la seguridad alimentaria mediante una drástica reestructuración del modo de producción agrícola y acuícola, priorizando la satisfacción de las necesidades nutricionales de la población nacional.

1. Reforma pro-crecimiento: Propone una reforma tributaria para fomentar el crecimiento, destacando la reducción del impuesto corporativo de primera categoría del 27% al 17% en un plazo de cuatro años.
2. Eliminación de impuestos específicos: Busca eliminar el impuesto a las herencias empresariales y el impuesto a las ganancias de capital en la Bolsa de Santiago.
3. Simplificación del sistema: Plantea simplificar la estructura tributaria, reduciendo la cantidad de impuestos específicos para facilitar el cumplimiento.
4. Incentivos para PYMES: Sugiere una tasa tributaria especial del 10% durante cinco años para fomentar la formalización de las pequeñas y medianas empresas.
5. Atracción de inversiones: Propone establecer contratos de invariabilidad tributaria por 20 años para grandes proyectos de inversión, con el fin de dar seguridad jurídica.
6. Incentivo a la repatriación de capitales: Busca implementar beneficios tributarios para incentivar que capitales chilenos en el extranjero regresen para ser invertidos en el país.
7. Impuesto negativo al ingreso para trabajadores: Planea un mecanismo donde el Estado transfiere recursos directamente a los trabajadores de sueldos más bajos para complementar sus ingresos, financiado a través de un crédito tributario.

1. Establecer un 0% de impuesto a las utilidades reinvertidas en la empresa para fomentar el crecimiento, la contratación y la innovación.
2. Eliminar la doble tributación interna, asegurando que el impuesto pagado por la empresa se acredite completamente al socio o dueño, evitando gravar la misma utilidad dos veces.
3. Suprimir impuestos a las ganancias bursátiles, a las herencias y donaciones dentro de empresas familiares activas, y al impuesto territorial (contribuciones) para estimular el ahorro, la inversión y la continuidad empresarial.
4. Garantizar invariabilidad tributaria corporativa por 50 años para todas las empresas, sin importar su tamaño u origen, para atraer inversión y dar certeza jurídica.
5. Implementar un Impuesto Único de Segunda Categoría para trabajadores dependientes, eximiendo a quienes ganen menos de $500.000 mensuales y aplicando tasas progresivas a ingresos mayores.
6. Eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los servicios profesionales, para reducir costos, incentivar la formalidad y fomentar la economía del conocimiento.

1. Implementar ajustes tributarios orientados a la equidad y eficiencia.
2. Revisar exenciones tributarias regresivas.
3. Avanzar gradualmente a impuestos verdes, como elevar el impuesto a emisiones contaminantes de empresas, reinvirtiendo lo recaudado en transición energética.
4. Fortalecer la fiscalización a la evasión/elusión tributaria con apoyo de tecnología (cruzamiento de datos bancarios) y combatir el contrabando y las redes de comercio ilegal.
5. Modificar la regulación actual para cobrar impuestos por la exportación de ciertos elementos (como paladio, renio, cobalto, platino, etc.), ya que Chile debe cobrar por todo lo que sale de su tierra.
6. Proponer que la mayor parte de las personas mayores de 65 años no paguen contribuciones (impuesto territorial) por su primera vivienda, aliviando la carga económica de muchos jubilados.
7. Establecer un “Royalty por Innovación” para incentivar a las mineras a invertir en plantas y tecnología para producir bienes elaborados de cobre de alto valor agregado.

1. Devolución universal del IVA con un tope mensual, mediante una reforma al DL N.º 825, con evaluación a 12 meses para ajustes o transición a un modelo estructural.
2. Simplificación del sistema tributario para facilitar el cumplimiento y reducir la carga administrativa sobre las empresas y ciudadanos.
3. Incentivos tributarios para fomentar la inversión en sectores estratégicos y la creación de empleo.
4. Revisión de exenciones y beneficios tributarios para asegurar que sean efectivos y no generen distorsiones en la economía.
5. Fortalecimiento de la fiscalización para prevenir la evasión y elusión tributaria, asegurando que todos contribuyan de manera justa.
6. Implementación de un sistema tributario progresivo que busque una mayor equidad en la distribución de la carga fiscal.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre reforma tributaria que se implemente una Reforma Tributaria, Progresiva y pro-pymes con el objetivo de aumentar la carga tributaria en aproximadamente 3,5 puntos del PIB, pasando del 21,9% del PIB actual al 25,4% en un plazo de cuatro años.
2. Aplicar un impuesto de 0,5% anual a los grandes patrimonios líquidos superiores a 5 millones de dólares, gravando la riqueza financiera o pasiva no reinvertida y afectando a cerca de 7.000 contribuyentes.
3. Establecer un IVA (Impuesto al Valor Agregado) diferenciado, que incluye eliminar el IVA (0%) para alimentos, medicamentos y libros, y aplicar una tasa preferente del 15% a los servicios de PYMES.
4. Implementar una reducción moderada del impuesto corporativo para las PYMES (proponiendo una tasa del 20%) sujeta al cumplimiento de estar al día en cotizaciones previsionales y la reinversión de parte de las utilidades.
5. Crear un impuesto al uso intensivo del agua que grave la extracción consuntiva de agua continental utilizada en la minería, agroindustria y grandes sistemas de riego, con la recaudación destinada a financiar la restauración ecológica de cuencas y la resiliencia hídrica local.

1. Jeannette Jara propone sobre reforma tributaria que fortalecerá la recaudación de ingresos fiscales mediante la movilización de recursos adicionales, junto con la reasignación de gastos y la optimización de programas mal ejecutados, para financiar las medidas de su gobierno.
2. Se compromete a preservar y fortalecer la responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas, asegurando la sostenibilidad fiscal a largo plazo y manteniendo una trayectoria hacia la convergencia fiscal.
3. Para fortalecer la recaudación, se impulsará una revisión de las exenciones tributarias.
   4. Implementará medidas estrictas para reducir la evasión y la elusión fiscal.
4. Elevará el porcentaje de participación destinado al Fondo Común Municipal (FCM) proveniente del impuesto territorial y las patentes comerciales de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Providencia.
5. Se busca que este aumento eleve los aportes al FCM en $100.000 millones cada año, beneficiando así a 341 municipios.
6. Impulsará mejoras a la ley de pago en 30 días, estableciendo desincentivos tributarios a quienes no paguen a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en dicho plazo.

1. Bajar inmediatamente el impuesto corporativo al 23% (promedio OCDE), con la meta de reducirlo al 18% en diez años.
2. Reducir el impuesto a las Pymes al 10%.
3. Regresar a un régimen integrado de impuesto a la renta para incentivar el ahorro y la reinversión de utilidades.
4. Crear contratos de invariabilidad tributaria de hasta 20 años para atraer grandes inversiones y garantizar estabilidad en las reglas del juego.
5. Ampliar los beneficios tributarios para créditos hipotecarios y eximir transitoriamente el IVA en la compra de la primera vivienda.
6. Avanzar gradualmente hacia un impuesto negativo al ingreso o transferencias directas para complementar el ingreso de personas con empleos formales y de bajos recursos, como incentivo a la formalidad.

1. Establecer un nuevo sistema tributario inherentemente progresivo: Aliviará la carga impositiva a los trabajadores, pequeños y medianos comerciantes e industriales, y pueblos originarios, al mismo tiempo que aumentará la carga tributaria de los sectores y empresas de altos ingresos.
2. Crear impuestos sobre la gran fortuna y el patrimonio: También se incluirán gravámenes sobre la gran herencia, la transferencia y salida de fondos del país, y el retiro de utilidades.
3. Someter a las grandes empresas exportadoras a una estricta reforma tributaria: Esto aplica a la gran empresa minera, agrícola y forestal, evaluando un sistema basado en su actividad económica real (como las ventas) para evitar la evasión impositiva.
4. Combatir la evasión y elusión fiscal: Estas prácticas son consideradas un robo al fisco, y se buscarán mecanismos para presionar a las empresas y la gran burguesía a repatriar sus fondos de paraísos fiscales para que tributen en Chile, castigando el incumplimiento.
5. Suprimir los impuestos a los alimentos y los libros, y estudiar la reducción gradual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta su total eliminación.
6. Ofrecer atractivas facilidades tributarias a las empresas privadas que decidan integrar el proceso de industrialización del país.

1. Fortalecer la política exterior en defensa de la soberanía y los intereses de Chile.
2. Fortalecer la alianza con Estados Unidos, Israel y países de Europa Occidental.
3. Distanciar a Chile de regímenes autoritarios de izquierda como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
4. Promover acuerdos de libre comercio con países democráticos y buscar activamente nuevos mercados.
5. Reforzar la política antártica de Chile con presencia militar y científica.
6. Profundizar una estrategia de multilateralismo soberano y pragmático.

1. Priorizar la supremacía de la soberanía chilena y el bilateralismo, anteponiendo el interés nacional y reevaluando la participación en organismos multilaterales que limiten la libertad y el beneficio propio del Estado.
2. Fortalecer la seguridad en las fronteras y el control migratorio estricto, re-penalizando el ingreso ilegal al país, exigiendo visas consulares y expulsando de inmediato a extranjeros que cometan delitos.
3. Impulsar una política vecinal estratégica, incluyendo el desarrollo de relaciones estrechas a nivel regional con provincias argentinas y la suspensión de ayuda a Bolivia si facilita la inmigración ilegal a Chile.
4. Priorizar y fortalecer la Política Antártica y de Mares Australes, aumentando la inversión en investigación científica, modernizando la infraestructura y reforzando la presencia de Chile en el continente.
5. Coordinar la política exterior con la seguridad y defensa nacional, estableciendo una comunicación permanente entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior para enfrentar amenazas como el crimen organizado y agentes extranjeros.
6. Fomentar el comercio exterior y la cooperación internacional como herramienta de política exterior, atrayendo inversión extranjera mediante marcos legales especiales y campañas de publicidad turística conjuntas.
7. Desarrollar un Plan Nacional de Prospectiva en Política Exterior, formando cuadros especializados para anticipar escenarios internacionales y mantener lineamientos de política exterior de Estado a largo plazo.

