Contraloría confirma irregularidades en caso de Democracia Viva
El proceso de selección no justificó la incorporación de la fundación en los proyectos.
La Contraloría de la República publicó una serie de informes sobre la polémica del Caso Convenios, investigación que nació a raíz del caso de Democracia Viva, una contratación irregular que se dio en Antofagasta.
En su análisis sobre los contratos realizados por el Programa Asentamientos Precarios, detectó irregularidades en 15 de las 16 regiones del país.
Además, con respecto al primer caso de Democracia Viva, se entregaron detalles de cómo se dieron estos contrato. Por este caso, el órgano fiscalizador iniciará un sumario para el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, y para la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda (Minvu) de esta localidad.
El Contralor además remarca que la problemática principal es que tenemos un “sistema débil” de designación de recursos y de control. Por su parte, desde el Gobierno aclararon que este diseño administrativo viene desde la gestión anterior, de Sebastián Piñera.
Contraloría confirma irregularidades en caso de Democracia Viva
El informe de Contraloría es categórico en afirmar que no se aclaran los argumentos para la contratación de la Fundación Democracia Viva. El documento menciona que en este caso particular, donde se entregaron contratos por $426 millones:
“ni en las resoluciones emitidas por el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además, la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas“.
Antes de su designación en otros proyectos, Democracia Viva era una fundación dedicada principalmente a la política, sin vínculos con vivienda. Por esta razón se investigaron posibles conflictos de interés entre el ex Seremi del minvu de Antofagasta, Carlos Contreras, y el dueño de la fundación, Daniel Andrade. De hecho, se acusa a la exautoridad de vulnerar el principio de probidad.
En este sentido, el informe menciona que el 12 de julio de 2022 se constató que el Seremi de vivienda de ese entonces solicitó al encargado de Planes y Programas que enviara un “correo de invitación” a dos fundaciones- una Democracia Viva- para evaluar su incorporación a las organizaciones colaboradoras.
Además, en los documentos generados tampoco se aportaron los antecedentes necesarios para una correcta rendición de cuentas.
Contratos cruzados
Por otro lado, el informe también evidenció irregularidades sobre “dobles funciones” de trabajadores que tenían vínculos laborales con el Serviu o el Minvu, y con las organizaciones o proyectos que ganaban los fondos.
En el caso de Democracia Viva, se menciona el caso de Cynthia Cisternas, que era “analista de gestión financiera” en la fundación. A su vez, la profesional hacía rendiciones de cuentas para la secretaría regional del Minvu en Antofagasta.
Además, mencionan que habían dos proyectos que se adjudicó Democracia Viva: EcuaChilePe ($200 millones) y Irrarazaval Etapa I ($170 millones), que son parte del mismo macrocampamento Balmaceda.
En este punto, además de que no se justifica por qué son proyectos separados, si son campamentos colindantes, se evidencia que tres personas que fueron contratadas por honorarios por la Fundación Democracia Viva, participaban en estos proyectos.