La narrativa de fraude: rentable para políticos, letal para la democracia

El presidente Petro decidió insistir en su narrativa de fraude electoral y tender un manto de duda sobre los resultados de la primera vuelta. Aunque ya había recurrido a ese tipo de señalamientos en el pasado, como candidato, nunca lo había hecho desde la jefatura del Estado.

Abelardo de la Espriella lo acusó de querer quedarse en el poder desconociendo la voluntad del pueblo colombiano, reavivando el fantasma de que Petro no entregará la Presidencia el 7 de agosto. 

Pero la narrativa no viene solo de Petro. Desde el año pasado, sectores de la derecha también han dicho, sin pruebas, que el presidente podría robarse las elecciones. Aliados de De la Espriella, como Lina Garrido o el influencer Vincent Ramos, han sembrado dudas sobre la integridad del sistema electoral.  Y en redes han aparecido cuentas que pagan millones de visualizaciones para difundir la mentira de que Petro llegó en 2022 gracias a un fraude.

Después de votar el 31 de mayo por Iván Cepeda, Petro recordó que la oposición llevaba años diciendo que él quería perpetuarse en el poder y que no volvería a haber elecciones en Colombia. “Y están sucediendo”, dijo. Pero esa respuesta no borra el problema de fondo: cuando un presidente habla de fraude sin pruebas, no solo defiende una causa electoral; también erosiona la confianza en las reglas que sostienen la democracia.

La Silla conversó con más de diez expertos y periodistas para entender cuáles son los riesgos reales de que líderes tan populares como Petro, De la Espriella, Donald Trump o Jair Bolsonaro conviertan la sospecha de fraude en herramienta política.

En Estados Unidos y Brasil, Trump y Bolsonaro construyeron relatos infundados de fraude que terminaron, respectivamente, en el asalto al Capitolio en 2021 y en la toma de las sedes de los tres poderes en Brasilia en 2023.

A pesar de los intentos violentos, ninguno logró perpetuarse en el poder. En cualquier caso se fueron. Pero en ambos países millones de personas siguen creyendo que las elecciones fueron robadas, aunque no haya pruebas de ello.

Ese modelo, importado de la última década, puede hacer que una teoría de conspiración pase a convertirse en un carnet de movilización política. 

Estas son cuatro claves para entender cómo ocurre.

Siembran duda sin necesidad de probar nada

Las buenas mentiras no son obvias. Son eficaces precisamente porque no necesitan probarse, les basta con sembrar duda.

En las narrativas de fraude hay dos elementos que juegan a favor de quienes las promueven. El primero es la complejidad de los sistemas electorales, que para muchos ciudadanos son difíciles de entender. El segundo son las redes sociales, que premian el contenido alarmante. La combinación es poderosa porque cualquier confusión puede convertirse en sospecha y cualquier sospecha puede presentarse como prueba.

Así, los votantes dejan de diferenciar entre una irregularidad y un fraude. Una fila, un tachón, un retraso, un formulario mal diligenciado o un error corregible pueden sobredimensionarse hasta parecer evidencia de una conspiración para alterar la voluntad popular. Y como ninguna elección es perfecta, siempre hay materia prima para alimentar la desconfianza.

“El fraude es escasísimo, rarísimo y muy fácil de detectar. Para organizar un fraude hay que cerrar las ventanas, cerrar las puertas, correr las cortinas y arrojar la llave por la ventana. Es decir, el antídoto del fraude es siempre la transparencia”, explica José Antonio de Gabriel Pérez, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

El primer paso, entonces, es abusar de la palabra fraude. Repetirla tantas veces que empiece a sonar posible. Es una cuestión básica de psicología humana: mientras más escuchamos algo, más probable es que terminemos creyendo que puede ser cierto.

No hace falta demostrar que el fraude ocurrió. Basta con lograr que una parte de la población crea que pudo haber ocurrido. Esa duda abre una grieta, y esa grieta es el espacio perfecto para cualquier líder antisistema.

Catalina Botero, abogada y exrelatora para la libertad de expresión de la Cidh, lo describe como un contagio. Si pierde credibilidad la elección, también la pierde la autoridad electoral. Luego vienen los jueces, los periodistas y los observadores que no encuentran pruebas y que, por no validarlas, son tratados como cómplices. Al final, el gobierno electo pierde gobernabilidad y los líderes antidemocráticos encuentran terreno fértil para crecer.

