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País

5 de junio de 2023

Quién es Ángela Vivanco, la ministra de la Suprema que generó polémica por las isapres

Ángela Vivanco

La abogada cuenta con varios títulos, y una basta experiencia en el mundo académico y en instituciones del Estado.

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La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha sido protagonista este fin de semana. Una de las autoras del fallo del máximo tribunal que obliga a las isapres a fijar una tabla única de factores, señaló en La Tercera que la sentencia indica que la devolución de excedentes será solo para quienes demandaron. Esto cambia la discusión que se dio en el Congreso, que ya cuenta con una ley corta y un proyecto alternativo para solucionar la crisis de las isapres.

Cómo comenzó y por qué se desató la crisis de las Isapres

Además, Vivanco afirmó que en el tribunal no tenían conocimiento del universo de afiliados afectados por la causa. «Ni tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la Superintendencia, ni por las isapres«, agregó.

Sobre este número, indicó que se ha calculado en la prensa cerca de 700 mil beneficiarios, un número cercano al de demandantes. Sin embargo, no hay un número real estimado por la Suprema. Lo que sí, una vez aplicado el fallo todos los afiliados podrán solicitar que se utilice la tabla única de la Superintendencia.

Esta debería reducir los precios de los planes de salud para gran parte de los clientes. Recordemos que las tablas originales de las Isapres contemplaban mayores costos por edad, por enfermedades, y por ser mujer. El Tribunal Constitucional decretó la inconstitucionalidad de la medida, lo que inició este proceso judicial.

¿Quién es Ángela Vivanco?

Ángela Vivanco Martínez es licenciada en Cienias Jurídicas y Sociales y Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogada desde 1989 y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de La Coruña hace una década.

La abogada ha tenido un importante rol en la academia. Fue profesora y directora de investigación en la Facultad de Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También se desempeñó como Decana y Vicerrectora Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Vivanco también

Ha sido directora de la Revista Chilena de Derecho, y miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, del Consejo Científico de la Revista Prudentia luris y de la Comisión de Probidad y Transparencia Pública.

También trabajó como asesora de Empresas UC y de la Asociación Nacional de Televisión A.G. Asimismo, Vivanco ejerció como Fiscal en la AFP Planvital S.A. y en la Compañía Renta Nacional de Seguros Generales.

Una profesional del Derecho

En su presentación para ser ministra de la Corte Suprema, Vivanco manifestó al Senado que:

«Considera al Derecho no solo como el más poderoso instrumento de la justicia, de la vida democrática y de la interdicción de toda arbitrariedad, sino también como el mecanismo que debe permitirles a todas las personas, y especialmente a las más vulnerables, encontrar una fuente de protección y de seguridad«.

Considera que el máximo tribunal está llamado a «acrecentar su preponderancia en los contenidos del Estado de Derecho chileno». Asimismo, indicó que «le corresponde un valioso papel como partícipe, con su opinión, en la tramitación de los proyectos de ley relacionados con las atribuciones del Poder Judicial y, asimismo, al hacer presente en sus fallos cómo las leyes ya vigentes deben ser leídas e interpretadas a la hora de administrar justicia».

Vivanco también cree que «una auténtica justicia social y políticas públicas dirigidas al desarrollo y a la genuina inclusión solo son posibles en la medida que las normas se inspiren en la realidad«. Además, señala que es importante «que su aplicación por jueces independientes e imparciales retroalimente la discusión y el diálogo fructífero entre los representantes llamados a la gran tarea de legislar».
La abogada también ha señalado sentirse hostigada por el público tras el dictámen del fallo a las Isapres, que muchos anunciaron podría ser el fin de los prestadores. «En un Estado de Derecho las personas que ejercen potestades públicas están sujetas al escrutinio público y a la crítica, pero no deben estar sujetas al amedrentamiento», manifestó.

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