El programa Asentamientos Precarios está en el centro de las investigaciones por convenios entre fundaciones y entidades públicas. Tanto el Ministerio de Justicia como la comisión investigadora de la Cámara de Diputados se centrará en los contratos de al menos 18 fundaciones por este programa.

Estos convenios se aprobaron tanto por las secretarías regionales del Ministerio de Vivienda como por los Serviu locales. Por otra parte está el seguimiento a los contratos de los Gobiernos Regionales con ONG’s, que responden a otros proyectos e iniciativas.

El plan es una de las apuestas más importantes en materia de vivienda durante los últimos años. Desde 2012 que se presupuesta al menos $10 mil millones para este programa. Sin embargo, durante los últimos dos años (2022 y 2023) aumentó considerablemente, superando los $40 mil millones en ambas ocasiones.

En este sentido, por ejemplo, el caso de Democracia Viva, que destapó la investigación de los convenios, donde se investiga un contrato por $426 millones, representa apenas un 1% de lo que se asignó este 2022 al programa, $41.298.452, según informa la Biblioteca del Congreso Nacional y la DIPRES.

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¿Qué es el programa Asentamientos Precarios?

El programa de Asentamientos Precarios nació en 2011, como un fondo exclusivo para proyectos municipales vinculados a habitabilidad. En ese entonces, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, la meta era eliminar para siempre los campamentos, algo muy lejos de la realidad actual.

Pasaron los años y el programa comenzó a tener algunos problemas administrativos. Las municipalidades que tenían deudas con el Estado para recibir recursos fiscales, lo que paralizaba las iniciativas en estos casos. En este contexto, en 2016 el Congreso aprobó que se incluyeran las organizaciones sin fines de lucro como posibles ejecutores.

Actualmente, la normativa del programa menciona que:

La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de los convenios que suscriban el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Municipios, en los que se establecerá la identificación de él o los asentamientos precarios a intervenir, las acciones a desarrollar, metas, plazos, modalidades de ejecución y evaluación. Dichos convenios deberán contar con la aprobación del Concejo Municipal, toda vez que por su monto requieran toma de razón por parte de la Contraloría General de la República (…) con cargo a estos recursos también se podrán celebrar convenios con organismos públicos, los que no se incorporarán en sus respectivos presupuestos, e instituciones privadas sin fines de lucro.

Esta disposición, no obstante, no se aplicó hasta 2019, teniendo las municipalidades principalmente las inciativas. No sería hasta 2022 que se cons0lidó esta dinámica, y municipalidades en varias regiones, así como el Serviu, se apoyaron sobre fundaciones para cumplir la misión del programa.

El aumento de los campamentos y los financiamientos

Durante ese mismo 2022 hubo un aumento masivo en el presupuesto, en respuesta a la ascendente demanda de soluciones habitacionales. Como se puede ver en la siguiente gráfica de la Biblioteca del Congreso Nacional, durante estos dos últimos años es cuando más se dedicaron fondos a este programa.

En los últimos años, por motivo de la pandemia y el aumento de la inmigración, subió considerablemente la cantidad de campamentos en nuestro país. Cuando comenzó esta política, en 2011, solo se registraban 706 campamentos, y según el último catastro nacional, se identificaron 1.290.

En este contexto fue que aumentaron los proyectos para trabajar en habitabilidad, y, por tanto, también las licitaciones con organismos privados. Actualmente se encuentran en investigación por fondos por este programa la Fundación Democracia Viva, Pro Cultura, Urbanismo Social, Fundación Enred Social, Espacio Lúdico, entre otras.

Según el informe del programa que se realizó en marzo de 2022, donde se definió la línea estratégica de ese año, en el cual se presentan varios de los convenios en investigación, se proyectaban 4.800 asignaciones en marco ded Asentamientos Precarios.

Es importante mencionar que no todo el fondo va a las fundaciones, ya que también una parte se va a en iniciativas exclusivamente municipales. No obstante, según menciona La Tercera, entre el 11 de marzo de 2022 (inicio del Gobierno de Gabriel Boric) y el 28 de junio de este año se entregaron cerca de $11.800 millones del presupuesto a instituciones privadas.