1. Sustentar la política internacional en un apego irrestricto a los valores democráticos, al respeto y promoción de los derechos humanos y al compromiso con el multilateralismo como marco esencial para la cooperación entre Estados.
2. Proyectar una voz coherente y activa en la comunidad internacional, defendiendo la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la solución pacífica de las controversias.
3. Promover la integración regional y la acción concertada frente a los desafíos globales como la paz, el cambio climático y la equidad social.
4. Valorar y profundizar la política exterior que se ha tenido desde el retorno a la democracia.

1. Profesionalizar la diplomacia, estableciendo que los nombramientos de embajadores se realicen exclusivamente considerando a los profesionales de carrera de la Academia Diplomática Andrés Bello, eliminando la figura del “embajador político”.
2. Dotar de mayor austeridad y transparencia los sueldos de embajadores/as, con topes salariales vinculados al sueldo presidencial y publicación completa de beneficios indirectos.
3. Crear un área especializada en rastreo y postulación a fondos, concursos y proyectos internacionales al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) para atrapar recursos de entidades y alianzas multilaterales.
4. Sumar a Chile en un futuro proyecto PACCTO 3.0 junto a la Unión Europea y la Interpol para el análisis geoespacial del narcotráfico y el acceso a la Red Regional de Investigación de Fugitivos (REFINE).
5. Crear un “Consorcio Sudamericano de Tecnología de Drones” liderado por Chile, invitando a Colombia, Perú y Brasil para desarrollar capacidades regionales compartidas y negociar adquisiciones conjuntas.
6. Establecer una Academia Nacional de Inteligencia Integral con convenios internacionales con academias de inteligencia en Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, y Corea del Sur para profesionalizar el sistema de inteligencia civil.
7. Ampliar las modalidades de retribución para becarios ANID en el extranjero, permitiendo una retribución académica remota e internacionalmente activa a través de un vínculo científico estructurado y verificable con Chile.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Relaciones Exteriores que Chile debe aprovechar la oportunidad geopolítica de liderar la protección y el desarrollo sostenible del océano desde el Sur Global, con el fin de consolidarse como una potencia azul del siglo XXI.
2. La propuesta de gobierno busca que el país sea un líder en la “diplomacia azul” en el concierto internacional complejo, basando su liderazgo en el conocimiento, la equidad y la cooperación internacional.
3. Se desarrollará una Política Oceánica Nacional Integrada que se ajuste a lo planteado en el Acuerdo de Escazú.
4. En el ámbito de la seguridad, el control efectivo de los 240 km de frontera considerados críticos se logrará mediante el uso de infraestructura inteligente y la coordinación internacional.

1. Jeannette Jara propone sobre Relaciones Exteriores que la política exterior se fundamentará en principios históricos como la promoción de la paz, la defensa de la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, el compromiso con el multilateralismo y la preeminencia del derecho internacional.
2. Impulsará una política activa con países vecinos para maximizar la cooperación en proyectos como los corredores bioceánicos, la integración energética y la explotación minera conjunta, agilizando también los controles en los pasos fronterizos.
3. Asumirá un liderazgo en el combate a la crisis climática, posicionando a Chile como referente en políticas ambientales y energías limpias, y reafirmando la importancia del Tratado de ALTAMAR (BBNJ) y el territorio antártico.
4. Orientará la política comercial y productiva sustentable para aprovechar estratégicamente los minerales críticos y tierras raras, articulando redes productivas vecinales o regionales cuando sea posible.
5. Fortalecerá la Cancillería, promoviendo su profesionalismo y abriéndola al apoyo de universidades y la sociedad civil, e incorporará el enfoque de género con mayores equilibrios en la designación de cargos diplomáticos.
6. Será un actor protagónico en el acercamiento gradual entre organismos regionales clave, como la Alianza del Pacífico, la CELAC y Mercosur, mediante mecanismos flexibles para la convergencia temática.
7. Ampliará los servicios consulares para que funcionen como plataformas de servicio público y acompañamiento a las comunidades chilenas en el exterior, y promoverá el reconocimiento de los derechos políticos de los chilenos en el extranjero.

1. Implementar una política exterior basada en la “autonomía estratégica” y la cooperación global, priorizando siempre la capacidad de decisión soberana de Chile.
2. Anteponer los intereses del país, sustentando las relaciones en el derecho internacional, el respeto a los tratados vigentes, la solución pacífica de controversias y la defensa de la soberanía.
3. Priorizar la seguridad, el comercio y la innovación en la agenda internacional.
4. Diversificar los vínculos políticos y comerciales, asegurando el cumplimiento de acuerdos existentes y buscando nuevas alianzas estratégicas que respondan a los objetivos de desarrollo y seguridad de Chile.
5. Enfocar la política regional en la defensa de la democracia y los derechos humanos, enfrentando autoritarismos y promoviendo la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.
6. Mantener relaciones de respeto y cooperación con los países vecinos, con un foco especial en la seguridad y control de fronteras, el comercio y la integración energética.
7. Profundizar alianzas internacionales en ciencia y tecnología, compartiendo información y adoptando las mejores prácticas contra amenazas globales como el narcotráfico y el cibercrimen.

1. Reorientar la política exterior hacia una de carácter independiente, antiimperialista y soberana, priorizando estrictamente los intereses nacionales y la plena autonomía política y económica de Chile.
2. Establecer relaciones diplomáticas de solidaridad y cooperación (política, económica, cultural y militar) con los pueblos y países dependientes, colonizados, soberanos y socialistas que luchan por su independencia o están amenazados o agredidos por estados imperialistas (como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Rusia, Bielorrusia, Irán y la República Popular Democrática de Corea), así como con los países del BRICS.
3. Promover un fuerte sentido latinoamericanista y antiimperialista, apoyando la integración regional y buscando coordinación en la explotación de materias primas (cobre, litio, oro) con países vecinos como Bolivia, Perú y Argentina.
4. Rechazar categóricamente toda forma de agresión, colonialismo o neocolonialismo por parte de países imperialistas y sus instituciones internacionales, condenando a la OEA como instrumento del imperialismo estadounidense y las agresiones de la OTAN.
5. Romper relaciones diplomáticas con la “entidad sionista llamada ‘Israel’”.
6. Establecer relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo con todos los gobiernos, independientemente de su posición ideológica y política, siempre que respeten la autodeterminación de Chile y no intervengan en sus asuntos internos.
7. Condenar la discriminación racial, cultural, religiosa y cualquier forma de discriminación basada en la desigualdad inherente del ser humano, y solidarizar activamente con la lucha de pueblos como Siria, Palestina y Yemen.

1. Reducir las listas de espera a la mitad en cuatro años: Propone fortalecer el sistema de salud pública y, para lograr la meta, incorporar a prestadores privados mediante bonos garantizados.
2. Aumentar el financiamiento de Fonasa: Busca equiparar la cobertura de Fonasa con la de los seguros privados.
3. Crear un seguro catastrófico de salud: Plantea establecer un seguro financiado con impuestos generales para enfermedades de alto costo.
4. Ampliar la cobertura de salud mental: Propone incorporar psicólogos y psiquiatras en la atención primaria.
5. Aumentar la dotación de médicos especialistas: Sugiere incrementar el número de especialistas en los hospitales regionales.
6. Digitalizar la ficha clínica única: Propone implementar una ficha digitalizada única para todos los pacientes del sistema.
7. Declarar emergencia sanitaria nacional: Para abordar la crisis de las listas de espera, habilitaría el uso de todos los recursos de salud disponibles, tanto públicos como privados.

1. Instaurar un sistema de vouchers de salud para la población vulnerable (quintiles de menores ingresos), garantizando el aporte económico para que puedan elegir libremente una solución integral de salud.
2. Reducir drásticamente los tiempos de espera para patologías prioritarias, con la meta de alcanzar cero pacientes con patologías GES oncológicas confirmadas y atrasadas en 70 días, y una reducción del 60% de las prestaciones GES por cáncer en 6 meses.
3. Implementar una ficha clínica única digital a nivel nacional y modernizar la gestión con tecnologías de información en los tres niveles de atención para la toma de decisiones correctas y costo-efectivas.
4. Fomentar la creación de cooperativas en el sector salud y alianzas público-privadas, incentivando la inversión privada al disminuir la permisología e impuestos que obstaculizan su crecimiento.
5. Priorizar la salud mental y adicciones, y crear un Programa Odontológico Nacional integral que integre los sectores público y privado para mejorar la salud bucal de la población.
6. Garantizar la “soberanía digital médica”, estableciendo que la información médica sea propiedad exclusiva del paciente y desregulando las tecnologías médicas innovadoras (como telemedicina e inteligencia artificial) para su libre acceso.
7. Revisar el sistema de financiamiento de la salud pública, con presupuestos hospitalarios eficientes y orientados a la realidad asistencial y epidemiológica, eliminando la dependencia de referencias históricas de la DIPRES.

1. Reducir las listas de espera en salud y mejorar la capacidad resolutiva del sistema mediante soluciones integrales y la colaboración público-privada.
2. Regular los precios de los medicamentos para que sean justos y actualizar el Formulario Nacional, basándose en la experiencia internacional.
3. Reforzar los planes de vida saludable en familias y comunidades, con un enfoque especial en el control de la obesidad, el sedentarismo y la salud mental, profundizando las estrategias de atención primaria universal.
4. Modernizar la gestión de salud, diferenciando las funciones rectoras del Ministerio de Salud (MINSAL) y la gestión en red de los hospitales, buscando alcanzar los promedios de uso de recursos de la OCDE.
5. Implementar adecuadamente la modalidad de cobertura complementaria de Fonasa y mantener una supervisión estricta del cumplimiento de las leyes que regulan el aseguramiento privado.
6. Priorizar la salud mental a nivel nacional, creando un Programa Nacional de Salud Mental robusto que incluya Centros Comunitarios de Salud Mental, psicólogos en atención primaria y un aumento del financiamiento hasta el 5% del presupuesto, como recomienda la OMS.
7. Fortalecer la salud intercultural, lo que incluye la creación de un Consejo de Autoridades Tradicionales de Primeras Naciones para asesorar al MINSAL, y garantizar que toda la infraestructura de salud incorpore una mirada intercultural desde su diseño.

