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País

7 de enero de 2024

Pensión de Gracia: El proceso de acreditación del INDH para víctimas del Estallido Social

El proceso de acreditación del INDH para víctimas del Estallido Social

El INDH dio la acreditación a 442 personas por ser victimas de Estallido Social, entre los que se encontraba Andrés Fuica.

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Recientemente, se descubrió que Andrés Fuica, un hombre detenido por el robo de un supermercado en octubre, recibió una Pensión de Gracia vitalicia por parte del Gobierno. Fuica accedió al beneficio luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lo reconoció como víctima del Estallido Social.

De acuerdo al INDH, se dio la acreditación como víctimas de violaciones de derechos humanos durante el Estallido Social a un total de 442 personas entre 2021 y 2022, entre las que se encontraba Fuica, lo que le permitió obtener el beneficio estatal.

Según informó el organismo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública entregó las Pensiones de Gracia en virtud de la «glosa ‘de personas afectadas en el contexto de las manifestaciones'(Glosa 12-2022) y no conforme a la de ‘víctimas acreditadas por el INDH’ (Glosa 15-2022)».

El INDH aclaró, además, que no se entregó ninguna pensión por la glosa que los establece como ente acreditador, sino que se utilizó la glosa amplia que se refiere a los «afectados».

Pensión de Gracia: El proceso de acreditación del INDH para víctimas del Estallido Social

En su declaración ante la Comisión Especial Investigadora sobre las Pensiones de Gracia, el INDH declaró que el proceso inicia con la derivación del solicitante desde atención a la ciudadanía, por medio del proceso de derivación de la plataforma de gestión CRM.

«Incluso, las personas se podían contactar de manera online, sin perjuicio de que tenían que llevar la documentación y entrevistarse de manera presencial en cualquiera de las sedes», afirmaron.

Tras esto, se hizo una solicitud de los antecedentes, a través de las sedes regionales del organismo, para posteriormente realizar una validación formal, para comprobar si cumplen con los requisitos y si los documentos e información otorgados son válidos.

Esta validación la realizó una comisión de acreditación, compuesta por consejeros y consejeras, quienes discutieron sobre cada caso en particular y si cumplen los requisitos.

«Nos entregaban todos los antecedentes, por parte de la unidad de atención de víctimas, y teníamos que discutir si se cumplían los requisitos, en razón de lo que ya habíamos analizado y la plausibilidad de que haya habido un menoscabo laboral total o parcial», declararon.

Una vez completada la validación formal, los casos fueron pasados al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se decidió, basados en los antecedentes entregados, cuáles casos son válidos para la acreditación y cuáles no.

El organismo aclaró en su declaración que las recomendaciones de la comisión «en ningún caso eran vinculantes», y que el consejo podía decidir algo completamente distinto. «Se podía dar una discusión completamente distinta en la comisión respecto de la que se daba en la sala del consejo», añadieron.

Una vez aprobada o rechazada la solicitud, se informaba a la persona de la decisión, y en caso de que fuese rechazada, se daba inicio a una instancia de reconsideración, donde la persona podía enviar otros antecedentes.

Flujograma sobre el proceso de acreditación entregado por el INDH

¿Cuáles son los requisitos para la acreditación?

Según informó el INDH a la Comisión Especial Investigadora, se consideraron los siguientes requisitos para participar del proceso de acreditación:

  • Que el solicitante fuese una víctima de violaciones a los derechos humanos; para esto se consideró el Concepto de Víctima de la Asamblea de la ONU.
  • Que el hecho denunciado estuviera dentro del marco temporal definido por la Ley de Presupuesto, el cual declararon era «el contexto de octubre de 2019, principalmente del 18 de octubre en adelante».
  • Que el hecho que se denuncia y sus consecuencias tuvieran relación con el Estallido Social
  • Que se identificara plausibilidad o razonabilidad de ocurrencia de menoscabo laboral, algo que comprobaban por medio de los antecedentes médicos, psicológicos y psiquiátricos del denunciante.

Además, el Instituto afirmó que existieron diversos problemas con el proceso, como el uso del INDH como puerta de entrada, pese a que las Pensiones de Gracia se solicitaron al MinInterior, y la falta de un rol definido en la ley del organismo.

«Por lo mismo, se generaron conversaciones y discusiones respecto de cómo cumplir adecuadamente, sobre la base de estándares internacionales, un rol y un mandato que nos entregaba la glosa presupuestaria de 2021 y de 2022», declararon.

También afirmaron que hubo una confusión en las consultas sobre las pensiones, ya que ellos no son los encargados de entregarlas. Además, manifestaron que hubo una desinformación por parte del Ejecutivo con respecto a esto último.

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