Las elecciones del miedo: Perú en la hora más decisiva desde el retorno a la democracia

por | Jun 6, 2021 | EXPLICATIVO

Este es un artículo original de Ojo Público, medio peruano integrante, al igual que Mala Espina Check, de la alianza LatamChequea.

Por Óscar Castilla, David Hidalgo y Nelly Luna

La dictadura de Alberto Fujimori fue la versión peruana que más cerca estuvo de imitar a los peores totalitarismos del siglo XX: un Estado criminal con un Parlamento bajo su control, una maquinaria de propaganda mediática y un aparato de espionaje infiltrado en todos los ámbitos de la vida política, social y económica del país. Su legado, defendido a lo largo de esta campaña por su hija Keiko Fujimori, es un peligro actual por varios motivos, pero sobre todo por su añeja y vigente tradición de ataque, demolición y vendetta contra las instituciones del Estado de Derecho, una conducta originada en los años ‘90, pero que sobrevive hasta nuestros días. Igualmente, por las violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales se mantienen impunes; por los actos de corrupción que cometió, que sus partidarios siguen llamando errores; y por sus sistemáticas campañas de desinformación y miedo, con el objetivo de afectar el libre ejercicio del voto ciudadano.

La herencia del fujimorismo marca una evolución riesgosa: a finales del siglo XX, Alberto Fujimori llegó al poder como un catedrático desconocido en la política; en pleno siglo XXI, Keiko Fujimori llega a las elecciones acusada de liderar una organización criminal que se benefició del dinero de Odebrecht, una corporación emblemática de la corrupción global. Cualquiera de los motivos citados debería recordarnos que la dictadura forjada en la noche más oscura de la Nación siempre fue una fuerza contraria a los principios de una sociedad basada en la pluralidad de opinión e información, la tolerancia y el respeto a los derechos civiles. La mayor evidencia de que el legado de Fujimori no es actualmente una opción democrática es su afán negacionista y su metódico intento por reescribir la historia con el objetivo de disolver la memoria de los días pasados.

Nada resulta más comprometedor para el legado de Fujimori que recordar nuestro pasado reciente. Irónicamente, uno de los personajes más notorios de la dictadura, el excapitán del Ejército Vladimiro Montesinos, tenía como pasatiempo filmar sistemáticamente los innumerables actos de corrupción necesarios para seguir en el poder. Existe mucha evidencia de lo que ocurre cuando el poder político controla otros poderes del Estado, con el apoyo de las fuerzas del orden y el sector más poderoso del establishment económico. Cuando esto ocurre, como sucedió en los ‘90, la ley es sojuzgada, las fuerzas armadas y el espionaje se empoderan y amenazan a cualquier forma de oposición, mientras que la fiscalización del Ministerio Público acaba siendo sometida y la prensa independiente es acallada.

Veinte años después de la caída de ese régimen, el país deberá elegir entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, heredera del legado de la dictadura, y su rival, el profesor y dirigente sindical Pedro Castillo, candidato de un partido de izquierda, Perú Libre, que pasó de anunciar el cierre de instituciones fundamentales del Estado de Derecho a prometer, semanas después, su sujeción a la legalidad, y la independencia de los poderes. Todo en medio de una campaña errática en la que el candidato no ha logrado deslindar tajantemente del fundador de su partido, Vladimir Cerrón, y con congresistas electos que exhiben credenciales tan antidemocráticas, como las demostradas por la bancada de extrema derecha de Renovación Popular, que tomará posesión desde el 28 de julio.

Frente a estas opciones inevitables en pleno Bicentenario, en OjoPúblico hacemos un recorrido por los últimos 30 años del país: un ejercicio de memoria para que, después del 6 de junio, la sociedad ejerza un rol vigilante frente a cualquier fórmula antidemocrática que condene al Perú a repetir la última dictadura.

I 1990-2000: ascenso y caída de la última dictadura

La historia escrita, en base a decenas de expedientes judiciales por violaciones de derechos humanos y corrupción, revela que el régimen del padre de Keiko Fujimori corrompió, de manera poco antes vista en América Latina, todos los escenarios del país. En sociedad con el exasesor Vladimiro Montesinos, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y el general EP Nicolás Hermoza Ríos, en el mando militar, el régimen quebró el orden constitucional en 1992, con el pretexto de la crisis que vivía la Nación debido a la crisis económica y el terrorismo. En aquel año, bajo el argumento de reconstruir al Perú, Fujimori tomó, con el apoyo castrense, todos los poderes e instituciones más gravitantes del Estado: el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría y el Ministerio Público.

Para el año 2000, el régimen era una cleptocracia militarizada regida desde Palacio de Gobierno, el Pentagonito y el SIN que –bajo el disfraz y la careta de democracia debido a las sucesivas elecciones que había ganado en esa década– ya era responsable del asesinato de inocentes, incluido un niño de ocho años, bajo el pretexto de ser terroristas y de laamnistía a su escuadrón de la muerte: el Grupo Colina. Al mismo tiempo, la dictadura celebraba reuniones secretas con los máximos cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso para utilizarlos como propaganda política; negociaba con las firmas de las drogas del Huallaga; cobraba comisiones a cambio de contratos con las Fuerzas Armadas; contrabandeaba armas con los narcoterroristas de las FARC de Colombia, y escondía sus millonarias ganancias en diferentes paraísos fiscales del Caribe y Europa. En perspectiva podría decirse que ninguna actividad criminal le fue esquiva a la dictadura de Fujimori.

La dictadura además colocó de rodillas a la industria tradicional de los medios de comunicación. Los  dueños de dichas empresas –los hermanos Mendel Winter (Frecuencia Latina), los Crousillat padre e hijo (América), Julio Vera Abad (ATV) y Ernesto Schütz (Panamericana Televisión)– vendieron su línea editorial en la salita del SIN a cambio de millones de dólares en efectivo que apenas cabían en la mesa del despacho de Montesinos. No contentos con el control de los canales de la señal abierta, el régimen también adquirió su televisora de señal de pago, Cable Canal de Noticias (CCN), para llegar a una audiencia socioeconómica de mayores ingresos.

Sin embargo, cuando un grupo de periodistas y políticos de oposición no cedieron al soborno, el fujimorismo optó por canalizar el presupuesto secreto del espionaje para someterlos a una millonaria campaña de desprestigio a través de la llamada ‘Prensa Chicha’ junto a una sistemática operación de interceptación de las llamadas telefónicas. En realidad, la dictadura tuvo una dirección periodística y su propia mesa de control editorial instalada en el SIN. Desde este lugar digitó el contenido de varios programas de televisión y de las portadas de un grupo de diarios populares creados con la misión de destruir a los periodistas incómodos, así como exaltar el culto a Fujimori y defender a Montesinos. En el tramo final de los ‘90, los esfuerzos se redoblaron para evitar la inminente caída del régimen.

El gobierno autoritario de Fujimori además intentó crear una narrativa que lo colocaba como el héroe de la lucha contra la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a pesar de los graves crímenes a cargo del SIN, el Pentagonito y el grupo Colina. La historia real escrita en los expedientes judiciales indica que casi todas las operaciones que involucraron la detención de algún alto jefe subversivo (Abimael Guzmán en 1992, para citar el caso más relevante) fueron desarrolladas por un grupo de élite de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), luego de un riguroso trabajo de investigación. La dictadura, en su afán por destruir a la subversión, eligió a la brutalidad indiscriminada antes que a los procesos de recolección de evidencia de la Dircote, y terminó asesinando a civiles (matanzas de Barrios Altos en 1991; Pativilca, El Santa y La Cantuta en 1992; y el secuestro e incineración de jóvenes universitarios en los sótanos del Pentagonito de 1993, por ejemplo), o sometiendo por igual a inocentes y criminales a tribunales militares sin rostro en juicios sumarios que, muchos años después, tuvieron que ser anulados por haberse violado el debido proceso.

El autogolpe de 1992 no solo empoderó a las Fuerzas Armadas. El nuevo régimen también consolidó su relación con una élite representativa de los grupos económicos del país, que tenía entre sus rostros más famosos a los propietarios de los canales  de televisión. Para 1993, cuando la dictadura sofocó el intento de rebelión del general EP Jaime Salinas, y silenció la denuncia del general EP Rodolfo Robles sobre los crímenes del escuadrón de la muerte Colina, el régimen ya tenía una Constitución para enarbolar su regreso a la “democracia”. Una Carta Magna elaborada por su mayoría aplastante en el Parlamento y aprobada por un referéndum que ganó con estrecho margen (52% por el Sí y 47% por el No).  Con ella, Fujimori instauró el dogma económico que le ha granjeado por décadas el apoyo del empresariado: el rol subsidiario del Estado. Entonces, y a pesar de que él mismo había criticado al novelista Mario Vargas Llosa por sus propuestas liberales, siguió la misma fórmula de culto al mercado y la aplicó a todos los ámbitos, privatizó la propiedad de un gran grupo de empresas estatales, concesionó áreas estratégicas de la economía, e impulsó una larga serie de exoneraciones fiscales para promover algunos sectores económicos.

La receta de Fujimori –implementada con éxitos y fracasos en muchos países y hoy bajo un debate global– permitió que una década después el país exhibiera las mejores cifras macroeconómicas de desarrollo y crecimiento en la región, se redujera considerablemente la pobreza y fuera celebrado en el hemisferio como el ‘milagro económico peruano’. Sin embargo, al mismo tiempo esto generó una concentración de la riqueza en una élite que pregona mediáticamente las bondades del libre mercado, pero en cuyo entorno se encuentran compañías acusadas de corrupción y verdaderos cárteles de concertación de precios, precisamente para evadir las reglas de la competencia del mercado.

En ese sentido, la dictadura de Fujimori promovió una convivencia entre el poder oscuro del SIN y un grupo representativo de la élite económica del Perú. Los ejemplos más claros entonces fueron los máximos ejecutivos de la banca: Dionisio Romero Seminario y Eugenio Bertini Vinci, del banco de Crédito y del Wiese, quienes mantenían reuniones clandestinas con Vladimiro Montesinos, el jefe de espías hoy condenado por asesinatos, desaparición forzada y corrupción. Mientras el primero le pedía ayuda en sus temas empresariales (y luego le alquilaría un jet privado para su fuga a Panamá en el 2000), el segundo acabaría siendo acusado de ser su asesor financiero.

Años después de estos hechos está claro que la dictadura, para alcanzar el poder definitivo, necesitaba del autogolpe del 5 de abril, el cierre de un Parlamento de oposición y el cambio de la Constitución de 1979. Estos hechos marcaron un punto de inflexión en el tejido político y social del Perú. Gracias a ellos, Fujimori pudo presentarse a la reelección de 1995 —de lo contrario hubiera tenido que dejar el cargo al cumplir su periodo de cinco años—y enfrentar duras críticas por aprovechar una situación que luego acabó siendo validada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras derrotar al embajador Javier Pérez de Cuellar en los comicios de 1995, y nuevamente con mayoría en el Parlamento, la bancada fujimorista promulgó la Ley 26657 de Interpretación Auténtica de la Reelección de 1996, que reescribía la historia para que el padre de Keiko Fujimori pudiera mantenerse en Palacio de Gobierno.

Con esa norma, el régimen volvió a quebrar el orden constitucional en menos de cinco años, para luego destituir a los tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que se atrevieron a declarar inaplicable la ley que permitía que Fujimori postulara a la presidencia para el período 2000-2005, como finalmente hizo luego de que una acción de amparo promovida por la congresista Martha Chávez fuera aprobada por el Poder Judicial. En aquellos días los jueces en posiciones claves dentro de la Corte Suprema y del JNE estaban bajo sujeción de Montesinos. En todos los escenarios de aquella época, el régimen de Fujimori buscó quedarse en el poder hasta por lo menos el primer lustro del siglo XXI, siempre bajo la protección de las Fuerzas Armadas. Por ello, después del autogolpe, fue imperativo ganar las votaciones sucesivas a cualquier costo, ya sea para la elección del nuevo Parlamento tras el golpe del 5 de abril (1993), el referéndum para cambiar la Carta Magna (1993), las elecciones presidenciales y legislativas (1995) y finalmente la re-reelección (2000).

Con la posibilidad abierta de llevar a la práctica la reinterpretación de la nueva Constitución solo era necesario ganar la elección del 2000. Con ese objetivo, el régimen compró la línea editorial de los canales y diarios. El plan fue demoler nuevamente dos pilares importantes de toda democracia: la soberanía del pueblo basada en el libre ejercicio de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes y el derecho de la sociedad a recibir información a favor del interés público. En ese sentido, la dictadura gastó millones en transformar a canales y periódicos en máquinas de psicosociales informativos que le permitieran orientar el voto a través del entonces justificado miedo al terrorismo, fórmula que ya había sido usada para el autogolpe de 1992. Siendo una especie de régimen bicéfalo, Montesinos y la cúpula militar tenían un plan alternativo para seguir en el poder hasta el 2005, si es que todo fallaba con Fujimori: dar un golpe de Estado al padre de Keiko Fujimori, e instaurar un gobierno cívico militar con el exministro de Economía Carlos Boloña a la cabeza.

A pesar de las masivas protestas por la ilegal medida contra el TC, el plan de Fujimori y su asesor continuó hasta que llegaron las elecciones del 2000 en medio de graves acusaciones que colocaban a Montesinos y al SIN detrás de una fábrica de firmas falsas para inscribir la alianza partidaria del régimen, usar dinero del tesoro público para financiar la campaña, coordinar con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), e intentar captar a la ONPE, el organismo responsable de los comicios. Para entonces, el SIN se había infiltrado en casi todos los ámbitos de la vida política y social del Perú. Algunos de los principales jueces de la Corte Suprema, la Corte Superior de Lima, la Fiscalía de la Nación y el JNE eran digitados por Montesinos. Con todo el aparato del Estado al servicio de la re reelección, Fujimori ganó la primera y la segunda vuelta en medio de un escándalo internacional que Keiko Fujimori conoció de primera mano, siendo primera dama del régimen.

Sin embargo, aquella fue una victoria pírrica. El régimen ya estaba frente a los dos sismos políticos que le pondrían fin aquel 2000: la multitudinaria Marcha de los Cuatro Suyos en julio y la revelación del video de septiembre en donde Montesinos aparece entregando dinero en efectivo a un congresista de la oposición para que se pasara a las filas del oficialismo. De esta forma, el último estertor de la dictadura ocurrió en noviembre del 2000, cuando Alberto Fujimori –habiendo perdido el control del Congreso– fugó y acabó refugiándose en Japón, aprovechando que asistía a un foro económico en Asia. La democracia fue recuperada, aunque el Perú estaba muy lejos de imaginar que aquel legado autoritario y de corrupción sobreviviría a través de algunos de los mismos personajes del pasado durante las siguientes dos décadas.

II 2001-2009: la dictadura frente a la justicia y la memoria

Todo este relato está formado por diferentes piezas que conforman nuestra historia contemporánea. A diferencia del retrato histórico de otros regímenes autoritarios de antaño en Perú, cuyas narrativas llegaron a nuestros días en base a la tradición oral de testigos y en abundante evidencia fílmica y fotográfica; la némesis de la dictadura de Fujimori habita hoy en museos de la memoria, hemerotecas y galerías públicas, y con el avance de la tecnología en los últimos años, en las plataformas y aplicaciones de Internet. Adicionalmente, una parte fundamental de los graves ilícitos de los ‘90 acabaron siendo investigados, judicializados y concluyeron en condenas por crímenes de corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos.

A lo largo de los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García—y a pesar de los actos de corrupción que se descubrieron luego e involucran a estos dos últimos— el sistema de justicia y las organizaciones de la sociedad civil lograron sacar a flote los procesos originados por el accionar del régimen. Incluso, en un episodio de poca notoriedad pública, el Perú consiguió en democracia volver a juzgar y condenar a prisión a los jefes terroristas y a los mandos medios de Sendero Luminoso y el MRTA, con las armas del Estado de Derecho y bajo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De igual forma, se enjuició a los militares que participaron en diferentes masacres en los Andes durante los años ‘80 y ‘90, luego de la amnistía otorgada por la dictadura. Con la vuelta de la democracia se probó que, para derrotar al terrorismo, el Estado no necesitaba de las ejecuciones extrajudiciales del grupo Colina, los jueces sin rostro o los tribunales militares, y mucho menos los acuerdos de paz propagandísticos con Sendero Luminoso, o las serenatas con música de Sinatra, que el asesor de inteligencia de Fujimori le llevaba al sanguinario Abimael Guzmán.

En ese difícil contexto, el Perú implementó una Comisión de la Verdad y Reconciliación para recordar a las víctimas e intentar condenar a los responsables de las atrocidades de los años de violencia, ya sean terroristas o militares que violaron los derechos humanos de la población civil. Nuestro frágil sistema de justicia además logró, sobre todo, enviar a prisión a toda la cúpula de la dictadura en esa década. Por ejemplo, Fujimori hoy purga una condena de 25 años por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta y cumplió otras varias por corrupción (tras ser extraditado de Chile en 2007); mientras Montesinos cumple penas similares por ese delito y por desaparición forzada (también por tráfico de armas y delitos contra la administración pública). Lo mismo ocurrió con una retahíla de exgenerales, entre ellos Nicolás Hemoza; junto a vicealmirantes, espías del SIN y del Pentagonito, ministros, congresistas, jueces y fiscales que formaron parte de la extensa mafia del Estado.

Sin embargo, y a pesar de este titánico esfuerzo, el Ministerio Público se quedó cortó cuando intentó investigar a los principales operadores del establishment económico que se favorecieron del régimen. Por ejemplo, gran parte de los empresarios que desfilaron por la salita del SIN o se relacionaron con Vladimiro Montesinos se libraron de condenas firmes en juicios que tuvieron menos eco mediático que sus pares políticos: desde Dionisio Romero del Banco de Crédito; Eugenio Bertini del fenecido Banco Wiese; los hermanos Rodríguez del Grupo Gloria, hasta los extranjeros Andrónico Luksic de Luchetti y Lawrence Kurlander de Newmont Mining. Entonces, un sector de la élite económica que acompañó al régimen fue intocable porque la justicia se enfocó en la enorme carga procesal devenida de los crímenes del Estado.

Finalmente, para cuando la primera década del siglo XXI se cerró, Fujimori ya había sido condenado, incluso llegó a aceptar su culpabilidad respecto a algunos de los cargos por corrupción. Contra viento y marea, el sistema de justicia se sobrepuso a la captura de los años ‘90, el espíritu de la dictadura fue ampliamente repudiado, por lo menos en la década posterior, y los hechos de corrupción quedaron en el panteón de la cosa juzgada. Es decir, dejaron de ser verdad judicial para convertirse en la historia del Perú reciente.

III 2010-2020: Crimen organizado y lavado, Keiko Fujimori forja su propio legado

Un hecho fundamental marcó el inicio de la última década en Perú. Después de la condena contra Fujimori por el Caso Barrios Altos y La Cantuta del 2009, Keiko Fujimori improvisó un mitin a las afueras del penal Barbadillo y lanzó un mensaje que aún resuena en la memoria de los asistentes a la última audiencia judicial de ese caso: “Si piensan que con esto nos van a debilitar políticamente se equivocan… No nos vamos a quedar tranquilos”. De aquellos gritos han transcurrido 12 años y dos postulaciones fallidas a la presidencia bajo el estandarte de Fuerza Popular. Hoy, la hija del dictador pretende regresar al Palacio de Gobierno que la acogió cuando era Primera Dama. A diferencia de su última candidatura, actualmente Keiko Fujimori no solo reivindica el legado del dictador, sino que postula en compañía de políticos que sirvieron al régimen en sus años más oscuros. Además ha anunciado que indultará a su padre, en lo que sería el tercer intento de su tipo en casi una década. Sin embargo, la exprimera dama ya no solo carga la herencia de un régimen corrupto. La candidata también ha creado su propio camino a las instalaciones del sistema de justicia. El Ministerio Público actualmente la considera como la jefa de un aparato criminal que buscó llegar al poder a través del financiamiento de sus campañas presidenciales del 2011 y 2016 con dinero sucio de Odebrecht.

Para entender la historia de Keiko Fujimori es importante recordar sus inicios en los días de Fujimori y Montesinos, cuando ella apenas era un joven que, junto a sus hermanos, crecía bajo el amparo de las Fuerzas Armadas del condenado general Hermoza. La incursión de Keiko Fujimori en la política empezó a los 19 años. Una de las decisiones claves de su temprana edad adulta fue elegir a su su padre en el enfrentamiento que este tuvo con su esposa, Susana Higuchi, entonces Primera Dama, quien meses antes y después del autogolpe de 1992 había denunciado actos de corrupción y de intimidación en su contra. El régimen, luego de destruir la reputación de Higuchi y de crearle una imagen de una mujer emocionalmente inestable en los medios de comunicación comprados, eligió a la hija mayor para reemplazarla. Keiko Fujimori, finalmente, ejerció como la primera dama de la dictadura entre 1994 y el 2000, el periodo más oscuro de aquella década.

Cuando el régimen se derrumbó en el 2000, la Fiscalía tenía abundante información que revelaba que la hija de Fujimori, entonces de 25 años, manejaba dinero en efectivo y tarjetas de crédito y que sus estudios superiores en EE.UU., sus viajes al extranjero y otros gastos (de ella y sus hermanos) no habían podido ser cancelados con el sueldo o los activos que decía tener el padre. Sin embargo, con la justicia preocupada por los grandes casos de corrupción entre el 2000 y 2005, Keiko Fujimori logró sobrevivir a los cargos penales por recibir presuntos favores ilícitos del régimen, cayendo la mayoría de ellos en el archivo con el paso del tiempo. Esto a pesar de que el mismo Montesinos llegó a confesar ante una comisión del Congreso, luego de ser detenido, que él pagaba todos los gastos de la hoy candidata con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional.

