Esta semana se formalizó a Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, junto a 5 otros funcionarios de la misma municipalidad, a quienes se les imputaron los delitos de fraudes reiterados al fisco y la falsificación de instrumentos públicos.
Tomás Vodanovic, actual alcalde de la comuna, declaró ante Fiscalía que Barriga y su círculo cercano crearon un mecanismo a través del cual gastaron recursos públicos en diversas actividades y compras, las cuales causaron un déficit en el municipio.
En concreto, se desfalcaron cerca de 30 mil millones de pesos por medio de este mecanismo, el cual, según declaraciones de Fiscalía, les permitió evadir los protocolos de control de la municipalidad, al igual que la fiscalización del consejo municipal.
Asimismo, la Fiscalía acusó que los imputados llevaron a cabo actos ilícitos y delictivos, tales como la falsificación de documentos y actas para redestinar fondos públicos aprobados para otros fines, como, por ejemplo, actividades propias de la exalcaldesa.
Las claves para entender el caso de Cathy Barriga por fraude al fisco
En diciembre de 2021, Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, presentó una querella en contra de Cathy Barriga, quien fue su predecesora, por delitos de fraude al fisco cometidos durante su periodo como jefa comunal, entre los años 2016 y 2020.
El edil denunció que Barriga habría incurrido en hechos irregulares como “la vulneración de mecanismos de control presupuestario, la distorsión de ingresos municipales para mostrar una solidez financiera falsa y la adulteración de documentos contables”.
“En términos sencillos, se gastaba plata que no existía, entonces se comprometían contratos que luego el municipio no iba a poder costear, generando gastos o muchas veces beneficios sociales que después no podían ser costeados, y que lo único que hacían era incrementar un déficit municipal”, puntualizó Vodanovic.
Tras dos años de investigación, en noviembre de 2023, Fiscalía fijó la fecha para la formalización para el día 16 de enero de este año, imputando a la exedil por cargos de delitos reiterados de fraude al fisco, al igual que falsificación de instrumento público, esto en calidad de autora, y en grado de desarrollo consumado.
Además, anunció que también se formalizará a 5 personas que fueron funcionarios en el municipio durante la administración de Barriga, siendo estos Andrea Monsalve, Andrea Díaz Troncoso, Luis Japaz, Ana María Cortés y María Isabel Palma, a quienes se les consideró como su círculo cercano.
¿De qué se les acusa a los imputados?
Utilización de fondos públicos
Durante la primera jornada de formalización, Fiscalía acusó que durante la administración de Barriga se alcanzó un desfalco de casi $31 millones de pesos. Esto se debería a compras arbitrarias y contrataciones por honorarios improcedentes, hechos a través de fondos públicos.
Además, se encontró que se adquirieron bienes y se realizaron actividades propagandísticas, las cuales no habrían sido aprobadas por el consejo municipal. Entre estos gastos se encuentran:
- La compra de una casa de jengibre.
- Celebraciones de eventos como los festivales Maipeluza, el evento Maipú Enamorado, y la celebración del Año Nuevo Chino.
- Realización de gigantografías, chapitas y poleras.
- El pintado de un auto a color dorado.
- La implementación de la beca Cathy Barriga, destinada para ayudar a estudiantes que en ese entonces lograron el puntaje nacional en la PSU.
Sumado a esto, precisaron que se utilizó los dineros del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), para la compra de mochilas, kits educativos y peluches de las mascotas “Renacín y Smapina”, con motivos propagandísticos.
La Fiscalía destacó el caso de Andrea Monsalve, quien fue contratada como periodista, que presentó una licencia médica que se extendió hasta octubre de 2020, y recibió un total de $95 millones por servicios que no realizó.
Creación de mecanismos para evadir la fiscalización
También se les acusa de crear un mecanismo por el cual se tendía a “descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por la ley para el resguardo del patrimonio municipal, instalando una política de gobernanza municipal fraudulenta”.
La Fiscalía precisó que Barriga desmanteló las diversas instancias de control interno que se encontraban establecidas en el municipio, al igual que concentró facultades y responsabilidades críticas en los funcionarios más cercanos y de confianza a la exedil.
Además, se acusó a Andrea Díaz y Ana María Cortés de crear un mecanismo que les permitía aumentar los presupuestos para poder solventar los gastos antes mencionados, esto hecho a través de la emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria.
Falsificación de instrumentos públicos
La Fiscalía acusó que durante la administración de Barriga se falsificaron instrumentos públicos. En ese marco, se acusó a María Isabel Palma de declarar superávits en los informes de ejecución presupuestaria, lo que permitió que el Concejo Municipal aprobara presupuestos con base en esta información.
También, en los años 2019 y 2020, se habrían confeccionado las cuentas públicas del municipio en base a información falsa, con reportes de saldos presupuestarios positivos, pese a que se reportaban déficits presupuestarios. Sumado a esto, se acusó de entregar información falsa a través de Transparencia Activa, por orden directa de Barriga.