Condiciones habilitantes e infraestructura en el mediano plazo es en lo que el Colegio de Profesores de Atacama ha centrado sus demandas al gobierno.
Ya van 59 días desde que el Colegio de Profesores de Atacama inició el paro de sus funciones, dejando a cerca de 30 mil alumnos sin clases.
En medio de todo esto ha habido negociaciones fallidas entre profesores y el gobierno, visitas a terreno de este último, y, además, la acusación de un posible delito económico en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama.
La presión sobre el gobierno para encontrar una solución al paro crece, pero también la que hay encima del Colegio de Profesores para deponerlo.
Los docentes se han mantenido firme en su protesta, y a pesar de llevar casi dos meses y de empezar a sentir la presión de la opinión pública, para bajar el paro se tendrán que cumplir ciertas condiciones mínimas.
¿Qué pide el Colegio de Profesores?
Carlos Rodríguez, presidente regional del Colegio de Profesores de Atacama, comenta que faltan “pizarras, plumones, enchufes, interruptores, luminarias, baños, material diario de clases”. Esto para el gremio estas son las condiciones mínimas habilitantes para comenzar de nuevo con las clases.
Piden además equipamientos y obras a mediano plazo, entre ellas el cambio de techo de los recintos educacionales, y una alternativa de establecimiento modular para el Instituto Comercial de Copiapó, a más tardar a mediados del próximo año.
En cuanto a equipamiento, se pide para los institutos técnicos profesionales de la región, que hasta hoy sólo tienen clases teóricas, materiales y herramientas, dependiendo de la especialidad. Situación que para Rodríguez “daña sin duda la práctica profesional y el inicio de la vida laboral”.
Un tercer punto es una mejor comunicación con el Ejecutivo para la instalación del Plan Atacama, considerando en él además los dineros del Royalty Minero.
Por último, en cuanto a lo pedagógico y curricular, atender las necesidades de retraso pedagógico y diseñar una propuesta en relación a la recuperación de aprendizajes. Para esto el Colegio ya está en contacto con Unidad de Subvención Educacional (USE), la División de Educación General (DEG), y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).
Reestructuración de la Ley 21.040
El Colegio de Profesores pide retirar del Congreso la Ley 21.040, para de esta manera reformularla. Esta ley promulgada en 2017 es la que crea el nuevo Sistema de Educación, que entre sus principales estamentos tiene a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), responsable directo de la crisis que hoy se vive en Atacama.
Por ejemplo, el Comité Directivo Local, “vigilante” del trabajo de los SLEP, tiene como miembro a asociaciones de apoderados, Consejeros Regionales, y representantes de los municipios, pero deja de lado a los profesores.
“Ellos saben lo que nosotros queremos, nosotros no hemos firmado nada con ellos porque íbamos a firmar cuando las condiciones habilitantes están listas. Nosotros firmamos un compromiso en marzo con la subsecretaria y no se cumplió” comentó Yariela Ardiles, Presidenta Comunal del Colegio de Profesores de Copiapó.
“Necesitamos la reestructuración total de la ley, que los y las rectoras de Universidades que tienen carreras de Educación, den su opinión, la de los expertos en educación, y principalmente la opinión y experiencia de las comunidades educativas. Una ley auténtica bajo la dependencia del Estado y no esté sistema fraccionado, todos autónomos, sin vinculación operativa donde se deslindan las responsabilidades y nadie se hace responsable” manifestó Carlos Rodríguez.