País
11 de mayo de 2023La respuesta de las Isapres por la ley corta del Gobierno
Los prestadores señalan que decretar la medida costaría "casi 100 años de utilidades".
Por John AldayLas Isapres publicaron un documento con su respuesta por la ley corta ingresada por el Gobierno al Congreso esta miércoles. La iniciativa del Ejecutivo busca evitar una crisis sanitaria por el decreto que emitió la Corte Suprema, que obliga a los prestadores a utilizar una tabla única de factores, y que podría provocar una fuga masiva de usuarios.
La resolución del máximo tribunal contempla además la devolución de excedentes para los clientes que han pagado más de lo normado desde abril de 2020. En total es más de un billón de pesos los que se tendrán que entregar a más de 600 mil personas. Los prestadores indican que esto generaría una crisis financiera en el sistema de salud privado.
El proyecto del Gobierno- que se esperaba pudiera entregar alguna respuesta a las Isapres- no dejó contentos a los prestadores. Estos indicaron que «conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo».
Entre las normativas se encuentra una diposición que entrega a las Isapres la responsabilidad de crear un plan para la devolución de los excedentes, aunque este será evaluado por un Consejo Asesor de carácter técnico y aprobado por la Superintendencia de Salud.
Las Isapres responden a la ley corta
Las Isapres, mediante un comunicado de su página web, mostraron su descontento tras la publicación de la ley corta del Gobierno. Para ellos, la iniciativa es «inviable«, y su aplicación equivale a «casi 100 años de utilidades» de los prestadores.
Con esto, señalan, el Gobierno incumple la promesa «de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las Isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten». Junto con esto indican que el proyecto puede generar perjuicio a casi 3 millones de afiliados.
Además, recordaron la importancia de no desbaratar el sistema privado, indicado por la misma Suprema. En vez de esto, indican que la medida «restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, para la cual existen interpretaciones factibles que no fuerzan un cierre administrativo y que el gobierno conoce».
Finalmente, sentencian que:
«No comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria».