La Contraloría de la República entregó un informe por el caso de la compra de la Clínica Sierra Bella. La Municipalidad de Santiago, durante la gestión de la alcaldesa Irací Hassler, adquirió esta propiedad por cerca de $8.200 millones. Este valor supera en cuatro veces su precio de mercado.

La empresa Valentino Spa S.A., del abogado Felipe Andrés Sánchez Pérez, la adquirió por $2.080 millones solo ocho meses antes. Por esta razón el Ministerio Público ingresó dos querellas por la compraventa, y se encuentra bajo investigación por la Fiscalía Centro Norte.

Sin embargo, ahora Contraloría se sumó al caso, objetando la compra del inmueble. En el documento se indica que, además, la adquisición continuó incluso cuando el ente fiscalizador habría expresado directamente la instrucción de paralizarla. Además, se cuestionó que Hassler excedió sus capacidades como edil, ya que el municipio solo debe encargarse de la salud primaria.

¿Qué dice el dictamen de Contraloría sobre Sierra Bella?

Sobre el precio de la compra, el informe indica que:

«se evidencia una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio -234.124 UF, equivalentes a $8.252.873.341- en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por la vendedora -Inmobiliaria San Valentino SpA- (…) por un monto aproximado de $2.231.855.110, antecedentes que habrían sido tenidos a la vista por el municipio, según consta en el estudio de títulos efectuado por la propia entidad edilicia, en el que se consignaron dichos precios, así como los respectivos avalúos fiscales».

En este mismo punto se indica que, además, el valor de la tasación del avalúo fiscal no superaría los $2 mil millones. Argumentan que, aunque es conocido que este valor es generalmente menor al comercial, no se entregan argumentos que justifiquen tal aumento del precio.

Además, sobre la intención de la alcaldesa sobre crear la primera «clínica municipal«, un proyecto de su gestión, señalaron que:

«no resulta procedente que, en el ejercicio de las funciones que desarrolla la Municipalidad de Santiago en materia de la salud, a través de un establecimiento asistencial administrado por ella, se otorguen -como habría pretendido y publicitado el municipio en su oportunidad- prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria de salud, en un ámbito en que existiría una política pública ministerial».

Asimismo, con respecto al incumplimiento por parte de la Municipalidad de Santiago sobre las medidas solicitadas por la Contraloría, señalaron que incluirán el caso en el procedimiento disciplinario, «con el fin de que se investiguen las eventuales responsabilidades administrativas derivadas del posible incumplimiento antes señalado».