El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, fue suspendido de su cargo durante un mes por una denuncia ingresada a la Contraloría Regional a inicios de 2019.
Comenzaba el 2019 y el segundo año de Jorge Sharp al frente de la Municipalidad de Valparaíso, luego de dos periodos consecutivos del UDI Jorge Castro (2008-2016).
A fines de abril de ese año el senador Francisco Chahuán, el diputado Andrés Celis y el consejero regional, Jaime Perry, todos ligados a Renovación Nacional, llegaron a la sede de la Contraloría en Valparaíso para presentar una denuncia por presuntas irregularidades en la administración de Sharp.
Se trataba de aproximadamente 300 oficios enviados por Carabineros desde el 2016 en los que se avisaba sobre factores de riesgo en la ciudad: prostitución, ocupaciones ilegales, señaléticas, comercio ambulante, riesgo de incendios, entre otros.
Según los denunciantes ningún oficio se respondió, por lo que solicitaron a la Contraloría que se inicien los procedimientos para determinar las responsabilidades administrativas, y eventualmente poder evidenciar un abandono de deberes por parte de Sharp.
El informe de Contraloría
Poco más de un año después, en octubre de 2020 salieron los resultados de la auditoría.
El informe que va desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2019 concluyó que la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) dio mal uso a 931 millones de pesos a través de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), dinero adicional que entrega el Estado a los sostenedores de establecimientos educativos por cada alumno.
Estas subvenciones se entregaron a dos liceos de la ciudad, el María Luisa
Bombal y el Técnico de Valparaíso, y gastadas en distintos bienes de consumo, como alimentos, prendas de vestir, talonarios de boletas, diplomas, pendones, y la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado. Por estas operaciones los establecimientos recibieron ingresos por 490.649.302 millones de pesos.
Los servicios de coctelería fueron prestados por menores de edad sin la autorización de sus padres a cambio de un pago de entre 2 mil y 20 mil pesos, por lo que se derivaron los antecedentes a la Defensoría de la Niñez para que tome las acciones pertinentes.
Se comprobó también que el director del Liceo Técnico de Valparaíso administraba una empresa que prestó servicios y que generó cerca de 180 millones de ganancias.
Se acreditó que la CORMUVAL no contaba con una unidad de control interno, con manuales o instructivos para procedimientos para las rendiciones de cuentas, ni que hubo un intento por cuadrar los montos ni documentos de transferencias de los dos liceos involucrados.
Denuncia ante el TER
Un mes después de que se conociera el informe de Contraloría, 6 concejales de la alcaldía de Valparaíso denunciaron a Jorge Sharp por abandono de deberes ante el Tribunal Electoral Regional (TER).
El documento presentado por los concejales Carlos Bannen, Marcelo Barraza, Eugenio Trincado, Daniel Morales, Luis Soto y Ruth Cáceres, acusaba a la administración, entre otras cosas, por el informe de Contraloría y los 931 millones de pesos mal utilizados, lentitud de procedimientos, problemas en el control del comercio ambulante, perros callejeros y otros problemas de plata.
Ahí inició el proceso de defensa de Jorge Sharp, en el que dio respuesta a los 35 puntos fijados en la acusación de los concejales. A comienzos de febrero de 2022 el TER resolvió la eliminación de 4 de estos puntos.
Finalmente en marzo de este año el TER consideró que “los cargos formulados en el requerimiento serán desestimados, por cuanto no se ha comprobado que el requerido ha incurrido en notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativas”. Es decir, las acusaciones no ameritaban su destitución.
Luego de que en marzo en TER desestimara los cargos, los concejales volvieron a presentar una apelación, la que esta vez sí dio resultados: la suspensión de Sharp de sus funciones como alcalde.