Este martes la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley sobre las ocupaciones ilegales de inmuebles que busca aumentar las sanciones para el delito de usurpación de tierras. En esta nota te explicamos qué dice el proyecto de ley de usurpaciones que pasa a su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

La iniciativa sanciona con presidio toda hipótesis de usurpación, aumenta el periodo de flagrancia y facilita la restitución del inmueble ocupado.

¿Qué dice el Proyecto de Ley de Usurpaciones?

El proyecto ingresó en julio del 2020 al Senado y reúne dos mociones parlamentarias, sin embargo recién esta semana fue despachado para continuar su tramitación en la Cámara de Diputados.

Este proyecto forma parte del fast track legislativo acordado en abril y viene a modernizar la actual normativa que tiene casi un siglo.

En concreto busca modificar las sanciones del delito de usurpación de propiedades. Hasta ahora se trata solo de una falta, pero la iniciativa modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

 La iniciativa tiene como objetivos principales:

• Sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación.
• Extender el período de flagrancia tratándose de este delito.
• Permitir, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.
• Autorizar la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
• Castigar con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente.
• Modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
• Incorporar restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz mientras exista juicio pendiente por usurpación
• Hacer inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.

¿Por qué este proyecto aumenta la tensión entre el Ejecutivo y la oposición?

Sin embargo, el proyecto genera divergencias entre el Gobierno y la oposición debido a que se aprobó la modificación al Código Penal que permite la legitima defensa contra las personas que ocupen un inmueble.

Para el Ejecutivo esto «va en contra de los estándares civilizatorios principales» ya que promueve un eventual uso de la justicia por los propios medios en el caso de la legítima defensa de una toma.

«No queremos que los conflictos entre chilenos se resuelvan por la vía de la fuerza. Queremos que sea el Estado el que a través de las instituciones resuelva esos conflicto, conforme al Estado de Derecho», señaló ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.