Contraloría le imputó la máxima acusación del plano administrativo al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Los resultados de la investigación sobre su supuesta defraudación a la municipalidad determinaron que el exedil cometió una «infracción grave al principio de probidad«. Este delito se castiga con la destitución del cargo si se encontrase en servicio.

Recordemos que la Fiscalía también se encuentra investigando a Torrealba por malversación de fondos públicos, fraude al Fisco, lavado de activos y falsificación de documentos. En ese contexto, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró una cuenta de Banco de Chile con un saldo cercano a los $2.300 millones, con depósitos sin justificación. Además, se localizaron fajos de billetes escondidos en las paredes de su segunda vivienda en el Lago Colico, de La Araucanía.

A esto se suma que la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evopoli), presentará cargos contra el exadministrador, junto a otros funcionarios y exfuncionarios.

¿Por qué Contraloría formuló cargos contra Raúl Torrealba?

Raúl Torrealba fue alcalde de Vitacura desde 1996 hasta 2021, es decir, durante 6 periodos consecutivos. Recién salió de la administración debido a la nueva ley que pone límites a la reelección de autoridades, y el fundador de RN ya lo había sobrepasado.

En este tiempo, Torrealba creó una serie de organizaciones municipales. Entre ellas están las coorporaciones Vita Emprende, Vita Deportes y el Consejo Local de Deportes. Estas fueron utilizadas como «pantalla» para que algunos funcionarios de la Municipalidad, incluído el alcalde, recibieran fondos a sus cuentas personales. La Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI reveló que cuatro cuentas corrientes de Torrealba suman $527 millones en depósitos entre 2011 y 2021.

Además de Torrealba, Contraloría formuló cargos con otras personas involucradas en el caso. Uno de ellos es José Bucarey, director de Administración y Finanzas de Vitacura, a quién se le entregó la facultad de repartir los fondos públicos, algo que por ley debe hacer el alcalde con aprobación del consejo municipal. También se encuentra Antonia Larraín, quién participó del sistema, entregando sobres con dinero al exedil, y que finalmente terminó relevando el sistema de defraudación frente a Fiscalía.

A esto se suma la directora de control Patricia Bravo y la subdirectora de Finanzas, Natalia Ortiz, entre otros.

La imputación de Contraloría contempla la inhabilitación de 5 años para cargos públicos para el exalcalde. Esta es la máxima pena administrativa que entrega el órgano. De todas formas, aún falta el veredicto de Fiscalía, que puede traer un castigo más severo para Torrealba.