Qué la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación

La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación fue creada por la ley 19.123 el 8 de febrero de 1992 y se encargó de calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas que el Informe Rettig no alcanzó a examinar por falta de antecedentes. 

¿Qué es la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación?

Un año después de la presentación del Informe Rettig, el 8 de febrero de 1992, el gobierno de Patricio Aylwin promulgó una ley de reparación, conocida como la ley 19.123.

Esta ley creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación la cual tenía como objetivo dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Rettig  respecto de calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no examinó debido a que requerían mayor información.  

Para ello, se necesitaba que “una instancia estatal calificara la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales no le fue posible formarse convicción, o cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes”, señala el Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política.

La información recopilada por la Corporación se presentó en 1996 y quedó plasmada en el Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política.

¿Qué dice el informe? 

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Corporación recibió 1.200 denuncias, de las cuales 899 fueron consideradas como casos calificados de violaciones a los derechos humanos. 

De estos 899 nuevos casos, 776 corresponden a personas ejecutadas y 123 a detenidos desaparecidos. 

Sumado a las víctimas que fueron reconocidas en el Informe Rettig, se tiene un total de ambas comisiones de 3.195 víctimas de la dictadura. 

Luego de la entrega del Informe de la Corporación, la institución siguió funcionando bajo el nombre de “Programa continuación Ley 19.123”, conocido como el programa de Derechos Humanos que estuvo bajo la dependencia del Ministerio del Interior.

Según el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, durante el 2010 y el 2011 hubo una nueva instancia de reconocimiento de víctimas. En ella se clasificaron 30 personas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticas. 

De esta manera, al 2011 el total de víctimas de desaparición forzada o ejecutadas son de 3.216.