Por qué Contraloría formuló cargos contra Daniel Jadue
El alcalde y el resto de los involucrados tienen hasta este 20 de julio para presentar sus descargos.
Este 6 de julio, la Contraloría de la República formuló cargos contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y otros 11 funcionarios. Las disposiciones específicamente no se conocen, aunque se sabe que se trata de una investigación por traspasos irregulares hacia la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por el edil, informó La Tercera.
Entre el resto de los involucrados están Patricio González Orellana, director de control de Recoleta, y Gianinna Repetti Lara, administradora municipal. También están incluídos en la notificación el edil de Macul, Gonzalo Montoya, por no solicitar rendición de cuentas en un traspaso a Achifarp, y de Pallaco, Miguel Ángel Carrasco, por convenios irregulares con Recoleta.
Todos los involucrados tendrán hasta este jueves 20 de julio para presentar los descargos.
Por su parte, Jadue reclamó en Twitter el anuncio público del proceso de sumario que atraviesa. Frente a esto, anunció “acciones judiciales necesarias” por las afirmaciones publicadas en La Tercera.
3. Es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables.
— Daniel Jadue (@danieljadue) July 18, 2023
¿Por qué Contraloría formuló cargos contra Daniel Jadue?
Durante ocho meses el ente fiscalizador investigó supuestas irregularidades en la administración y gestión de la Achifarp, que también estudia la Fiscalía Centro Norte. Por ejemplo, se acusa que la asociación solicitó donaciones y fondos que posteriormente iban a parar a la Municipalidad de Recoleta o la sede comunal del Partido Comunista (1).
Entre las causas de los cargos está un contrato irregular entre la Municipalidad de Recoleta y la Municipalidad de Palleco. Se trató de un convenio entre los ediles con la Achifarp y el Servicio Nacional de la Discapacidad, que involucró $613 millones en dineros fiscales. Al parecer, las administraciones incumplieron la Ley Nº 19.886 que norma los contratos administrativos estatales.
Asimismo, se acusa poca rigurosidad administrativa y financiera al momento de celebrar contratos con Achifarp. Entre las demandas de Contraloría se encuentran la inexistencia de un respaldo financiero, la falta de rendiciones de cuentas ni documentación correspondiente, además de desórdenes en los registros.
La investigación también apunta a una falta de control y fiscalización por parte de las autoridades en los contratos convenidos con la Achifarp. Se acusa que la asociación no entregó ni la documentación financiera ni la información de su estructura interna solicitada por ley en las auditorías.
Por otra parte, también se reconocieron irregularidades en un contrato entre Achifarp y la Universidad de Concepción para la fabricación de Interferón. La asociación solo pagó el establecimiento $25 de los $245 millones que costó el proyecto.
De acreditarse las acusaciones, el concejo municipal de Recoleta podrá solicitar al Tribunal Electoral Regional (TER) tomar el caso, donde Jadue podría arriesgar una eventual destitución.