1. Integrar prestaciones odontológicas en la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa.
2. Diseñar paquetes de atención odontológica estandarizados que incluyan diagnóstico, tratamiento y control.
3. Incluir criterios de priorización en bases de licitación odontológica por edad, comorbilidades e impacto funcional.
4. Incentivar la participación de centros odontológicos privados y universitarios, y de pymes de salud.
5. Utilizar mecanismos de compra como subasta inversa en ChileCompra para prestaciones básicas.
6. Monitorear tiempos de espera en salud mediante SIGTE y Visor Ciudadano.
7. Promover el desarrollo del espíritu emprendedor y la innovación en el ámbito de la salud.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre salud que se refuerce la Agencia Nacional de Medicamento (ANAMED) para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los medicamentos y fijar límites de precios para los medicamentos esenciales, con la meta de reducir en un 30% el costo promedio de los más usados por los hogares en cuatro años.
2. Establecer el compromiso de “Listas de Espera Cero” mediante plazos máximos obligatorios de resolución en el sistema público: no más de 6 meses para cirugías electivas, un máximo de 90 días para cáncer y patologías de alto riesgo, y 30 días para diagnósticos críticos.
3. Impulsar un Plan Nacional de Infraestructura Sanitaria que priorice la finalización de hospitales críticos, la construcción de 20 hospitales nuevos al año 2030 y la edificación de 50 nuevos CESFAM y postas rurales, buscando incorporar 10.000 nuevas camas hospitalarias a la red pública.
4. Implementar un Plan Nacional de Cáncer integral, que asegure que ningún paciente con cáncer espere más de 90 días entre el diagnóstico y el inicio de su tratamiento, incluyendo la construcción de 10 centros regionales ambulatorios.
5. Dar una respuesta estructural a la crisis de salud mental mediante la contratación de 1.000 nuevos profesionales (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas) e implementar una Red Nacional de Urgencia Psiquiátrica con atención 24/7.

Jeannette Jara propone sobre salud que implementará la Estrategia Nacional de Resolución Oportuna, garantizando que los exámenes se demorarán un máximo de 6 meses y que nadie esperará más de un año por atención de especialista o cirugía, ni más de 90 días para enfermedades de alto riesgo.

1. Aumentará la capacidad quirúrgica mediante la expansión progresiva de Centros de Resolutividad Regional, buscando realizar 50.000 cirugías adicionales el primer año y escalar a 150.000 en el tercer año de gobierno.
2. Implementará la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) del FONASA, que otorgará a 8 millones de beneficiarios acceso a 2.394 prestaciones privadas con copagos predecibles (25% ambulatorio y 30% hospitalario), como alternativa en la transición hacia un Seguro Universal de Salud.
3. Fortalecerá la Atención Primaria de Salud (APS) en todas las comunas, haciendo que el 80% de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) funcionen en horario extendido de 08:00 a 20:00 horas y fines de semana.
4. Desarrollará una Estrategia Integral de Acceso a Medicamentos a Precio Justo, proyectando un ahorro de al menos $120 mil millones mediante el fortalecimiento de CENABAST y reducirá el gasto de bolsillo de las familias en medicamentos en al menos un 10%.
5. Aumentará la inversión en Salud Mental para acercarse a estándares internacionales, construyendo 25 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) e incrementando las camas psiquiátricas para niños, niñas y adolescentes.
6. Establecerá una Red Nacional de Centros de Cáncer (10 Centros Ambulatorios distribuidos estratégicamente) y dará prioridad absoluta a la cirugía oncológica, ampliando los horarios de funcionamiento de los pabellones.

1. Implementar un plan de infraestructura “30-30-30” para que hacia el año 2030 haya 30 hospitales nuevos construidos, 30 en construcción y 30 en diseño.
2. Declarar una alerta sanitaria oncológica desde el primer día de gobierno para gestionar la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, causa principal de muerte en Chile.
3. Reducir las listas de espera a través de la ampliación de horarios en pabellones, más telemedicina y la entrega de medicamentos a domicilio.
4. Crear una alerta nacional contra el cáncer con foco en el de mamas y cervicouterino, disponiendo de mamógrafos móviles en todas las provincias y ampliando el acceso a exámenes preventivos.
5. Ampliar el acceso a medicamentos de alto costo, actualizando el listado de fármacos oncológicos y creando una nueva cobertura AUGE o GES de medicamentos para afiliados a Fonasa e Isapres en 2026.
6. Mejorar la Atención Primaria de Salud (APS), diversificando los canales de atención (presencial, remota o a domicilio) y utilizando una ficha médica online para agilizar trámites.
7. Fortalecer la salud mental, aumentando la red de Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) y potenciando la telepsiquiatría para llegar a zonas aisladas.

1. Garantizar plenamente el derecho a la salud integral (atención médica y dental, preventiva y curativa) para todos los habitantes de Chile, consagrándolo en la nueva constitución.
2. Socializar los grandes monopolios de la salud, transformándolos en empresas estatales o mixtas, y hacer que el sector privado ponga sus instalaciones a disposición de toda la población.
3. Elaborar Planes Nacionales de Salud Pública con la participación de asociaciones, gremios de la salud y comunidades, para diagnosticar problemas, identificar necesidades (médicos, hospitales, infraestructura) y priorizar soluciones urgentes.
4. Extender el sistema estatal de previsión FONASA a todos los residentes de Chile, basándose en un principio de aportación solidaria donde los ingresos más altos contribuyan más, y mantener un sistema de seguro médico privado exclusivamente voluntario.
5. Ampliar gradualmente la cobertura del GES (Garantías Explícitas en Salud) para que el sistema público cubra totalmente el costo del tratamiento de cualquier enfermedad, asegurando el acceso pleno a la atención médica.
6. Asegurar la adquisición y producción de medicamentos de primera necesidad a precios convenientes y fortalecer la atención de la salud mental, aumentando el personal y las comunidades terapéuticas para el consumo problemático de drogas y alcohol.
7. Abrir las clínicas y hospitales militares como medida de emergencia, apenas asuma el gobierno, para ponerlos a disposición de la sociedad y reducir las listas de espera en el sistema nacional de salud.

1. Declarar la seguridad como primera prioridad nacional: Su gobierno se enfocará en recuperar el orden público y combatir sin tregua el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
2. Fortalecer a Carabineros y PDI: Propone aumentar la dotación de Carabineros en 20.000 funcionarios, duplicar su presupuesto de equipamiento y modernizar la PDI con mayor capacidad de análisis criminal y ciberinteligencia.
3. Endurecer las leyes y construir nuevas cárceles: Plantea penas más severas para el narcotráfico y el crimen organizado, terminar con la “puerta giratoria” del sistema judicial y construir 10 nuevas cárceles de máxima seguridad.
4. Control estricto de fronteras y política migratoria dura: Propone crear una Policía Fronteriza, instalar tecnología avanzada como muros y sensores en las fronteras, y expulsar a migrantes irregulares con antecedentes o condenados por delitos graves.
5. Restablecer el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur: Busca reinstaurar esta medida con atribuciones reforzadas para enfrentar la violencia en la zona.
6. Crear una Fuerza de Tarea Especial contra el crimen organizado: Propone una unidad especializada para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
7. Aumentar el respaldo político y jurídico a las policías y FF.AA.: Garantiza el total respaldo de su gobierno al uso legítimo de la fuerza por parte de las policías, gendarmería y Fuerzas Armadas para restablecer el orden y la seguridad.

1. Compromiso político real y uso de todas las capacidades del Estado para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, priorizando la protección del ciudadano honesto y la víctima.
2. Fortalecer la presencia efectiva en fronteras con capacidades estatales coordinadas y tecnología avanzada (vigilancia satelital, drones, cámaras, radares), conformando equipos inter agenciales (policías, militares, aduanas, SAG, CONAF, SII).
3. Reponer la penalización del ingreso ilegal al país, deteniendo en flagrancia a quienes violen la frontera y confinándolos en campamentos mientras se tramita su expulsión. Se enfatizarán negociaciones diplomáticas con Bolivia para que reciba a extranjeros que intentan ingresar ilegalmente por la frontera común.
4. Apoyar la seguridad interna con las Fuerzas Armadas, incluyendo la producción de inteligencia, el control de fronteras y el control de zonas declaradas en estado de excepción constitucional por peligrosidad, y reactivar el Servicio Militar Obligatorio y reabrir regimientos.
5. Incrementar en 6.000 Carabineros y 1.600 Detectives en cuatro años, empoderando a los efectivos policiales en sus funciones principales de prevención, orden, seguridad e investigación del delito, relevándolos de otras actividades.
6. Reestablecer el Estado de Derecho en zonas tomadas por el narcoterrorismo, con una ocupación efectiva de los territorios rehenes, como en las provincias de Arauco y Malleco.
7. Construir establecimientos penales suficientes y separados por peligrosidad para albergar a todos los delincuentes y criminales, evitando que las cárceles sean “escuelas del delito”, y reestructurando Gendarmería de Chile. Se centrará la justicia en prevenir el delito y proteger a las víctimas.

