Al año se generan en Chile 17 millones de toneladas de residuos, de los cuales, 7 millones provienen de los hogares. Del total de residuos, sólo el 10% logra reciclarse. 

En mayo de 2016 se promulgó la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que obliga a los fabricantes e importadores de ciertos productos a recuperar cierto porcentaje de ellos una vez se convierten en desechos. Este porcentaje será determinado anualmente por el Ministerio de Medio Ambiente.

La ley, que será de carácter progresivo, contempla seis productos llamados “prioritarios”. Los neumáticos, con los que se puso en marcha la ley, envases y embalajes, baterías y pilas, y aparatos electrónicos.

Este es un importante paso en cuanto a los compromisos medioambientales a los que Chile tuvo que suscribirse para entrar a la OCDE en 2010. Con esta ley, inspirada en la legislación europea, se espera aumentar en 5 años del 10% al 30% de los residuos domiciliarios que se reciclan hoy anualmente.

Cambio de paradigma

La nueva ley se basa en el principio de que los costos ambientales que generan los residuos, tienen que ser asumidos por quienes introducen los productos al mercado. Con esto se fomenta el cambio de una economía lineal a una circular, y se hace responsable al productor de los residuos, y no al municipio, del manejo de estos.

Que implica 

Las empresas generadoras de residuos deberán financiar Grandes Sistemas de Gestión Domiciliaria (GRANSIC), que serán las que se encarguen de “sacar la basura” en conjunto con los municipios y disponerla luego para su reciclaje.

En este sentido, un generador de productos prioritarios tiene tres obligaciones según la nueva ley:

1. Se debe hacer cargo de todas las etapas por las que pasa su producto ya transformado en basura, o residuo. Esto significa, desde su recolección al tratamiento que recibe para volver a ser algo útil.
2. Es responsable de financiar el manejo de sus productos.
3. Y por último, debe cumplir con las metas de recolección y valorización que pone el Ministerio de Medio Ambiente.

Durante el primer año de puesta en marcha de la ley, se espera que sólo el reciclaje de plásticos aumente en un 3%.

Sanciones

La Ley otorgó competencias a la Superintendencia de Medio Ambiente para sancionar a las empresas infractoras, y se pueden dividir en tres grupos.

• Infracciones leves, que van desde una amonestación por escrito a multas de 1 a 1000 UTA.
• Infracciones graves, van desde la revocación de la RCA (Revocación de Calificación Ambiental), la clausura temporal o definitiva, y multas de hasta 5 mil UTA.
• Infracciones gravísimas, que van desde la revocación de la RCA, la clausura temporal o definitiva, y multas de hasta 10 mil UTA.

El desafío que tiene esta ley es la coordinación público-privado, pues deben trabajar en conjunto empresas y municipios, pero además se debe considerar la poca infraestructura sanitaria del país.

La puesta en marcha de esta Ley crea nuevas oportunidades de negocio, sin embargo, se establecerán metas que hay que cumplir y que serán monitoreadas desde el gobierno.