El Fiscal Regional Xavier Armendáriz y la fiscal adjunta Giovanna Herrera, de la Fiscalía Centro Norte, solicitaron una audiencia de formalización para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La solicitud se hace por los delitos de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, delito concursal y estafa. Todo esto en marco del Caso Farmacias Populares, donde se acusó irregularidades en la operación y gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Archifarp) y sus convenios, en los que participó el alcalde Jadue.

La solicitud de los fiscales Armendáriz y Herrera se realizó ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Ahora, solo falta que desde ese tribunal de alzada fijen una fecha para la audiencia del edil.

Asimismo, otras siete personas que estuvieron involucradas con los convenios de la Archifarp también recibirán la solicitud de audiencia de formalización de la Fiscalía.

Farmacias Populares: Fiscalía pide formalización de alcalde Daniel Jadue

Hace casi dos años que la Fiscalía Centro Norte tomó el caso de las Farmacias Populares para investigar aparentes delitos de corrupción por parte de la Archifarp en la compra y venta de insumos médicos para el coronavirus, en contexto de la pandemia.

Esto se suma también al seguimiento que lleva la propia Contraloría, organismo que formuló cargos contra el alcalde por irregularidades y falta de probidad, a medidados del año pasado.

Además, según afirma La Tercera, a estos dos procesos se sumará el del Consejo de Defensa del Estado, que también decidió querellarse en contra de Jadue por el mismo caso.

El caso comenzó tras las denuncias de la empresa Best Quality, la principal compañía proovedora de la Archifarp, que acusó que la asociación liderada por Jadue le debía más de $1.000 millones por los insumos que se consiguieron durante la pandemia.

Asimismo, a raíz de esta investigación, nació una nueva arista por supuesto cohecho, donde se reveló que Archifarp solicitó un bono extra en la compra de los insumos, a forma de asegurar que Best Quality se volviera su proovedor principal ahora y en la apertura de los «supermercados populares», que quería hacer el alcalde de Recoleta.

Todo esto se suma a lo que ya mencionó Contraloría, que demandó una falta de control y fiscalización en los contratos que realizó Archifarp con municipalidades, además de la inexistencia de un respaldo financiero y la falta de rendiciones de cuentas y de documentación correspondiente.