Esta semana se reveló que Andrés Fuica recibió una pensión de gracia que le otorgó el Presidente. Además, este beneficio, que empezó el 14 de junio de 2022, aumentó de 0.7 a 1.7 ingresos mínimos no remuneracionales, gracias a la comisión asesora presidencial sobre el tema.

Sin embargo, se armó una fuerte polémica puesto que el beneficiado fue condenado por robo en lugar no habitado, tras ingresar a cometer este delito en un supermercado saqueado, en contexto del estallido social.

Posterior a la revelación, el Gobierno decidió que ingresará dos indicaciones para el proyecto de ley sobre pensiones de gracia que tramitan los diputados.

Por un lado, buscará poder revocar la pensión de gracia en ciertas condiciones, como al cometer delitos. Por otro, se propondrá que las autoridades vean los antecedentes penales antes de entregar este beneficio.

Foto de Andrés Enrique Fuica Fuica. Fuente: Facebook.

¿Quién es Andrés Fuica y qué sabemos sobre él?

Andrés Enrique Fuica Fuica nació el 30 de noviembre de 1981 en Viña del Mar. Allí, aparentemente, vivía, en el barrio de Sausalito.

Es una de las 418 personas que recibieron pensiones de gracia en el contexto del estallido social, según informó la subsecretaría del Interior en la comisión investigadora sobre las pensiones de gracia.

Fuica es parte de los que recibieron beneficio de pensión de gracia porque supuestamente era una de las 15 posibles víctimas de un ataque de perdigones de Carabineros de Chile en Viña del Mar, en contexto de las manifestaciones de ese tiempo.

Sin embargo, el hombre quedó fuera de las víctimas que acreditó Fiscalía, puesto que el disparo fue a 4 cuadras del sitio donde se encontraba.

Además, ese mismo día Carabineros detuvo a Fuica por encontrarse robando dentro de un supermercado que saquearon. Por esto, meses después, recibió una condena por robo en lugar no habitado, con sentencia de reclusión nocturna domiciliaria.

Esta condena ya estaba impuesta cuando Fuica, en 2022, recibió la pensión de gracia por parte de la comisión especial del Presidente. Por esta razón, el Gobierno quiere solicitar que se tengan en cuenta los antecedentes penales de forma previa, algo que actualmente no contempla la ley.