Contraloría fiscalizará el correcto uso de licencias médicas en servicios públicos
El costo de las licencias médicas y los subsidios de incapacidad laboral superó el 1,2% del PIB en 2022. En este contexto, donde se solicitan más de 8 millones de licencias al año, se presentan prácticas que permiten sacar fraudulentamente este “permiso” laboral.
La Contraloría General de la República anunció este jueves que comenzará un proceso de fiscalización sobre el debido uso de las licencias médicas por parte de los funcionarios de servicios públicos.
En este contexto, el ente solicitó a los servicios públicos que entreguen información sobre el uso de estos “permisos” laborales entre los años 2022 y 2024.
Además, desde el organismo mencionaron que se enfocarán principalmente en fiscalizar las licencias que se otorgan en el período de vacaciones.
“El objetivo es verificar la utilización correcta de las bajas por enfermedad de los servidores del Estado, evitando que estas sean utilizadas para otros fines”, anunció la Contraloría.
Asimismo, la Contraloría también ofició a la Policía de Investigaciones para solicitar información sobre el ingreso y egreso del país de determinados funcionarios (entre 2022 y 2024). Los datos tendrán que entregarse a finales de febrero.
El costo de las licencias médicas en Chile
El Informe de IPSUSS y Horizontal Licencias Médicas: análisis crítico y propuestas de reforma menciona que la Superintendencia de Pensiones informó que “en 2022 se destinó 1,2% del PIB a pago del SIL (subsidio incapacidad laboral y licencias), mientras que en 2014 se destinó 0,6%, duplicándose en menos de 10 años“.
Además, el documento menciona que “descontando el gasto en subsidio asociado a licencias médicas por COVID, en 2022 el 66% de la cotización para salud se destinó a financiar el subsidio en Fonasa y en Isapre el gasto alcanzó el 39% de dicha cotización“.
Según la Superintendencia de Seguridad Social ese año (2022) se tramitaron 9.571.195 licencias entre Fonasa e Isapre. Cifra que se redujo en 2023 hasta alcanzar los 8.401.133, con un 81% de prevalencia de usuarios de Fonasa.
El mismo informe de Suseso señala que en el año 2022 se gastaron $3.194.635.000.000 en licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral (cifra que no considera a los usuarios Fonasa dependientes de instituciones públicas, salvo municipalidades, universidades y CFT).
Además, el documento menciona que para el 2023 el gasto se redujo hasta los $2.859.471.000.000, con los usuarios de Fonasa representando un 70% del costo.
Para ponernos en contexto, ambos montos son superiores a los fondos que se asignaron por Ley de Presupuestos a los ministerios de Defensa, Economía, Transporte, Desarrollo Social, Justicia, entre otros, en sus años respectivos (2022 y 2023).
La predominancia del sector público
El informe 46º del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP menciona que en el año 2022 se pagaron en promedio 33,1 días de licencia por cada trabajador del sector público.
Esto representa casi el triple del promedio de trabajadores independientes (11,2 días en promedio) y de los trabajadores dependientes del sector privado (12,1 días en promedio).
“Esto no se debe a una mayor duración promedio de las licencias pagadas a trabajadores dependientes del sector público, sino que se explica fundamentalmente por la mayor frecuencia promedio de toma de licencias entre los trabajadores dependientes del sector público en comparación a los trabajadores dependientes del sector privado y a los independientes”, afirma el documento.
¿Quiénes pagan las licencias médicas?
En el caso de los usuarios de Fonasa, la entidad que paga las licencias médicas y los subsidios de incapacidad laboral son las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) o las Unidades de Licencias Médicas, según corresponda. Los fondos de este grupo, por tanto, se centralizan en la Subsecretaría de Salud Pública.
La única excepción en este caso son los clientes que se encuentren con afiliación en una caja de compensación. En este caso, son estas entidades las que cubren los montos.
Por su parte, en el caso de los usuarios de Isapre es la misma institución previsional la que paga las licencias y subsidios.
Los trastornos mentales: la principal causa para pedir licencias médicas
Los informes anuales de Suseso mencionan que tanto en 2022 y 2023 (2024 aún no está disponible) la principal causa de solicitud de licencias médicas fueron los “trastornos mentales”.
Mientras en 2022 esta causa representó el 30% de los casos (superando al Covid con 17%), en 2023 representó un 33% (superando las enfermedades osteomusculares con un 18%).
Por su parte, el informe del OCEC UDP señala que esta causa se usó principalmente en el grupo de trabajadores independientes (53% de las causas totales), después en los dependientes privados (32,8%) y finalmente en los empleados públicos (17,6%).
Las licencias falsas
El documento del OCEC UDP también alerta sobre el aumento en la emisión de licencias médicas falsas.
“Una sencilla búsqueda de palabras como “licencias médicas” o “licencias electrónicas” en redes sociales permite comprobar que existen cuentas activas ofreciendo licencias médicas fraudulentas”, afirman desde el OCEC UDP.
En este sentido, el informe menciona que “estas prácticas indebidas provocan un desvío de recursos que podrían ser usados para resolver urgencias sociales reales en materia de salud pero que, en vez de eso, se están usando para financiar licencias fraudulentas“.
Por esta misma problemática actualmente hay un proyecto de ley que busca fortalecer las capacidades de fiscalización y sancionar este tipo de prácticas. Actualmente se encuentra en la Comisión Mixta en la espera de su aprobación final.