Las cinco claves del proyecto que busca endurecer la Ley de Migraciones

Un millón seiscientos mil migrantes vive en Chile, según datos de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones. Para el gobierno es un tema central y por eso el proyecto de ley sobre la materia tiene el carácter de urgente en el Congreso.

El martes, la Cámara de Diputados cumplió el primer trámite legislativo y que ahora la Ley de Migraciones deberá pasar por el Senado. 

Los cambios a la actual Ley 21.325 buscan ser más firmes con la llegada y posterior residencia de los extranjeros en el país; sin embargo, al mismo tiempo confirma también los derechos, en varias materias, de quienes arriben al territorio. De ese modo, salvo algunas indicaciones, el proyecto fue aceptado por unanimidad. 

Jaime Araya (IND-PPD), diputado por Antofagasta, valoró, por ejemplo, la inclusión del traslado de migrantes en situación irregular como delito, ya que “termina con el negocio de aquellos que lucran”. A su vez, el diputado por Atacama, Renzo Trisotti (Republicanos), celebró que, gracias al proyecto, “se termina ese romanticismo y voluntarismo de algunos sectores de izquierda que establecía, sin limitaciones, el derecho a migrar o que ‘nadie es ilegal’”. 

1. Nueva prohibiciones de ingreso y expulsión

Por un lado, se endurecen y agregan prohibiciones para quienes buscan entrar a Chile. Ese es el caso de la causal de condena por violencia intrafamiliar; mientras que, tampoco podrán ingresar quienes cuenten en su historial con una condena en el extranjero en los últimos diez años, por actos que acá se califiquen como crímenes. Eso, o por actos de los últimos cinco años que la ley chilena califique como delito. 

Por otro lado, se amplían también las causales de expulsión del país, tanto para extranjeros con permanencia transitoria como residencia definitiva. Además, se incorporan nuevas causales de rechazo de permiso de residencia y de revocación del mismo.

Podrán ser expulsadas las personas involucradas en delitos como violencia intrafamiliar, explotación sexual, sicariato, uso y porte ilegal de armas, entre otros. El objetivo principal de esta normativa es impedir que extranjeros con antecedentes penales permanezcan en el país. El Servicio Nacional de Migraciones tendrá la facultad de revocar los permisos migratorios de quienes tengan condenas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, u otras actividades que afecten la convivencia.

2. Castigo al transporte y fomento irregular de migrantes

En cuanto a las penas en contra de quienes fomenten o sean cómplices de la entrada ilegal al país de personas con medidas de prohibición, se busca que estas aumenten en el Código Penal, apuntando así también a quienes se dediquen al tráfico de migrantes y trata de personas.

3. Derecho a la educación y salud

No obstante, el proyecto de modificación a la Ley 21.325 también cuenta con espacio para asegurar el derecho de los extranjeros, sobre todo en el caso de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Si se habla de educación, esta no podrá ser denegada por su condición migratoria, aunque sí se aprobó una indicación que deja la puerta abierta para priorizar a los nacionales. Este punto en especial no fue 100% acogido por el Gobierno. Así que, según la ministra del Interior, Carolina Tohá, se buscará una solución.

4. Vivienda

Respecto a la vivienda también se regulará su acceso. Un inmigrante irregular no podrá subarrendar ni celebrar contratos de bienes raíces. Quienes incumplan la norma, ya sea arrendador o arrendatario, recibirán multas.

5. Situación laboral

La norma, además, obliga a regular los derechos laborales de las personas migrantes en general. No obstante, la ministra Tohá también alertó sobre el peligro de establecer sanciones penales a los empleadores que incumplan lo establecido. Esto, porque la medida agrava la situación al ser un mal incentivo a la informalidad del trabajo de personas migrantes.

6. Nacionalización

Uno de los puntos importantes es el incremento de cinco a 10 años el período de residencia mínimo para acceder a la nacionalización chilena.

También deberán rendir una prueba de conocimientos. El proyecto propone una serie de causales, como la participación en delitos graves, para revocar o rechazar la solicitud de nacionalización. También se elimina la llamada “nacionalización calificada”, que permite a ciertas personas, según sus vínculos familiares, solicitar la carta de nacionalización sólo con dos años de residencia. Quedaron excluidos de este cambio los deportistas.