Qué dice la Constitución sobre los parlamentarios que celebren contratos con el Estado
¿Qué pasó? Según el artículo 60 de la Constitución, aquellos parlamentarios que celebren contratos con el Estado, cesarán de sus actividades.
El pasado 3 de enero, el Gobierno desistió de la compra de la casa de Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, luego de las críticas de la oposición. ¿El motivo? La revelación de que la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, figuran como copropietarias del inmueble.
Por ende, eventualmente iban a recibir parte del dinero destinado para la inversión patrimonial de acuerdo con la Ley de Presupuestos 2024.
Si bien en un punto de prensa la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, explicó que “no hubo una ilegalidad”, la oposición, principalmente la bancada del Partido Republicano acusa un conflicto de interés y acudirán al Tribunal Constitucional para destituir de sus cargos públicos a ambas herederas.
Pero, ¿Qué dice la Constitución sobre esto?
El artículo de la Constitución sobre el tema
En el artículo 60 de la Constitución se detalla que, respecto de los diputados y senadores, desde la perspectiva del ejercicio de este cargo:
“Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”.
Además se lee que:
“La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte”.
Pese a que la compra de la casa de Allende no se concretó, la legisladora socialista aún está en el foco político debido a una nota en que La Tercera reveló los detalles del contrato de la compraventa.
En este, figura el abogado Felipe Vio Lyon, quien firmó ante la 50ª Notaría Claudia Gómez Lucares el escrito en representación de la secretaria de Estado y la senadora Allende.
Motivos por los que el Partido Republicano llevará esta situación ante el Tribunal Constitucional.