Columna de Patricia Muñoz: De la crisis a los cambios

Por Patricia Muñoz, abogada y Defensora de la Niñez

Nuestro país ha enfrentado, desde el 18 de octubre, evidentes dificultades que han develado, de manera profunda y dramática, que todo el progreso y avances, que indiscutiblemente hemos experimentado como país, no han logrado llegar a todas y todos asegurándoles una vida con dignidad.

El quiebre social, que gatilló las más significativas y masivas manifestaciones que el país haya conocido, iniciadas, una vez más, por un grupo de adolescentes estudiantes secundarios, nos removió los cimientos y la estructura en la que muchos, cómodamente, querían y quisieran seguir viviendo, sin hacer cambios y sin brindar espacios a otras y otros que, permanentemente, han sido postergados, abandonados e invisibilizados.

Esas movilizaciones, reflejo del claro y contundente reclamo ciudadano, permitieron que nos encontremos ad portas del inicio de un proceso tan crucial como necesario, el proceso constituyente, proceso que permitirá resolver, democráticamente, si como habitantes de Chile queremos o no una nueva carta fundamental, una que, de prosperar la opción favorable, será construida por quienes, al menos en parte, serán electas y electos por la propia ciudadanía, estableciendo las nuevas reglas y la forma en la que nuestro Estado funcionará y se relacionará con quienes habitamos en él. Paradójicamente, considerando que las movilizaciones fueron iniciadas por un grupo de adolescentes, ellas y ellos son excluidos de este proceso, impidiéndoseles participar de manera efectiva e incidente a través de la emisión del voto, porque siguen siendo considerados, a pesar de los compromisos adquiridos por Chile, como meros objetos de protección y no como lo que son, sujetos de derechos, agentes claves no sólo de su propio desarrollo sino que también del desarrollo de cualquier país.

No alcanzamos a enfrentar ni a superar la crisis social, cuando la pandemia del COVID-19 llegó a Chile, su abordaje no ha estado exento de complejidades, de evidentes problemas de comunicación de las autoridades sanitarias a la ciudadanía y de una grave agudización de los cuestionamientos a la legitimidad y confiabilidad de éstas, todo lo que lleva a muchos a pensar que esta crisis sanitaria sólo ha venido a profundizar la crisis social previa, evidenciando con aún más crudeza la desigualdad, inequidad y desatención de los grupos más vulnerables y vulnerados del país, todo lo que, concluido el confinamiento voluntario y obligado, podría involucrar el retorno de las movilizaciones, en la búsqueda ciudadana de modificar la realidad de muchos y muchas cuyas vivencias, sin duda, no responden a lo que la dignidad y resguardo efectivo que sus derechos exigen.

Son muchas las reflexiones que nuestra realidad permite, pero quisiera concluir diciendo que espero y confío que estas experiencias nos permitan sacar lo mejor de nosotros, que las inadmisibles violaciones a los derechos humanos que sufrieron muchos niños, niñas y adolescentes y adultos de Chile, en el contexto de la crisis social, la clara incapacidad estatal de asegurar dignidad en el vivir a muchas y muchos chilenos y el dolor que nos provocan las muertes de compatriotas a causa del COVID-19, no nos dejen indiferentes, convenzámonos y logremos que estas y muchas otras situaciones que no son sostenibles en un país como el nuestro se detengan, construyamos, con participación efectiva de todas y todos, niños, niñas y adolescentes incluidos, un nuevo país, uno en el que, independiente de quien gobierne, el Estado cumpla con su deber de estar al servicio de la persona humana, asegure el ejercicio efectivo de los derechos a todas y todos y, de este modo, permita enorgullecernos de que no sólo declaramos y discurseamos sobre los derechos sino que los reconocemos, respetamos y garantizamos como debemos.