Los aumentos y recortes de la Ley de Presupuesto 2025

Por 37 votos a favor y 1 en contra, y dos días antes del plazo, finalmente la Sala del Senado despachó como ley el Presupuesto 2025, el cuál será el último desarrollado y establecido en su totalidad por el Gobierno de Gabriel Boric, así que ya están puestas las proyecciones para el año final de […]
Por 37 votos a favor y 1 en contra, y dos días antes del plazo, finalmente la Sala del Senado despachó como ley el Presupuesto 2025, el cuál será el último desarrollado y establecido en su totalidad por el Gobierno de Gabriel Boric, así que ya están puestas las proyecciones para el año final de su mandato.
La sesión de la Comisión Mixta terminó proyectando un aumento del 2% en el gasto público, a diferencia del 2,7% que se había estimado en un inicio; esto, debido a que hubo un recorte de US$600.000.000 y no de US$500.000.000.
Principales áreas favorecidas y recortes
En cuanto a las prioridades, se planteó la reposición de algunos presupuestos. Ese es el caso de los recursos para el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), que vuelve a los $94.195 millones dispuestos inicialmente. Todo esto, también, en el marco del Plan de Acción 2024-2030 lanzado por el Gobierno en mayo pasado.
De manera similar, se inyectaron recursos al Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) para lanzar un programa que apoye empresas afectadas por el estallido social. En el primer semestre de 2025 se recepcionará a postulantes a través de una convocatoria abierta.
En la otra vereda, el principal recorte aprobado afecta a la Secretaría de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno, pasando a $400 millones, de los $500 millones que se solicitaba en el gasto inicial.
Otro tema que se trató fue la aprobada “Comisión Asesora para el fortalecimiento del Instituto de Derechos Humanos en Chile”, que busca regularizar y transparentar la Gobernanza con un informe a entregarse en algún punto del primer semestre de 2025.
Las dudas del Gobierno
Pese a que hubo un relativo acuerdo en cuanto a las materias, en la jornada de discusión -que duró alrededor de cuatro horas- algunas no fueron observadas con total convencimiento por parte del Ejecutivo. Eso ocurrió con el controversial test de drogas para el Presidente y sus secretarios, propuesto por parlamentarios. Uno de los más recientemente que expresó su negativa fue el ministro de la Vivienda, Carlos Montes.
“Yo era parlamentario cuando esto se aplicó en la Cámara de Diputados y encontré que esto no correspondía ponerlo de esta manera”, recordó el ministro. “No me gusta cómo está planteado”, señaló el exsenador.
Así, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que finalmente lo llevarán al Tribunal Constitucional, mismo destino que corrió la baja en el pago de contribución a los adultos mayores que cuentan con la Pensión Garantizada Universal (PGU), además de los límites a la gratuidad manifestados por la oposición, que busca castigar a quienes tengan sanciones por hechos violentos.