Mediante una carta del Grupo de Puebla, Alberto Fernández entregó su firma de apoyo a Marco Enriquez-Ominami (miembro fundador) frente a su juicio por el Caso SQM, que comenzó su fase de dictamen oral después de 8 años de investigación.

ME-O se encuentra imputado por delitos tributarios, y la Fiscalía solicita 4 años de cárcel para el político. Por su parte, el ex candidato presidencial se declara inocente, afirmando que ha ganado todas las causas, y que se trata de una persecución política.

Recordemos que este es uno de los mayores casos de corrupción política en la historia nacional, con representantes de casi todo el espectro político (desde el PC hasta la UDI) involucrados o en investigación.

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Alberto Fernández firma apoyo a Enriquez-Ominami

«En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera«.

Así comienza la carta firmada por 28 representantes del Grupo de Puebla. Entre ellos se encuentra el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales, Ecuador, Rafael Correa y España, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, también están en la lista la diputada PC Karol Cariola, y el padre adoptivo de MEO, Carlos Ominami.

Además, se sumaron 15 abogados y juristas de Latinoamérica y España que son parte del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia.

En la misiva se indica que la dilatación del caso corresponde a un intento de lawfare. Este se trata de un método de persecusión política, donde se acusa a un representante de algún delito sin intención de que aparezca culpable, sino aprovechando el cuestionamiento público por solo participar del juicio, para manchar la imágen del susodicho y arruinar su carrera. También se utiliza para destutuir algunos políticos que ya se encuentran en algún puesto de poder.

El comunicado termina entregando apoyo al cineasta, e indicando que los «conservadores» están tras esta estretegia de lawfare:

«Estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos«.

En Chile el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la canciller, Antonia Urrejola, calificaron la intención de la carta como «impropia» e «improcedente», por el cuestionamiento al sistema judicial chileno (sobre este caso en específico) al que se sumó el mandatario trasandino.