Contraloría detectó irregularidades en transferencias del Gobierno Regional de Los Lagos
Contratos irregulares en Los Lagos por más de 3 mil millones de pesos y un sinnúmero de deficiencias administrativas develó el informe de Contraloría.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de la auditoría que realizó al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Solamente en la región de Aysén no se presentaron irregularidades en la suscripción de contratos con fundaciones. De hecho, en todas las regiones que sí presentaron irregularidades, el modus operandi era el mismo que usaba la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, que de paso generó el Caso Convenios.
En la Región de Los Lagos Contraloría auditó a dos corporaciones, El Canelo y Kimun , por contratos por 736 y 1.200 millones de pesos respectivamente, y la Fundación Participa, también por 1.200 millones de pesos.
Procedimientos irregulares
La auditoría de Contraloría constató que si bien el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos cuenta con un Instructivo Técnico para seleccionar colaboradores, este no tiene los mecanismos adecuados: invitaciones abiertas claramente publicitadas, las competencias técnicas o requisitos legales para realizar las iniciativas.
Igualmente, los convenios suscritos entre el GORE y las 3 entidades cuestionadas se realizaron mediante la asignación directa de recursos, sin siquiera realizar los trámites administrativos que justifiquen esta manera de entregar recursos.
Tampoco hay detalles técnicos que den cuenta de cómo se llegó a los costos de cada iniciativa, sólo generalidades.
Los Términos Técnicos de Referencia, que ambas partes elaboran para delimitar las actividades a realizar, ni siquiera se consideraron en los acuerdos entre el GORE y las fundaciones/corporaciones.
Rendiciones de cuentas
El GORE de Los Lagos no tiene un manual de procedimientos para rendiciones de cuentas sobre los organismos ejecutores de programas.
Además, el registro y control de las rendiciones que hacen las fundaciones/corporaciones se hacen a través de planillas Excel, que no cuenta con la seguridad necesaria para almacenar datos, ni la que se necesita para evitar que ellos no sean modificados.
No existe tampoco un sistema informático que permita sistematizar las transferencias realizadas a las fundaciones, y que a través de él se pueda obtener información sobre distintos aspectos del convenio celebrado. Por ejemplo, comprobantes de egreso de cada transferencia, montos, cantidad de convenios en ejecución, aprobados, rechazados o pendientes.
Dónde está el problema
El 8 de junio de 2019, el GORE de Los Lagos aprobó un convenio de transferencia con la SEREMI de Bienes Nacionales de Los Lagos para ejecutar el programa “Saneamiento de la tenencia irregular de la propiedad Chile Propietario”.
El programa iba destinado a regularizar los inmuebles de 3.431 familias de escasos recursos de la región, y estaba a cargo de la Fundación Participa y la Corporación Kimun, a las que se les asignó un presupuesto de 1.200 millones de pesos cada una. A la Corporación El Canelo, se le asignaron 736 millones de pesos por su parte.
Pero de acuerdo a información del Servicio de Impuestos Internos (SII), Contraloría pudo comprobar que ni Fundación Participa, Corporación Kimun, ni Corporación El Canelo tienen una actividad económica relacionada al saneamiento de títulos de dominio.
Asimismo, el GORE de Los Lagos nunca solicitó la documentación que acredite que Corporación Kimun y Fundación Participa tengan las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas suscritas en sus respectivos convenios.
El 17 de junio de este año el GORE puso término anticipado al contrato que tenía con la Corporación Kimun por una cláusula que hacía referencia a la falta de informes mensuales sobre la ejecución de los recursos recibidos. Esto obligaba a la Corporación a devolver los fondos no ejecutados o rendidos.
Inclusive Kimun tuvo que entregar un pagaré de fiel cumplimiento al GORE de Los Lagos por la suma de 1.200 millones de pesos, los que, hasta la fecha de emisión de la auditoría de Contraloría, no han sido reintegrados.