1. Crear un Comité Nacional de Seguridad que sesione semanalmente para coordinar a todas las fuerzas del orden e inteligencia en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, además de continuar la implementación del Ministerio de Seguridad Pública.
2. Fortalecer y dotar de tecnología a las fuerzas policiales y de investigación, como Carabineros, PDI, Fiscalía y Aduanas, para desarticular mafias y carteles, y aumentar la dotación de Carabineros desplegados en el territorio.
3. Endurecer los controles fronterizos invirtiendo en tecnología avanzada (drones, sensores, cercos electrónicos) y robustecer el Servicio Nacional de Migraciones para denegar entradas o visas y expulsar a extranjeros que cometan delitos graves en Chile.
4. Apoyar la Ley de Infraestructura Crítica para desplegar las Fuerzas Armadas en la vigilancia de puntos sensibles y respaldar su apoyo en la región de La Araucanía y zonas fronterizas del norte afectadas por el crimen organizado.
5. Atacar las finanzas del crimen organizado mediante el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de dinero y el fortalecimiento de Aduanas, incluyendo la creación de un cuerpo especializado en el control del tráfico en puertos.
6. Fomentar la prevención del delito en los barrios, fortaleciendo los Consejos Comunales de Seguridad Pública y creando Consejos de Convivencia Ciudadana con vecinos. También impulsará alianzas público-privadas para prevenir el delito juvenil a través de programas deportivos y mentorías.
7. Modernizar el sistema de justicia y carcelario, creando Tribunales especializados en crimen organizado y corrupción, eliminando la atenuante de “irreprochable conducta anterior” para delitos graves y aumentando la capacidad carcelaria.

• Implementar un Sistema Integrado de Datos e Información Criminal–Terrorista para mejorar la interoperabilidad entre distintas instituciones de seguridad.
• Fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con atribuciones investigativas y acceso a bases bancarias para combatir el crimen organizado.
• Diseñar protocolos de interoperabilidad tecnológica con apoyo académico en ciberseguridad y empresas de ethical hackers.
• Crear una Nueva Política Nacional de Inteligencia Integral contra el Crimen Organizado y el Terrorismo para el periodo 2026–2030.
• Establecer la Agencia Nacional de Inteligencia Integral contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ANICOT), con facultades de análisis financiero y coordinación operativa.
• Reestructurar la actual Agencia Nacional de Inteligencia para eliminar dependencias de confianza política y mejorar su eficacia.
• Colaborar con compañías de seguros para bloquear mercados negros de clonación y fraude automotriz, asegurando trazabilidad de vehículos recuperados.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre seguridad que se establezca un Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SNIC), bajo un mando unificado, con el objetivo de pasar de un modelo reactivo a uno predictivo, articulando inteligencia humana, financiera, territorial y digital para desarticular redes criminales complejas.
2. Se busca recuperar el control soberano de los 240 km de fronteras críticas mediante el uso de inteligencia artificial, cámaras térmicas, sensores, drones y fibra óptica, además de desarrollar una Task Force especializada en crimen fronterizo.
3. Se creará una nueva división dentro de Carabineros, denominada Policía de Barrios, especializada en seguridad local y dedicada exclusivamente a la seguridad comunitaria y preventiva, buscando una presencia policial estable, cercana y profesional en territorios vulnerables.
4. Se aplicará una Estrategia Integral de Recuperación Territorial en 400 barrios vulnerables en cuatro años, combinando inversión pública, servicios sociales, infraestructura, desarrollo urbano y una presencia policial comunitaria reforzada.
5. Se propone que las Fuerzas Armadas asuman de manera permanente la protección de aproximadamente 120 infraestructuras críticas (como puertos y centrales eléctricas) para liberar las capacidades de Carabineros y la PDI, permitiéndoles enfocarse en la prevención del delito y la investigación criminal en los barrios.

Jeannette Jara propone sobre seguridad que esta será la gran prioridad de su gobierno, con el compromiso de construir soluciones para devolver la tranquilidad a Chile, combatiendo frontalmente el crimen organizado y el narcotráfico.

1. Creará una Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA) de carácter civil, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, para fortalecer la fiscalización, la incautación y el control de armamento, traspasando las competencias desde la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).
2. Desplegará a las Fuerzas Armadas para la protección de las fronteras, institucionalizando esta acción mediante un Plan Estratégico de Control Fronterizo y la creación de una Dirección de Control Fronterizo dentro de Carabineros de Chile.
3. Impulsará el levantamiento del secreto bancario, facultando a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bancaria de personas acusadas de realizar operaciones sospechosas, con el fin de perseguir la ruta del dinero del crimen organizado.
4. Aumentará la capacidad de vigilancia al integrar 150 mil cámaras de vigilancia y 50 mil lectores de placas patentes (LPR) para detectar vehículos robados, utilizando tecnología e inteligencia artificial para la prevención.
5. Duplicará el presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, y fortalecerá la labor preventiva de los gobiernos locales mediante la tramitación de una Ley de Seguridad Municipal.
6. Buscará poner “Fin a los Call Center del Delito” cortando la comunicación de los líderes de bandas desde las cárceles, proponiendo una nueva regulación legal que limite el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones en contextos penitenciarios y utilizando inhibidores de señal.
7. Duplicará la formación anual de Carabineros de Chile en todo el país, y extenderá los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) a las 16 regiones para consolidar una capacidad nacional especializada en delitos violentos.

1. Invertir 2.500 millones de dólares para fortalecer a las policías, Gendarmería e incorporar tecnología contra el crimen organizado.
2. Aumentar la dotación de Carabineros en 10.000 efectivos y asegurar su presencia permanente en los 40 barrios más peligrosos del país.
3. Construir cinco nuevas cárceles, tres de ellas de alta seguridad, y aplicar un régimen de aislamiento estricto a los líderes criminales.
4. Blindar las fronteras con una Policía Militar Fronteriza, barreras físicas, tecnología y centros para la expulsión de migrantes irregulares.
5. Crear una Unidad de Cumplimiento (UNICOT) para coordinar la lucha del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo.
6. Implementar una Estrategia Integral contra el Terrorismo, con foco en la Macrozona Sur, para desarticular organizaciones, prevenir ataques y reparar a las víctimas.
7. Modernizar el Ministerio Público, creando una Fiscalía Supraterritorial para delitos complejos y una Fiscalía de Asuntos Internos para combatir la corrupción.

1. Refundar las fuerzas armadas y de orden: Implica cambiar su carácter ideológico, su capacidad de defensa externa y su relación con el pueblo, integrándolas en la vida social y política del país.
2. Combatir el crimen organizado como un enemigo interno: Se propone enfrentarlo decididamente, incluyendo la aplicación de la pena de muerte para los grandes capitalistas del crimen organizado (jefes de mafia y del negocio de la prostitución y el sexo).
3. Proteger y asegurar las fronteras para controlar la inmigración: Se busca evitar la entrada del crimen organizado internacional y grupos subversivos de derecha que puedan desestabilizar el país.
4. Fortalecer el poderío militar para la defensa nacional: Impulsando la producción de armamento nacional y estableciendo relaciones de cooperación militar con otros países para adquirir armamento de calidad.
5. Refundar el sistema penitenciario: Pasando de un criterio de “prisión por castigo” a uno basado en la educación, reformación y preparación del presidiario para su reinserción en la sociedad.
6. Aumentar penas para crímenes graves y disminuirlas para otros: Postula la pena de muerte para asesinatos, violación sexual (a adultos o menores), crímenes de lesa humanidad, tortura, mutilaciones, terrorismo y crímenes de corrupción superiores a un límite acordado.
7. Crear brigadas de defensa popular: Organizaciones voluntarias de pobladores que, en colaboración con la policía refundada, lucharán contra el crimen organizado y apoyarán la vigilancia de sus comunidades.

1. Construir nuevas y modernas cárceles de alta seguridad para encerrar a criminales de alta peligrosidad.
2. Modernizar y expandir el sistema carcelario chileno, un esfuerzo que aspira a ser el mayor en más de 30 años.
3. Recuperar el control de las cárceles, las cuales se han convertido en centros donde se profundizan redes criminales y se aprenden nuevos delitos, para que realmente castiguen y no formen delincuentes.
4. Asegurar el total respaldo político, institucional y jurídico a Gendarmería de Chile.

1. Construir establecimientos penales suficientes y separados por peligrosidad para albergar a todos los delincuentes y criminales, evitando que las cárceles sean “escuelas del delito”.
2. Recluir a primerizos en recintos específicos antes del año 2027, especialmente a los culpables de delitos leves, para cortar el ciclo de criminalidad y reincidencia.
3. Reestructurar la Gendarmería de Chile, revisando su dependencia, funciones, potestades y estatutos.
4. Modernizar el sistema penitenciario, incluyendo la implementación de cárceles de alta seguridad.
5. Eliminar beneficios carcelarios para reincidentes en delitos violentos y de narcotráfico.
6. Centrar el Ministerio de Justicia en proponer medidas para prevenir el delito y proteger a las víctimas, priorizando las garantías para estas últimas sobre los victimarios.

1. Aumentar la capacidad carcelaria con más recintos y ampliación de los existentes, para terminar con el hacinamiento y asegurar condiciones que permitan la rehabilitación.
2. Reorganizar y reforzar Gendarmería, incluyendo nuevos programas de reclutamiento, selección y formación para enfrentar el crimen organizado.
3. Implementar la ampliación de infraestructura carcelaria e incorporar tecnovigilancia, bio-identificación y plataformas digitales integradas con tribunales.
4. Fortalecer las unidades anti-corrupción dentro de Gendarmería y racionalizar el uso de recintos, con alternativas costo-efectivas.

