El Estado de Emergencia en Perú, decretado en respuesta a las masivas manifestaciones, rige desde el 14 de diciembre. En esta nota explicamos en qué consiste la medida y cuáles son sus implicancias.

Casi tres semanas han pasado desde el regreso de las protestas en Perú. Pero esta vez, fue en respuesta a la destitución -y posterior encarcelamiento- del ahora ex presidente, Pedro Castillo.

Como mencionamos en esta nota, momentos antes de la destitución, el mandatario anunció el cierre del Congreso y la instalación de un Gobierno de Emergencia con toque de queda nocturno. Este hecho fue catalogado como un intento de Golpe de Estado.

En paralelo, Castillo estaba siendo investigado por delitos de organización criminal, corrupción y tráfico de influencias. Como resultado de ambas situaciones, fue detenido por la policía nacional.

Sumado a ello, tras la toma de declaración inicial, el Ministerio Público comenzó una investigación por el delito de rebelión y conspiración. 

En respuesta de todo este proceso, cientos de ciudadanos peruanos salieron a manifestar el rechazo a la detención de Castillo. Quienes, además, solicitan el cierre del Congreso y la renuncia de la actual Presidenta, Dina Boluarte.

¿Qué implica el Estado de Emergencia en Perú?

Como consecuencia de las masivas manifestaciones, el miércoles 14 de diciembre el gobierno de Boluarte decretó Estado de Emergencia en todo Perú. La medida implica la suspensión de ciertos derechos de la ciudadanía, como también le entrega mayor poder a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

El Decreto Supremo N° 143-2022-PCM contiene siete artículos, los cuales fueron refrendados por la Presidenta de Perú y el Presidente del Consejo de Ministros. Además de los ministros de Defensa, Interior y Justicia y Derechos Humanos.

¿Cuánto dura el decreto?

El Estado de Emergencia en Perú, iniciado el 15 de diciembre de 2022, tiene una vigencia de 30 días y abarca todas las regiones del país. Con esta medida general, el Gobierno suspendió la vigencia de los Estados de Emergencia declarados con anterioridad en los diferentes departamentos peruanos.

Cinco días hábiles después del término del decreto, la Policía Nacional debe presentar ante el Ministerio del Interior un informe con las acciones realizadas durante el régimen de excepción.

¿Cuál es el rol de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas?

Durante la vigencia del Decreto Supremo la Policía Nacional es la encargada de mantener el orden interno del país, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La intervención de ambas instituciones son efectuadas conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186 (que regula el uso de la fuerza de la policía) y en el Decreto Legislativo N° 1095 (que establece normas de empleo y uso de la fuerza de las FFAA).

¿Qué derechos fueron suspendidos por el Estado de Emergencia en Perú?

De acuerdo al artículo dos del Decreto Supremo, durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los siguientes derechos constitucionales:

• Inviolabilidad del domicilio:

«Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley».

• Libertad de tránsito por el territorio nacional:

«A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería»

• Libertad de reunión:

«A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas».

• Libertad y seguridad personales:

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.