Las siete acusaciones constitucionales contra presidentes y expresidentes de Chile

Todas las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados acordaron presentar una acusación constitucional en contra del Presidente Piñera. Esto se produce tras conocerse que su familia estuvo involucrada en la millonaria compraventa de Dominga en 2010. Cabe mencionar que este mecanismo se ha utilizado en contadas ocasiones en contra de un mandatario y de forma excepcional estando éste en ejercicio. En Mala Espina te contamos en qué momentos se planteó usar la acusación constitucional en contra un Presidente de la República y cuál fue el veredicto.

Esta no es la primera vez que se plantea llevar a cabo una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, pues este mecanismo se barajó en 2019. Sin embargo, ésta fue desestimada en diciembre del mismo año. Es posible acceder a los detalles de ese procedimiento siguiendo este enlace.

Pero primero, ¿qué es una acusación constitucional? Según el sitio web de la Cámara de Diputados, este procedimiento permite fiscalizar el actuar del Gobierno y sus agentes. En resumen, “es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados” y, para llevarse a cabo, debe cumplir un requisito: no menos de 10 ni más de 20 diputados deben presentarla. El rol del Senado es de juez, esto si es que la Cámara decide proceder con la acusación.

En esta nota te explicamos en detalle cómo es este procedimiento.

Las veces en que se ha realizado una acusación constitucional contra un presidente

Las acusaciones de este tipo contra un mandatario no son frecuentes. Según un informe de la Cámara de Diputados, entre 1831 y 2019 esta posibilidad fue votada en seis ocasiones. El documento resalta que la “primera acusación constitucional contra un Presidente de la República en el ejercicio de su cargo, fue la presentada en contra del Presidente Carlos Ibáñez del Campo el año 1956”.

¿En qué términos se iniciaron estos procedimientos?

1.- Contra Francisco Ramón Vicuña como expresidente de la República (1831)

Esta acusación inició en sesión de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de julio de 1831, por solicitud de la viuda del Teniente Pedro Rojas, doña Margarita Fernández. Cabe recordar que Vicuña tuvo un breve paso por la presidencia del país en 1829.

Según explica el documento, el Teniente Rojas fue detenido en Santiago, el 24 de julio de 1829. Esto según la sentencia dictada por un Consejo de Guerra de Oficiales Generales por el delito de sedición, con motivo de los sucesos conocidos como “el Motín de los Inválidos”.

La sentencia del Consejo de Guerra fue aprobada por Francisco Ramón Vicuña, “en su calidad de Presidente de la República, pese a que la Corte Suprema había reclamado por la infracción de las garantías constitucionales en el procesamiento de Rojas, conforme al artículo 96 N.º 9 de la Constitución de 1828”.

Pese a que fue presentada, esta acusación terminó siendo rechazada.

2.- Contra el expresidente Carlos Ibáñez del Campo (1931)

Carlos Ibáñez del Campo fue sujeto de 3 acusaciones en 1931. La primera de ellas se presentó el 18 de agosto de ese año. “En la acusación contra Ibáñez eran denunciados diversos hechos de detención violenta, relegación y deportación, sin orden judicial, y por medio de agentes de Carabineros, de varios Diputados, ocurridos desde el mes de febrero de 1927 y hasta julio de 1931”.

De acuerdo al documento, la acusación explicó que estos hechos constituían “crasas e irritantes infracciones de la Constitución Política y de diversas otras leyes básicas de nuestra organización estatal”. Estos actos serían de responsabilidad de Ibáñez debido a que eran “dispuestos en el último término por el entonces Presidente de la República”.

La votación en la Cámara de Diputados fue el 2 de septiembre de 1931 y se realizó en dos oportunidades. Para proseguir, se necesitaba el voto de 65 diputados, los que se consiguieron en la segunda votación. El 26 de octubre se votó la acusación, esta vez en el Senado: con 32 votos a favor y 1 en contra, el Senado declaró que el acusado era “culpable del delito de abuso de poder que se le imputa”.

De las seis, esta es la única acusación constitucional aprobada.

3.- Contra el expresidente Carlos Ibáñez del Campo y dos exministros del Interior (1931)

En relación al expresidente, la acusación señaló lo siguiente:

“El extrañamiento ilegal de don Arturo Alessandri Palma, de don Arturo y de don Hernán Alessandri Rodríguez, por la prisión arbitraria con desconocimiento de fuero parlamentario de don Jorge Alessandri Rodríguez, por la prisión arbitraria de los señores Fernando, Eduardo y Mario Alessandri Rodríguez, Arturo Matte Larraín y Eduardo Escroggie (sic) Vergara, por el confinamiento de don Eduardo Alessandri Rodríguez, por el asalto de la casa de la familia Alessandri Rodríguez y por el extrañamiento ilegal de los señores Fernando, Hernán, Jorge, Eduardo y Mario Alessandri Rodríguez, y Arturo Scroggie Vergara”.

