¿Sabes qué es y cómo ha avanzado el «criterio Valencia«? Hace tan solo una semana que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, instruía a todos los fiscales de la Región Metropolitana a dar prisión preventiva a todo imputado extranjero que su identidad no se pudiera establecer. La medida regirá hasta que se confirme quién es y pueda cumplir con sus obligaciones nacionales.

Rápidamente este lunes ya era una iniciativa de carácter nacional, instruída para todos los fiscales regionales. Valencia argumenta que lo más conveniente para quienes busquen llegar a Chile a delinquir es escondiendo su identidad. Además, que ya se identificó como «una debilidad de nuestro sistema«.

Todo esto sucede después de los fallecimientos de tres Carabineros en operativos policiales en 23 días. Posterior a los eventos han aumentado las iniciativas de seguridad en el Gobierno, el Congreso, Carabineros y ahora la Fiscalía Nacional.

La iniciativa del «criterio Valencia» tomó bastante popularidad, y ya hay un proyecto de ley en marcha para convertirlo en una normativa penal. Los patrocinantes son los senadores Demócratas Matías Walker y Ximena Rincón, el jefe de la bancada UDI, Gustavo Sanhueza, y el independiente Pedro Araya.

Esta posibilidad de convertirse en ley daría más atribuciones que la sola normativa de Valencia. De esta forma la Corte Suprema no podría intervenir en la decisión de los persecutores.

¿Qué es el criterio Valencia y qué avances presenta?

«Criterio Valencia» es un término acuñado por el mismo Ministerio Público para nombrar la estrategia de prisión preventiva por indocumentación de inmigrantes que presentó el nuevo Fiscal Nacional.

Por el momento, se ha solicitado este procedimiento en cinco ocasiones. En las fiscalías Metropolitana Oriente, Metropolitana Occidente, Tarapacá y Los Lagos pidieron esta medida cautelar y fue aceptado. Sin embargo, en la Fiscalía del Biobío se encontró el primer revés de la normativa, ya que se rechazó una solicitud del «criterio Valencia» por cuatro ciudadanos venezolanos.

Ángela Vivanco, directora de la Corte Suprema, señaló sobre la norma que «es un lineamiento interno, y no una ley, eso genera por su puesto la posibilidad de que hayan decisiones diversas según cada caso, ya que cada uno se resuelve en su mérito».

Sin embargo, si esta llega a convertirse en ley, esta medida no necesitará la aprobación de la Corte Suprema.

Por su parte, la Asociación Nacional de Fiscales pidió suspender la normativa encargada por Valencia. El colectivo que reúne a los integrantes del Ministerio Público argumentó principalmente sobre su aplicación en regiones. Muchas de las provincias cuentan con servicios de implementación de enrolados para identificar identidades solo en la Región Metropolitana. En ese caso, señalaron, es mejor mejorar los procesos de implementación de enrolamiento en vez de vincular la acción al proceso penal.