En el pasado, cuando la prensa le ha preguntado a Keiko Fujimori sobre la dictadura o la relación de su padre con Montesinos, ella siempre ha cuidado los términos que utiliza para referirse a este último. Pasó de llamarlo ‘doctor Montesinos’, apenas cayó el régimen; a decir que quizá el exjefe de facto del SIN no era responsable de los Casos Barrios Altos y La Cantuta: “[Mi padre] así como habrá leído cosas negativas de Montesinos, también habrá leído cosas positivas… tampoco podemos asumir o achacarle toda la culpa a Montesinos”; o “no hay pruebas, no sé, no me consta que Montesinos [supiera de los crímenes de La Cantuta]”. La misma persistente negación y contradicción sobre la naturaleza criminal del régimen la ha mantenido hasta la actualidad. “[En esa época] se debilitaron los partidos… [pero] hubo elecciones transparentes”, dijo Keiko Fujimori a inicios de la actual campaña,  inculpado a Montesinos de todo. Semanas después, el 30 de mayo, en el último debate presidencial, se ratificó: “La corrupción atacó al gobierno de mi padre”.

Para el 2005, Alberto Fujimori viajó a Chile, en lo que se presume fue un intento de presentarse en las elecciones del año siguiente en el Perú. El plan inicial fracasó de manera contundente ya que las autoridades de dicho país lo arrestaron debido a las órdenes de captura internacional que tenía de parte de la justicia peruana. Pese al incidente en Santiago, no todo salió mal para el fujimorismo. En el 2006, mientras el exdictador intentaba evitar la extradición en el vecino país del sur, Keiko Fujimori postuló al Parlamento y fue elegida como la legisladora más votada del periodo. De su paso por el Congreso hoy apenas se recuerdan los 500 días (16 meses) que pasó de licencia por maternidad de sus dos hijas, según su versión; así como intentos extraoficiales para que el gobierno de Alan García le otorgara un indulto humanitario a su padre (extraditado el 22 de septiembre del 2007 al Perú); pero sobre todo por un hecho que entonces parecía sin importancia, pero que marcaría la vida política de Keiko Fujimori muchos años después: su apoyo a la constructora brasileña Odebrecht en un informe favor de la ampliación de la carretera Interoceánica durante el gobierno aprista.

En el 2011, con Alberto Fujimori condenado por corrupción y violación de derechos humanos, su hija resolvió no ir a la reelección en el Parlamento sino presentarse a la presidencia de la República por primera vez. Lo decidió luego de lanzar, visiblemente enojada, en una manifestación, una proclama de guerra que más parecía una profecía de lo que se venía para el Perú en las décadas siguientes: “No nos vamos a quedar tranquilos. Si creen que nos van a hacer daño se equivocan. No pararemos hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori”.

Entonces, el exdictador estaba recluido en la prisión policial de la Diroes, especialmente habilitada para él y donde incluso llegó a ser testigo de la boda de su hija menor, Sachi. El resto de la historia electoral del 2011 es conocida. Después de pasar a la segunda vuelta con el comandante (r) del Ejército Ollanta Humala, Keiko Fujimori fue investida como la candidata del establishment político, mediático, económico y de las fuerzas de seguridad, que desencadenaron una campaña de miedo informativo frente a la candidatura del Partido Nacionalista de Humala. Fue tan desequilibrada la campaña electoral –promovida desde los sectores empresariales articulados en torno a la Confiep y los medios del grupo El Comercio–, que el flamante Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, renunció a la republicación de su columna en ese diario al considerar que este conglomerado era una poderosa “máquina de propaganda” de la hija del dictador y porque “silencia y manipula la información, deforma los hechos y abre sus páginas a las mentiras y calumnias” para atacar a Humala.

A la cabeza de la campaña por Keiko Fujimori estaba el entonces presidente Alan García, quien desde el 2009 se jactaba de que: “en el Perú el presidente tiene un poder, no puede hacer presidente al que él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiere». A pesar de la polarización y el frenesí de los ataques tildando al líder del Partido Nacionalista de chavista, comunista o allegado a sectores terroristas, este ganó las elecciones con 51% de los votos (447 mil votos de diferencia). Sin embargo, ni la intromisión de la Policía, con acciones de interceptación de los celulares de Humala; o las portadas de los diarios de El Comercio, anunciando el salto al abismo, el estatismo y el fin del libre mercado y de la libertad de expresión, así como el derrumbe de la bolsa, la inestabilidad del precio del dólar y el desastre ante las agencias de calificación de riesgo; prepararon al Perú para la situación que le tocaría vivir una década después.

A pesar de toda la crispación política, el Perú siguió de pie a la mañana siguiente del 5 de junio del 2011. Con Keiko Fujimori derrotada y Humala en el poder, Fuerza Popular asumió su papel de  oposición en el Parlamento con sus 37 congresistas. Entonces no se sabía, pero el financiamiento de su millonaria campaña para orientar el voto de la ciudadanía a su favor tenía poderosos padrinos que fueron ocultados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (solo informaron de S/17 millones en aportes) o personajes que fueron declarados como aportantes sin serlo. Aquello se revelaría casi una década después y la llevaría a prisión por acusaciones de lavado de dinero. Pero en los años siguientes el misterio de los aportantes se mantendría en completo secreto, como también ocurriría con otros partidos, incluida la organización de Humala. Apenas llegados al Parlamento, una de las principales banderas de Fuerza Popular –ya con Kenji Fujimori como el legislador más votado de dicha elección– fue que el nuevo gobierno otorgara el indulto humanitario a Alberto Fujimori.

En octubre del 2012, a poco más de un año de su derrota, Keiko Fujimori y sus hermanos presentaron un pedido de indulto al Ministerio de Justicia de Humala, argumentando que la vida de su padre corría peligro porque padecía diferentes males: desde una enfermedad terminal que consumía su estómago, hasta hipertensión y depresión, según Alejandro Aguinaga, médico del exdictador, su exministro de Salud en los ‘90 y hoy investigado por el caso de las esterilizaciones forzadas. El pedido de entonces chocó con la realidad. La Comisión de Gracias Presidenciales, luego de un examen de las condiciones del paciente y del encierro de lujo que tenía en la prisión de Barbadillo, rechazó de plano la solicitud, decisión que fue ratificada por el presidente Humala en junio del 2013. La resolución de entonces fue atinada ya que, casi ocho años después, el exdictador sigue vivo. Fuerza Popular, sin embargo, tomó aquello con gran molestia bajo el argumento de que el propio Jefe de Estado les había pedido presentar la solicitud deindulto. Como también ocurriría años después, no perdonaron lo que consideraban un derecho natural.

