La misiva fue difundida este martes por el diputado Gonzalo de la Carrera.
La carta fue suscrita por 27 de los 134 presos de Punta Peuco y enviada al diputado Gonzalo de la Carrera a través de la abogada Javiera Steger. En ella se pide la clemencia del sistema político y judicial, y las medidas jurídico administrativas necesarias para lograr que los condenados vuelvan a estar con sus familias.
Reconocen que violaron derechos humanos, pero en función de órdenes emanadas desde superiores y por “la manera en que entendían las cosas en esa época”. Según ellos, y para que la opinión pública comprenda, esto ocurrió por una formación militar en la que se le daba más importancia a la obediencia que al respeto por el adversario.
“Con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando -nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles- hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente” expresa la carta.
En este sentido, los convictos reclaman que han esperado 33 años para que sus superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes “venimos hoy a asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados” comentan.
Puedes revisar su declaración completa en las imágenes compartidas por el parlamentario:
Los convictos de Punta Peuco
Varios de los hoy convictos de Punta Peuco están presos en él desde su creación en 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei. Entre ellos se encuentran:
- Miguel Krassnoff. Partícipe del asalto a la casa de Allende en Tomás Moro. Miembro de la Brigada Lautaro de la DINA, y condenado por numerosos casos de secuestro, tortura y desaparición de personas. Suma más de mil años de cárcel en condenas.
- Álvaro Corvalán. Mayor de Ejército y Jefe Operativo de la CNI, involucrado en la Operación Albania, el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, y variados crímenes de lesa humanidad. Está condenado a cadena perpetua.
- Pedro Espinoza. Segundo al mando de la DINA, jefe de operaciones de Villa Grimaldi, partícipe de la Caravana de la Muerte, y autor intelectual de los asesinatos de Carlos Prats y Orlando Letelier.
- Raúl Iturriaga. Jefe del Departamento de Asuntos Exteriores, Vicedirector de Inteligencia y Jefe del Departamento Económico de la DINA. Indicado como responsable de la Operación Colombo, y condenado por el secuestro calificado de 7 personas y el homicidio calificado de 5.
Repercusiones judiciales
Muchos de los presos no firmantes de la carta se enteraron por la prensa de la existencia de esta, sumado al hecho de que no estaban de acuerdo con el contenido, se generó un clima de división al interior del penal ubicado en Til-Til.
Además, al reconocer violaciones a los Derechos Humanos, la carta representa un peligro desde el punto de vista judicial para quienes no se les reconoce responsabilidad ni participación directa en algún hecho.
El Ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la situación comentando que la carta “deja en evidencia que hay personas que disponen de información, y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están”.
Eso sí, el Ministro dejó claro que no habrá ningún beneficio para las penas de los reos a pesar de colaborar con la entrega de información.