Este jueves la Cámara de Diputadas y Diputados llevaría a cabo la votación de la acusación constitucional contra el Ministro de Vivienda Carlos Montes. Pero tras aprobarse la denominada cuestión previa, el libelo fracasó.

La defensa del secretario de Estado, Pablo Ruiz Tagle, antes de que empezara el análisis, invocó la cuestión previa. Este recurso apeló a que la acusación tiene problemas de forma y de fondo, como ya muchos otros parlamentarios oficialistas adelantaron esta semana.

Recordemos que esta acusación buscaba definir las eventuales responsabilidades políticas y jurídicas del Ministro Montes como titular de la secretaría de Vivienda en el Caso Convenios.

En este caso en particular, se apunta a los traspasos irregulares por asignación directa desde el Serviu o los Minvu regionales.

¿Qué dice la acusación constitucional contra el Ministro Montes?

Son cinco los capítulos los que conforman la acusación constitucional contra el Ministro Montés. El detalle completo se puede revisar en el documento de 85 páginas que se entregó al Congreso, desde la pagina 16 en adelante.

Primer capítulo

Esta primera parte de la acusación demanda la falta de responsabilidad de Montés como jefe jerárquico del Ministerio de Vivienda en este caso de corrupción y fraude fiscal. Al ser él la máxima autoridad, señala el texto, debió fiscalizar y vigilar el accionar de las secretarías regionales y el Serviu.

Además, mencionan el mismo punto sobre las políticas nacionales de Vivienda. En este sentido, recordemos que el Programa Asentamientos Precarios, una de las principales líneas de acción de esta secretaría, fue la base de los fondos que se entregaron a las fundaciones.

También se acusa la falta de dirección sobre este programa, que aumentó considerablemente los recursos que se contemplaron durante los últimos dos años, cuando Montés lideró el Ministerio. En este sentido, se demanda más presencia de control político y mayor consideración sobre los fondos públicos.

Segundo capítulo

En esta segunda parte, se acusa que el Ministro falló en velar por los principios de eficacia y eficiencia en las implementación del Programa Asentamientos Precarios.

Sobre este punto, mencionaron las auditorías que llevó a cabo Contraloría, donde se acusó, tanto en los Serviu como en los Gobiernos Regionales, la falta de probidad y rigurosidad en los procedimientos y mecanismos para la selección de instituciones que reciban fondos públicos.

Nuevamente, llamaron a la responsabilidad política directa del Ministro sobre el Programa Asentamientos Precarios.

Tercer capítulo

En esta sección se acusa la falta en el ejercicio de la probidad administrativa por parte de Montes. Es decir, velar por intachable y honesto desempeño de los funcionarios a su cargo (Serviu, Minvu y seremis).

Sobre este punto, se acusa que el accionar del secretario entorpece las labores del Ministerio, velar por el derecho a la vivienda. Esto por los miles de millones que se entregaron irregularmente durante el Caso Convenios.

También se menciona en esta parte que el Ministro «olvida que la función pública y el interés general deben prevalecer por sobre el interés particular», al no entregar los correos que le solicitó el Congreso.

Cuarto capítulo

Esta parte se dedica a enumerar las acciones del Ministro posterior a que se revelara la primera denuncia del Caso Convenios, los contratos de Democracia Viva con la secretaría regional de Vivienda en Antofagasta.

En este sentido, se menciona que no se tomaron las medidas adecuadas tras conocerse el caso, ni tampoco se garantizó la transparencia requerida.

Por esto, anuncia este capítulo, la acusación constitucional es la herramienta ideal para responder a los casos de corrupción como el aludido, por la responsabilidad política de Montes.

Quinto capítulo

El último capítulo se enfoca particularmente en la responsabilidad del Ministro Montes de denunciar los hechos que ocurrieron sobre el Caso Convenios.

En este sentido, se habla del polémico correo que envió la Presidenta de los funcionarios del Serviu de Antofagasta, Carla Olivares, a los niveles centrales del Ministerio, alertando del caso de Democracia Viva.

Por esta razón, acusan que el secretario de Estado pudo denunciar con anterioridad el caso, faltando a su obligación legal de hacerlo.