Pensión de Gracia: Contraloría identifica más de 50 casos de personas beneficiadas con antecedentes penales
Síntesis
¿Qué pasó? La Contraloría General de la República entregó un informe sobre los procedimientos de entrega de pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas durante las manifestaciones del Estallido Social.
¿Qué se descubrió? Se verificó que 58 de las 419 personas que recibieron el beneficio mantienen diversos antecedentes penales, al igual que diversos casos de personas que tienen más de 10 condenas por diversos delitos.
¿Qué ocurrió con el INDH? También se descubrieron expedientes de casos que no presentaban antecedentes médicos para acreditar los relatos de los postulantes, y en otros casos, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles.
En horas de este jueves, la Contraloría General de la República dio a conocer su informe sobre el proceso de entrega de pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas durante las manifestaciones del Estallido Social en octubre de 2019.
En el documento, el organismo verificó que un total de 58 de las 419 personas que recibieron el beneficio tienen diversos antecedentes penales, los cuales incluyen condenas con resultado de multa, prisión o presidio.
Además, se señaló en el informe que se detectaron diversos casos de personas que tienen más de 10 condenas por diversos delitos, como estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
“Considerando lo establecido en el artículo 53 de la ley N° 18.575, se advierte que el haber contado oportunamente con la información advertida pudo ser útil para evaluar tanto la aprobación del beneficio, como las condiciones para su otorgamiento”, se explica en el documento.
¿Qué dice el informe de Contraloría sobre las pensiones de gracia tras Estallido Social?
Sumado a estos casos, Contraloría identificó durante su investigación la existencia de 10 de los 144 casos acreditados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que no presentan los antecedentes médicos para acreditar los relatos de los postulantes.
En el informe se agregó que esto da cuenta de que el INDH no realizó las indagatorias necesarias a los documentos entregados por las víctimas para verificar su veracidad, algo que tampoco fue realizado por el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior.
“Lo descrito incumple los principios de control, eficiencia, eficacia y responsabilidad previstos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, como también, los artículos 5° y 11 de igual norma. Además, no se condice con lo establecido en su artículo 53”, explica Contraloría.
También, el organismo constató la existencia de 19 expedientes remitidos por el INDH los cuales no presentan antecedentes médicos, explicando que los respaldos “correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019”.
“Fueron presentados por el DAS a la Comisión Especial Asesora, sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación, a pesar de que la falta de antecedentes o las deficiencias de aquellos no permitían respaldar el análisis y evaluación efectuado por ese departamento respecto del grado de lesiones y menoscabo laboral de los postulantes a las pensiones de gracia autorizadas”, explicaron.
Sin embargo, en el informe se aclara que el INDH envió a la Contraloría información complementaria que indica que se subsanaron 9 de los casos indicados.
Relacionado con los 10 casos antes mencionados, el organismo llamó a la Subsecretaría del Interior y al INDH a realizar una verificación de los antecedentes complementarios que respalden los relatos que dieron origen a la acreditación de los postulantes, e informar a posteriori a Contraloría General en un plazo de 60 días hábiles.