Qué cambiará en Chile tras la ratificación del TPP-11

Habrá libertad de arancel en el ingreso y egreso de productos comerciales con los 11 países miembros.
El 22 de diciembre Chile depositó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) en Nueva Zelanda. Con esta acción se termina la tramitación entre los países miembros para la entrada en vigencia del convenio.
Por tanto, el tercer acuerdo de comercio internacional más grande- después de CETA y UMSCA- comenzará a aplicarse en febrero de 2023.
Chile tiene actualmente 32 Tratados de Libre Comercio (TLC) con 64 economías, alcanzando casi 5 mil millones de consumidores en todo el mundo. Con la implementación del TPP-11, 11 países del pacífico- que representan 500 millones de personas– tendrán reducción de aranceles en más de 3 mil productos.
Entre las materias que aborda el pacto, se encuentran normativas sobre comercio, medioambiente, propiedad intelectual, asuntos laborales y un sistema de resolución de conflictos.
¿Qué es el TPP-11?
El TPP-11 es un acuerdo entre Chile, Canadá, Japón, México, Australia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei. Nuestro país ya tiene pactos con todos estos países, sin embargo, se integran algunas aperturas nuevas, generando un reglamento comercial base para la coalición.
Entre ellas, está el arancel cero entre estos países para miles de productos de origen nacional. Con esto, se busca la explotación de las redes comerciales en sectores específicos como la agricultura, forestal, pesquero y de carnes. El fin del tratado es internacionalizar los negocios locales de cada país de forma más expedita.
Por tanto, los principales beneficiarios serán emprendedores, empresarios e inversores, quienes ya no tendrán que adaptarse a las normas soberanas de cada país, con beneficios aduaneros.
Sin embargo, este tratado no es solo comercial. Su preámbulo menciona que, además de los beneficios económicos, el tratado busca:
contribuir al crecimiento económico y beneficios sociales, crear nuevas oportunidades para los trabajadores y los negocios, contribuir a elevar los estándares de vida, beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el crecimiento sostenible.
La discusión del TPP-11 en Chile
En marzo de 2018, después de un año que los países miembros se juntaron para reajustar el tratado post salida de Estados Unidos, se firmó el acuerdo en Viña del Mar, a esperas de su ratificación.
Chile fue el último país que ratificó el tratado, después de años en el Congreso.
Los detractores mencionaban que Chile perdería soberanía frente a las empresas extranjeras. Esto con relación al Sistema de Solución de controversias, que admite tribunales internacionales de fantasía ante estos casos.
Frente a esto el Gobierno presentó propuestas en side letters, firmadas por México y Canadá- y con Nueva Zelanda a la espera- que buscarán modificar esta normativa.
No obstante, existen algunas protecciones a la soberanía nacional en ciertas materias, como por ejemplo el laboral o el medioambiental:
Las Partes reconocen el derecho soberano de cada Parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental interna y sus propias prioridades ambientales, así como a establecer, adoptar, o modificar sus leyes y políticas ambientales consecuentemente.
¿Qué cambiará en Chile con el TPP-11?
Uno de los cambios más importantes será la libertad de arancel entre los productos miembros. Mientras los productos y empresas nacionales podrán llegar a mercados extranjeros con mayor facilidad, los internacionales tendrán la misma capacidad en suelo nacional. Esto permitirá mayor variedad de productos en Chile.
Asimismo, nos comprometeremos a mantener los estándares laborales de la OIT, que Chile tiene ratificados, relativos a la libertad de asociación, discriminación y trabajo forzoso.
También Chile tendriá que enfrentarse a tribunales ad-hoc si los inversionistas extranjeros estiman que existió alguna iniciativa gubernamental (como leyes) que afecte su proyección de negocios, o si existen controversias entre las partes. En esta instancia el Ejecutivo no tendrá derecho de apelación.
Obviamente, esto también aplicará para inversionistas chilenos que busquen llegar con sus negocios al extranjero. La idea base es proteger los negocios frente a posibles cambios en la institucionalidad de los países miembros. Este es un mecanismo que ya existe para Chile frente a otros tratados internacionales.
El tratado contempla disposiciones para 30 áreas, que repercuten en: comercio, laboral, medioambiente, telecomunicaciones, propiedad intelectual, pymes, desarrollo, competitividad, cooperación, contratación pública, servicios financieros, empresas del Estado, transparencia y corrupción, entre otras.