La oportunidad para la revancha electoral ocurrió el 2016, cuando Keiko Fujimori postuló por segunda vez a la presidencia. Aquel año, ella barrió en primera vuelta, logró derrotar al economista Pedro Pablo Kuczynski y a la antropóloga Verónika Mendoza del Frente Amplio; alcanzando cifras históricas en los comicios: 6.1 millones de votos y 73 curules en un Congreso de 130 parlamentarios. Con estos resultados, su victoria parecía definitiva en la segunda vuelta del 5 de junio del 2016 ya que tenía al frente a un desangelado Kuczynski y ella misma aparentaba haberse separado del discurso del fujimorismo duro de los ‘90, y sobre todo intentaba alejarse de la figura del indulto a su padre. Así, si en el 2011 el dicho de sus partidarios giraba en torno a frases como “nosotros matamos menos”; en el 2016, la misma Keiko Fujimori juraba que el 2021 no “habrá ningún candidato de apellido Fujimori” o firmaba compromisos democráticos que finalmente quedaron en el papel. Pese a todas las promesas de cambio, ocurrió lo inesperado en los últimos días de dicha elección: Keiko Fujimori fue derrotada por una diferencia de 41 mil votos, en medio de acusaciones de haber entregado US$15 millones al secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, para que lave dicho dinero. Hoy este personaje sigue bajo investigación del Ministerio Público por blanqueo de activos.

La mañana siguiente, el Perú volvió a levantarse, como cinco años atrás, y otra vez se abría una nueva oportunidad para dejar atrás el legado del fujimorismo. Esta posibilidad era ajena a la realidad. Aquel día empezó un periodo de convulsión política que se extendería durante todo el lustro con nefastas consecuencias para la ciudadanía. Entonces, lo que parecían imágenes anecdóticas de la jornada post electoral del 2016, como la hija de Fujimori aplastando una maceta con plantas para saludar a sus partidarios horas después de la derrota, la demora en reconocer el triunfo de su rival, las insinuaciones de fraude, o sus referencias sobre que iban gobernar desde la oposición legislativa con sus 73 congresistas; finalmente se convirtieron en indicios de la venganza contra Kuczynski y sus sucesivos gabinetes.

Desde el 28 de julio de aquel año, Fuerza Popular abusó de su poder en el Congreso y saboteó al Ejecutivo desde el Parlamento a través de una serie de ataques que afectaron la gobernabilidad. Esta ofensiva legal, en represalia por perder la elección, se implementó, con el apoyo de otras bancadas, por intermedio del uso indiscriminado de mecanismos legislativos, como la moción de interpelación, la censura y la vacancia por incapacidad moral, que finalmente impulsó una espiral de crispación política con el resultado de cuatro presidentes sucesivos en uno de los lustros de mayor inestabilidad que se recuerde: Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino (por cinco días) y Francisco Sagasti.

La guerra del fujimorismo contra el Ejecutivo fue más recalcitrante desde mediados del 2017 cuando el Ministerio Público empezó a investigar los primeros indicios de nexos entre Keiko Fujimori y Odebrecht. Desde entonces, Fuerza Popular inició una campaña para amedrentar a los protagonistas que investigaban la participación de su lideresa en el lavado de dinero de la constructora brasileña con el objetivo de financiar su campaña presidencial del 2011 y 2016: desde jueces y fiscales del Equipo Especial Lava Jato, hasta a los medios independientes que publicaron los hallazgos de aquellas pesquisas.

Para frenar las imputaciones por el Caso Lava Jato, el fujimorismo también se vinculó, según la fiscalía, con una mafia infiltrada en las altas esferas de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la Nación conocida como los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, la misma que fue detectada por la Policía mientras seguía un caso de narcotráfico. Su máximo cabecilla, el exjuez supremo César Hinostroza, acabó siendo el autor del apelativo “Señora K”, con el que actualmente se hace referencia a Keiko Fujimori. A pesar de la injerencia de esta organización en la Junta de Fiscales Supremos y el ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos operadores fueron blindados en su momento por los congresistas de Fuerza Popular; el Equipo Especial del Caso Lava Jato siguió sus indagaciones en base a colaboradores eficaces (entre ellos los principales ejecutivos de Odebrecht) y logró obtener la prisión preventiva para Fujimori el 31 de octubre del 2018.

Para entonces una fila de exjefes de Estado ya habían sido involucrados con la constructora brasileña, desde Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), quien luego se suicidaría para evitar a la justicia; y Ollanta Humala (2011-2016). De esta forma, y gracias al respaldo de protestas masivas en favor de esta cruzada anticorrupción, la investigación hoy ha llegado a probar que Odebrecht, la Confiep y el Banco de Crédito del Perú (BCP), entre otras empresas e incluso investigados por narcotráfico, aportaron más de US$15 millones para respaldar a Fuerza Popular en 2011 y 2016. En este caso aparecen escenas dignas de cualquier libro de corrupción empresarial, como por ejemplo, Dionisio Romero Paoletti (cuyo padre, Dionisio Romero Seminario, era visitante asiduo de Montesinos en el SIN) sacando maletines de dinero del BCP para entregárselos a Keiko Fujimori, o José Chlimper, vocero y luego secretario general de Fuerza Popular, pagando con fajos de dólares en efectivo al gerente de Radio Programas del Perú por publicidad electoral.

Pero aquello no fue lo único que explotó en ese lustro. Fuerza Popular desempeñó un papel clave en la guerra fratricida que Keiko Fujimori emprendió contra su propio padre y su hermano Kenji, luego de revelarse que ellos mantenían negociaciones secretas con Kuczynski para que este le diera luz verde a un segundo pedido de indulto humanitario. Como represalia, Fuerza Popular fue la mayoría parlamentaria determinante para suspender a Kenji Fujimori y además denunciarlo ante la Fiscalía bajo el argumento de que estaba negociando votos para que sume a sus legisladores aliados en la intentona para frenar el segundo proceso de vacancia de Kuczynski impulsado por Keiko Fujimori. Actualmente, la Fiscalía pide 12 años de prisión para el hermano menor de la candidata. Al final, el entonces Jefe de Estado dio el indulto express a Fujimori en la víspera de Navidad, 24 de diciembre del 2017, ocasionando masivas protestas. Sin embargo, de nada sirvió la gracia presidencial porque al año siguiente el Poder Judicial la anuló por irregularidadesen la tramitación del pedido. Desde ese momento se requeriría una larga cronología para contar las idas y vueltas de la guerra que le declaró el fujimorismo al gobierno, pero podríamos resumirla así:

Después de su derrota, Fuerza Popular arremetió contra el Jefe de Estado y sus ministros a pesar de que este le había cedido a sus partidarios posiciones estratégicas en el Banco Central de Reserva y en la Sunat. Al final, el conflicto tuvo hechos cumbres como la dimisión de Kuczynski a los 20 meses de haber asumido el cargo (marzo del 2018), y tras fracasar un primer intento por sacarlo del cargo; después le tocó el turno a Keiko Fujimori que acabó en prisión preventiva acusada por lavar los millonarios aportes de Odebrecht (octubre del 2018). Incluso, cuando ya todo parecía haber llegado al clímax del enfrentamiento, el sucesor de Kuczynski, Martín Vizcarra, decidió cerrar el Parlamento luego de la segunda censura a su gabinete ministerial (septiembre del 2019) y además convocar a elecciones legislativas.

