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2 de abril de 2024

Las claves para entender el Caso Farmacias Populares

Caso Farmacias Populares

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En 2016 el alcalde Daniel Jadue puso en marcha la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), con la promesa de que se consiguieran medicamentos e insumos a precios más convenientes para la ciudadanía. Entonces su intención era aplicarlo en algunas municipalidades, para luego expandir esta empresa a nivel nacional.

Aunque la idea en sí misma- de tener farmacias municipales para conseguir precios más bajos- sí se expandió, aunque con diferentes modelos de negocios, la Archifarp solo perdió adeptos a medida que pasaron los años. La asociación, lejos de ser una de las iniciativas exitosas para el alcalde de Recoleta, pasó a ser uno de los flancos más problemáticos.

En 2018 Contraloría advirtió en un sumario las primeras irregularidades por la implementación de la Archifarp. En 2022 la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comenzó su investigación por las deudas que generó en los convenio con su principal proovedor, Best Quality. Mismo año que la justicia ordenó la liquidación forzosa de Archifarp. Ahora nos enteramos que los fiscales Xavier Armendáriz y Giovanna Herrera solicitaron la formalización del edil por delitos que se vinculan a la asociación.

El alcalde Jadue se enfrenta a acusaciones por cohecho, estafa, fraude al fisco, delito concursal y administración desleal. Además, también se investiga el no pago de facturas por más de $1.000 millones a Best Quality. Aunque sus deudas totales suman casi $1.300 millones.

Las claves para entender el Caso Farmacias Populares

Como su nombre lo indica, la Achifarp buscaba generar una asociación entre diferentes municipalidades de Chile para conseguir conjuntamente precios más bajos en los medicamentos. Sin embargo, las alcaldías que se fueron sumando al proyecto, e inviertiendo en este, al poco tiempo se fueron saliendo porque la promesa de los precios bajos nunca se concretó, y a la Archifarp se le encontraron cada vez más irregularidades.

En 2018 Contraloría realizó su primera auditoría crítica en contra de la asociación, que sería el inicio de una serie de cuestionamientos por parte del organismo. Entonces se criticó irregularidades en su creación. Sin embargo, ya en 2022, se detectaron serias faltas de documentos financieros y de administración de la Archifarp. Además, también se detectaron importantes deudas y convenios ilegales con Recoleta, Paillaco y Senadis.

La caída de Archifarp

Fue entonces cuando se ingresó el caso al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Esta última institución, en específico la Fiscalía Centro Norte, abrió una nueva arista, paralelamente, por la denuncia que presentó Best Quality, que acusaba deudas por más de $1.000 millones, y que además afirmaba que la Archifarp estaba en quiebra.

Por ese entonces- en julio de 2022- se decretó la liquidación forzosa de la Archifarp, para que así se pagaran las deudas de la asociación con diferentes empresas. Sin embargo, muchas municipalidades que entonces debían mensualidades o cuotas mencionaron que nunca recibieron servicios por parte de la asociación, e incluso que no participaron de esta.

Además, en este mismo proceso (de liquidación) la junta de acreedores acordó sumar una nueva querella en contra del alcalde, por «ocultación de bienes» al momento de la incautación de los recursos de la asociación.

A todo esto se suma una deuda por más de $15 millones contra funcionarios de la misma Archifarp, por concepto de pagos de sus cotizaciones previsionales.

Ahora, Jadue y otras ocho personas cercanas a la Archifarp quedarán en calidad de imputados por el Caso Farmacias Populares cuando se lleve a cabo la audiencia de formalización en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en una fecha que aún no define el tribunal.

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