Roberta Braga, directora ejecutiva del Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA), coincide. “Bolsonaro había difundido narrativas de fraude antes, pero cuando sus acusaciones comenzaron a apuntar no a resultados, sino directamente a buena parte del aparato estatal como entidades inherentemente fraudulentas o sospechosas, las acusaciones de fraude dejaron de ser mera retórica y se convirtieron en una amenaza concreta para la democracia”, dice.

Eso no quiere decir que no existan irregularidades legítimas que deban denunciarse y corregirse. La diferencia es que quienes usan el fraude como herramienta política no buscan mejorar el sistema. Cada vez que una alerta se aclara, aparece otra. El objetivo no es corregir fallas puntuales, sino debilitar la confianza en el mismo sistema electoral que dicen proteger.

Como explica Luciana Correa, de Agencia Lupa, organización especializada en la verificación de datos, en Brasil esos sectores promovieron, además, la idea de que desconfiar del sistema electoral era un derecho y no un ataque a la democracia. Y cuando se les criticaba por atacar las instituciones, denunciaban persecución política.

La legitimidad de los líderes políticos les da difusión y alcance a sus mentiras. Daniel Bramatti, editor de Estadão Verifica, explica que aunque el discurso de Bolsonaro ya era leído como parte de una posición antidemocrática, solo mucho después se probó que también hacía parte de una estrategia golpista.

Esa demora tuvo un costo: durante mucho tiempo se trató como una opinión política más lo que en realidad era una estrategia para deslegitimar el sistema. En lugar de desmentirla con claridad, muchas veces se le dio un crédito que no merecía.

La mayoría de las fuentes consultadas coincidieron en un punto: construir confianza institucional es muy difícil; destruirla es muy fácil. Cristina Tardáguila, fundadora de Lupa, lo resumió así: “Todo lo que se rompió se arregló a un costo altísimo, pero no hay dinero ni sentencia judicial que devuelva la confianza”.

Esa pérdida de fe todavía se siente. Este año, Brasil tendrá sus primeras elecciones después del intento de golpe del 8 de enero, y los periodistas que cubren desinformación creen que cualquier falla menor será usada para denunciar un nuevo fraude. Algo similar ocurre en Estados Unidos. Carlos Chirinos, exeditor de BBC y de El Detector en Univisión, le dijo a La Silla que si Trump pierde terreno en el Congreso en las elecciones de medio término, como indican las encuestas, la pregunta ya está instalada: ¿reconocerá los resultados o volverá a denunciar fraude? “A lo mejor no pasa nada, pero la pregunta ronda la cabeza”, concluye.

Son un mecanismo efectivo ante la derrota 

Promover sin pruebas la idea de un fraude permite no aceptar nunca que se perdió una elección. En lugar de reconocer errores de campaña, desgaste político o rechazo ciudadano, la derrota se convierte en una prueba más de que el sistema estaba manipulado.

Trump fue el primero en mostrar, en una democracia grande y consolidada, que ya no era necesario admitir la derrota. No hacerlo lo mantuvo en campaña permanente: movilizó a sus seguidores en el momento de mayor debilidad, conservó vivo el impulso de su movimiento y convirtió la denuncia de fraude en una herramienta de organización política.

“Por eso es una narrativa extremadamente poderosa, tanto como mecanismo de movilización como de organización política. Y con el tiempo también puede convertirse en una herramienta para garantizar y exigir lealtad dentro del movimiento”, explica Craig Silverman, cofundador de Indicator.

Las elecciones de 2016 y 2020 en Estados Unidos fueron un catalizador. Para muchos, la democracia más sólida del planeta mostró que, sin importar la evidencia disponible, era posible poner en tela de juicio la legitimidad de un proceso electoral.

La narrativa funciona en dos direcciones. Por un lado, moviliza a los simpatizantes bajo la idea de que deben “defender” el movimiento de un supuesto fraude. Por el otro, deja lista una explicación para la derrota o incluso el terreno para intentar desconocer el resultado, como ocurrió en Brasil.

“Son maniobras preventivas que se usan para movilizar al electorado propio o explicar un fracaso político”, resume Chirinos.

Así cambia la manera en que candidatos y militantes procesan los resultados. La derrota deja de ser una consecuencia política y pasa a ser el resultado de una manipulación externa. “Nunca más habrá ninguna reflexión sobre por qué se perdió. Solo acusaciones”, dice Tardáguila.

La paradoja es que muchos de quienes denuncian fraudes terminan ganando después con el mismo sistema que habían cuestionado. Trump regresó a la Casa Blanca bajo las reglas electorales que denunció en 2020. Petro llegó en 2022 a la Presidencia —y antes al Congreso y a la Alcaldía de Bogotá— con el sistema que hoy pone en duda.