Sin embargo, el nuevo Congreso electo profundizó la crisis, le declaró la guerra a Vizcarra y logró vacarlo en plena pandemia con el apoyo del fujimorismo (noviembre del 2020), y luego de fracasar en un primer intento. Esta decisión desembocó en el ascenso del entonces titular del Congreso, Manuel Merino, a la Presidencia. Su gobierno solo duró cinco días debido a que sacó a la Policía a las calles para reprimir a sangre y fuego a los manifestantes contra la decisión del Parlamento. El resultado: dos jóvenes muertos; así como más de 200 heridos y la dimisión de Merino, quien incluso intentó sacar a las Fuerzas Armadas a las calles sin lograr su apoyo. En ese contexto convulsionado, el Parlamento eligió a Francisco Sagasti como su presidente y luego también del gobierno de transición en medio de una peste que ya deja más de 184 mil fallecidos.

Y así llegamos a nuestros días, en circunstancias que la líder de Fuerza Popular –excarcelada en mayo del año pasado, dos meses después de que se identificara el primer caso de Covid-19 en Perú– logró postular por tercera vez a la presidencia. Irónicamente, el juez Concepción Carhuancho, que la envió a prisión preventiva inicialmente, había ordenado que Keiko Fujimori cumpliera dicha medida por 36 meses, es decir hasta el 30 octubre del 2021.

IV 2021: la candidata de Odebrecht se convierte en emblema de la democracia

En los primeros seis meses del 2021, el Perú se debate en medio de una crisis económica, social e institucional. En ese contexto, con algunas características similares al que vio ascender a Alberto Fujimori en 1990, sobre todo por la crisis económica, social e institucional del país, Keiko Fujimori ha logrado llegar a la segunda vuelta con 13% de los votos (menos de dos millones de personas votaron por ella) y alcanzando 24 curules. A pesar del bajo nivel de preferencias, y de tener cifras peores a sus postulaciones anteriores, la candidata de Fuerza Popular hoy exhibe con orgullo el legado de la dictadura sin remilgo alguno.

Frente al temor fundado que puede generar la candidatura de su rival –el profesor Pedro Castillo y su partido Perú Libre que se proclama marxista, leninista y mariateguista– ni el escritor Mario Vargas Llosa se ha atrevido a pedirle como condición de apoyo que evite indultar a su padre. Por ello, desde el 11 de abril último, Keiko Fujimori se atrevió a lucir a los personajes más representativos de la dictadura: Alejandro Aguinaga, Francisco Tudela hasta Jorge Baca Campodónico -un exministro de su padre, condenado por corrupción-, entre otros. Incluso, ha negado las esterilizaciones forzadas y ha dicho que fueron actividades de planificación familiar. En estas pocas semanas, la hija de Alberto Fujimori –patrocinada como en 2011 por un sector de los grupos económicos que temen las medidas económicas impulsadas por Castillo, pero además con el apoyo explícito de exaltos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía– impulsa una campaña de miedo informativo en todo el país con el objetivo de orientar el voto de la ciudadanía e instrumentalizar el fantasma del terrorismo.

En este camino ha recibido el apoyo editorial de los principales conglomerados de medios (entre ellos el grupo El Comercio); así como de diferentes personajes públicos y colectivos anónimos que, sin revelar su financiamiento, inundan las principales ciudades del país y las redes sociales con avisos publicitarios que anuncian el arribo del comunismo. De la mano de estos operadores, pero sobre todo del Nobel y escritor de la Fiesta del Chivo, Keiko Fujimori –quien ni siquiera fue capaz de llamar corrupto a Montesinos porque decía que no le constaba– hoy impulsa una campaña en calidad de defensora de la “libertad”. La candidata, que reivindica al Estado criminal de su padre y que promovió una crisis política desde el Congreso en el último lustro, hoy es presentada por sus aliados como el emblema de la “democracia”.

V Pedro Castillo: entre las contradicciones y la sombra de militantes autoritarios

Frente a Keiko Fujimori, hoy compite el profesor de escuela y dirigente sindical Pedro Castillo (51), un rival muy diferente a los anteriores, el economista Pedro Pablo Kuczynski o el exmilitar Ollanta Humala. En cierto sentido, Castillo recuerda al exdocente y exrector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Alberto Fujimori, sobre todo por ser un personaje ajeno a la clase política tradicional. Pero a Castillo, más allá de su discurso en los mítines, se lo ha escuchado muy poco y pocas veces ha aceptado entrevistas con medios nacionales. Desde el 11 de abril, las preguntas que más resuenan en torno al candidato son: ¿Quién es realmente? ¿Cuál es su entorno más cercano? ¿Es realmente comunista, socialista, chavista? ¿Qué es Perú Libre? A diferencia de las interrogantes sobre Keiko Fujimori, cuyas respuestas pueden hallarse en la interpretación de su actividad pública ligada a la política desde mediados de los ’90 y en expedientes fiscales; en el caso de Castillo existe poca información sobre cómo piensa, a quién escucha y qué quiere hacer realmente. Se conoce el ideario político marxista que presentó como plan de gobierno, que tiene como autor a Vladimir Cerrón, y al que luego cambió por un plan elaborado en la segunda vuelta con el apoyo de un equipo técnico diferente.

Pedro Castillo nació en un poblado de Cajamarca en 1964, creció en los años de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado y de Francisco Morales Bermudez. Luego se formó como profesor de educación en un instituto superior de esta región. A los 26 años, en paralelo al inicio del régimen de Alberto Fujimori, empezó a ejercer la docencia en el colegio de educación primaria de su localidad, donde también se integró a las rondas campesinas, colectivos autoorganizados para enfrentar al terrorismo en las zonas rurales. Luego de la caída del régimen fujimorista, y con 38 años, Castillo incursionó por primera vez en la política de elección popular. En el año 2002, postuló a la alcaldía de un distrito de Chota (Cajamarca) por Perú Posible, de Alejandro Toledo. Sin embargo, su candidatura no prosperó: quedó en cuarto puesto con el 8% de los votos. A una edad madura, Castillo concluyó sus estudios de Educación en la Universidad César Vallejo, obteniendo el bachillerato el 2006, poco antes del gobierno de Alan García. En ese mismo centro de estudios llevó una maestría de psicología educativa.

Desde el 2006, y por lo menos durante una década, las actividades laborales de Castillo son poco conocidas. Solo se sabe que a sus labores de profesor de escuela se sumaba su participación en la actividad gremial, que en Perú tiene como actor principal al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y a sus diferentes facciones. En las últimas décadas dicho ámbito ha sido bastante observado por las fuerzas de seguridad del Estado, específicamente, por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), bajo el argumento de que algunos expresidiarios de Sendero Luminoso procedían del rubro de la educación básica y superior. En los últimos gobiernos este tópico ha mantenido la atención de las gestiones de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), y Ollanta Humala (2011-2016). En el 2017, la figura de Pedro Castillo se hizo pública cuando apareció liderando una de las mayores huelgas magisteriales  en contra de la evaluación docente impulsada en ese momento por el gobierno de Kuczynski. Debido a que el partido Fuerza Popular ya empezaba a tener roces con el gobierno, las protestas de este grupo de docentes liderados por Pedro Castillo fueron recibidas por la bancada fujimorista.

Ese 2017, el Ministerio del Interior, con información de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), elaboró un documento denominado: “Infiltración del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) en algunas dirigencias del magisterio”. Se referían al Movadef, una organización creada en el 2009, sujeta a los lineamientos del “marxismo, leninismo, maoísmo y ‘pensamiento Gonzalo’ (Abimael Guzmán)”, que promueve la amnistía a los condenados por terrorismo y tener presencia en la vida política del Perú. Para entonces, el Movadef había intentado sin éxito inscribirse como partido en el JNE en 2011, y había sido objeto de una investigación de la Dircote, que la consideraba como parte de Sendero Luminoso en 2014. La misma policía también había denunciado por terrorismo a algunos integrantes del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep (Conare-Sutep).

