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6 de agosto de 2022

Quién es Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador

Nayib Bukele

Algunas acciones del joven político han sido calificadas como autoritarias

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El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es uno de los mandatarios más controvertidos de América Latina. Desde su elección en 2019, ha logrado altísimos grados de popularidad en la nación por su lucha contra las pandillas. No obstante, se ha visto involucrado en serias acusaciones por represión y violaciones a los derechos humanos.

Además, algunas de sus acciones políticas han sido vistas como autoritarias para la comunidad internacional. Con un parlamento mayoritario en el último año, Bukele ya consiguió que se permita su reelección presidencial.

¿Quién es Nayib Bukele?

Nació en San Salvador el 24 de julio de 1981. Su padre, Armando Bukele, fue un conocido empresario y líder espiritual musulman, impulsor de la primera mezquita en el país. No obstante, Nayib Bukele considera su propia familia católica, religión de su madre, Olga Ortez. El mandatario está casado con la psicóloga Gabriela Rodríguez, con quien tiene una pequeña hija, Leyla.

Ingresó a estudiar derecho jesuita en la Universidad Centroamericana de San Salvador, pero dejó la carrera rápidamente para, con solo 18 años, dirigir una empresa de su padre.

En los próximos años Bukele iría alcanzando más importancia dentro de las empresas de publicidad. Las habilidades en este terreno serían determinantes en el estilo que iría adaptando como político, con fuerte presencia en redes sociales.

Además, estas empresas fueron las encargadas de la propaganda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Este partido de izquierda sería su primer acercamiento exitoso a la política.

Bukele, el alcalde

Incluso con un candidato a cuestas, cuando Bukele le ofreció al FMLN ser su representante para aspirar a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, le dijeron que sí. Al parecer no se equivocaron, pues ganó las elecciones, en coalición con el Cambio Democrático, de centro izquierda.

Desde ese temprano momento de su carrera impresionó por su personalidad crítica, inclusive con los de su propio sector. Donó su salario para becas universitarias y mantuvo a funcionarios estatales de oposición en la municipalidad. Además, realizó importantes avances en materias sociales para su sector. Ya en esta época, la seguridad civil era un tema prioritario para Bukele.

Tan exitosa fue su gestión que el FMLN le ofreció la candidatura de la capital del país y su tierra natal, San Salvador. Además, su abanderada, Michelle Sol, ganó las próximas elecciones en Cuscatlán tras su partida.

En San Salvador también venció, esta vez en coalición con el Partido Progresista. Para esta época anunció la creación de la Secretaría de la Mujer y la de la Cultura, junto con una Biblioteca Municipal y otros proyectos. Entre estos estuvo el Mercado Cuscatlán, por el cual fue acusado de irregularidades en la implementación por montos cercanos a los 3 millones de dólares.

En 2017 fue expulsado del FMLN por violar los principios del partido. Tras esto anunció vía Twitter que era un político independiente.

Un polémico presidente

Tras desvincularse del FMNL, creó el partido político Nuevas Ideas. No obstante, no le permitieron presentarse para la presidencial con este, y entonces decidió hacer alianza con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Bukele consiguió el 53% de los votos, lo que le permitió ser elegido mandatario sin necesidad de una segunda vuelta.

No obstante, las preferencias no fueron las mismas en la cámara legislativa, donde predominó la oposición.

Fue entonces cuando Bukele realizó la primera acción que daría luces de una intervención de los poderes del Estado. El mandatario llamó a sesión extraordinaria de la Cámara el 9 de febrero de 2020 para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares con motivo de reforzar la Policia Nacional y la Fuerza Armada. Asistió a la reunión con decenas de policias y militares armados, y amenazó con la destitución del Congreso de no aprobarse en 7 días. Todo esto con un amplio reporte comunicacional.

En mayo de 2020, tras la llegada del Covid-19, rompió nuevamente su relación con el Poder Legislativo. Los parlamentarios se negaron extender aquel mes el Estado de Emergencia, no obstante, el gobierno decretó igualmente la prórroga, una acción que se acusó de inconstitucional.

Las fuertes restricciones en la pandemia lo tuvieron en la mira de algunas organizaciones de Derechos Humanos, que acusaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza para mantener los controles sanitarios.

Un control total

En las nuevas parlamentarias, celebradas en 2021, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, alcanzó mayoría parlamentaria, superando el 70% de los votos.

Prontamente la Asamblea Legislativa decidió destituir y reemplazar a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, argumentando que tomaron decisiones personales sobre la salud de la población, aludiendo a la revocación de decretos contra el presidente en la pandemia por Covid-19.

Lo mismo sucedió con el Fiscal General- quién investigaba al momento corrupción dentro de algunos ministerios- por supuestos vínculos con ARENA, partido de oposición, que afectaría su imparcialidad jurídica.

Esta misma rotación del poder judicial permitió que meses más tarde se aprobara el permiso para que Bukele se postule por segunda vez consecutiva. Esto también fue criticado por la comunidad internacional, por poner a la democracia de El Salvador en peligro.

La guerra contra las pandillas

A pesar de las críticas internacionales y sus intervenciones antidemocráticas, Niyab Bukele es el presidente más popular de latinoamérica.

Una de las razones principales es, probablemente, su exitosa- aunque no necesariamente ética- campaña contra la delincuencia.

Esta es una de las materias más importantes en El Salvador, ya que tras la guerra civil en la década del 80, y con motivo de la creciente emigración de sus compatriotas a Estados Unidos, muchos de ellos enfrentados a la marginalización y violencia, se crearon las primeras pandillas salvadoreñas, entre ellas la Mara Barrio 18, y la Mara Salvatrucha MS13, de las más influyentes del país.

Cuando Bukele llegó al país, la delincuencia y los homicidios eran una de las principales preocupaciones de la población, y Bukele proponía solucionarlo.

No obstante, al igual que con el Covid-19, sus medidas de detención han sido catalogadas de arbitrarias, y ha sido acusado por organizaciones de no respetar los estándares internacionales en las cárceles, donde existe represión violenta.

Además, el medio El Faro descubrió que negoció con tres pandillas, entre ellas Mara Barrio 18 y Salvatrucha 13, para controlar los homicidios. Les habría ofrecido mejores condiciones carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.

«Quién salva un lobo, sacrifica las ovejas»

Al parecer, las negociaciones con los clanes Mara no fueron fructíferos, puesto que a finales de marzo, y en menos de 48 horas, se registraron 76 asesinatos en el país.

Tras esta lamentable ola de muertes, el gobierno decidió decretar Regimen de Excepción constitucional, que permite detener a cualquier ciudadano por 15 días sin orden judicial ni necesidad de presentar razones.

En tan solo unos meses el gobierno ha detenido a más de 46 mil personas, e incautado más de mil armas de fuego y vehículos, y más de un millón de dólares en efectivo. Además, se ha alcanzado casi la eliminación por completa de los homicidios en el país. El mes de julio registraron solo 15.

No obstante, como menciona el mandatario en su tweet, una serie de organizaciones de Derechos Humanos han acusado al presidente de cometer serios delitos, como detención arbitraria, encarcelamiento injudtificado, tortura e inclusive asesinatos bajo la tutela del Estado.

«Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza», señala Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Solo hace unas semanas se aprobó la cuarta prórroga del Estado de Excepción y la «Guerra contra las pandillas» continúa.

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