El Gobierno anunció que ratificará el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta es la primera normativa internacional que busca la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

Así, el presidente Gabriel Boric envió un proyecto de ley para vincular a nuestro país con este convenio.

Nuestro compromiso está con las y los trabajadores, para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Para un #TrabajoSinAcoso enviaremos un proyecto de ley donde nos comprometemos a cumplir con este Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo 👇 pic.twitter.com/z5nWfio5rU

— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 29, 2022

¿Qué es el Convenio 190 de la OIT?

Este convenio fue adoptado en 2019, durante la Conferencia Internacional del Trabajo, donde Chile votó a favor.

Se trata de la primera normativa en contra de la violencia y el acoso en el trabajo, que, además, cuenta con perspectiva de género.

La OIT señala que «la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos», como también «son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente».

Tiene aplicación en los sectores públicos y privados, así como en la economía formal e informal, y en zonas urbanas y rurales. Asimismo, se deberá abordar en todo lugar relacionado con tu labor: sitios de trabajo, descanso y paga, desplazamientos laborales (incluido el trayecto del domicilio al empleo) y también en las comunicaciones, aunque sean digitales.

El Convenio 190 cuenta con la ratificación de 19 países. Sin embargo, solo 7 tienen el pacto entrado en vigor; Argentina, Ecuador, Fiji, Mauricio, Namibia, Somalía y Uruguay. Los 12 restantes se encuentran esperando que termine el plazo de 12 meses desde la ratificación del pacto con la OIT. Por tanto, de aprobarse la ratificación, para nuestro país el convenio entraría en vigor a fines de 2023.

¿Cuales serán las obligaciones del Estado?

El Convenio 190 busca que los países miembros aseguren la eliminación de la violencia y el acoso mediante la legislación. Esta deberá ser en consulta de las organizaciones representativas de empleadores y con consideraciones de género.

Los gobiernos tendrán que producir leyes que prohiban, prevengan, y combatan el acoso y la violencia, así como establecer mecanismos para controlar su aplicación. También serán responsables de generar educación y formación sobre el tema, como entregar protección y reparación a las víctimas, y prever sanciones.

Asimismo, deberán asegurarse de cumplir con los derechos laborales; libertad de asociación, negociación colectiva, y protección del trabajo seguro y decente, así como la eliminación del trabajo forzoso, la explotación infantil y la discriminación laboral.

La normativa entrega disposiciones específicas en cuanto a la protección y prevención frente al acoso y la violencia laboral, como también en la aplicación y las vías de recurso y reparación, y en la orientación, formación y sensibilización.

Solo se podrá solicitar la salida del Convenio 10 años posterior a la entrada en vigor de la normativa. Si no se solicita antes del primer año posterior a este plazo, el Estado vuelve a ratificarse por una década más.

 

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