La Contraloría General de la República publicó recientemente un informe sobre los procedimientos de entrega de pensiones de gracia para quienes resultaron afectados durante las manifestaciones ocurridas durante el Estallido Social, y algunas irregularidades encontradas en ellos.
En este documento, el organismo detalló una serie de problemas en la entrega de estos beneficios, que incluyen casos de personas con antecedentes penales y beneficiados que no entregaron un historial médico que acredite sus casos.
También, se encontraron diversos problemas referidos a los montos de estos beneficios, incluyendo un atraso en los pagos a los beneficiados, aumentos injustificados de los montos a pagar o la categorización arbitraria de montos por lesiones.
Pensiones de Gracia: Contraloría descubre irregularidades en los pagos
El informe de Contraloría detalló que el documento “Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022”, donde se establecen los tipos de lesiones sufridas por los postulantes y los tramos de pagos correspondientes, no se encontraba aprobado.
“El documento “Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022″ no se encontraba aprobado formalmente, ni da cuenta, además, de la decisión de la autoridad de establecer un incremento de pensiones otorgadas con anterioridad a dicha definición”, informó el organismo.
Relacionado con esto, la Contraloría detalló que habría habido un aumento injustificado de las pensiones otorgadas, explicando que no fue posible comprobar la existencia de antecedentes de respaldo para justificar una nueva instancia de reclasificación para dar estos aumentos.
En ese sentido, el organismo puntualizó que “las actas de las sesiones de la Comisión Asesora en las que estos se concedieron no establecen los antecedentes tenidos a la vista para fundar su decisión“.
Otra irregularidad encontrada por el organismo fue la falta por parte de la Tesorería General de la República de un mecanismo de verificación de autenticidad de los actos administrativos que lo confirmen como pensionado.
“Sin que exista un mecanismo de verificación de autenticidad de tales actos administrativos por parte de la TGR y, sin que conste que se hayan realizado coordinaciones al respecto entre esa tesorería y el DAS, con el consiguiente riesgo de que puedan presentarse a cobro documentos adulterados y se paguen pensiones a personas a las cuales no se le ha otorgado el beneficio”, explicaron.
Además, el informe detalló que de 233 decretos tramitados, un total de 57 de ellos no se notificaron y entregaron a los beneficiarios. Por otro lado, 43 fueron informados y entregados con una demora superior a 40 días y otros 10 con una demora por sobre los 100 días.
“Por su parte, se constató que el DAS no cuenta con la copia de 38 actas de notificación y entrega de los decretos”, añadió el organismo.