Celulares en las cárceles: qué dice la ley chilena sobre su tenencia y uso

Síntesis
¿Qué pasó? El juez Daniel Urrutia autorizó que dos reos del Tren de Aragua pudieran realizar videollamadas a terceros desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, medida que se criticó ampliamente.
¿Qué dice la ley sobre esto? Desde septiembre del año pasado que todo reo que tenga una equipo electrónico que sirva para comunicarse con el exterior tendrá una sanción penal de presidio menor.
Este viernes se generó una polémica tras revelarse que el juez Daniel Urrutia autorizó a dos reos de la Cárcel de Alta Seguridad, pertenecientes al Tren de Aragua, a usar videollamadas para comunicarse con terceros externos del penal, lo que puso en cuestión el uso de celulares en las cárceles, que, como muchos saben, durante varios años fue una realidad. En 2023, más de 24 mil teléfonos se incautaron en Chile desde las cárceles.
La situación provocó que Gendarmería ingresara un recurso a la Corte de Apelaciones de Santiago, que terminó con la suspensión de la medida.
Muchas bandas criminales, entre las que se incluye el Tren de Aragua, usan las cárceles como verdaderos centros de operaciones, como se reveló en países como Venezuela, Ecuador y Colombia.
Para lograr esta perpetuación del delito (incluso una vez detenidos) se necesita algún medio de comunicación, para lograr dar con el exterior. Para esta tarea, los celulares son una herramienta fundamental.
¿Qué dice la ley sobre el uso de celulares en la cárceles?
Desde septiembre de 2023 que existe en Chile una ley que tipifica el delito de ingreso de teléfonos, chips de celulares y otros aparatos electrónicos que permitan comunicarse con el exterior, con una sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio. Esto, por supuesto, se sumaría a las condenas ya existentes de los privados de libertad.
Se trató de la Ley 21.594, que incorporó la sanción (en el artículo 304 ter) al Código Penal. Además, también se dispone de sanción de presidio menor en su grado mínimo a cualquier funcionario que, sabiendo de que un preso tiene en su posesión un artículo electrónico para comunicarse, omitió este hecho. Por otra parte, se exime de responsabilidades penales a los abogados de los reos en el mismo caso.
Esta normativa se promulgó en contexto de una discusión por crecientes delitos que se cometían desde las cárceles, con principal modalidad de las estafas telefónicas.
No obstante, es importante también mencionar que antes de la reciente ley que se promulgó, ya existía un reglamento penitenciario sobre el uso de estos aparatos.
Según menciona la ONG Leasur, que realizó un estudio en 2020 sobre el uso de celulares en los penales, el uso de los móviles por parte de reos se castigaba con pérdida de visitas, de traslados o afectaciones en la hoja de conducta. Además, estaba prohibido entre los elementos que podían ingresar las visitas.
De todas formas, con la presente ley las sanciones aumentaron, ya que ahora subirán las condenas de los reos que intenten usar estos equipos.
Además, también el Gobierno señaló a fines del 2023 que en marzo de este año implementará un sistema de bloqueo de la señal de celulares en algunos penales (planean llegar a 14). Esto también buscará combatir los crímenes desde las cárceles.