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27 de febrero de 2024

Qué dice el convenio de seguridad entre Chile y Venezuela

Convenio Chile y Venezuela

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El medio La Razón de Venezuela aseguró en una publicación de este domingo que un convenio entre Chile y Venezuela, que se firmó hace unas semanas, permitió el secuestro del exteniente Ronald Ojeda, a manos, aparentemente, de agentes del Gobierno de Nicolás Maduro.

«tras la firma del convenio policial, el jefe de operaciones (y torturas) de la DGCIM, teniente coronel Alexander Gramko Arteaga (…), habría solicitado al alto funcionario de la seguridad chilena (el subsecretario Monsalve), la cooperación para lograr la captura del teniente Ronald Ojeda Moreno«, señala el medio.

Recordemos que una de las hipótesis sobre el caso, que inició Iván Simonovis, es que el secuestro lo planeó el régimen venezolano. Teoría que negó Diosdado Cabello, representante del Gobierno de Maduro. No obstante, la investigación es secreta y no se sabe realmente quién realizó el delito.

De todas formas, el Gobierno chileno negó tajantemente la teoría de La Razón. El subsecretario del Interior,  Manuel Monsalve, señaló que es «una total mentira» lo que señaló el medio, y que este convenio es policial y no político. Además, también mencionó que actualmente el convenio no está activo, porque falta la firma de las autoridades venezolanas.

Entonces ¿qué dice el convenio? En esta nota de Mala Espina te contamos en detalle los puntos claves sobre este acuerdo entre ambas naciones.

Jefe de Policía venezolana acusada de torturas estuvo en firma de acuerdo con Chile

¿Qué dice el convenio de seguridad entre Chile y Venezuela?

En primera instancia, el convenio menciona que ambas naciones están preocupadas «por el recrudecimiento de la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y el extremismo violento«. En este sentido, señalan que se busca un acuerdo en el marco del «respeto mutuo de la soberanía, la integridad territorial y el principio de no injerencia en los asuntos internos«.

Con estas bases, se acuerda la colaboración en la facilitación de información, entrega de resultados de análisis estratégicos, y en la participación de actividades de capacitación, en lo que sea relativo a los delitos del crimen organizado.

En Chile, el organismo que lidera la tarea es el Ministerio del Interior, a través de la Policía de Investigaciones. Por su parte, en Venezuela lo hace el Ministerio del Poder Popular por medio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Para esto se establece que existirá un canal de información rápido y expedito, con mecanismos de alerta temprana para compartir estos datos.

Además, se establece que se compartirá información de personas venezolanas en Chile y viceversa, que estén presuntamente vinculados al crimen organizado. Asimismo, también se entregará la información sobre prófugos, prisioneros, entre otros datos que aportan a las investigaciones.

En todo caso, el convenio se encuentra bajo el ordenamiento jurídico de cada país, por tanto, se debe interpretar sin traspasar los límites de estos.

El acuerdo que se firmó el 18 de enero tiene una vigencia de 5 años, con una posible prórroga, aunque se puede dar término anticipado por las partes.

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