A partir de ese informe de la Dircote del 2017, se comenzó a vincular a Pedro Castillo con el presunto delito de terrorismo. ¿En qué evidencias se basaba la policía? Este documento –que incluía fotografías de las protestas, organigramas y documentos públicos– indicaba que el Movadef se había llegado a infiltrar con los miembros del Conare-Sutep, una de las facciones del Sutep, y con el mismo Castillo, aunque no entregaron mayores detalles de esta infiltración. De aquel informe de la Dircote del 2017 han pasado ya casi cuatro años, pero no existe hasta el momento ninguna imputación formal por supuestos vínculos con el terrorismo ante el Ministerio Público. Tras la huelga docente del 2017, Castillo fue denunciado penalmente junto a otros profesores por integrar una presunta organización criminal llamada “Los protestantes del sur”, aunque sin relación con el caso de la Policía Antiterrorista.

El caso de la infiltración del Movadef en el entorno de Castillo acabó olvidado y archivado, como ocurre con los casos de la Dircote en los que no se puede probar o documentar alguna imputación penal, más allá de las protestas o relaciones indirectas entre personas que pertenecen a un mismo gremio.

Dos años después de aquellas protestas, Castillo reapareció públicamente como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú). La creación de dicho organismo fue planificada por un sector de las bases sindicales del magisterio que decía no sentirse representado por el Sutep, el gremio de la educación más conocido del país.

De Castillo vuelve a saberse en septiembre del 2020 cuando se afilió oficialmente a Perú Libre y es elegido por los delegados del partido como candidato presidencial ante la imposibilidad de que el médico huancaíno Vladimir Cerrón, cofundador y secretario general de dicho partido, participe en la contienda electoral ya que entonces cumplía en libertad su condena de cuatro años de prisión suspendida, fijada en agosto del 2019. Si bien este último intentó estar presente en la plancha como segundo vicepresidente, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó su postulación. Finalmente la lista presidencial de Perú Libre, llevó Pedro Castillo como candidato a la presidencia, y a Dina Boluarte, como primera vicepresidenta.

Vladimir Cerrón debió conformarse con ejercer el liderazgo de su partido, pero su radical ideario político, que escribió y finalizó hacia principios del 2020, fue presentado al JNE como el plan de gobierno de Perú Libre. Según el documento, el partido se declara una organización política socialista bajo la ideología de Karl Marx, filósofo alemán del siglo XIX y autor de El Capital y el Manifiesto Comunista; Vladimir Lenin, líder de la Revolución Rusa de 1917 y fundador de la Unión Soviética; y el pensador peruano José Carlos Mariátegui, creador del Partido Socialista del Perú en 1928, luego rebautizado como Partido Comunista del Perú.

Uno de los pocos partidos que reclama hoy la herencia ideológica de organizaciones de izquierda es Perú Libre. Este partido se inscribió ante el JNE en 2008, como movimiento regional Perú Libertario con sede en Huancayo, para convertirse en un ente de alcance nacional en 2016. Desde entonces, esta organización ha tenido como máximo dirigente a Vladimir Cerrón, médico con estudios en Cuba y que fue elegido gobernador regional de Junín en dos ocasiones (en 2010 y en 2018). Es hijo del exvicerrector de la Universidad Nacional del Centro que fue asesinado en 1990 en la época del terrorismo. Cerrón, como fundador del partido, es un personaje relevante en la organización al igual que allegados suyos como su hermano Waldemar Cerrón y otros militantes que llegaron a trabajar o fueron proveedores del gobierno regional de Junín.

Vladimir Cerrón, se ha revelado en sus presentaciones públicas, como un político profundamente antidemocrático, contrario a las instituciones que velan por el Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes y la libertad de prensa, así como por las organizaciones de la sociedad civil y las instancias supranacionales de justicia, reivindicando regímenes dictatoriales como el de Venezuela. En su ideario y plan de gobierno, Cerrón expresa su admiración por dictadores del hemisferio como los fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez, y Daniel Ortega de Nicaragua, quien hoy reprime a la oposición política y persigue a los medios.

En ese mismo programa –firmado por él mismo, con su foto en la portada y sin evidencia de la participación de algún órgano de gobierno de su propio partido– Cerrón fustiga la labor de instituciones como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, importantes para el retorno de la democracia en el 2000. La furibunda oposición de Cerrón contra estas entidades hace recordar las críticas que lanzaba la dictadura de Alberto Fujimori en los ‘90, y a su hija Keiko Fujimori y a sus allegados de Fuerza Popular en años recientes (pidiendo por WhatsApp que el Perú se retire de dicha jurisdicción), y nuevamente a Rafael López Aliaga.

Luego de los resultados de la primera vuelta, que dieron a Pedro Castillo como uno de los ganadores, todas las miradas se concentraron en él, como el candidato que había capitalizado los votos de la insatisfacción en gran parte de las regiones, pero también en la figura de Cerrón, como fundador del partido y autor del ideario radical presentado como plan de gobierno. En las últimas semanas, al extremismo de Cerrón—quien llama la atención en las redes sociales por sus dislates y teorías de la conspiración, frases polémicas e intentos por atraer las miradas de los medios y la opinión pública— se ha sumado también las contradicciones del mismo Pedro Castillo. En sus primeras presentaciones públicas tras pasar a segunda vuelta llamó a “indultar” al exmilitar Antauro Humala, condenado por el asesinato de cinco polícias en el ‘Andahuaylazo’ del 2005. Además dijo entonces que iba a “cerrar” el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, también que el “pueblo” iba a decidir el cierre del Congreso. Finalmente, habló de “corregir” a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), “reorganizar” a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), “desactivar” a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y “prohibir las importaciones”.

Con el transcurso de los días, Pedro Castillo fue moderando su discurso y convocando a un grupo de técnicos que en más de una oportunidad tuvo que aclarar las declaraciones del candidato, por ejemplo, para explicar que no iban a cerrar ninguna institución. En las últimas semanas, el equipo técnico del movimiento político Nuevo perú, liderado por la excandidata presidencial Verónica Mendoza, se ha sumado al apoyo del candidato Castillo en la elaboración de un nuevo plan de gobierno para los primeros meses y que deja de lado, al menos en una parte, el ideario político presentado ante el JNE. Castillo firmó también, al igual que Keiko Fujimori (quien por lo demás ya había firmado antes un documento semejante en 2016), un compromiso denominado “Proclama ciudadana” de respeto a la democracia y a las instituciones.

Pero a pesar de estos compromisos públicos aún sabemos muy poco de lo que piensa y busca Pedro Castillo, que en toda esta segunda vuelta, no siempre ha aceptado entrevistas con los medios, y no ha deslindado expresamente con el discurso e ideario del fundador del partido por el que postula. Incluso, cuando uno de sus congresistas electos e investigado por sus vínculos con el terrorismo, Guillermo Bermejo dijo en un audio que buscaban quedarse en el poder (“somos socialistas y nuestro camino de nueva Constitución es un primer paso. Y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”), Castillo expresó un escueto tuit señalando que dejarán palacio el 2026.

