Ana María Cortés es una de los exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú que la Fiscalía acusó de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos, un caso que involucra a la exalcaldesa de la comuna, Cathy Barriga.
La Fiscalía apuntó a Cortés como una de las funcionarias que eran parte del círculo de confianza de la exalcaldesa, durante su administración como jefa comunal de Maipú entre los años 2016 y 2020.
En la tarde de este jueves, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago entregó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los próximos 120 días que durará la investigación por fraude y falsificación de instrumento público.
¿Quién es Ana María Cortés, la ingeniera acusada de fraude al fisco?
Ana María Cortés, según explica en su perfil de LinkedIn, es una ingeniera graduada en la Universidad Central en el año 2000. En el año 2005, tomó el puesto de Directora de Administración y Finanzas en la Corporación Municipal de Renca, puesto en el que se mantuvo hasta el año 2014.
Tras su salida de la Corporación Municipal, Cortés ingresó a la Municipalidad de Lo Barnechea, inicialmente como asesora en temas asociados a Recursos Humanos, donde se mantuvo hasta junio de 2015, cuando asumió como Tesorera Municipal, donde continuó hasta el año 2016.
La ingeniera llegaría a la Municipalidad de Maipú en el año 2017, iniciando como Profesional en Administración Municipal. En julio de 2018, obtendría el puesto de Directora de Desarrollo Comunitario, donde se mantendría hasta septiembre de ese mismo año.
Un mes después, tomaría el cargo de Directora de Secretaria Comunal de Planificación, continuando hasta el año 2019. En este cargo, Cortés era quien debía estar a cargo de las compras y las licitaciones que realizase el municipio, al igual que el manejo de los presupuestos.
Por lo mismo, Fiscalía acusa a Cortés, junto a Andrea Díaz Troncoso, de haber creado un mecanismo que les permitía aumentar los presupuestos para poder solventar los gastos que se hiciesen, por medio de la emisión y modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria.