El municipio intenta obtener la concesión del terreno, que es un bien nacional de uso público, para construir un centro de recreación comunitario.
La municipalidad de Constitución demolió más de 30 inmubles levantados en la llamada “toma VIP” en Puerto Maguillines, en la costa de Maule. Se trata de una toma a orillas del mar, que contaba con una escuela de Surf y un restaurante. En esta nota te explicamos ¿qué es la “toma Vip” de Constitución?
La demolición se desarrolló la mañana del miércoles 10 de mayo, luego que que la Corte Suprema emitiera un fallo el 26 de abril.
El lugar ya había sido intervenido dos veces. La primera el 31 de mayo de 2021, cuando 11 dueños de casas y locales comerciales debieron abandonar estas viviendas por no tener derechos de ocupación de los terrenos.
La segunda vez fue el pasado 22 de febrero, cuando la Armada desalojó la “toma VIP” por constatar nuevas construcciones en el lugar. Ayer, otros 31 inmuebles fueron demolidos.
Qué es la “toma VIP” del Maule
Se le denomina “toma VIP” de Constitución a un conjunto de viviendas de lujo que están ubicadas justo frente al mar y no cuentan con la autorización correspondiente.
La toma se ubica en el Puerto de Maguillines, una zona alejada del área urbana y que históricamente ha sido usada por los habitantes de la comuna como una zona de recreación.
De acuerdo con lo reportado en Contigo en la Mañana, este problema data desde el 2015, cuando se instaló la primera estructura que habría sido utilizada para prestar ciertos servicios a turistas. En adelante, se construyeron más casas y así se concretó esta toma.
Hasta ayer, el sector contaba con un conjunto habitacional que se utiliza como segunda viviendas y cabañas de recreación que contaban con un restaurante y una escuela de Surf.
Las casas fueron construidas con amplias terrazas, cerca del mar y al estilo mediterráneo. Los dueños nunca pagaron por edificar el lugar.
¿Por qué la demolieron?
La situación ocurre debido a que las viviendas fueron instaladas en zonas en que está prohibido la construcción. Las construcciones eran ilegales y no tenían permiso de edificación.
Además, los vecinos de la comuna alegaban que no podían disfrutar del puerto y cruzar por el lugar, porque los ocupantes les impedían el paso.
Por estos motivos, las autoridades locales procedieron a desalojar la zona. Esta acción fue avalada por un fallo de la Corte Suprema.
Los ocupantes se opusieron al desalojo y protagonizaron escaramuzas con la fuerza pública y personal municipal, las que dejaron un detenido.
El municipio intenta obtener la concesión del terreno, que es un bien nacional de uso público, para construir un centro de recreación comunitario.