1. Arrendar Unidades Penitenciarias Flotantes (Barcos Cárceles) para reos de alta peligrosidad (especialmente terroristas y crimen organizado), ubicadas a 80 millas de tierra firme.
2. Establecer el trabajo penitenciario obligatorio para que las personas privadas de libertad retribuyan el daño social y económico, prestando servicios tanto a privados como a organismos del Estado.
3. Apoyar el Proyecto de Ley de Re-estructuración del Escalafón de Gendarmería para destrabar el cuello de botella del estancamiento de la dotación y mejorar la carrera funcionaria.
4. Proponer una reconversión desde audiencias presenciales hacia las de tipo online para los internos, buscando disminuir traslados, riesgos y gastos.
5. Mejorar la infraestructura de las unidades penales para los funcionarios de Gendarmería, incluyendo áreas para pernoctar, administrativas, casinos y alimentación.
6. Modificar el Reglamento Penitenciario para incorporar una infracción específica que sancione el intento de ingreso de objetos mediante lanzamiento desde el exterior.
7. Prohibir figuras como “el mozo” (internos que cocinan para funcionarios) para evitar situaciones peligrosas y mejorar la seguridad del personal.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Sistema Penitenciario que no hay información clara y detallada en el documento sobre propuestas específicas para la reforma o gestión del sistema penitenciario de adultos (Gendarmería y cárceles).
2. Sin embargo, el programa sí menciona que la seguridad no solo exige control policial, sino también políticas sólidas de prevención, rehabilitación y reinserción social para reforzar el tejido social, aunque sin detallar medidas penitenciarias.
3. El Plan Nacional de Empleo contempla el despliegue de infraestructura, como cárceles, bajo modelos público-privados de concesión.

1. Jeannette Jara propone sobre Sistema Penitenciario que se requiere planificar la infraestructura penitenciaria y lograr una segmentación adecuada de la población penal, especialmente para el manejo de personas vinculadas al crimen organizado y de gran peligrosidad.
2. Proyectará 10.000 nuevas plazas en 5 nuevas cárceles al 2033, además de concretar la inversión ya contemplada en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria para habilitar más de 10.000 plazas durante su mandato.
3. Impulsará un proyecto de ley “fast track” sobre cárceles para la construcción más expedita de recintos penales, incluyendo estándares internacionales para instalaciones de alta y máxima seguridad.
4. Buscará poner “Fin a los Call Center del Delito” cortando toda comunicación de los líderes de bandas con el exterior mediante una nueva regulación legal que limite el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones en contextos penitenciarios y usando inhibidores de señal.
5. Modernizará Gendarmería de Chile invirtiendo en la institución y su formación, profesionalizando al personal, y separando las funciones de seguridad y reinserción para optimizar la gestión penitenciaria.
6. Promoverá un proyecto de ley para establecer la expulsión de extranjeros condenados por delitos de la Ley 20.000 (drogas) como pena sustitutiva a la privación de libertad, con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles.
7. Aumentará la inversión en el programa +R del Ministerio de Justicia a través del SENCE, ampliando la cobertura y diversificando la oferta de cursos de capacitación en recintos penitenciarios y para personas con penas sustitutivas, mejorando la empleabilidad y reduciendo la reincidencia.

1. Construir cinco nuevas cárceles, tres de ellas de alta seguridad, para habilitar 32.000 nuevas plazas penitenciarias.
2. Recuperar el control de las cárceles, que se han convertido en centros de operaciones para el crimen organizado.
3. Aplicar un régimen de aislamiento estricto a los líderes criminales y miembros de organizaciones terroristas, sin beneficios penitenciarios ni comunicación con el exterior.
4. Fortalecer a Gendarmería, creando una fuerza especial para las cárceles de alta seguridad y haciéndola depender del Ministerio de Seguridad.
5. Expulsar a 3.000 extranjeros condenados para liberar el equivalente a una cárcel completa.
6. Impulsar una política efectiva de reinserción social para reducir la reincidencia, con foco en el acompañamiento postpenitenciario y la inserción laboral, especialmente para mujeres.
7. Mejorar la tecnología de control, utilizando sistemas avanzados de inhibición de señal y seguimiento penitenciario para evitar que se dirijan delitos desde el interior.

1. La refundación del sistema penitenciario se basará en la educación, reformación y preparación del presidiario para su reinserción en la sociedad, en lugar del castigo.
2. El nuevo sistema reconocerá la responsabilidad individual y colectiva (de toda la sociedad) de cada crimen o delito cometido.
3. Los presidiarios cumplirán una jornada laboral realizando trabajos de servicio a la sociedad, como la construcción de infraestructura o la elaboración de artículos de necesidad, con la posibilidad de que no reciban salario y sus familias sean apoyadas por el Estado.
4. Se impulsará una disminución general de las penas en la nueva legislación, considerando que la mayoría son excesivas y destructivas.
5. Sin embargo, se postula un aumento de la pena para crímenes especialmente graves y brutales, como asesinato, violación, crímenes de lesa humanidad, tortura, mutilaciones, terrorismo y corrupción superior a un límite acordado.
6. Se evaluará un plan nacional de formación penitenciaria para que los reclusos aprendan un oficio durante su estadía en la cárcel, con el fin de facilitar su reinserción social y laboral.
7. El proceso de reinserción del reo estará acompañado de tratamiento psicológico.

1. Digitalizar completamente la administración pública: Propone eliminar los trámites presenciales innecesarios para mejorar la calidad de los servicios y facilitar la vida de los ciudadanos.
2. Ampliar la infraestructura digital nacional: Busca extender la cobertura de 5G y fibra óptica en todo el país.
3. Modernizar la seguridad con tecnología: Plantea fortalecer la ciberinteligencia de la PDI y crear un Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) que utilice tecnología de vanguardia para enfrentar amenazas.
4. Crear una ventanilla única digital para inversiones: Su objetivo es agilizar los procesos para proyectos de inversión estratégica.
5. Implementar la Ficha Clínica Única Digitalizada: Propone que todos los pacientes del sistema de salud tengan su información clínica en formato digital.
6. Usar tecnología para control fronterizo y seguridad: Sugiere instalar sensores, drones y muros físicos en las fronteras y utilizar tecnología avanzada para perseguir al crimen organizado.
7. Fomentar la capacitación y educación digital: Busca transformar SENCE en una plataforma con foco en educación digital y modernizar el currículum escolar para enseñar sobre el uso responsable de nuevas tecnologías.

1. Implementar una Ventanilla Única Digital a nivel nacional para agilizar y simplificar la creación y operación de empresas y la gestión de permisos en diversos sectores, permitiendo trámites en línea sin burocracia.
2. Digitalizar y unificar el sistema de salud, con una ficha clínica única digital a nivel nacional y la desregulación de tecnologías médicas innovadoras como la telemedicina y la inteligencia artificial, garantizando la soberanía de los datos médicos del paciente.
3. Transformar el SENCE en una Unidad de Capacitación y Movilidad Laboral (UCML) con enfoque digital, que incluya vouchers de capacitación individuales, certificación de competencias con estándares internacionales y una bolsa digital de empleo, facilitando también los contratos digitales instantáneos.
4. Crear una Agencia Tributaria Autónoma (AT) tecnológica, fusionando organismos fiscales actuales e incorporando inteligencia artificial, auditorías automáticas y blockchain para la trazabilidad de pagos, junto con un portal tributario unificado y herramientas digitales personalizadas.
5. Establecer una Auditoría Ciudadana Digital mediante la integración de sistemas estatales en una plataforma interoperable con tecnología blockchain, permitiendo a los ciudadanos fiscalizar el uso de los recursos públicos en tiempo real.
6. Garantizar conectividad digital universal con internet rápido y estable para todo Chile, promoviendo una infraestructura digital abierta y neutral y eliminando barreras burocráticas para el desarrollo del emprendimiento digital.
7. Impulsar la digitalización de importaciones con una Plataforma Nacional Única, eliminando trámites presenciales y documentación física, y automatizando aprobaciones para mejorar la competitividad logística del país.

1. Avanzar hacia un Gobierno Digital e Inteligente: Mediante trámites 100% online a través de un Portal Único del Estado (Clave Única), interoperabilidad entre ministerios, y la creación de una Oficina Nacional de Analítica de Datos e IA (GovTech Chile) para aplicar big data e inteligencia artificial en la gestión pública.
2. Fortalecer la ciberseguridad y protección de datos: Con la implementación de una Ley de Protección de Datos 2.0 (alineada con estándares europeos), la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad y el uso de blockchain en compras públicas para mejorar la trazabilidad y reducir la corrupción.
3. Integrar la Inteligencia Artificial en la educación escolar: Estableciendo un Marco Nacional de Uso Ético de IA, ofreciendo capacitación docente masiva y modernizando los métodos de evaluación hacia proyectos y resolución de problemas.
4. Impulsar un Plan Nacional de Innovación Tecnológica: Con incentivos tributarios, fondos concursables y programas de mentoría a startups de base científico-tecnológica, buscando aumentar la inversión en I+D al 1% del PIB para 2030.
5. Fomentar la transparencia y participación digital: Creando la Plataforma Chile Transparente para gastos públicos en tiempo real, implementando presupuestos participativos digitales y un Sistema de Peticiones Ciudadanas Online para propuestas legislativas.
6. Promover una cultura de innovación pública: Capacitando a 50.000 trabajadores estatales en digitalización, ciencia de datos y diseño de servicios, y destinando el 1% del presupuesto ministerial a fondos de innovación.
7. Invertir en tecnología avanzada para la seguridad: Dotando a las fuerzas policiales, de investigación y al Servicio Nacional de Aduanas de mayor tecnología, e invirtiendo en drones, sensores de movimiento y cercos electrónicos para la vigilancia fronteriza.

1. Crear un Ministerio de Cultura Digital del Estado, Datos e Inteligencia Artificial para liderar la transformación digital y la interoperabilidad de servicios públicos.
2. Ejecutar un catastro y homologación de plataformas tecnológicas del Estado para eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia en el uso de recursos.
3. Implementar un inventario y arquitectura de interoperabilidad de datos públicos con un enfoque en seguridad, trazabilidad y acceso controlado.
4. Dictar políticas de gobernanza de datos, ciberseguridad y privacidad alineadas a estándares internacionales y auditables por entes autónomos.
5. Desplegar una estrategia de servicios estatales omnicanal que incluya web, móvil, presencial y asistencia telefónica, con trámites 100% en línea.
6. Modernizar el sistema de compras públicas utilizando analítica avanzada y trazabilidad de contratos para prevenir corrupción y sobreprecios.
7. Fortalecer la educación en competencias digitales para preparar a la fuerza laboral en habilidades necesarias para la economía digital.
8. Promover la digitalización de trámites para emprendedores y microempresas facilitando el acceso a servicios y capital semilla a través de plataformas digitales.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Transformación Digital que se implemente el Programa Red de Futuro para garantizar el acceso universal a internet de alta velocidad en las 3.000 escuelas públicas del país, con el objetivo de convertir la conectividad en un derecho educativo básico e integrar a Chile en la economía del conocimiento.
2. Se busca digitalizar el Estado y la conectividad rural, siendo este un eje prioritario del Plan Nacional de Inversiones Estratégicas.
3. Se utilizará la Inteligencia Artificial (IA) para modernizar la gestión pública, incluyendo la fiscalización de grandes contribuyentes por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), y en el control de los 240 kilómetros de fronteras críticas.
4. Se impulsará la digitalización de la salud, avanzando hacia un sistema de Ficha Médica Única Integral y receta electrónica, además de implementar la digitalización quirúrgica con trazabilidad en tiempo real para optimizar los pabellones.
5. Se desarrollará una nueva política industrial inteligente que priorice el desarrollo de software, audiovisual y robótica, además de la transición digital como foco para la generación de empleos decentes.

1. Jeannette Jara propone sobre Transformación Digital que Chile necesita una estrategia nacional hacia el 2030 donde esta se incorpore como un eje de la matriz de desarrollo, buscando consolidar al país como un centro digital (Hub Digital) de América Latina y el Caribe.
2. Impulsará un plan para la reconversión y formación de profesionales que la economía digital requiere, actualizando programas formativos TI en Educación Superior y fortaleciendo competencias técnicas relacionadas.
3. Capacitará a 100.000 personas en herramientas tecnológicas y a 50.000 personas en programas de aplicación básica de Inteligencia Artificial (IA) para cerrar la brecha digital y formar capital humano para la economía digital.
4. Enfatizará la Soberanía digital, lo que incluye la compleción de cables submarinos de telecomunicaciones, como el de Humboldt, y el fortalecimiento del proyecto Latam GPT liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).
5. Desarrollará una red de Campus Tecnológicos Regionales especializados en las vocaciones productivas de cada territorio, con foco en Inteligencia Artificial y energías limpias.
6. La IA será un motor de innovación en sectores como agricultura, minería, salud, educación y servicios, generando productividad y nuevos empleos de calidad, siempre bajo marcos éticos y regulatorios que resguarden la seguridad y el bienestar de las personas.
7. La transformación digital se usará como herramienta para simplificar la vida de las personas y fortalecer la confianza en las instituciones, por ejemplo, digitalizando procesos y democratizando el acceso a la tecnología en servicios esenciales.

1. Digitalizar masivamente la administración pública para simplificar trámites, convirtiendo la Clave Única en la identidad digital principal y unificando los servicios del Estado en un portal único en Gob.cl.
2. Crear un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología enfocado en inteligencia artificial (IA), digitalización e infraestructura 5G.
3. Modernizar la infraestructura digital del país mediante alianzas público-privadas para expandir la fibra óptica y 5G, buscando que todas las conexiones alcancen al menos 1 gigabit por segundo.
4. Implementar la Ley Fintech de manera eficiente para potenciar el ecosistema, equilibrando innovación y competencia en diálogo con la industria.
5. Fomentar el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) a través de un plan público-privado que incluya incentivos tributarios y subsidios para atraer talento.
6. Impulsar una digitalización nacional con foco en las Pymes y los adultos mayores, junto a una reconversión laboral masiva en habilidades digitales y financieras.
7. Usar la transformación digital en salud, implementando la telemedicina para agilizar consultas y una ficha médica online para que los pacientes accedan a su información y eviten trámites innecesarios.

1. Integrar y desarrollar la automatización, la robótica y la inteligencia artificial (IA): Para apoyar el proceso de industrialización del país, liberar a los trabajadores de procesos rutinarios, pesados y de alto riesgo, y hacer el proceso más eficiente y acorde a los tiempos actuales.
2. Retomar y actualizar el proyecto Synco (Cybersyn): Se propone retomar el proyecto de control centralizado de la economía de Salvador Allende, adaptándolo a las capacidades actuales de computación, informática, inteligencia artificial y big data para la planificación económica y la administración estatal.
3. Estudiar la introducción de una moneda digital: Se examinará la viabilidad y factibilidad de introducir una moneda digital para lograr un mayor control sobre los mercados negros y especulativos, y la posible implementación de una moneda con menos ceros en caso de inflación aguda.
4. Reunir a la intelectualidad nacional con conocimientos tecnológicos: Se considera imperativo congregar a profesionales con sólidos conocimientos en maquinarias, electrónica, informática, automatización, cibernética y planificación de grandes sistemas económicos para el proceso de industrialización.
5. Potenciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología: Se priorizará para un uso más eficiente y menos dañino de los recursos naturales y la fuerza de trabajo, buscando una mayor producción con menor impacto.
6. Apoyarse en países con alto conocimiento tecnológico: Para desarrollar la automatización, robótica e inteligencia artificial en Chile, será necesario buscar apoyo en naciones con un alto grado de acumulación de conocimiento en estas áreas.

1. Proponer un plan de construcción de nuevas carreteras, caminos y autopistas para aumentar la resiliencia de la red vial.
2. Mejorar la seguridad y tecnología en carreteras.
3. Recuperar la soberanía en todo el territorio nacional, incluyendo la frontera terrestre, los puertos y la dimensión aérea.
4. Recuperar la inversión pública e impulsar un ambicioso plan de infraestructura mediante concesiones.

1. Priorizar la inversión privada y el modelo de concesiones en infraestructura de transporte y logística, incluyendo la red ferroviaria de carga y las obras viales, para reducir el gasto fiscal, fomentar la eficiencia y permitir que el mercado lidere el desarrollo.
2. Modernizar y expandir el Metro de Santiago, impulsando proyectos como nuevas líneas y la conexión al aeropuerto con inversión privada y pagos anuales fijos, buscando que el sistema sea autosustentable y fomente el desarrollo urbano.
3. Fortalecer y replicar sistemas de transporte público integrado a nivel regional (inspirados en el modelo RED de Santiago), adaptándolos a las necesidades locales con esquemas de concesión y subsidios inteligentes que incentiven la participación privada en la gestión y cofinanciamiento de flotas y servicios.
4. Reemplazar el subsidio generalizado del transporte público por un sistema segmentado de tarjetas (Laboral, Estudiantil, Movilidad para Jubilados), focalizando los recursos en los grupos que más dependen del transporte público y reduciendo la evasión mediante una plataforma digital integrada.
5. Desregular el mercado logístico y de hubs, eliminando restricciones injustificadas al cambio de uso de suelo y garantizando igualdad de acceso a la infraestructura pública existente para fomentar la competencia y la innovación privada en la cadena logística.
6. Revisar los contratos de concesiones viales para flexibilizar, reducir tarifas y mejorar el estándar del servicio, incluyendo la eliminación de recargos por hora punta y la implementación de una tarifa plana para autopistas urbanas, siempre respetando la seguridad jurídica.
7. Fomentar la eficiencia energética en el transporte público, como la captura de energía del flujo de aire y el frenado regenerativo en el Metro de Santiago, para reducir los subsidios estatales y promover la innovación tecnológica.

1. Invertir en más trenes de pasajeros y de carga, aumentando su frecuencia y alcance, y concretando proyectos como el tren Santiago-Valparaíso y la extensión del tren Chillán-Concepción.
2. Modernizar carreteras intermedias y rutas estratégicas, incluyendo descongestionar la Ruta 68 (Santiago-Valparaíso) y la 78 (Santiago-San Antonio), y dotar de doble vía la carretera Arica-Pozo Almonte.
3. Apoyar la electromovilidad en las ciudades, ampliando la flota de buses eléctricos en el transporte metropolitano y regiones, e incentivando taxis y camiones eléctricos.
4. Crear más ciclovías para reducir la congestión y las emisiones.
5. Agilizar la implementación del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones para fiscalizar el exceso de velocidad y el paso con luz roja, con el objetivo de reducir drásticamente los accidentes de tránsito y fallecidos.
6. Promover un transporte sostenible para contribuir a la reducción de emisiones y mejorar la calidad de vida (menos congestión y smog).

1. Crear un Ministerio de Infraestructura y Planificación para coordinar y unificar la cartera de proyectos de carreteras, aeropuertos, puertos, trenes, infraestructura hídrica y digital.
2. Modificar la Ley de Tránsito (Ley N° 21.601) para permitir que vehículos recuperados con VIN o motor adulterado puedan ser ‘revividos’ mediante la asignación de un nuevo número de chasis tras peritaje, en colaboración con compañías de seguros para combatir el fraude automotriz.
3. Implementar un procedimiento especial de evaluación acelerada para proyectos de corredores bioceánicos, modificando el Reglamento del SEIA y el Decreto N° 83 del MOP, e incluyendo la agilización de permisos sectoriales como los de vialidad.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Transporte que se impulsará la Movilidad Sostenible mediante una Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado fijará estándares y subsidiará la operación, mientras que los privados invertirán en flotas e infraestructura bajo la modalidad de concesión.
2. Dentro del Plan Nacional de Inversiones Estratégicas 2026–2030, la infraestructura de transporte ferroviario y las ciclovías serán ejes prioritarios de inversión pública acumulada.
3. Se contempla el despliegue de trenes, buses eléctricos y ciclovías como parte del eje de Movilidad Sostenible para maximizar la creación de empleo.
4. En el diseño de ciudades sustentables de futuro, se fomentará el uso de transporte público eficiente, ciclovías y la peatonalización de áreas urbanas para reducir la dependencia del automóvil y las emisiones.
5. Se extenderán las ciclovías seguras de Santiago, Rancagua y La Serena.

