La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas presentó el 13 de noviembre los resultados de su estudio sobre las pensiones de gracia que se entregaron a presuntas víctimas de hechos ocurridos durante el estallido social.

Este equipo se conformó por los parlamentarios:

• Henry Leal Bizama (Presidente)
• Jorge Alessandri Vergara
• Boris Barrera Moreno
• Tomás Lagomarsino Guzmán
• Andrés Longton Herrera
• Daniel Manouchehri Lobos (reemplazado)
• Javiera Morales Alvarado
• Mauricio Ojeda Rebolledo
• Joanna Pérez Olea
• Víctor Pino Fuentes
• Hugo Rey Martinez
• Cristián Tapia Ramos
• Gael Yeomans Araya

Este equipo trabajó desde junio hasta el 2 de noviembre, y estudió los «procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas» del estallido social.

¿Qué dice la Comisión que investigó la entrega de pensiones de gracia a presuntas víctimas del estallido?

Esta comisión de la Cámara de Diputados encontró, al menos, un par de cuestiones de discrepancia o que llamaron la atención sobre el proceso de entrega de pensiones de gracia.

La primera tiene que ver con una discrepancia entre las glosas de la Ley de Presupuestos 2022 que utilizaron el INDH y el Ministerio del Interior para definir a los beneficiarios. Por un lado, el Instituto utilizó la glosa 12, que incluía la obligación de haber sufrido un menoscabo en su capacidad de trabajo.

Por otro, el Ministerio entregó las pensiones a todos los que entraban dentro de la glosa 15, que no establece esta condición, ni tampoco la validación del INDH sobre las víctimas.

De hecho, la capacidad del Instituto de calificar a la víctima también se puso en cuestión. Además, en este informe también se revela que existen beneficiarios con antecedentes penales, 40 según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Entre los otros problemas que se identificaron también están:

• Beneficiarios con lesiones leves, aún cuando la pensión es de carácter vitalicio.
• Ausencia de un órgano técnico en materia de salud para acreditar las lesiones.
• Ley de Pensiones de Gracia sin criterios específicos para las que entrega exclusivamente el Presidente.
• No entrega de la información de las personas que accedieron a este beneficio público.
• Aumento de más de $200 mil en las pensiones en el Gobierno de Gabriel Boric.
• Que el mencanismo de otorgarlo haya sido la Ley de Presupuestos.

Las recomendaciones del Consejo

En este sentido, el grupo de investigación recomendó al Gobierno reevaluar los beneficios que se entregaron a personas con antecedentes penales. Además, también llamó a fiscalizar las condiciones físicas de los pensionados, para ver si es realmente meritorio el beneficio vitalicio.

También solicitaron remitir los antecedentes del procedimiento, sobretodo por el problema de las glosas, a la Contraloría de la República, para que evalue la legalidad del proceso.

Finalmente, llamaron a evitar otorgar pensiones de gracia como medidas de reparación. Y, en el caso de que se justifique, revisar los antecedentes penales de forma previa- como ya busca hacerlo el Gobierno en el proyecto de ley del Congreso- e incluir profesionales de la salud para verificar todo lo que tenga relación con las lesiones.

Por estas razones, proponen crear una ley de reparación integral, que se complemente con tratamiento médico y psicológico, y mecanismos para identificar a las familias de las víctimas que requieran apoyo y acompañamiento psicológico.