Trump sanciona a la Corte Penal Internacional: qué es y cómo funciona este organismo
El tribunal internacional juzga genocidios, crímenes de guerra, de agresión o contra la humanidad, en los países que no pueden o no quieren llevar estos procesos.
Esta semana el presidente Donald Trump firmó un decreto que establece sanciones financieras y restricciones de visa a los “individuos y sus familiares que ayuden en las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre ciudadanos estadounidenses o nuestros aliados”.
La CPI respondió que a pesar de las sanciones “se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo“.
La medida de Trump se realiza en contexto de las investigaciones que lleva adelante el tribunal internacional en contra de líderes israelíes, como el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallan, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
En este contexto es que la CPI ordenó en noviembre de 2024 la detención del primer ministro israelí. No obstante, Netanyahu sigue libre y liderando su nación. De hecho, actualmente está en una visita a Estados Unidos, donde se reunió en varias ocasiones con el presidente Trump.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
En 1998 se celebró en Roma una conferencia que reunió a representantes de más de un centenar de países. El fin era establecer, por primera vez, un organismo permanente para investigar y condenar los crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de individuos en cualquier nacionalidad.
Ese año se adoptó crear la Corte Penal Internacional, aunque pasarían cuatro años hasta que 60 países (el mínimo establecido) ratificaran al organismo y este pudiera entrar en vigor.
Actualmente son 125 países los que son Estados Partes del Estatuto de Roma el documento donde se establecen los lineamientos y obligaciones de la CPI.
Entre estos, por ejemplo, se establece que “la Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado“.
En este sentido, algunas de las más importantes potencias internacionales no ratificaron el Estatuto, y por tanto, no son miembros de la Asamblea de los Estados Partes (AEP). Entre ellas están Estados Unidos (de ahí que no se detuviera a Netanyahu en ese país), China, Rusia, India e Israel.
Según el estatuto, la CPI vela por los “crímenes más graves de trascendencia internacional”, específicamente en casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión.
Además de la propia Corte (que establece las sentencias) la AEP también creó el Fondo Fiduciario para las Víctimas, que busca apoyar a quienes sufrieron por los crímenes que juzga el tribunal internacional.
¿Cómo funcionan los juicios?
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos) es un órgano complementario a los sistemas de justicia de cada país, e interviene cuando una nación no puede o no quiere juzgar los crímenes de su jurisdicción.
Después de que los crímenes ocurren, un Estado Parte puede solicitar el inicio de una investigación. Esto da pie al primero de los siete pasos que establece la CPI: los exámenes preliminares.
En esta etapa que lidera un fiscal independiente se debe establecer: si hay un o más sospechosos, si hay fundamentos suficientes para iniciar una investigación, y si la causa es parte de su jurisdicción.
Si se cumplen todas estas condiciones comienza formalmente la investigación, que puede terminar en una citación para declarar o una orden de arresto contra los aparentes responsables.
Entonces hay una etapa previa del juicio (con la defensa del acusado) donde tres jueces establecen si comenzar el proceso. De ahí viene el juicio en sí mismo, donde se define el veredicto de la Corte.
Posteriormente viene una instancia de apelación para las defensas. Si no se logra revertir la sentencia, finalmente se lleva a cabo la condena en los países que se comprometieron a ejecutarlas.
Este proceso lo llevan a cabo los 18 jueces que son electos por la AEP. Estos duran nueve años en sus cargos, sin posibilidad de renovación.
Según informa la web de la CPI “hasta el momento ha habido 32 casos ante el Tribunal, y algunos de ellos tienen más de un sospechoso”. Además, se emitieron 60 órdenes de arresto, con 21 detenciones a la fecha, mientras otros 31 personas juzgadas siguen en libertad.