Pese a ello, la acusación contra Ibáñez se rechazó.

4.- Contra el expresidente Carlos Ibáñez del Campo y 17 exministros (1931)

En este caso, los cargos formulados fueron los siguientes:

“Al ex Presidente Carlos Ibáñez del Campo: prisión arbitraria y deportación de don Enrique Bravo Ortiz; alzamiento contra la autoridad de las resoluciones judiciales recaídas en el proceso contra Enrique Bravo Ortiz; prisión arbitraria y relegación de don Gabriel Amunátegui Jordán; prisión arbitraria, deportación y atropello del fuero parlamentario de don Ladislao Errázuriz Lazcano; por restricción arbitraria de la libertad personal de aquellos 188 ciudadanos mencionados en el informe respectivo de la Comisión Investigadora de los actos de la Dictadura, y por atropello de la Constitución y de la ley, con motivo del conflicto suscitado entre la Excma. Corte Suprema y el Ejecutivo; atropello de la ley en el caso denunciado por don Adolfo Escobar Terán”.

Esta acusación también se rechazó. El documento de la Cámara de Diputados añade un dato: la votación resultó con 33 votos por la afirmativa y 19 por la negativa. Sin embargo, al no cumplirse el quórum, se declaró rechazada.

5.- Contra el expresidente Arturo Alessandri Palma (1939)

Este procedimiento inició “en vista que los Tribunales Ordinarios se negaran a dar curso a la querella que había entablado (don Plutarco Badilla Urrutia) contra los homicidas responsables de la muerte de su hijo y de los demás jóvenes ultimados”. Este hecho ocurrió el 5 de septiembre de 1938 en el llamado “Edificio del Seguro Obrero”.

Se añadió que “los Tribunales Ordinarios desestimaron la demanda del señor Plutarco Badilla, a pretexto de que por aparecer asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido el ex Presidente de la República don Arturo Alessandri Palma, correspondería al Congreso Nacional su juzgamiento previo, sin que pudiera adelantarse la investigación respecto de los demás autores, cómplices y encubridores de aquellos homicidios, mientras no se determinara la culpabilidad del principal inspirador y autor de aquellos sórdidos y luctuosos hechos”.

Cabe señalar que el mismo Alessandri Palma declaró asumir la responsabilidad de estos hechos. La acusación fue rechazada por 66 votos a favor contra 53, a los que se suman la abstención de dos diputados. El quórum necesario era de 67 votos.

6.- Contra el presidente Carlos Ibáñez del Campo (1956)

Esta es la primera acusación constitucional realizada en contra de un presidente en ejercicio y la cuarta en contra del mismo Ibáñez. El documento explica que el motivo detrás de este procedimiento fue “comprometer gravemente el honor y la seguridad del Estado, e infringir abiertamente la Constitución y las leyes”.

Para sus acusadores, las actitudes de Ibáñez “indican que frente al cargo de Primer Magistrado de la Nación se encuentra un ciudadano desprovisto de ponderación para dirigir nuestro país”. Lo describen como alguien “carente de todo principio jurídico”, a quien “la ley le molesta y le estorba”. “No comparte ni siente los principios de una democracia bien constituida como la nuestra; que cree que el Poder se ejercita bajo el signo de su sola determinación, y no por el libre juego de los Poderes e Instituciones que dan base a la Nación”.

Su acusación se dividió en dos capítulos. En el primero de ellos se le acusó de “haber comprometido gravemente el Honor y la Seguridad del Estado”. En el segundo, de “abiertas infracciones a la Constitución y las leyes”. Puedes revisar el detalle presentado en el documento de la Cámara siguiendo este enlace.

Pese a lo anterior, la acusación se rechazó por 48 votos en contra, 30 a favor y 37 abstenciones.

Las acusaciones en contra de Sebastián Piñera

Sebastián Piñera es el segundo presidente en ejercicio que ha sido objeto de la presentación de una acusación constitucional. La primera vez se barajó en 2019. La diputada Carmen Hertz señaló en esa oportunidad que la acusación se basa en “las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado en el último mes”. Sin embargo, ésta fue desestimada en diciembre del mismo año, tras seis horas de debate. Esa votación terminó con 79 votos a favor y 73 en contra de la llamada “cuestión previa”. Con esto, se determinó que “la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala y, por tanto, se la entiende como no presentada”.

Es posible acceder a los detalles de ese procedimiento siguiendo este enlace.

Además, esta mañana los diputados de oposición presentaron la acusación constitucional en contra del Presidente. El documento consta de 99 páginas. En concreto, la acusación contra el mandatario se basa en “los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”.