La reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador en México podría cambiar sustancialmente la democracia en el país latinoamericano. La iniciativa ya se aprobó este miércoles 22 de febrero por 72 votos a favor y 50 en contra. Ahora, solo faltaría la firma del mandatario para que se convierta en ley.

Frente al avance, este lunes miles de mexicanos (medio millón según los manifestantes y cerca de 100 mil según las autoridades) salieron a protestar en contra de la iniciativa.

M E X I C O

T E

A M O pic.twitter.com/GrCT7IGL7J

— Sociedad Civil México 🇲🇽  (@SocCivilMx) February 27, 2023

Los opositores de la iniciativa afirman que se reducirá la autonomía y fiabilidad del Instituto Nacional Elector (INE), afectando el correcto funcionamiento de la democracia. Recordemos que las elecciones presidenciales en el país norteamericano es el próximo año.

Por su parte, AMLO criticó duramente a los convocantes de la protesta, entre los que se encuentran políticos y empresarios de oposición. El mandatario los acusa de haber sido partícipes de la corrupción y la narcocultura, vinculándolos al exsecretario de Seguridad y colaborador del Cartel de Sinaloa, Genaro García Luna.

¿Qué cambia con la reforma electoral en México?

«Plan B» es como se conoce a este segundo intento (más moderado) del oficialismo por reformar constitucionalmente el sistema electoral. La premisa del Gobierno es que la institución cobra sobresueldos en los tramos más altos y realiza gastos injustificados o duplicados.

Según el Ejecutivo, el objetivo es ahorrar 5 mil millones de pesos mexicanos (cerca de 270 millones de dólares). De estos, 3.500 millones son del presupuesto directo y el resto en recursos de organismos locales.

Por tanto, con este proyecto se reducirá el 84,6% del personal la institución. No obstante, el INE estima que por costos de indemnización la reforma costará cerca de 3.500 millones de pesos.

Entre las medidas se encuentra eliminar la figura de las Juntas Ejecutivas Distritales, quienes se encargan de organizar las elecciones locales, así como entregar capacitación en educación cívica. En total son 300 en el país, y cada una cuenta con 5 miembros, por lo cual, 1.500 trabajadores serían desvinculados.

Asimismo, eliminará 260 cargos de las 32 Juntas Ejecutivas Locales, que tienen como labor la coordinación, la supervisión y la promoción de las actividades electorales en sus zonas.

Con la iniciativa el INE ya no podrá retener recursos públicos vía fideicomisos. Además, los partidos políticos podrán usar recursos públicos y privados (de campaña) que no se utilicen en un año para financiar las siguientes las elecciones.

Por otro lado, flexibiliza el concepto de «propaganda gubernamental«, pudiendo utilizarse incluso durante periodos electorales. Algo que el INE teme se utilice para financiar propaganda «oficialista» con recursos públicos en medio de las campañas.