Este martes el Tribunal Oral Federal 2 de Argentina condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por corrupción. No obstante, la política cuenta con fuero por su puesto en el Gobierno hasta el 10 de diciembre del año próximo, por lo que no puede ser detenida.

Además, aún quedan dos instancias de apelación para la expresidenta; la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema. El proceso de investigación podría durar años. Incluso, el juzgado tiene 40 días hábiles de plazo para entregar los argumentos de este veredicto, por lo que podrían conocerse recién el próximo año.

Asimismo, Fernández tiene la posibilidad de candidatearse a otro cargo público, algo que le permitiría mantener su fuero. Sin embargo, ayer declaró que no buscará ningún puesto en 2023. La vicepresidenta afirmó que «la condena estaba escrita», con intenciones de sacarla de la política, perpetuado por «un Estado paralelo y una mafia judicial«.

¿Por qué condenaron a Cristina Fernández de Kirchner?

Cristina Fernández de Kirchner presenta cinco causas judiciales abiertas (tres sobreseídos); asociación ilícita, lavado de dinero, encubrimiento y traición a la patria y defraudación. Sin embargo, el proceso que enfrenta ahora, por la Causa Vialidad, abierto hace casi 7 años, es el primero que llega a juicio oral y termina en condena.

Esta investigación acusa a Fernández y Nestor Kirchner (ya fallecido) de crear una red de enriquecimiento ilícito mediante fondos públicos, lo se habría generado mediante 51 contratos de obras públicas adjudicados al empresario Lázaro Báez– quien también está condenado por lavado de dinero- en la comuna de Santa Cruz, donde Kirchner nació y fue Gobernador entre 1991 y 2003.

Los contratos contemplaban fondos aumentados artificialmente, algunos pagados de forma adelantada, para proyectos innecesarios o que no terminaban de construirse. Se acusa que 1.000 millones de dólares fueron desviados desde los contratos para los beneficiarios de la asociación ilícita (entre ellos Kirchner y Fernández).

El fiscal Diego Luciani, quien lidera el Caso Vialidad, solicitó en agosto 12 años de cárcel e inhabilitación permanente de cargos públicos a la vicepresidenta por encabezar el proceso de defraudamiento del Estado. A pesar de que se desestimó que Fernández dirigió la operación, el Tribunal sí concluyó que participó de esta en la asociación ilícita.

Tras la sentencia, el presidente argentino, Alberto Fernández, mostró su rechazo al veredicto: «Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso», indicó en Twitter.

Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana.

— Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022

Junto con la expresidenta se condenaron otras 8 personas, entre ellos el mismo Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el exdirector de Vialidad, Nelson Pierotti. De los 13 acusados, 5 quedaron absueltos, entre ellos el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsubsecretario de Obras Públicas, Claudio Fatala.