1. Jeannette Jara propone sobre Transporte que se promoverá un sistema que garantice igualdad de condiciones para todas y todos, fortaleciendo y profundizando el avance hacia sistemas modernos, seguros y sustentables, con la misma calidad de viajes desde Arica hasta Magallanes.
2. Implementará un sistema de pago moderno e integrado en el transporte público regulado de todas las capitales regionales. Este sistema será con tarjeta y aplicación móvil, eliminará el uso de efectivo en los buses, aumentará la seguridad de conductores y pasajeros, y garantizará beneficios automáticos para estudiantes y adultos mayores.
3. Contará con una red robusta de trenes de cercanías y de mediana distancia, poniendo un foco especial en las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Esto incluye la continuidad del análisis y ejecución de extensiones para el servicio de EFE Valparaíso (desde Limache-La Calera hacia el interior) y una nueva línea del Biotren hacia Penco y Lirquén (además de una extensión al centro de Concepción).
4. Impulsará un Plan de Infraestructura para la Integración Austral (Chile por Chile), mejorando la conectividad de la Patagonia con una visión de largo plazo y asegurando recursos para obras habilitantes y servicios de infraestructura estratégica.
5. Abordará los problemas de congestión y contaminación en el Gran Concepción implementando una red de transporte público de alto estándar con buses eléctricos e integrado, similar a Red Movilidad de la Región Metropolitana, unificando el sistema de pago, información y horarios.
6. Solucionará la conectividad en la Cuesta Chinchorro (Arica), habilitando en el mediano plazo el camino alternativo y avanzando en el largo plazo en una solución permanente, como la concesión del tramo de la Ruta 5 Iquique-Arica.
7. Ampliará la cobertura de barcazas en zonas aisladas (especialmente en el sur austral) mediante licitaciones con contratos más largos para la renovación de la flota, la ampliación de servicios, y la implementación de una aplicación móvil para que los usuarios conozcan los horarios en tiempo real.

1. Modernizar la gestión del tránsito con sistemas inteligentes en todas las capitales regionales para reducir la congestión vehicular.
2. Impulsar un transporte público moderno y seguro, con flotas monitoreadas, botones de pánico, pagos digitales y la renovación de taxis y colectivos hacia vehículos eléctricos.
3. Electrificar el 100% del transporte público en un plazo de 5 a 10 años, dependiendo de la región, y promover vehículos eléctricos en flotas privadas.
4. Ampliar la red de transporte masivo con más líneas de Metro y trenes suburbanos en Santiago, e integrar el transporte rural con los nodos urbanos.
5. Mejorar la seguridad vial, implementando la fiscalización automatizada de infracciones (Ley CATI) y creando licencias y patentes digitales con validación biométrica.
6. Fortalecer la logística y competitividad del país, avanzando en trenes de carga modernos, estaciones multimodales y un Puerto de Gran Escala en San Antonio.
7. Transferir competencias de transporte a las regiones para que puedan decidir y ejecutar soluciones de movilidad más cercanas a las necesidades locales.

1. Las grandes líneas del transporte urbano de las principales ciudades pasarán a ser responsabilidad del Estado, bajo el Ministerio del Transporte.
2. El metro volverá a ser responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y se pondrá énfasis en la ampliación de su infraestructura en las grandes ciudades.
3. Se pondrá fin al sistema de concesiones de las carreteras y se exigirá a las empresas concesionarias que paguen al Estado el excedente de ganancias que superen los costos de inversión.
4. El precio del transporte será subsidiado por el Estado si es necesario, y se evaluarán y fijarán las tarifas.
5. Se realizará un estudio de factibilidad para la introducción de tranvías y teleféricos, empezando por la ciudad de Santiago.
6. Como medida inmediata, se iniciará el proceso de rebaja de las tarifas del transporte.
7. Se tratarán temas relacionados con el transporte terrestre y marítimo, incluyendo vías ferroviarias, carreteras, puertos, muelles y astilleros, como parte del proceso de industrialización del país.

1. Convertir el turismo en un eje central para el desarrollo del país, permitiendo la transformación digital de la industria, la promoción internacional de Chile como destino y el impulso de los proyectos de infraestructura necesarios.
2. Desarrollar polos regionales de inversión en turismo, junto con la minería y la energía.
3. Incentivar la inversión y desarrollo de destinos turísticos en áreas protegidas, aprovechando el patrimonio geográfico.

1. Incentivar a las PYMES turísticas con una tasa del 0% de impuesto a las utilidades reinvertidas, fomentando su crecimiento y contratación.
2. Optimizar los recursos en los pasos fronterizos al evaluarlos y clasificarlos según su propósito, incluyendo aquellos con fines turísticos.
3. Crear marcos legales y regulatorios especiales para atraer inversión extranjera, que también beneficie al sector turístico, y realizar campañas de publicidad para atraer turismo de manera conjunta con países vecinos.

1. Impulsar el turismo como motor económico clave para la generación de empleos y el desarrollo local y regional.
2. Lanzar un ambicioso programa de promoción turística internacional, destacando a Chile como destino seguro, diverso y sustentable en todas sus regiones.
3. Facilitar la inversión en infraestructura turística (aeropuertos, pasos fronterizos, rutas escénicas, centros de información, hoteles, etc.).
4. Crear incentivos tributarios para emprendimientos turísticos, especialmente en zonas extremas.
5. Fomentar la colaboración público-privada y alianzas con municipalidades y gremios para organizar festivales culturales, gastronómicos y deportivos que atraigan visitantes.
6. Recuperar y superar los niveles de turismo previos a la pandemia, impulsando también el turismo interno con campañas para que los chilenos conozcan su propio país.
7. Descentralizar grandes eventos deportivos (como un Mundial de Natación en Aguas Abiertas en Puerto Williams o la Vuelta Ciclística al Desierto de Atacama) para atraer visitantes y generar infraestructura de legado en las regiones.

1. Segmentación territorial estratégica que clasifique terrenos según su vocación productiva, incluyendo el turismo.
2. Realizar misiones comerciales y ferias sectoriales internacionales (como FITUR) para presentar terrenos y oportunidades de inversión.
3. Aprovechar la atracción de torneos internacionales de esports para generar “turismo tecnológico” y movimiento económico para hoteles, transporte y gastronomía.
4. Fomentar la colaboración entre ProChile, CORFO, el Ministerio de Economía y Turismo (entre otros) para potenciar la marca/imagen país a través de la industria de esports.
5. Facilitar permisos, espacios y coordinación público-privada para la producción de eventos, ligas, contenido audiovisual y encuentros profesionales (turismo MICE).

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre Turismo que se implementará una Estrategia Nacional de Economía Azul Regenerativa centrada en el ecoturismo marino, junto con la pesca artesanal, la biotecnología y la revalorización de oficios costeros.
2. Se contempla el financiamiento de infraestructura para el turismo de bajo impacto, como parte del presupuesto garantizado para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Autónomo y Profesionalizado.

1. Jeannette Jara propone sobre Turismo que es una industria de producción limpia y colaborativa, que genera el 3,3% del PIB y es intensiva en empleo, especialmente para mujeres y jóvenes, con potencial de gran expansión debido a la diversidad natural y cultural del país, con especificidades en cada región.
2. Profundizará el trabajo con otros países y gremios nacionales para el posicionamiento de la marca Visit South America, con el fin de atraer más visitantes de mercados de larga distancia a Chile.
3. Diseñará políticas específicas en cada territorio junto a autoridades regionales y locales, asegurando la participación de otros sectores habilitantes vinculados, como transporte y obras públicas.
4. Impulsará el sello “Conoce Chile” al alero de un buen gobierno nacional, con el objetivo de desarrollar el turismo de intereses especiales y hacer crecer a las regiones basándose en los atributos específicos de cada localidad.
5. Reconoce que la industria del turismo está compuesta en un 99% por empresas de menor tamaño y requiere de coordinación y apoyo de otros sectores para potenciarse.
6. Impulsará la expansión de la cobertura de barcazas en zonas aisladas (especialmente en el sur austral) mediante licitaciones con contratos más largos para la renovación de la flota, la ampliación de servicios y la implementación de una aplicación móvil para que los usuarios conozcan los horarios en tiempo real (relacionado con el transporte, que es habilitante para el turismo).
7. Aumentará la capacitación para 450.000 personas durante los cuatro años de gobierno en diversas áreas, incluyendo especializaciones sectoriales como el turismo (relacionado con el empleo en el sector).

1. Posicionar a Chile como líder en turismo, impulsando el sector para generar empleo y desarrollo local.
2. Actualizar la plataforma Invierte Turismo para visibilizar y facilitar proyectos de inversión en terrenos del Estado, como estaciones de trenes o campamentos mineros.
3. Mejorar la infraestructura habilitante, como aeropuertos, puertos y caminos, para potenciar el sector.
4. Fomentar la flexibilidad laboral en el sector turístico para que se adapte mejor a las temporadas altas y bajas, permitiendo, por ejemplo, compensar horas extras con días de feriado.
5. Impulsar el astroturismo como un motor de desarrollo regional, especialmente en el norte del país.
6. Fortalecer la conectividad y modernizar los pasos fronterizos para agilizar el turismo y el comercio con países vecinos.

El programa analizado de Eduardo Artés no contiene información sobre propuestas específicas en materia de Turismo.