Guillermo Bermejo niega la lucha del Perú contra el narcotráfico diciendo falsamente que la Policía no había capturado narcoavionetas en 20 años y ha insistido en una Asamblea Constituyente evidenciando su desconocimiento sobre los mecanismos para cambiar la Constitución en Perú. Debido a las pesquisas iniciales de la Dircote en el 2017, con motivo de la huelga magisterial en la que participó Castillo ese año, la policía centró su atención, además de Bermejo, en otras tres personas que ahora son virtuales congresistas: Nivardo Tello Montes (elegido por Lima con 5.120 votos), Germán Tacuri Valdivia (por Ayacucho, 11.547 votos) y Paul Gutiérrez Ticona (Apurímac, 11.124 votos).

La percepción general de Castillo como un candidato de extrema izquierda, de un partido que se proclamaba marxista y leninista, y que además tenía un secretario general declarado admirador de las dictaduras de Cuba y Venezuela, se iba asentando a la par que una fuerte campaña de miedo y terror en los medios de comunicación más grandes del país. La misma que promovía un desequilibrio informativo abrumador, con el apoyo de un sector importante de grupos económicos, y el financiamiento anónimo de campañas “contra el comunismo”. Dicha imagen se fue construyendo ante el silencio de un candidato que constantemente ha evitado a los medios y que no ha logrado deslindar tajantemente con las expresiones radicales de alguno de los militantes de su partido.

Con la verborrea de algunos congresistas electos por Perú Libre y los antecedentes de Cerrón, la Dircote empezó a incursionar en la campaña electoral. Para dicha unidad el caso más alarmante correspondía al del virtual congresista Guillermo Bermejo, quien hoy es procesado por terrorismo debido a sus relaciones, según la fiscalía, con la facción narcoterrorista del Vraem.

Según la Dircote, las protestas del 2017 fueron realizadas como parte de la infiltración del Movadef en el magisterio y para ello tuvieron como operadores a por lo menos tres virtuales congresistas de Perú Libre y a Pedro Castillo. Como explicamos anteriormente, cuatro años después no existe evidencia pública de que la Policía Antiterrorista hubiera traducido sus pesquisas en un informe sustentado ante la Fiscalía con el objetivo de que el titular de la acción penal formalice una investigación preliminar contra dichos personajes por delitos de terrorismo o similares.

El insumo más didáctico de aquel caso del 2017 –un archivo en power point de 70 páginas– acabó convirtiéndose en un insumo de exposición para explicar sus hipótesis sobre el alcance del Movadef durante el gobierno de Kuczynski. El mismo archivo también se envió al Ministerio del Interior en esos años y se después de los resultados de la primera vuelta del 11 de abril se distribuyó en diferentes redacciones periodísticas.

Otros tres virtuales legisladores que concitaron la atención de la Dircote y de la Fiscalía, en base a sus discursos públicos sobre Sendero Luminoso, o por el intento del Movadef de inscribirse como partido en el JNE hace una década, fueron: Guido Bellido, Elizabeth Medina Hermosillo y Fernando Herrera Mamani. El primero por indicar en sus redes sociales que Edith Lagos era una “valiente luchadora social digna de admirar”, en referencia una dirigente de Sendero Luminoso que cayó abatida en un enfrentamiento en 1982 en los Andes; la segunda por tener una mención sin muchos detalles en los archivos de la DINI; y el tercero debido a que su firma aparece en los planillones de adherentes del Movadef, cuando esta entidad hizo el intento fallido de inscribirse ante el JNE el 2011. El diario El Comercio, en los últimos días, profundizó en la preocupación de la Policía Antiterrorista sobre los supuestos nexos de Perú Libre y el Movadef y reportó que 249 militantes del partido de Cerrón, a nivel nacional, figuraron como adherentes de las listas del Movadef en esa época. Según el Registro de Organizaciones Políticas del ente electoral, el partido que postula a Pedro Castillo llegó a tener 9741 militantes al 2019, la última fecha de actualización de dicha base de datos.

Adicionalmente, en medio de la campaña de segunda vuelta, la Dircote participó en una evidente e inusual campaña de visibilización mediática de las acciones de lo que ellos llaman “Sendero Luminoso del Vraem”, pero que en realidad es el grupo narcoterrorista ubicado en dicho valle. Lo hicieron a raíz de dos hechos específicos en pleno contexto electoral. El primero ocurrió el 11 de mayo último, cuando la Policía Antiterrorista –con el general PNP Óscar Arriola a la cabeza– reveló que desde hace más de una semana tenían ocho audios secretos de una mujer conocida como Florabel Vargas Figueroa ‘Vilma’, pareja supuesta de Marco Antonio Quispe Palomino ‘Gabriel’ (hermano de ‘José’ y abatido por las fuerzas del orden en 2013), en donde pide que no se vote por Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 6 de junio.

El segundo hecho ocurrió once días después, el 23 de mayo, cuando un grupo armado –la facción narcoterrorista de ‘José’, según la Dircote– asesinó a 16 personas, entre ellos cuatro menores, en Vizcatán del Ene (Satipo, Junín) y dejó panfletos amenazando a las personas que decidieron votar por Keiko Fujimori, un hecho ocurrido a la misma hora que se realizaba el debate de equipos técnicos entre Fuerza Popular y Perú Libre. La Policía Antiterrorista responsabilizó en ambos casos a lo que llamó “Sendero Luminoso del Vraem”. En la entrevista a Perú21 sobre los audios de ‘Vilma’, el jefe de la Dircote dijo que esta organización era actualmente una “amenaza… mientras exista la ideología marxista, leninista”. Para entonces, el mismo Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas insistía en que “Sendero Luminoso” se encontraba detrás de todas las operaciones criminales en el Vraem, sobre todo la matanza de Vizcatán del Ene.

Todos estos hechos y personajes, desde Vladimir Cerrón a Guillermo Bermejo y su proceso por terrorismo, junto a un grupo de legisladores de Perú Libre, supuestamente vinculados al Movadef, así como la ideología que proclama el partido y la afición de su secretario general por Venezuela y Cuba, han servido para que medios de comunicación y unidades policiales como la Dircote, personifiquen los vínculos del partido que postula a Pedro Castillo con el presunto delito de terrorismo. ¿Cuántos de estos personajes tienen en este momento un proceso penal en marcha y cuántos apenas una información de inteligencia sin validación indagación fiscal? En el marco de la legalidad, el Ministerio Público es el titular de la acción penal en caso exista la comisión del delito de terrorismo o apología del mismo, y a la fecha es la voz que menos se ha escuchado. Fuera del ámbito punitivo, queda claro que si Castillo llega al poder todos estos personajes serán su flanco más débil.

Al momento en que se publica este panorama histórico, empiezan a circular algunas versiones, desde resultados de sondeos cuya publicación en medios está prohibida en Perú hasta información falsa sobre el rol de las autoridades a cargo de la elección más crítica en lo que va del siglo. Todas son especulaciones, hasta que los resultados finales sean publicados por la autoridad competente. En cualquiera de los escenarios, el historial de ambas opciones augura que la estabilidad democrática no puede darse por sentada. El elector deberá sopesar dar el voto hacia la candidatura que presente mayores opciones de control ciudadano y menos riesgo de cooptación de los poderes del Estado. El desenlace de un ciclo de treinta años está en juego.

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