Las elecciones pasan a ser algo partidista y no técnico

Esta táctica transnacional desmonta un acuerdo básico de las democracias: que el sistema electoral no pertenece a ningún partido y que es capaz de producir ganadores legítimos por la voluntad popular. La organización electoral deja de ser vista como un órgano independiente a cargo de un proceso predominante técnico y logístico y comienza a ser vista como un actor político más. 

“Hoy, una proporción mayor de ciudadanos evalúa la legitimidad electoral a través de un lente partidista: los resultados tienden a ser considerados confiables cuando gana su propio sector político. La salud a largo plazo de las democracias del continente depende de una aceptación amplia de que las derrotas futuras también pueden ser legítimas”, menciona Braga.

En Brasil, el sistema de votación electrónica fue durante mucho tiempo uno de los sistemas menos controvertidos. Los brasileños podían criticar presidentes, congresistas, jueces, pero respetaban el sistema de votación. Bolsonaro logró politizar la infraestructura electoral y también el tribunal encargado de administrarla. Decisiones que durante décadas fueron respetadas como técnicas, hoy se leen bajo un lente partidista. 

“Hoy los que creían que hubo fraude electoral lo siguen creyendo pero ahora también que el sistema judicial está comprado por la izquierda”, cuenta Tardáguila. 

Y aunque quienes acusan el sistema de fraudulento puedan ganar en el futuro con él, la narrativa no necesariamente se desmonta. En Estados Unidos, aunque Trump volvió a ser nuevamente presidente, una tercera parte de la gente sigue creyendo que hubo fraude en  2020. El 80% de los republicanos creen que hay algún tipo de manipulación en el sistema electoral, pese a que ese mismo sistema les permitió volver a dominar el Congreso y la Casa Blanca.

Carlos Chirinos dice que los políticos con los que ha hablado –interesadamente o porque realmente lo creen–, explican el triunfo de 2025 diciendo que era “imposible” hacer fraude debido a lo masivo que fue su apoyo. Incluso creen que ganaron con mayor margen del reconocido oficialmente.

Aceptar la narrativa es una prueba de la lealtad política

Las narrativas de fraude electoral tienen una característica que las hace especialmente resistentes a los hechos: con el tiempo dejan de funcionar como una explicación sobre lo ocurrido y empiezan a funcionar como una señal de pertenencia.

Ya no se trata únicamente de creer que hubo fraude. Se trata de demostrar de qué lado se está.

Craig Silverman, uno de los periodistas que más ha estudiado la desinformación electoral en Estados Unidos, identifica ese fenómeno como una de las señales más claras de que una acusación de fraude dejó de ser una reacción coyuntural para convertirse en parte de la cultura política. “Se convierte en una prueba de fidelidad”, explica.

En Estados Unidos, sostiene, creer que las elecciones de 2020 fueron robadas terminó convirtiéndose en una condición implícita para formar parte del movimiento de Donald Trump. No es solamente una opinión sobre un hecho electoral. Es una prueba de lealtad.

“Si estás conmigo y si estás con nosotros, debes aceptar esto como una realidad”, resume Silverman.

Según Roberta Braga, directora del DDIA, cuando una creencia se integra a la identidad política de una comunidad deja de procesarse como una discusión sobre evidencia. Los tribunales pueden pronunciarse, las auditorías pueden completarse y las investigaciones pueden concluir sin encontrar pruebas, pero eso no necesariamente modifica las convicciones de quienes ya incorporaron esa narrativa a su visión del mundo.  “La cuestión tiene más que ver con quiénes son considerados confiables que con los hechos en sí mismos”, explica. 

Por eso Silverman distingue entre quienes tienen dudas legítimas y quienes ya asumieron la narrativa como parte de su identidad política. Las verificaciones, las auditorías y las explicaciones institucionales siguen siendo efectivas para las personas que buscan respuestas o intentan entender mejor cómo funciona el sistema electoral. Pero tienen mucha menos capacidad de persuadir a quienes ya incorporaron la narrativa de fraude como una de las razones para respaldar a un líder político.

“El fact-checking es para quienes tienen dudas. No para los creyentes”, resume.
Por eso, para los expertos consultados, el riesgo más profundo es que la desconfianza que está sembrando Petro en el sistema electoral, o que puede sembrar cualquier otro líder con este nivel de tracción, se convierta en parte de la identidad política del grupo que lo sigue y que la evidencia deje de ser suficiente para desmontarla. Recuperar la confianza perdida puede tomar años o incluso décadas.

Este artículo es original de La Silla Vacía, medio colombiano que forma parte de la red Latam Chequea, al igual que Mala Espina.

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