La mañana de este jueves, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (dependiente del Ministerio del Interior), Álvaro Bellolio, aseguró en entrevista con Radio Sonar que los migrantes que estén en situación irregular en Chile sí podrán vacunarse. Una aclaración que contradijo las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, quien había señalado este miércoles que dicho grupo quedaría fuera del proceso de vacunación.

Concretamente, Bellolio explico que «los migrantes que están de forma irregular en Chile, por un decreto del año 2016, son Fonasa A. Por lo tanto, ellos tienen acceso a la vacunación. Quienes no van a tener acceso a la vacunación son los turistas con visa vigente o visa vencida, o sea, turistas que quieran venir a futuro o las personas que quieran ingresar de forma clandestina para vacunarse a futuro».

Por su parte, el ministro Allamand también habló esta mañana sobre este tema en entrevista con Tele13 Radio, recalcando que «una persona que se encuentra clandestina en Chile, una persona que está de manera irregular, para acceder a la vacuna solamente tiene que demostrar que ha iniciado sus trámites de normalización. Por lo tanto, desde el punto de vista de las personas, aquello que se les está pidiendo es algo bastante expedito».

La aclaración de Bellolio fue apoyada tanto por el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el reporte diario de Covid-19, y por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quienes también sostuvieron que los migrantes que se encuentren en situación irregular podrán vacunarse.

En particular, la subsecretaria puntualizó que «las personas que vienen a Chile, que van a ingresar en el futuro a nuestro país en forma irregular, que no han iniciado su proceso de autodenuncia, esas personas en este momento, en este calendario de vacunación, no van a ser priorizadas».

En tanto, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, también se unió al debate esta tarde, explicando que había conversado el tema directamente con el presidente Piñera, y que «la postura del Gobierno fue clara: no vamos a permitir el turismo de vacuna». Sin embargo, indicó que «efectivamente el canciller abrió un tema que tampoco había sido discutido, y justamente el canciller puso el dedo sobre ese tema, y ha sido precisado durante esta jornada».

Las críticas que recibió la resolución del canciller Allamand

Las declaraciones de este miércoles del ministro Allamand fueron rechazadas por un amplio sector de la salud, que incluye al Colegio Médico e incluso al exministro de Salud, Jaime Mañalich, como también a un grupo de nueve médicos (incluidos cinco exministros) que criticaron la medida a través de una carta.

El doctor Juan Carlos Said, médico internista y magister en Salud Pública del Imperial College de Londres, es uno de los representantes que firmó esta misiva. Para él, inocular a los inmigrantes en situación irregular «es clave, porque así como el virus no discrimina, la salud pública no puede discriminar (…). El objetivo del Minsal para controlar una enfermedad infecciosa, esta y cualquier otra, tiene que ser vacunar al máximo número de personas lo más rápido posible, independiente de lo que diga su pasaporte».

En ese sentido, puntualiza que es responsabilidad del Ministerio del Interior controlar la inmigración, no del Minsal, ni de los hospitales y consultorios.

«Por otro lado, no vacunarlos no sólo no tiene sentido sanitario, sino que tampoco tiene sentido económico. Si un paciente tiene enfermedad respiratoria grave y tiene que ser intubado, una hospitalización de UCI le cuesta al Estado varios millones de pesos. Una vacuna le cuesta cuatro dólares», asegura.

Desde el punto de vista internacional y de derechos humanos, para Catalina Fernández, abogada y magister en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge, excluir a los inmigrantes irregulares del proceso de vacunación «es una discriminación en el fondo arbitraria, porque no está basada en criterios objetivos».

«Los organismos de Naciones Unidas, por ejemplo, han sido súper claros en que la vacuna tiene que entregarse con criterios de salud (…) también a los migrantes en situación irregular, y que no hacerlo en el fondo constituye una discriminación arbitraria y es una violación en materia de derechos humanos», señala.