1. Crear un Plan Nacional de Vivienda: Propone la construcción de 600.000 viviendas en un período de cuatro años.
2. Erradicar los campamentos: Busca terminar con los campamentos a través de programas de integración habitacional y regularizar asentamientos precarios sin “saltarse la fila”.
3. Fomentar el arriendo subsidiado: Plantea impulsar el arriendo privado con subsidios, especialmente para jóvenes y familias vulnerables.
4. Flexibilizar normas urbanísticas: Sugiere modificar las regulaciones para aumentar la oferta inmobiliaria en el mercado.
5. Impulsar la inversión privada en vivienda social: Propone ofrecer beneficios tributarios para incentivar la participación del sector privado en la construcción de viviendas sociales.
6. Apoyar el “sueño de la casa propia”: Quiere restaurar barrios, abrir espacios públicos y reactivar un ecosistema para que las familias, especialmente las más jóvenes, puedan acceder a una vivienda propia.
7. Promover la regeneración urbana: Propone planes para mejorar barrios que se encuentran deteriorados.

1. Liberalizar el mercado inmobiliario y reformar el suelo urbano: Eliminar restricciones, flexibilizar normativas urbanísticas y agilizar trámites para aumentar la oferta de viviendas y moderar los precios.
2. Implementar incentivos financieros de libre mercado: Reducir impuestos, como el IVA a la primera vivienda y las contribuciones, y promover el financiamiento privado para disminuir los costos de adquisición.
3. Desregular el crédito hipotecario: Facilitar el acceso al financiamiento, fomentar la competencia entre entidades financieras y reducir requisitos regulatorios excesivos para ampliar las opciones disponibles.
4. Abrir el suelo estatal subutilizado: Poner a disposición terrenos fiscales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios privados, generando nuevas oportunidades y dinamizando el mercado.
5. Fomentar un mayor rol del sector privado en vivienda social y arriendo: Impulsar la inversión privada en soluciones de vivienda asequible, modelos de leasing habitacional y programas de arriendo, suprimiendo regulaciones que los encarecen.
6. Erradicar las tomas ilegales y proteger la propiedad privada: Aplicar rigurosamente el derecho de propiedad, agilizar procesos de desalojo y fortalecer las fuerzas de seguridad para prevenir ocupaciones irregulares.
7. Agilizar trámites y permisos de construcción: Implementar ventanillas únicas digitales, estandarizar requisitos y establecer plazos máximos con la figura del silencio administrativo positivo para reducir demoras y costos.

1. Acelerar la construcción de viviendas dignas para familias vulnerables, jóvenes y sectores medios, fomentando modalidades público-privadas de financiamiento y construcción.
2. Actualizar y focalizar los subsidios habitacionales, y fortalecer las alianzas público-privadas para generar soluciones habitacionales efectivas.
3. Utilizar terrenos fiscales para proyectos de arriendo bajo la modalidad de financiamiento compartido a través del Subsidio de Arriendo (DS52), buscando extender el rango de beneficiarios.
4. Fortalecer programas específicos de vivienda, como los Condominios de Viviendas Tuteladas para adultos mayores autovalentes y el programa “Pequeño Condominio” para mejorar las condiciones de hacinamiento y viviendas deterioradas.
5. Poner fin a los campamentos, anticipando con inteligencia policial el surgimiento de nuevos y erradicando los existentes mediante programas de construcción masiva de viviendas sociales, con una planificación territorial rigurosa.
6. Redirigir fondos de inversionistas institucionales (como AFP y aseguradoras) hacia el financiamiento hipotecario de viviendas sociales o de bajo costo, con incentivos regulatorios y garantías estatales.
7. Impulsar una planificación urbana sostenible que articule la construcción de viviendas con el cuidado del entorno, incluyendo infraestructura verde y conectividad, y limitando la urbanización en áreas de riesgo.

1. Ejecutar un Plan Nacional de Vivienda y Urbanismo con fiscalización digital y control en tiempo real de subsidios, obras y contratos.
2. Priorizar la ‘vivienda productiva’ en barrios bien ubicados para acercar empleo y servicios, con criterios de densificación equilibrada y mezcla social.
3. Facilitar el acceso a subsidios habitacionales mediante procesos simplificados y transparentes.
4. Fomentar la construcción de viviendas sustentables que cumplan con estándares de eficiencia energética.
5. Promover la participación de la comunidad en la planificación y desarrollo de proyectos habitacionales.

1. Marco Enríquez-Ominami propone sobre vivienda que se compromete a la construcción de 750.000 viviendas sociales y de integración social al 2030, priorizando las regiones con mayor déficit, como la Región Metropolitana.
2. Se implementará una estrategia de diversificación de soluciones habitacionales, adaptadas a las necesidades de diferentes tipos de hogares, como unipersonales, monoparentales y de adultos mayores.
3. Se fomentará la autoconstrucción asistida, proporcionando apoyo técnico y financiero a las familias que opten por esta modalidad, buscando promover la participación comunitaria.
4. Se implementarán programas para la rehabilitación de viviendas y barrios, enfocados en el mejoramiento de viviendas existentes y la regeneración de zonas deterioradas, especialmente aquellas con alta vulnerabilidad social.
5. Las propuestas de vivienda se financiarán parcialmente a través del Plan Nacional de Inversiones Estratégicas, que destinará recursos a la infraestructura, incluyendo la vivienda pública y los barrios sostenibles.

1. Jeannette Jara propone sobre vivienda que dará un nuevo impulso al Plan de Emergencia Habitacional para construir un ecosistema de producción de vivienda diversificado. Su objetivo es lograr 260 mil nuevas construcciones y 140 mil mejoramientos de vivienda.
2. Implementará el programa “Hipotecazo para jóvenes entre 25 y 40 años”, facilitando el acceso al crédito hipotecario para la adquisición de viviendas de hasta 3.000 UF, con una tasa de interés fija que no supere el 3,5% anual en UF y un plazo de 30 años.
3. Acelerará la Construcción de Viviendas mediante métodos industrializados, optimizando al 100% la operación de las plantas industrializadoras disponibles en una primera etapa, y luego promoviendo un acuerdo estratégico con el sector privado para expandir la infraestructura de plantas y ampliar la producción anual.
4. Fortalecerá los SERVIUs regionales, creando un Departamento de Gestión Inmobiliaria para reforzar sus capacidades y permitirles diseñar y construir proyectos habitacionales donde el sector privado no muestre suficiente interés, dando cabida a proyectos municipales, cooperativas y pequeñas iniciativas privadas.
5. Creará un Banco de Suelos a través del Ministerio de Bienes Nacionales, junto con empresas e instituciones públicas como las FFAA y Carabineros, para poner a disposición terrenos urbanos y rurales sin uso, destinados a programas de regeneración urbana y proyectos habitacionales, sociales, educativos, de salud y recreativos.
6. Establecerá una Estrategia Nacional para Campamentos que implementará una gobernanza multinivel (liderada por SUBDERE, Interior y Gobiernos Regionales) para aumentar la oferta habitacional y generar suelo bien localizado. Esta estrategia determinará dónde es factible la radicación mediante regularización y regeneración, y dónde corresponde la erradicación, ofreciendo soluciones habitacionales a las familias.
7. Impulsará el Plan “Nuestros Barrios” para iniciar 50 planes maestros y obras de recuperación barrial en los primeros dos años, incluyendo una cartera de obras a 4 y 10 años que transformarán física, económica y socialmente los barrios violentados, recuperando y remodelando al menos 1.000 espacios barriales deteriorados y comunitarios.

1. Construir 400.000 viviendas nuevas y mejorar otras 400.000, ampliando el alcance de la política habitacional a los sectores medios.
2. Crear créditos con “Pie Cero” para que familias jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.
3. Implementar una garantía estatal tipo Fogape para que beneficiarios de subsidios y jóvenes accedan a créditos hipotecarios.
4. Eliminar trabas normativas y burocracia (“permisología”) que encarecen y retrasan la construcción de viviendas, como la “Ley del Ducto”.
5. Priorizar terrenos públicos en desuso para el desarrollo de proyectos habitacionales, impulsando la construcción en zonas bien ubicadas y con acceso a transporte público.
6. Impulsar 20 grandes obras urbanas y un plan de recuperación de zonas centrales, patrimoniales e históricas para mejorar el espacio público y reactivar el comercio.
7. Prevenir nuevos campamentos mediante la gestión de suelo y alertas tempranas, y trabajar con los existentes para mejorar sus condiciones y planificar soluciones definitivas.

1. Garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad como derechos constitucionales, con el Estado planificando y ejecutando la construcción urbana para el desarrollo integral de los habitantes.
2. Nacionalizar las inmobiliarias, empresas constructoras y productoras de materiales de construcción monopólicas, para que pasen a manos del Estado y conformen la industria estatal de la construcción, pilar del sistema nacional de planificación urbano-industrial y de viviendas.
3. Implementar un Plan Nacional de Urbanismo como parte del Primer Sistema Nacional de Planificación Quinquenal, centrado en la reorganización paulatina de la ciudad y la promoción de la construcción de viviendas colectivas y verticales para densificar las zonas urbanas.
4. Asignar fondos suficientes para un plan de edificación de viviendas y, en situaciones de emergencia, asignar terrenos a las familias necesitadas, facilitándoles ayuda técnica y material para edificar sus viviendas sobre la base del trabajo colectivo.
5. Condonar inmediatamente la deuda habitacional que exceda el valor original de la vivienda y exigir a los bancos acreedores la devolución de los excedentes pagados por los deudores, calculados sobre un beneficio razonable para el banco.
6. Crear, fomentar y apoyar decididamente a las cooperativas de trabajadores y/o pobladores, brindándoles asesoramiento, capacitación, apoyo económico y material, y proporcionándoles suelo urbano a bajo costo para que puedan construir sus propias viviendas.
7. Sustituir el modo mercantilista y anárquico de planificación urbana por una planificación integral que ponga la eficiencia en la zonificación y distribución del espacio, la vivienda, el trabajo, el estudio y el ocio al servicio de la mayoría de la población.