La Fiscalía abrió una investigación por supuesto tráfico de influencias del Ministerio de Energía en la tramitación de la Ley 21.472. Esta última fue una iniciativa del Gobierno de Gabriel Boric, que creaba un fondo de estabilización de las tarifas de luz. Gracias a este proyecto, tramitado en el invierno pasado, se evitaron cobros excesivos en las cuentas de energía.

Una denuncia anónima abrió esta pesquisa del órgano sobre la cartera, ante posibles contactos de interés entre las autoridades y las empresas eléctricas. Hubo al menos 25 reuniones de Lobby- instancia legal- entre el Ministerio de Energía y representantes de las compañías de electricidad durante la tramitación de la ley.

Desde la Fiscalía Centro Norte nos mencionaron que esta investigación- aún de carácter preliminar- comenzó en junio de 2022. Además, señalaron que:

«La causa está a cargo del fiscal Paulo Ramírez quien investiga junto con la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI)».

La pregunta es si los privados finalmente se están beneficiando con esta ley. No obstante, según CIPER, quien reveló el tema en una investigación periodística, profesionales vinculados al proyecto afirmaron que el texto final no quedó de la forma en que querían las empresas.

Los principales involucrados son funcionarios que participaron en la tramitación durante la gestión del exministro, Claudio Huepe (ahora reemplazado por Diego Pardow). Además, en la mira de la Fiscalia está la coordinadora legislativa de la iniciativa y asesora de la cartera, Gabriela Manríquez Roa.

De todas formas, Generadoras de Chile– colectivo que agrupa las empresas eléctricas- rechazó que existieran irregularidades en el proceso. Además, el Ministerio de Energía abrió un sumario a Manríquez tras enterarse de la investigación, aunque este se sobreseyó en dos meses sin encontrarse responsabilidades administrativas.

¿Qué es la ley 21.472?

El 2 de agosto del año pasado se creó el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) y el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), o Ley 21.472. Esta iniciativa responde a un congelamiento de los precios de la energía desde 2019. Por supuesto, por la valoración del dólar, el aumento del precio del combustible, y otros factores, el valor real aumentó consideralmente, generando una enorme deuda entre los clientes y los proovedores.

En 2019 mismo, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, se comenzó a tramitar cómo se devolverán los montos acumulados hasta el término del congelamiento. Inicialmente se pensó que el Estado fuera quien cubriera el fondo, aunque esta idea no se concretó.

Durante el 2022, en el proceso liderado por Manríquez se terminó por definir que serán los clientes quienes pagarán de manera progresiva esta deuda. Además, se detalló que quienes consumen más energía serán quienes pagarán más por este sobreprecio, con cinco tramos. En el primer grupo, para quienes consuman menos de 350 kWh, no tendrá variación, mientras quienes superen los 5.000 kWh pagarán hasta 5 veces el valor original.

Por otra parte, esto excluye a micro y pequeñas empresas acreditadas y mantengan un consumo promedio eléctrico menor o igual a 1.000 kWh en los últimos 12 meses.

¿Por qué la Fiscalía investiga al Ministerio de Energía?

La Fiscalía Centro Norte comenzó una investigación tras una denuncia por comunicaciones irregulares entre las autoridades del Ministerio de Energía y los representantes de las empresas eléctricas.

Actualmente, según confirman desde la institución, la «causa se encuentra en fase de investigación, con diligencias en curso y peritaje de los antecedentes recabados».

La entidad solicitó registro de todas las reuniones que se sostuvieron en el proceso, así como transparentar los correos enviados y recibidos por Manríquez entre marzo y agosto de 2022.

Frente a esto, Generadoras de Chile afirmó a CIPER que participaron formalmente de la discusión mediante la Ley de Lobby y las instancias del Congreso. No obstante, también reconocieron algunos contactos extraoficiales:

«Otro tipo de comunicaciones vía mensajería, que no constituyen instancias formales de trabajo, fue únicamente para comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto, lo que bajo ningún punto de vista alteró el sentido y alcance del proyecto que impulsó el ejecutivo».

De todas formas, ninguno de los investigados trabaja actualmente en el Ministerio. De hecho, la misma cartera emitió un comunicado oficial aclarando que tienen total colaboración con la pesquisa en curso.

Comunicado de Prensa del Ministerio de Energía. pic.twitter.com/2C40V159Ks

— Ministerio de Energía (@MinEnergia) July 12, 2023