Este sábado se registró el asesinato de dos agricultores de tomates, Francisco Mora y Raúl Cid, además de un herido, en la ruta de la fruta de la comuna de Malloa. Los principales sospechosos son cuatro personas de nacionalidad venezolana, de 22 a 26 años, que se encuentran indocumentados.

La tragedia generó una gran conmoción en la prensa y en el gremio de transportistas. La asociación de la Región de O’Higgins (Asgro), donde ocurrió este hecho, afirmó que darán al Gobierno 72 horas para solucionar este hecho.

Entre las demandas de los transportistas está la presencia de efectivos militares en los territorios, el cierre de las fronteras, expulsión inmediata de indocumentados, así como mayor seguridad en las vías.

¿Qué ha dicho el Gobierno por los asesinato en Malloa?

Marta Pizarro, Delegada Presidencial de O’Higgins, fue una de las primeras autoridades de Gobierno en referirse al hecho. Según mencionó, el Ejecutivo presentará una querella criminal en contra de los principales sospechosos: José Sánchez Álvarez, Dayan Sánchez Jiménez, Manuel Mercado Castillo y José Mojano Garrido.

🔴 La Delegada Presidencial Regional (s) de O'Higgins, Marta Pizarro, anunció que en los próximos dos días se presentará una querella criminal contra los detenidos. pic.twitter.com/zIAuC3DAwq

— Delegación Presidencial Regional de O'Higgins (@DPROhiggins) January 27, 2024

Además, durante la mañana de este lunes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la tragedia, por la cual reiteró las condolencias de parte del Gobierno. Asimismo, también se refirió a las demandas de seguridad que surgieron desde camioneros y agricultores.

«Durante estos dos años hemos tenido un trabajo permanente con el gremio del transporte. Solo hace una semana o dos firmamos un protocolo de acuerdo con la mesa superior del transporte», señaló la autoridad.

En este sentido, también mencionó los avances tras el paro de camioneros de 2022. «Hay equipos ministeriales que han concurrido a los lugares, a las regiones, a trabajar con ellos y Carabineros, para tener lugares de descanso seguros, buena coordinación de seguridad, puntos de control en la ruta«, señaló Monsalve.

Sobre estos puntos de control que se acordaron con el gremio del Transporte, que afirmó se encuentran muchos lugares de Chile, no está aún incorporada específicamente la ruta de la fruta de Malloa, donde sucedió el lamentable asesinato.

No obstante, reconoció que entienden que existan demandas a raíz del suceso en Malloa, y que se encuentran disponibles para recibir a las personas involucradas para definir qué acciones pueden tomar para garantizar la seguridad en esa ruta.

«Si hay medidas adicionales que tomar, por supuesto el Gobierno está disponible a sentarse y conversar y concordar esas medidas«.

Ultimátum al Gobierno

Con respecto a la demanda de transportistas y agricultores para entregar soluciones de seguridad en 72 horas, de cara a una posible movilización, el subsecretario mencionó que «los ultimátum no son nunca buenos, porque hay disposición a dialogar y sentarse a acordar medidas«.

Algo similar indicó el Ministro de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde. «Un mejor Chile no se construye a través de ultimátum, sino a través del diálogo», señaló la autoridad.

También Elizalde agregó que «la principal prioridad del Gobierno es la seguridad (…) y de ahí la necesidad de actuar con medidas permanentes y acertadas, que den cuenta de un diagnóstico adecuado de lo que se necesita».

Presencia de militares

Por su parte, sobre la demanda de ocupar las fuerzas militares para aportar con seguridad en las rutas, Monsalve mencionó que:

«Los temas de seguridad son complejos, no siempre se resuelven con una medida, muchas veces se piensa que una medida va a solucionar todos los problemas de seguridad, y no necesariamente es así (…) En los temas complejos se requiere de la disposición de todos para que haya políticas que le sirvan a todos los chilenos».

Sobre este punto, Monsalve recordó que el Gobierno mostró su interés en disponer de la herramienta de infraestructura crítica, que se trata de una reforma -de origen oficialista y opositora- que busca aumentar la capacidad de las Fuerzas Militares en zonas urbanas con tareas de seguridad ciudadana, en Estado de Excepción, y que, según Elizalde, forma parte de las prioridades legislativas de seguridad del Gobierno.

Con respecto a los militares, el subsecretario Monsalve afirmó que «no descartan este uso«, pero sí mencionó que primero hay que tramitar este proyecto, que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado y con urgencia.