Los capítulos acusatorios indican que el ministro de Desarrollo Social infringió la Constitución de Chile y dejó sin efecto cinco leyes. A continuación explicamos de qué trata la acusación constitucional contra Jackson.

Para este jueves está confirmada la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, iniciativa impulsada por los parlamentarios del Partido Republicano.

Aunque en el oficialismo dicen tener todos los votos para hacer caer la acusación, el escenario todavía no se ve tan claro, ya que no se sabe con certeza cómo votarán los diputados de Renovación Nacional (RN) y parte de los diputados afines al gobierno.

Además, todavía queda por escuchar la segunda parte de las audiencias y conocer el resultado del informe realizado por la comisión revisora, el cual debe ser despachado este miércoles.

A la acusación constitucional contra Jackson se suma el procedimiento abierto en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. De acuerdo a Biobio Chile, el libelo podría ser votada a fines de enero.

Acusación Constitucional contra Jackson ¿de qué se le acusa al Ministro?

Fue el 4 de enero pasado cuando el Partido Republicano ingresó la acusación constitucional contra el Ministro de Desarrollo Social.

El documento, que contiene 152 páginas, alude a las infracciones que habría cometido Jackson en contra de la Constitución. Además, de – supuestamente – haber dejado sin efecto cinco leyes.

Los argumentos están contenidos en cuatro capítulos acusatorios, estos son:

1. Infringir y dejar sin efecto: la Ley 19.253, que fija normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Además, de la Ley 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la Ley 21.395, sobre presupuesto para el Sector Público correspondiente al 2022.
2. Infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así como también haber acusado a una «funcionaria de gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las instrucciones indebidas que se le dio a dicha funcionaria en el marco del SEIA».
3. Dejar sin cumplimiento la Ley 21.302, la cual crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por no «implementar oportunamente en lo relativo a la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos».
4. Dejar sin ejecución la Ley 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, por no haber implementado adecuadamente las Oficinas Locales de la Niñez. Pese a existir planes, autorizaciones presupuestarias y un reglamento para la puesta en marcha de las oficinas.